El acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos el mes pasado trajo consigo una agenda económica que va más allá de los aranceles. Uno de sus puntos clave exige que el país avance hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91, lo que obligaría a reformar la ley de semillas Argentina vigente desde 1973. El anuncio reactiva una disputa que lleva décadas sin resolverse y que divide al campo argentino en dos posiciones irreconciliables: las empresas semilleras, que reclaman mayor protección de la propiedad intelectual para poder invertir en genética, y los productores, que temen que una norma más estricta encarezca sus costos y concentre el mercado en pocas multinacionales.

El presidente Javier Milei anticipó el envío de un proyecto al Congreso, aunque el texto todavía no existe formalmente. El Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y reconoció que hay dos caminos posibles: adherir directamente a UPOV 91 o redactar una nueva ley nacional que incorpore sus principios con adaptaciones locales.

Qué es UPOV 91 y qué cambia

UPOV 91 es el protocolo internacional que regula la propiedad intelectual sobre variedades vegetales. A diferencia del marco anterior —conocido como UPOV 78, al que Argentina ya adhiere— la versión de 1991 restringe significativamente el llamado «uso propio»: la práctica por la que un productor guarda parte de su cosecha y la resiembra en la campaña siguiente sin abonar regalías adicionales al obtentor de la variedad.

Más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar. Argentina, en cambio, opera con una ley de semillas que data de 1973 y que el avance de la biotecnología dejó ampliamente superada.

El sistema actual genera además un mercado informal considerable. Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual sobre semillas no supera el 40%. En Brasil, más del 80% de los productores reconoce esos derechos. Esa brecha, para las semilleras, es la explicación central del atraso productivo argentino.

El argumento de las semilleras: rindes estancados

El analista agropecuario Javier Preciado Patiño graficó el problema con un dato concreto: en el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rendimientos se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. Brasil, que a comienzos de los 2000 tenía rindes unos 300 kilos inferiores a los argentinos, hoy los supera en más de 350 kilos por hectárea. Si el país vecino tuviera los mismos rendimientos de hace veinte años, su producción rondaría las 134 millones de toneladas anuales; en cambio, hoy produce cerca de 180 millones.

El secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, fue más directo y señaló que el algodón ilustra el problema con más claridad todavía: pese a tener retenciones más bajas que los cultivos principales —y a haberlas eliminado—, Argentina obtiene la mitad del rinde que Brasil en ese cultivo. «La innovación agrícola es hiperlocal. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren», publicó el funcionario.

Desde la industria semillera apuntan en la misma dirección: en los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías ya disponibles en Brasil o Estados Unidos todavía no llegaron a los productores argentinos. Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país.

El argumento de los productores ante la reforma de la ley de semillas Argentina

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 «limita severamente el concepto de uso propio» y desequilibra la relación entre obtentores y productores. La entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó que el productor no quede reducido al rol de «cliente cautivo de la tecnología de semillas».

La presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, fue más tajante: la entidad no respaldará la adhesión directa a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores. El argumento de fondo es que reforzar la protección intelectual sin contrapesos podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos, dos consecuencias que golpearían especialmente a los productores medianos y pequeños.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano reconoció que «Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo» y vinculó ese diagnóstico con la necesidad de avanzar en la reforma. Aunque advirtió que alcanzar los 300 millones de toneladas de granos que Milei prometió en la Asamblea Legislativa también requiere reducir las retenciones, no solo actualizar la ley semillera.

Una solución privada que no alcanza

Ante la parálisis legislativa de las últimas décadas, la industria impulsó un sistema privado para regular el pago de regalías: Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total de aproximadamente 16 millones sembradas en el país. La adhesión es parcial y convive con prácticas informales como la llamada «bolsa blanca», que implica la multiplicación y venta de semillas sin registro ni pago de derechos.

El esquema privado probó que hay disposición a pagar por genética cuando el marco es claro, pero también evidenció sus límites: sin una ley que lo respalde, el sistema cubre menos del 25% del área sembrada con soja.

Ley de semillas Argentina: El Congreso, el campo de batalla

El frente político es el más complejo. En más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para reformar la ley de semillas y ninguno prosperó. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales bloquearon todos los intentos. Esta vez, el contexto es distinto: hay un acuerdo internacional que presiona en una dirección, hay un gobierno que se comprometió a enviar un proyecto y hay un sector agropecuario que llegó al debate más fragmentado que nunca.

Incluso dentro del oficialismo coexisten posiciones distintas: algunos legisladores cercanos al agro prefieren una nueva ley nacional con adaptaciones propias; otros optan por la adhesión directa a UPOV 91. El proyecto deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, históricamente atravesada por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas. Para el Chaco y el NEA, provincias con fuerte presencia de cultivos de soja, girasol y algodón, el resultado de esa discusión tendrá consecuencias directas sobre los costos de producción de miles de familias rurales.

La ley de semillas argentina lleva más de 50 años sin actualizarse. La pregunta que nadie pudo responder hasta ahora —cómo proteger la innovación sin encarecer la producción— sigue sin tener una respuesta que convenza a los dos lados del mostrador.