Economía
El empleo informal creció 28,7% en la última década en Argentina: el NEA tiene casi la mitad de sus asalariados fuera del sistema
El empleo informal en Argentina creció 28,7% en la última década: ya hay 5,6 millones de trabajadores en negro y el NEA concentra los peores indicadores del país.

El trabajo informal en la Argentina registró un crecimiento sostenido durante los últimos diez años que ningún gobierno logró revertir hablando de empleo. Entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2025 —según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)—, la cantidad de trabajadores asalariados en negro aumentó un 28,7%, pasando de 4.404.000 a 5.669.000 personas. En términos absolutos, el universo de trabajadores sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin acceso a los derechos laborales básicos se amplió en 1.265.000 personas en casi una década. En ese mismo período, el empleo asalariado privado registrado creció apenas 59.000 personas, una variación de 0,8% que no alcanza para absorber ni la presión demográfica sobre el mercado de trabajo. El resultado es que la proporción de asalariados en negro sobre el total pasó del 38% al 44% entre 2016 y 2025. Cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia están hoy fuera del sistema formal. En el noreste argentino —donde el Chaco encabeza el ranking de informalidad—, ese número supera ampliamente el promedio nacional y afecta a casi uno de cada dos asalariados.
Los sectores que más empleo en negro generaron
El análisis por ramas de actividad revela dos lecturas simultáneas del fenómeno. Si se mide en términos relativos, el sector que más trabajadores informales sumó es el de enseñanza privada: en 2016 tenía 87.000 asalariados no registrados y en 2025 llegó a 174.000, es decir que duplicó ese universo en una década, con un incremento del 100,5%. El rubro de electricidad, gas y agua tuvo una evolución similar en términos porcentuales (93,4% de aumento), aunque en números absolutos su peso es menor: pasó de 14.000 a 27.000 trabajadores informales.
Si en cambio se mide la cantidad de personas en términos absolutos, el liderazgo corresponde al sector de servicios comunitarios, sociales y personales, que sumó 192.000 nuevos asalariados en negro y pasó de 291.000 a 483.000. El comercio ocupa el segundo lugar: tenía 666.000 trabajadores informales en 2016 y tiene 851.000 en la actualidad, 185.000 más. El rubro de servicios sociales y de salud privada registró un crecimiento del 74,5% en su masa de trabajadores no registrados, con 171.000 nuevas personas incorporadas a esa condición.
Empleo informal en Argentina
En los sectores con mayor proporción estructural de informalidad el panorama es igualmente preocupante. El servicio doméstico lidera ese ranking con el 70,9% de sus trabajadores fuera del sistema, seguido por el agro con el 66,1% y la construcción con el 55,5%. La construcción, en particular, sumó 130.000 puestos informales entre 2016 y 2025, en un sector donde la obra pública fue primero el motor del empleo y luego la víctima más visible del ajuste presupuestario que comenzó en 2024.
Solo tres ramas de actividad lograron reducir sus niveles de informalidad en la última década: el servicio doméstico —que bajó apenas un 1,6%, de 1.170.000 a 1.152.000 trabajadores en negro—, la pesca (de 3.000 a 2.000) y la intermediación financiera (de 20.000 a 13.000). Ninguna de estas tres reducciones tiene la magnitud suficiente para compensar el crecimiento de la informalidad en el resto de la economía.
El dato que el promedio nacional oculta: el drama del NEA
Los números nacionales son preocupantes por sí mismos, pero la estadística agregada esconde una brecha regional que es uno de los rasgos estructurales más persistentes del mercado de trabajo argentino: la informalidad no se distribuye de manera homogénea, y las provincias del norte concentran los peores indicadores del país de manera sistemática.
Según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET (IIEP), publicado en octubre de 2025, el promedio de informalidad entre asalariados a nivel nacional se ubicó en el 37,7% durante el segundo trimestre de 2025 —el nivel más alto en 17 años, exceptuando el período de la pandemia, con un incremento interanual de 1,4 puntos porcentuales—. Sin embargo, el promedio regional del NEA asciende al 48,37%, impulsado por los indicadores de Formosa (52,2%), Gran Resistencia —el aglomerado urbano de la capital chaqueña— (49,2%), Corrientes (48,7%) y Posadas (43,4%). El Chaco, además, encabeza el ranking nacional de informalidad bajo la definición legal —que incluye a los cuentapropistas de baja calificación además de los asalariados sin registrar—, con tasas que superan el 50% del total de trabajadores ocupados.
La brecha entre el norte y el centro del país es mayúscula: mientras en la Ciudad de Buenos Aires la informalidad entre asalariados se ubica en el 24,2%, en Gran Resistencia llega casi al doble. Esa diferencia no es una anomalía estadística ni el resultado de un factor transitorio: es la expresión de décadas de baja diversificación productiva, alta participación del empleo público como amortiguador del desempleo, peso de sectores económicos de escasa calificación y ausencia de una política industrial sostenida que genere trabajo privado registrado en el interior del país.
El problema de la jubilación futura que nadie está resolviendo
Cada trabajador informal es también, en términos del sistema previsional, un aporte que no llega. La ecuación es simple pero tiene consecuencias de largo plazo que el debate público pocas veces incorpora con la seriedad que merece: quien trabaja en negro durante años no genera historia laboral registrada, no acumula aportes y llega a la edad jubilatoria sin los años de servicio necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. En un contexto de población envejecida y de sistema previsional en tensión permanente, el crecimiento sostenido del empleo informal en Argentina es una bomba de tiempo cuya detonación se proyecta hacia las próximas décadas.
El INDEC estima que los 5.669.000 trabajadores asalariados en negro del tercer trimestre de 2025 representan aportes jubilatorios que no ingresan al sistema de seguridad social. Si se considera que el aporte promedio de un trabajador registrado es de aproximadamente el 11% de su salario bruto, la masa de ingresos que el sistema previsional deja de percibir por la informalidad tiene un peso macroeconómico significativo. Ese déficit se compensa, en parte, con partidas del Tesoro Nacional, lo que significa que el costo de la informalidad no lo paga solo el trabajador que no tiene acceso a sus derechos: lo paga toda la sociedad a través del presupuesto público.
La reforma laboral y el debate sobre si la desregulación reduce el empleo informal en Argentina
El gobierno nacional impulsó la Ley de Modernización Laboral 27.802 con el argumento, entre otros, de que la reducción de las cargas laborales y la flexibilización de los contratos incentivaría a los empleadores a formalizar puestos que hoy están en negro. La lógica es conocida: si el costo de registrar a un trabajador baja, la proporción de empleadores que opte por la formalidad debería subir.
Los datos de la última década, sin embargo, no avalan esa hipótesis de manera lineal. La primera gran desregulación laboral que vivió el país en este ciclo fue el capítulo laboral del DNU 70/2023, que entró en vigencia a principios de 2024 con un blanqueo laboral incluido —que permitía a los empleadores regularizar trabajadores en negro con condonación de deudas y sin multas—. El resultado concreto fue que al término del programa habían ingresado al sistema apenas 16.000 trabajadores, mientras que en el mismo período el país perdió más de 111.000 puestos privados registrados y cerraron casi 20.000 empresas.
La discusión de fondo es si la informalidad en Argentina responde fundamentalmente al costo laboral —y por lo tanto se resuelve bajando ese costo— o si responde a factores estructurales más profundos: la escala de las empresas, la baja productividad de ciertos sectores, la ausencia de fiscalización efectiva, el nivel salarial que hace económicamente inviable la registración en sectores de baja rentabilidad, y la cultura de evasión que se reproduce cuando el sistema de control no tiene capacidad disuasiva real. La evidencia empírica de la última década sugiere que la segunda explicación tiene más peso que la primera, y que sin políticas activas de empleo formal —crédito subsidiado, incentivos específicos por sector y territorio, fortalecimiento de la fiscalización laboral— la informalidad tiende a crecer independientemente del signo político del gobierno de turno.
El norte, otra vez, en el fondo del mapa
En el Chaco y en el resto del NEA, la discusión del empleo informal en Argentina no es académica. Es la realidad cotidiana de miles de familias que trabajan sin cobertura médica propia, sin acceso a créditos formales, sin posibilidad de acreditar ingresos ante un banco y con la certeza de que el día que se enfermen, se queden sin trabajo o lleguen a la vejez, el sistema no tendrá para ellos la misma respuesta que tiene para quien trabajó toda la vida en blanco. La informalidad laboral en el norte argentino es simultáneamente una causa y una consecuencia del rezago histórico de la región: es causa porque impide la acumulación de capital humano y social que permite crecer, y es consecuencia porque refleja la incapacidad estructural de las economías regionales para generar trabajo privado de calidad en cantidad suficiente. Mientras el debate nacional se concentre en la letra de la reforma laboral y en sus efectos sobre el conurbano bonaerense, ese problema seguirá siendo invisible para quienes toman las decisiones.
FUENTES: INDEC (Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre 2025 y primer trimestre 2016), Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA–CONICET (IIEP, informe segundo trimestre 2025), Chequeado (análisis EPH INDEC), investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria (IIEP-UBA), IERAL–Fundación Mediterránea, Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Economía
Cuánto suben los impuestos al combustible desde julio y qué parte del aumento sigue postergada
El Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial, fija un incremento de 1% desde el 1° de julio y posterga el resto del ajuste pendiente hasta el 1° de agosto.

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles 1° de julio una nueva actualización parcial en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se trasladará de forma directa a los precios finales de la nafta y el gasoil en todo el país. La medida quedó formalizada a través del Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete.
El ajuste que entra en vigencia desde este miércoles representa una suba del 1% sobre los valores impositivos vigentes. Para las naftas sin plomo y la nafta virgen, el decreto establece un incremento de $21,192 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos, más una suba adicional de $1,298 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
Qué queda diferido para agosto y por qué
La actualización de julio es parcial. El grueso del ajuste acumulado —que incluye los incrementos correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, que venían siendo postergados desde hace más de un año— queda diferido hasta el 1° de agosto, según establece el mismo decreto.
El mecanismo no es nuevo: el Ejecutivo viene aplicando este sistema de diferimientos sucesivos desde 2024 para administrar el impacto sobre los precios finales y evitar saltos bruscos en surtidor. Los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono se actualizan de forma periódica según la inflación, pero desde 2024 el Ejecutivo aplica sucesivos diferimientos para administrar su impacto. En los considerandos de los decretos anteriores, el Gobierno argumentó que la decisión apunta a sostener el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible.
Cómo se actualiza el impuesto y qué base toma el ajuste
El mecanismo de actualización está previsto por la normativa vigente y opera trimestralmente: en enero, abril, julio y octubre de cada año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajusta los montos del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del trimestre anterior, según datos del INDEC.
La diferencia entre el ajuste técnico que correspondería aplicar y el que efectivamente se aplica en cada período genera un remanente que se va acumulando y que, en teoría, debe trasladarse en fechas posteriores. Es ese stock acumulado desde 2024 el que el Gobierno viene difiriendo sistemáticamente y cuya aplicación queda fijada, según el Decreto 562/2026, para el próximo mes de agosto. La definición es relevante porque los combustibles tienen peso directo sobre los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad particular, y cualquier actualización puede trasladarse rápidamente al resto de la cadena de precios.
Economía
Hasta cuándo y cómo acceder al programa que financia materiales de construcción en el Chaco
El directorio del Nuevo Banco del Chaco amplió la vigencia del programa con dos modalidades de financiación disponibles en comercios adheridos de toda la provincia.

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) extendió hasta el 31 de agosto de 2026 la vigencia del programa Chaco Construye, destinado a financiar la compra de materiales de construcción y productos afines en comercios adheridos de toda la provincia. La decisión fue tomada por el directorio de la entidad, que busca sostener el impulso al sector de la construcción y facilitar a las familias chaqueñas el acceso a refacciones, ampliaciones y renovaciones del hogar en condiciones diferenciales. El programa opera a través de la Tarjeta Tuya y la línea Tu Préstamo 36 cuotas.
Los rubros incluidos en la propuesta abarcan pinturerías, materiales de construcción, iluminación, electricidad, sanitarios, aberturas y otros productos relacionados con la obra en el hogar.
Las dos modalidades de financiación disponibles en Chaco Construye
El programa ofrece dos vías de acceso al financiamiento según el perfil del cliente y el tipo de compra que desee realizar.
La primera es la Tarjeta Tuya, con la que se puede financiar en 12 o 18 cuotas sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El único requisito es contar con límite disponible en la tarjeta al momento de la compra, y está habilitada para todos los usuarios de la tarjeta chaqueña.
La segunda modalidad es Tu Préstamo 36 cuotas, que se solicita directamente en el comercio adherido. Allí se realiza un primer análisis crediticio y, de contar con disponible, el financiamiento se aprueba en el momento: el comercio recibe la acreditación del monto y el cliente se lleva sus productos.
Quiénes pueden acceder al programa y cómo solicitarlo
Chaco Construye está habilitado para clientes del NBCH que cuenten con una cuenta activa en el banco y disponibilidad en Tarjeta Tuya o préstamos personales. En el caso específico de Tu Préstamo 36 cuotas, la línea está disponible para el personal de la Administración Pública Provincial, empresas del Estado, SECHEEP, SAMEEP, ECOM, municipalidades, y también para empleados y profesionales de empresas privadas que acrediten haberes en la entidad.
Los trabajadores del sector privado, comercios y pymes que cobren el sueldo en otra entidad pueden solicitar a su empleador el cambio de acreditación al Nuevo Banco del Chaco para acceder a esta línea de financiamiento.
Para consultas, el banco dispone del número de WhatsApp verificado 3624 161290 y de las sucursales distribuidas en toda la provincia. El NBCH recordó que ningún representante oficial solicitará datos personales confidenciales, claves PIN, token ni credenciales de home banking por ningún medio ni bajo ninguna circunstancia. Ante cualquier situación irregular, la entidad recomienda realizar la denuncia en la comisaría más cercana, comunicarse al 0800-888-5465 (Red Link) y notificar al banco.
Economía
Por qué casi todo lo que exporta el Chaco depende de un mismo sector productivo
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario ubicó a la provincia entre las cinco más agrointensivas del país, solo detrás de Santiago del Estero.

La agroindustria argentina volvió a confirmar su peso como motor de las exportaciones del país, y el Chaco aparece entre las provincias donde esa dependencia es más marcada. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por los analistas Bruno Ferrari y Patricia Bergero, el sector agroindustrial representó en 2025 el 59% del total exportado por la Argentina, con un valor de US$51.369 millones sobre exportaciones totales por US$87.111 millones, según la base de datos de exportaciones provinciales por rubros del INDEC.
«El sector agroindustrial es un pilar clave de las exportaciones argentinas y tiene presencia exportadora en todas las jurisdicciones del país», señala el trabajo, que agrega que en buena parte de las provincias el sector lidera directamente la inserción del distrito en el comercio exterior.
El Chaco, entre las cinco provincias más agrointensivas del país
El dato que coloca al Chaco en el centro del análisis es su nivel de agrointensividad exportadora: el 96% de todo lo que la provincia vende al exterior corresponde a productos agroindustriales, según el informe. Esa cifra ubica al Chaco en el segundo lugar del ranking nacional, solo detrás de Santiago del Estero, que lidera con 98%, y por delante de La Pampa (93%), Formosa (92%) y Santa Fe (91%).
El extracto de quebracho es, según los datos relevados por la BCR, el principal rubro exportado por la provincia: en 2025 generó ventas externas por US$55 millones, una porción significativa dentro de un total agroindustrial chaqueño de US$226 millones sobre exportaciones provinciales totales de US$235 millones. La estadística confirma una particularidad histórica de la economía del Chaco: a diferencia de otras provincias del NEA, donde la soja, el arroz o el algodón dominan la canasta exportadora, el quebracho colorado y sus derivados industriales mantienen un rol protagónico en la inserción internacional chaqueña.
Cómo se ubica el Chaco frente al resto del país
El informe de la BCR muestra que en 16 de las 24 jurisdicciones argentinas, incluida la plataforma continental, algún rubro agroindustrial lidera el valor total exportado. Sin embargo, el peso relativo del sector varía enormemente según la provincia: mientras en Buenos Aires la agroindustria explica el 53% de las exportaciones —empujada también por las automotrices y otros rubros industriales—, en distritos del NEA y el NOA esa participación supera ampliamente el 90%, reflejando estructuras productivas mucho más concentradas en el sector primario y agroindustrial.
A nivel nacional, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba siguen concentrando el grueso del comercio exterior argentino: en conjunto exportaron US$58.786 millones en 2025, equivalentes al 67,5% del total país, de los cuales US$40.642 millones corresponden a agroindustria. Eso representa el 79,1% de todas las exportaciones agroindustriales argentinas, dejando en evidencia una brecha estructural entre el centro agroexportador pampeano y las economías regionales del norte, donde el Chaco se inscribe con un perfil exportador de menor escala pero de altísima concentración sectorial.
Un sector que, pese a la caída relativa, sostiene niveles históricos
El informe destaca que, si bien la participación de la agroindustria en el total exportado por el país está 10 puntos porcentuales por debajo de los máximos alcanzados en 2020 y 2021, el valor absoluto de 2025 constituye el tercer monto más alto de la historia del sector, solo superado por 2021 y 2022. La diversidad de suelos y climas del país, sumada a los cultivos tradicionales —soja, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol— y a la producción ganadera, explica que el sector tenga presencia exportadora en absolutamente todas las provincias argentinas, aunque con pesos muy diferentes según la estructura productiva de cada una.
Para el Chaco, el dato confirma una realidad que excede la coyuntura: la economía provincial sigue profundamente ligada al desempeño del campo y a un puñado de rubros con escaso nivel de diversificación, lo que la expone tanto a las oportunidades como a las fluctuaciones internacionales que afectan a los commodities agroindustriales.
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