La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este jueves una resolución que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en sus artículos referidos a los salarios del personal docente y no docente y al financiamiento de becas estudiantiles. El fallo, firmado de manera unánime por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Capital Humano, que había intentado llegar al máximo tribunal para suspender la aplicación de la norma aprobada por el Congreso en agosto de 2025.

El argumento de la Corte fue de orden procesal: el recurso extraordinario presentado por el Gobierno no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, requisito indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal según el artículo 14 de la Ley 48. En consecuencia, el tribunal desestimó tanto el pedido de excusación de sus integrantes —planteado por el Ejecutivo con el argumento de que los jueces ejercen la docencia universitaria— como la presentación directa, e intimó al recurrente a depositar las sumas previstas en el plazo correspondiente.

Qué dice la cautelar que queda firme

La medida que la Corte consolida este jueves tiene su origen en un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras universidades nacionales, en respuesta al Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la determinación previa de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso de apelación del Gobierno y lo obligó a cumplir de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la recomposición salarial desde diciembre de 2023 y el incremento del presupuesto para becas estudiantiles. El máximo tribunal entendió entonces que el incumplimiento podía generar perjuicios graves y un deterioro que afectara el derecho de enseñar y aprender, y que el ahorro derivado de no aplicar la ley no resultaba significativo para el presupuesto nacional.

El fallo de este jueves no resuelve el fondo de la controversia —es decir, si un decreto presidencial puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso—, sino que deja vigente la cautelar mientras el proceso judicial continúa su curso en la instancia de origen.

La relación con el acuerdo del 10 de junio

En la práctica, la resolución de la Corte se superpone con el acuerdo salarial firmado el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. En ese acta, el Gobierno se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, distribuido en un 21,33% a pagar en junio y un 3% adicional en octubre, además de una suba del 20% en gastos de funcionamiento y la ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000 millones. El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio.

Sin embargo, el fallo de la Corte agrega un elemento que el acta no resolvió: la obligación de aumentar también las Becas Progresar, que quedaron fuera del acuerdo de junio. Por otro lado, los gremios docentes no desistieron de sus reclamos judiciales, ya que la diferencia entre lo acordado y lo que establece la ley sigue sin cerrarse. La Federación Universitaria Argentina (FUA), que agrupa a los estudiantes, celebró el fallo como un reconocimiento a la movilización universitaria sostenida durante más de dos años de paros, marchas y disputas en sede judicial.

Los antecedentes en Chaco

El conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario tuvo repercusiones directas en el sistema universitario chaqueño. Como informó CharataChaco.Net en notas anteriores, la UNNE y la UNCAUS adhirieron en marzo pasado a los paros nacionales convocados por CONADU y CONADU Histórica, lo que afectó el inicio del ciclo lectivo 2026 en toda la provincia. El conflicto se extendió por semanas y colocó al sistema universitario del NEA en el centro del debate sobre el financiamiento educativo nacional. Para seguir esta y otras decisiones que afectan a la región, CharataChaco.Net mantiene su cobertura en política nacional con perspectiva chaqueña.