El intendente de Charata Rubén Rach, junto a la Secretaría de Tránsito y el Juzgado de Faltas, participó de la Jornada de Seguridad Vial y Gestión Administrativa, un encuentro de formación y articulación institucional orientado a fortalecer el trabajo del municipio en dos áreas críticas: la prevención vial y la eficiencia de los procesos administrativos.

La jornada contó con la disertación del Dr. Juan Pablo Troncoso y del fiscal Gustavo S. Leguizamón, quienes abordaron los aspectos técnicos y normativos vinculados a la seguridad vial y a la mejora de la gestión administrativa municipal.

Una capacitación con respaldo provincial

El encuentro reunió a un conjunto amplio de organismos con competencia en la materia. Acompañaron la instancia la Subsecretaría de Municipios de la Provincia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Subsecretaría de Seguridad Vial y Lotería Chaqueña, lo que le dio al espacio un carácter interinstitucional que excede el ámbito estrictamente municipal.

La articulación entre el nivel local y los organismos provinciales es una de las claves que el municipio viene impulsando en distintas áreas de gestión. En materia de seguridad vial, Charata había sido sede de instancias previas de capacitación para operadores del sistema, y esta jornada profundiza ese recorrido con foco en los equipos técnicos y administrativos del propio municipio.

En declaraciones a este medio, Rach subrayó el sentido de la iniciativa: «Seguimos apostando a la capacitación y al trabajo conjunto para brindar mejores servicios y más seguridad a nuestros vecinos».

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, salió al frente de la ola de amenazas virales que afectó a casi 40 escuelas de la provincia en los últimos días y fue categórica: «Esto no es broma, es un delito.» Sus declaraciones se enmarcan en la campaña de concientización impulsada por el Ministerio de Educación tras el grave episodio de la Escuela N.° 40 de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de un estudiante de 13 años y dejando a otros ocho heridos.

La funcionaria subrayó que estos incidentes «son consecuencia de problemas sociales» y que la escuela refleja lo que ocurre en la sociedad. En ese sentido, fue enfática al reclamar la reconstrucción del vínculo entre las instituciones educativas y las familias: «La escuela no es una isla. Sin esa unión, la tarea educativa se vuelve inmanejable para los docentes.»

El rol de las familias y el uso del celular

Naidenoff identificó la falta de límites en el uso de redes sociales como uno de los factores que alimentan el fenómeno. Solicitó un mayor compromiso de los adultos en el hogar: «Deben monitorear lo que ocurre en casa. El encierro y el silencio son señales de alerta.»

La ministra advirtió sobre la creciente adicción al celular en edades tempranas y diferenció el tipo de intervención que considera necesaria: «La familia debe involucrarse activamente en establecer límites basados en el amor y la enseñanza, no solo en la represión.» Recomendó mantener diálogos cotidianos y profundos con los hijos para detectar a tiempo posibles situaciones de riesgo.

En esa línea, recordó que muchas escuelas ya restringen el uso de celulares en el aula salvo con fines pedagógicos, y que el Gobierno provincial tiene en marcha un proyecto de ley para regular su utilización en el ámbito escolar.

Protocolos activos y equipos interdisciplinarios

Naidenoff señaló que todas las instituciones educativas de la provincia cuentan con la Guía Provincial para el Abordaje Integral de Situaciones Complejas en el Ámbito Escolar (Resolución N.° 1982/23), que orienta a los docentes en la identificación y gestión de estas problemáticas.

Además, confirmó que se vienen desarrollando jornadas institucionales para fortalecer los acuerdos de convivencia escolar, con talleres sobre bullying, ciberbullying y consumos problemáticos, acompañados por equipos interdisciplinarios que trabajan en todas las regionales educativas de la provincia.

La ministra concluyó con un mensaje directo a la comunidad educativa: «Se trabajará también con la Policía para que el mensaje sea claro y contundente», reafirmando que este tipo de conductas constituyen un delito con consecuencias legales reales.

Familiares de personas con discapacidad presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, a raíz de los recortes en prestaciones de salud y pensiones, y por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso. La presentación, firmada por el abogado Javier Garín, alcanza también al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El mismo día que se conoció la denuncia, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley denominado «contra el fraude de pensiones por invalidez», que obliga a todos los beneficiarios a reempadronarse, redefine los montos de las pensiones y elimina la posibilidad de compatibilizar el cobro con un empleo formal.

El Chaco, en el centro del conflicto desde el inicio

La provincia del Chaco no es ajena a esta disputa. Cuando el Gobierno lanzó la auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez, el Chaco fue una de las seis provincias elegidas en la primera salida de notificaciones, junto con Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El impacto fue inmediato. La Cámara Federal de Resistencia confirmó medidas cautelares que obligan a la ANDIS a restablecer el pago de pensiones a personas con discapacidad de la ciudad de Sáenz Peña que habían sido suspendidas abruptamente, en casos donde el organismo argumentó «inconsistencias» en el domicilio de los beneficiarios. La respuesta oficial ante los reclamos fue sistemáticamente la misma: «Hay muchas personas en su situación. Solo resta esperar.»

En provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas —cartas documento que no pudieron ser entregadas— superaron el 70% del total enviado.

Qué propone el nuevo proyecto del Gobierno

El texto enviado al Congreso obliga a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse, acreditando nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no lo hagan sufrirán la suspensión automática del beneficio. Además, redefine el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio —hoy equivalente a $275.221— y elimina la compatibilidad con el empleo registrado.

Las organizaciones del sector convocaron a una movilización para este miércoles 22 de abril frente al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo al proyecto y en reclamo por el atraso arancelario, los pagos irregulares y las prestaciones en riesgo. El Foro Permanente de Discapacidad calificó la iniciativa como una medida que «instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema.»