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Economía

La reforma de la ley de semillas Argentina, exigida por el acuerdo con Estados Unidos, reabre la grieta histórica entre semilleras y productores

El Gobierno prometió enviar un proyecto al Congreso para reemplazar una norma de 1973. La discusión central es el «uso propio»: la práctica por la que los productores resiembran parte de su cosecha sin pagar regalías.

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ley de semillas Argentina

El acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos el mes pasado trajo consigo una agenda económica que va más allá de los aranceles. Uno de sus puntos clave exige que el país avance hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91, lo que obligaría a reformar la ley de semillas Argentina vigente desde 1973. El anuncio reactiva una disputa que lleva décadas sin resolverse y que divide al campo argentino en dos posiciones irreconciliables: las empresas semilleras, que reclaman mayor protección de la propiedad intelectual para poder invertir en genética, y los productores, que temen que una norma más estricta encarezca sus costos y concentre el mercado en pocas multinacionales.

El presidente Javier Milei anticipó el envío de un proyecto al Congreso, aunque el texto todavía no existe formalmente. El Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y reconoció que hay dos caminos posibles: adherir directamente a UPOV 91 o redactar una nueva ley nacional que incorpore sus principios con adaptaciones locales.

Qué es UPOV 91 y qué cambia

UPOV 91 es el protocolo internacional que regula la propiedad intelectual sobre variedades vegetales. A diferencia del marco anterior —conocido como UPOV 78, al que Argentina ya adhiere— la versión de 1991 restringe significativamente el llamado «uso propio»: la práctica por la que un productor guarda parte de su cosecha y la resiembra en la campaña siguiente sin abonar regalías adicionales al obtentor de la variedad.

Más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar. Argentina, en cambio, opera con una ley de semillas que data de 1973 y que el avance de la biotecnología dejó ampliamente superada.

El sistema actual genera además un mercado informal considerable. Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual sobre semillas no supera el 40%. En Brasil, más del 80% de los productores reconoce esos derechos. Esa brecha, para las semilleras, es la explicación central del atraso productivo argentino.

El argumento de las semilleras: rindes estancados

El analista agropecuario Javier Preciado Patiño graficó el problema con un dato concreto: en el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rendimientos se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. Brasil, que a comienzos de los 2000 tenía rindes unos 300 kilos inferiores a los argentinos, hoy los supera en más de 350 kilos por hectárea. Si el país vecino tuviera los mismos rendimientos de hace veinte años, su producción rondaría las 134 millones de toneladas anuales; en cambio, hoy produce cerca de 180 millones.

El secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, fue más directo y señaló que el algodón ilustra el problema con más claridad todavía: pese a tener retenciones más bajas que los cultivos principales —y a haberlas eliminado—, Argentina obtiene la mitad del rinde que Brasil en ese cultivo. «La innovación agrícola es hiperlocal. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren», publicó el funcionario.

Desde la industria semillera apuntan en la misma dirección: en los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías ya disponibles en Brasil o Estados Unidos todavía no llegaron a los productores argentinos. Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país.

El argumento de los productores ante la reforma de la ley de semillas Argentina

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 «limita severamente el concepto de uso propio» y desequilibra la relación entre obtentores y productores. La entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó que el productor no quede reducido al rol de «cliente cautivo de la tecnología de semillas».

La presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, fue más tajante: la entidad no respaldará la adhesión directa a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores. El argumento de fondo es que reforzar la protección intelectual sin contrapesos podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos, dos consecuencias que golpearían especialmente a los productores medianos y pequeños.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano reconoció que «Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo» y vinculó ese diagnóstico con la necesidad de avanzar en la reforma. Aunque advirtió que alcanzar los 300 millones de toneladas de granos que Milei prometió en la Asamblea Legislativa también requiere reducir las retenciones, no solo actualizar la ley semillera.

Una solución privada que no alcanza

Ante la parálisis legislativa de las últimas décadas, la industria impulsó un sistema privado para regular el pago de regalías: Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total de aproximadamente 16 millones sembradas en el país. La adhesión es parcial y convive con prácticas informales como la llamada «bolsa blanca», que implica la multiplicación y venta de semillas sin registro ni pago de derechos.

El esquema privado probó que hay disposición a pagar por genética cuando el marco es claro, pero también evidenció sus límites: sin una ley que lo respalde, el sistema cubre menos del 25% del área sembrada con soja.

Ley de semillas Argentina: El Congreso, el campo de batalla

El frente político es el más complejo. En más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para reformar la ley de semillas y ninguno prosperó. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales bloquearon todos los intentos. Esta vez, el contexto es distinto: hay un acuerdo internacional que presiona en una dirección, hay un gobierno que se comprometió a enviar un proyecto y hay un sector agropecuario que llegó al debate más fragmentado que nunca.

Incluso dentro del oficialismo coexisten posiciones distintas: algunos legisladores cercanos al agro prefieren una nueva ley nacional con adaptaciones propias; otros optan por la adhesión directa a UPOV 91. El proyecto deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, históricamente atravesada por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas. Para el Chaco y el NEA, provincias con fuerte presencia de cultivos de soja, girasol y algodón, el resultado de esa discusión tendrá consecuencias directas sobre los costos de producción de miles de familias rurales.

La ley de semillas argentina lleva más de 50 años sin actualizarse. La pregunta que nadie pudo responder hasta ahora —cómo proteger la innovación sin encarecer la producción— sigue sin tener una respuesta que convenza a los dos lados del mostrador.

Economía

El Gobierno recibió 20 ofertas para concesionar las rutas nacionales que cruzan el Chaco, entre ellas la RN 16 que conecta Charata

Los tramos Chaco–Santa Fe y Litoral forman parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3.900 kilómetros en diez provincias.

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Licitación de rutas nacionales en el Chaco: RN 11 y RN 16

El Ministerio de Economía abrió este viernes los sobres de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el último bloque de una licitación que busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Se presentaron 20 oferentes para los ocho tramos en disputa, que atraviesan diez provincias del país. El Chaco está incluido en dos de esos corredores: el Tramo Chaco–Santa Fe, sobre la Ruta Nacional 11, y el Tramo Litoral, que corre sobre la Ruta Nacional 16 desde Sáenz Peña hasta Loreto, en Corrientes, pasando por Resistencia.

La RN 16 es la arteria que conecta a Charata con la capital provincial y con el resto del Departamento Chacabuco, lo que hace de esta licitación un tema de impacto directo para el sudoeste chaqueño.

Qué tramos del Chaco están en juego

El Tramo Chaco–Santa Fe se desarrolla íntegramente sobre la RN 11 y suma 497 kilómetros. Arranca en Resistencia y llega a la ciudad de Santa Fe, con pasos por Reconquista, Vera y Avellaneda. Es uno de los corredores de mayor tránsito de carga del nordeste y vincula el Chaco con los puertos del centro del país, entre ellos el Puerto de Barranqueras en su extremo norte.

El Tramo Litoral, en tanto, recorre 546 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16. El trazado parte de Sáenz Peña, atraviesa Resistencia y continúa hacia Corrientes capital y Loreto. Este corredor es clave para la integración entre el nordeste y la Mesopotamia y para el flujo de mercancías y pasajeros que circula entre ambas provincias.

El modelo de concesión y sus implicancias para los usuarios

El esquema diseñado por el Gobierno nacional elimina los aportes del Tesoro y transfiere la totalidad de la inversión y la gestión al sector privado. Las empresas adjudicatarias deberán financiar y ejecutar las obras de modernización y mantenimiento, y recuperarán esa inversión a través del cobro de peajes. El ministro de Economía Luis Caputo indicó que con esta etapa se completa la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y que todas estarán en obra en las próximas semanas.

Para los usuarios que transitan la RN 16 y la RN 11 en el Chaco, el cambio de modelo implica obras comprometidas contractualmente pero también la certeza de nuevos peajes o la actualización de los existentes, algo que el Gobierno no ha detallado todavía de manera pública para cada tramo.

Etapas anteriores y contexto del proceso

La Etapa III es la última de un proceso que comenzó con la concesión de los Tramos Oriental y Conexión de las rutas nacionales 12 y 14, y continuó con la Etapa II-A —adjudicada la semana pasada e incluida la Autopista Riccheri y la RN 5— y la Etapa II-B, que sumó más de 2.500 kilómetros en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En conjunto, el programa aspira a modernizar la infraestructura vial del país sin recurrir al financiamiento público, bajo el argumento oficial de que la inversión privada garantiza estándares de servicio más elevados y mayor velocidad de ejecución de obras.

Para seguir las novedades sobre economía del Chaco y el impacto de las políticas nacionales en la provincia, seguí CharataChaco.Net.

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Economía

Milei bajó las retenciones al trigo, la cebada y la soja: qué significa para los productores del Chaco y el NEA

El trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio; la soja tendrá una reducción gradual desde enero de 2027. Para el Chaco, la distancia a los puertos sigue siendo el factor que limita el impacto real.

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Baja de retenciones Chaco 2026: qué cambia para el campo

El presidente Javier Milei anunció este jueves una baja de retenciones para el trigo, la cebada y la soja en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las retenciones al trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026, mientras que para la soja el alivio llegará recién desde enero de 2027, con una reducción gradual de entre un cuarto y medio punto por mes, según la evolución de la recaudación, hasta 2028.

El mandatario diferenció su estrategia de la de gestiones anteriores: «No voy a bajar un impuesto para después tener que subirlo como ha sucedido en gobiernos anteriores», señaló, en una frase que apuntó directamente al gobierno de Mauricio Macri, que tras reducir las retenciones al asumir en diciembre de 2015 terminó restableciéndolas en 2018.

Qué implica para los productores del Chaco

Para el norte argentino, cualquier baja de retenciones tiene un efecto real pero acotado por una variable que los productores pampeanos no enfrentan con la misma intensidad: el costo del flete. La soja, el maíz y el girasol del Chaco recorren entre 600 y 1.000 kilómetros hasta los puertos de Rosario o Barranqueras, y absorben ese costo con márgenes ya ajustados por la presión de los derechos de exportación. Como informó CharataChaco.Net en la nota sobre liquidación de divisas del agro de marzo de 2026, ese diferencial geográfico convierte a los productores chaqueños en uno de los sectores que más necesita reducciones impositivas para mantenerse competitivos.

La baja en el trigo y la cebada es inmediata y llega en un momento sensible: el anuncio se produce en plena siembra de trigo. La cosecha total 2025/2026 proyecta superar los 160 millones de toneladas de granos, un nivel récord, aunque la superficie sembrada de trigo se proyecta menor a la del año pasado por la suba de costos en fertilizantes. En ese contexto, la baja de dos puntos porcentuales puede ser el margen que incline la decisión de siembra en zonas donde el negocio estaba en el límite.

La soja: alivio condicionado y recién en 2027

Para el principal cultivo del Chaco, la espera es mayor. La reducción para la soja comenzará en enero de 2027 y se extenderá de manera continuada hasta 2028, condicionada a los resultados de la recaudación. Esa condicionalidad es el punto que genera reservas en el sector: la historia reciente mostró que las rebajas anunciadas pueden revertirse cuando la situación fiscal lo exige.

Desde la Sociedad Rural Argentina celebraron el anuncio pero sostuvieron que el objetivo final debe ser retenciones cero, señalando que los derechos de exportación son un impuesto distorsivo que frena el potencial productivo y afecta directamente a los productores.

El costo fiscal del conjunto de medidas no es menor. Consultoras privadas estimaron el impacto en entre 580 y 687 millones de dólares para 2026, aunque los especialistas señalan que una baja de retenciones puede incentivar mayores liquidaciones del agro y mejorar el ingreso de divisas, con un efecto limitado sobre el precio final que recibe el productor.

Para los productores del Departamento Chacabuco y el conjunto de la economía del Chaco, la señal es positiva pero incompleta: mejora los márgenes en papel, aunque la brecha con las zonas núcleo pampeanas sigue siendo estructural mientras el costo logístico no se resuelva.

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Economía

ARCA hizo obligatorio el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo generarlo y cuánto cobran en mayo

La resolución general 5850 se publicó hoy en el Boletín Oficial y los empleadores deben emitir los comprobantes exclusivamente a través del sistema web de ARCA con clave fiscal.

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Recibo de sueldo digital doméstico: cómo funciona

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la obligatoriedad del recibo de sueldo digital para el sector de casas particulares, un cambio que alcanza a más de 600.000 vínculos laborales en todo el país. La medida fue publicada este jueves a través de la resolución general 5850/2026 en el Boletín Oficial y comenzará a regir para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.

La iniciativa modifica el régimen vigente y adapta el sistema laboral doméstico a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802. El organismo destacó que el nuevo formato incorpora medidas de autenticidad, integridad, inmutabilidad y trazabilidad documental, lo que convierte al comprobante en un instrumento electrónico con validez jurídica plena.

Qué cambia para empleadores y empleadas

A partir de ahora, los empleadores deberán generar los comprobantes de pago de manera electrónica a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, utilizando clave fiscal. Los formularios en papel que se usaban hasta ahora —los volantes F. 102/RT, F. 575/RT y F. 1350— quedan sin efecto como comprobantes de pago.

Las empleadas registradas podrán consultar y descargar sus recibos desde la web oficial de ARCA con clave fiscal, seleccionando la pestaña «Mis trabajos» y luego la opción «Recibos de sueldo». Los empleadores, por su parte, podrán verificar desde el sistema cuándo la trabajadora accedió al comprobante digital.

Para los casos en que el salario sea abonado en efectivo, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado: una copia será entregada al trabajador y la otra quedará en poder del empleador firmada como constancia de pago.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo de 2026

Con el aumento acumulativo del 1,6% aplicado en mayo, los valores por hora y por mes según categoría son los siguientes:

Supervisores con retiro: $4.233,82 la hora / $528.158,40 el mes. Supervisores sin retiro: $4.614,42 / $585.432,62. Personal para tareas específicas con retiro: $4.022,91 / $492.481,06. Personal para tareas específicas sin retiro: $4.387,44 / $545.356,31. Caseros: $3.805,10 / $481.109,55. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.805,10 la hora / $481.109,55 el mes. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.231,79 / $533.256,50. Personal para tareas generales con retiro: $3.547,45 la hora / $435.201,00 el mes. Personal para tareas generales sin retiro: $3.805,10 / $481.109,55.

Un dato importante para empleadores: el sueldo de mayo 2026 se paga en junio, por lo que ese pago ya debe contar con recibo electrónico.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa que apunta a la despapelización de trámites y a fortalecer la formalización del empleo doméstico en la economía argentina.

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