Economía
La reforma de la ley de semillas Argentina, exigida por el acuerdo con Estados Unidos, reabre la grieta histórica entre semilleras y productores
El Gobierno prometió enviar un proyecto al Congreso para reemplazar una norma de 1973. La discusión central es el «uso propio»: la práctica por la que los productores resiembran parte de su cosecha sin pagar regalías.

El acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos el mes pasado trajo consigo una agenda económica que va más allá de los aranceles. Uno de sus puntos clave exige que el país avance hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91, lo que obligaría a reformar la ley de semillas Argentina vigente desde 1973. El anuncio reactiva una disputa que lleva décadas sin resolverse y que divide al campo argentino en dos posiciones irreconciliables: las empresas semilleras, que reclaman mayor protección de la propiedad intelectual para poder invertir en genética, y los productores, que temen que una norma más estricta encarezca sus costos y concentre el mercado en pocas multinacionales.
El presidente Javier Milei anticipó el envío de un proyecto al Congreso, aunque el texto todavía no existe formalmente. El Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y reconoció que hay dos caminos posibles: adherir directamente a UPOV 91 o redactar una nueva ley nacional que incorpore sus principios con adaptaciones locales.
Qué es UPOV 91 y qué cambia
UPOV 91 es el protocolo internacional que regula la propiedad intelectual sobre variedades vegetales. A diferencia del marco anterior —conocido como UPOV 78, al que Argentina ya adhiere— la versión de 1991 restringe significativamente el llamado «uso propio»: la práctica por la que un productor guarda parte de su cosecha y la resiembra en la campaña siguiente sin abonar regalías adicionales al obtentor de la variedad.
Más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar. Argentina, en cambio, opera con una ley de semillas que data de 1973 y que el avance de la biotecnología dejó ampliamente superada.
El sistema actual genera además un mercado informal considerable. Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual sobre semillas no supera el 40%. En Brasil, más del 80% de los productores reconoce esos derechos. Esa brecha, para las semilleras, es la explicación central del atraso productivo argentino.
El argumento de las semilleras: rindes estancados
El analista agropecuario Javier Preciado Patiño graficó el problema con un dato concreto: en el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rendimientos se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. Brasil, que a comienzos de los 2000 tenía rindes unos 300 kilos inferiores a los argentinos, hoy los supera en más de 350 kilos por hectárea. Si el país vecino tuviera los mismos rendimientos de hace veinte años, su producción rondaría las 134 millones de toneladas anuales; en cambio, hoy produce cerca de 180 millones.
El secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, fue más directo y señaló que el algodón ilustra el problema con más claridad todavía: pese a tener retenciones más bajas que los cultivos principales —y a haberlas eliminado—, Argentina obtiene la mitad del rinde que Brasil en ese cultivo. «La innovación agrícola es hiperlocal. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren», publicó el funcionario.
Desde la industria semillera apuntan en la misma dirección: en los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías ya disponibles en Brasil o Estados Unidos todavía no llegaron a los productores argentinos. Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país.
El argumento de los productores ante la reforma de la ley de semillas Argentina
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 «limita severamente el concepto de uso propio» y desequilibra la relación entre obtentores y productores. La entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó que el productor no quede reducido al rol de «cliente cautivo de la tecnología de semillas».
La presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, fue más tajante: la entidad no respaldará la adhesión directa a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores. El argumento de fondo es que reforzar la protección intelectual sin contrapesos podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos, dos consecuencias que golpearían especialmente a los productores medianos y pequeños.
Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano reconoció que «Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo» y vinculó ese diagnóstico con la necesidad de avanzar en la reforma. Aunque advirtió que alcanzar los 300 millones de toneladas de granos que Milei prometió en la Asamblea Legislativa también requiere reducir las retenciones, no solo actualizar la ley semillera.
Una solución privada que no alcanza
Ante la parálisis legislativa de las últimas décadas, la industria impulsó un sistema privado para regular el pago de regalías: Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total de aproximadamente 16 millones sembradas en el país. La adhesión es parcial y convive con prácticas informales como la llamada «bolsa blanca», que implica la multiplicación y venta de semillas sin registro ni pago de derechos.
El esquema privado probó que hay disposición a pagar por genética cuando el marco es claro, pero también evidenció sus límites: sin una ley que lo respalde, el sistema cubre menos del 25% del área sembrada con soja.
Ley de semillas Argentina: El Congreso, el campo de batalla
El frente político es el más complejo. En más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para reformar la ley de semillas y ninguno prosperó. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales bloquearon todos los intentos. Esta vez, el contexto es distinto: hay un acuerdo internacional que presiona en una dirección, hay un gobierno que se comprometió a enviar un proyecto y hay un sector agropecuario que llegó al debate más fragmentado que nunca.
Incluso dentro del oficialismo coexisten posiciones distintas: algunos legisladores cercanos al agro prefieren una nueva ley nacional con adaptaciones propias; otros optan por la adhesión directa a UPOV 91. El proyecto deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, históricamente atravesada por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas. Para el Chaco y el NEA, provincias con fuerte presencia de cultivos de soja, girasol y algodón, el resultado de esa discusión tendrá consecuencias directas sobre los costos de producción de miles de familias rurales.
La ley de semillas argentina lleva más de 50 años sin actualizarse. La pregunta que nadie pudo responder hasta ahora —cómo proteger la innovación sin encarecer la producción— sigue sin tener una respuesta que convenza a los dos lados del mostrador.
Economía
El Puerto de Barranqueras consolidó su actividad con nuevos envíos de semillas y aceite de girasol chaqueño hacia Reconquista
Los operativos se realizaron con Gama Grupo Comercial y consistieron en el despacho de semillas de girasol acopiadas en los galpones del puerto y 26 pallets de aceite vegetal en presentaciones de 1.500 cc y 900 cc.

El Puerto de Barranqueras concretó nuevos envíos de producción agrícola chaqueña hacia la provincia de Santa Fe, consolidando su rol como nodo logístico regional. Los operativos incluyeron el despacho de semillas de girasol con destino a Reconquista — producto que había sido acopiado meses atrás en los galpones de la terminal portuaria — y el envío de 26 pallets de aceite vegetal de girasol en presentaciones de 1.500 cc y 900 cc. Las operaciones se realizaron en forma articulada con la empresa Gama Grupo Comercial.
El Puerto de Barranqueras con nuevos envíos
La administradora del puerto, Alicia Azula, ponderó el significado de estos movimientos para la economía provincial: «Estos envíos reflejan que el puerto está acompañando a los productores y facilitando la salida de la producción chaqueña hacia otros mercados.»
Azula también destacó el vínculo con el sector privado como motor del crecimiento operativo: «Venimos consolidando vínculos con el sector privado, lo que nos permite generar más movimiento y oportunidades para la región.»
Y subrayó el rol estratégico de la infraestructura portuaria: «El Puerto Barranqueras es una herramienta clave para el crecimiento productivo del Chaco. Además, cada carga que sale representa trabajo, inversión y desarrollo para nuestra provincia.»
Un puerto en actividad creciente
El despacho de girasol se suma a una serie de operaciones que el Puerto de Barranqueras viene concretando en los últimos meses. Entre los antecedentes recientes figuran una importación desde China en febrero de 2026, una operación de 500 cubiertas para vehículos de gran porte, la exportación de carbón vegetal chaqueño a Brasil y Estados Unidos en noviembre de 2025, y el envío de fibra de algodón chaqueño a Vietnam ese mismo mes. La variedad de productos y destinos refleja una estrategia de diversificación que busca posicionar al puerto como un punto de salida competitivo para la producción del norte argentino.
El girasol tiene una presencia relevante en la matriz productiva del Chaco. Además el cultivo comparte espacio con la soja, el algodón y el maíz en los departamentos del centro y sudoeste provincial, y su procesamiento y salida a través del puerto representa un eslabón clave en la cadena de valor regional.
Economía
La inflación de abril arranca con la presión de los combustibles de marzo: las consultoras proyectan entre 2,3% y 2,6% y el Chaco siente el doble impacto
La nafta acumuló una suba del 21,2% entre el 27 de febrero y el 8 de abril. El arrastre de esa suba sobre el IPC de abril se estima entre 0,31 y 0,37 puntos porcentuales, antes de contabilizar el efecto indirecto sobre fletes y logística.

Las consultoras económicas proyectan para abril una inflación de entre 2,3% y 2,6%, en un mes que arranca con la presión de la fuerte suba de combustibles registrada durante marzo 2026. Aunque la nafta se mantiene sin cambios significativos en las primeras semanas de abril —YPF anticipó que no trasladará nuevas variaciones del crudo durante al menos 45 días— el arrastre estadístico de la suba de marzo impacta directamente sobre el índice de precios de este mes. El dato oficial de inflación de marzo, que el INDEC publicará el 14 de abril, confirmará las estimaciones previas que apuntan a un registro cercano al 3%.
Los números de los combustibles
La nafta súper acumuló una suba del 21,2% entre el 27 de febrero y el 8 de abril, mientras que el Brent avanzó más de 60% en ese mismo período. El Gobierno decidió amortiguar el impacto del crudo internacional en los surtidores y postergó hasta mayo la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), que representa el 15,83% del precio final.
Aun así, la suba ya ocurrida genera un efecto estadístico concreto sobre la medición del IPC. Según la sociedad de bolsa Facimex Valores, la nafta súper en el Gran Buenos Aires acumularía en el promedio mensual de marzo un alza del 9,7% y un incremento promedio del 11,8% en el de abril, por efecto del arrastre. Traducido al índice general, eso equivale a una incidencia directa de 0,31 puntos porcentuales en marzo y de 0,37 puntos en abril. A esto se agrega el gasoil, con una dinámica similar y un peso relevante en los costos de transporte y logística.
Las proyecciones de las consultoras
EcoGo estima que la inflación de abril se ubicará en torno al 2,3%, aunque aclara que es una estimación preliminar sujeta a modificaciones. LCG proyecta un 2,5%, describiendo el mes como «un pequeño escalón por debajo de marzo, pero todavía con componentes inerciales importantes». Los breakevens de inflación — indicadores de mercado que reflejan expectativas — se ubican en torno al 2,5% para abril, y el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimó un 2,6%, proyectando que recién perforará el 2% mensual en agosto.
Además de los combustibles, presionan en abril los aumentos de telecomunicaciones, anticipados por encima del 3%, y los ajustes de prepagas en línea con la inflación del mes anterior.
Inflación abril 2026: El doble impacto sobre el Chaco
Para el interior chaqueño, la presión inflacionaria de los combustibles tiene una dimensión específica que no captura el índice general del GBA. El Chaco es una de las provincias más alejadas de los grandes centros de distribución del país: las distancias al puerto de Rosario superan los 800 kilómetros desde Resistencia y los 1.100 kilómetros desde Charata. Eso significa que cada aumento en el precio del gasoil se multiplica en los fletes y llega a las góndolas del interior amplificado.
El impacto ya fue documentado en la nota de costos del flete en el NEA que publicamos semanas atrás: el gasoil acumula una suba interanual del 42% y presiona la ecuación de productores agropecuarios, comerciantes y consumidores finales en toda la región. Un nuevo ajuste pendiente en el ICL — que las consultoras anticipan para los próximos meses una vez que el Gobierno normalice el precio de las naftas respecto a la paridad de importación, donde Adcap estima una brecha del 20% — volvería a golpear primero y más fuerte en las provincias del interior.
Economía
La carne subió casi 11% en marzo y acumula 68,6% en un año: el kilo promedio llegó a $18.564 y los cortes populares son los que más aumentan
El relevamiento del IPCVA muestra que la picada común lideró las subas con 20,4% en el mes. El pollo se consolida como el principal sustituto y costó casi cuatro veces menos que el asado en el primer trimestre.

El precio de la carne vacuna subió 10,6% en marzo en el AMBA y acumula un incremento del 68,6% en los últimos doce meses, más del doble que la inflación del mismo período, según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA). El kilo promedio ascendió a $18.564, con diferencias significativas entre carnicerías y supermercados y entre los distintos cortes.
El dato golpea de manera particular en provincias como el Chaco, donde los salarios promedio del sector privado formal se ubican históricamente entre el 20% y el 25% por debajo del promedio nacional. Para una familia charatense o de cualquier municipio del interior provincial, el kilo de asado a $18.617 o el lomo a $27.711 representan una proporción del ingreso mensual muy superior a la que implica para un hogar del AMBA.
Los cortes que más subieron en marzo
Los aumentos no fueron uniformes. Los cortes más económicos — los que más consumen los hogares de ingresos medios y bajos — fueron los que más subieron. La picada común encabezó la tabla con una suba mensual de 20,4%, seguida por la carnaza común con 17,7% y la falda con 13,4%. En el otro extremo, el matambre subió 7,6% y el lomo 8,5%, aunque su precio base ya era sustancialmente más alto.
Los precios promedio por corte quedaron de la siguiente manera:
Asado de tira $18.617 — Bife angosto $18.631 — Vacío $22.388 — Cuadril $21.357 — Lomo $27.711 — Nalga $21.807 — Peceto $23.391 — Colita de cuadril $24.049 — Falda $11.724 — Picada común $10.381 — Carnaza común $12.012 — Osobuco $11.102 — Matambre $18.726 — Paleta $17.234.
Precio de la carne en marzo: Carnicerías vs. supermercados
Por canal de venta, las carnicerías registraron una suba mensual de 12,2% y un incremento interanual de 73,5%. Los supermercados aumentaron 7,1% en el mes pero en algunos cortes muestran precios más convenientes: el asado es un 16,8% más barato en las grandes superficies, la falda un 36,4% y la picada común un 37,8%. En cambio, el lomo y la colita de cuadril resultan más caros en supermercados que en carnicerías.
El pollo como alternativa y el problema estructural
El consumo de carne vacuna en 2025 alcanzó su nivel más bajo en dos décadas: 47,3 kilos per cápita anuales. El pollo avanza como sustituto — su precio subió 10,9% en marzo pero su valor absoluto sigue siendo muy inferior. En el primer trimestre del año, con el valor de un kilo de asado se pudieron comprar en promedio 3,92 kilos de pollo fresco, una relación que creció 22,8% respecto al mismo período de 2025.
El problema de fondo no es coyuntural. El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Leonardo Rafael, explicó que la suba responde a que hay poca oferta de hacienda por falta de stock. «Tenemos las mismas 50 millones de cabezas que hace 50 años», señaló, y apuntó a la necesidad de aumentar el peso de faena, asegurar reglas de juego previsibles y ampliar el acceso al crédito en toda la cadena productiva.
Para el Chaco, ese diagnóstico tiene una lectura doble. Por un lado, la ganadería bovina es una de las principales cadenas productivas de la provincia y un precio sostenido de la hacienda beneficia a los productores del sudoeste chaqueño. Por el otro, esos mismos precios altos en el mostrador erosionan el poder adquisitivo de los asalariados del interior, que ya parten de una base salarial más baja que el promedio nacional y que destinan una proporción mayor de su ingreso a la alimentación.
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