El Gobierno nacional avanza hacia la reducción de entre 4.000 y 5.000 empleos públicos antes de agosto, a través de programas de retiro voluntario que se vienen implementando desde marzo en distintos organismos descentralizados del Estado. La estimación surge de los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que ofrecen estos acuerdos de salida para reducir la planta de empleados y ahorrar recursos. Luego de haber eliminado más de 60.000 empleos públicos desde el comienzo de la gestión, el Gobierno apunta ahora a sumar otros 5.000 recortes en diferentes organismos descentralizados.

Qué organismos están incluidos y cuántos empleados ya salieron

La cifra comprende alrededor de 1.200 empleados de ANSES que aceptaron el acuerdo de salida ofrecido en marzo, lo que representó una reducción del 10% de la planta del organismo. Lo mismo sucedió en Vialidad Nacional, donde adhirieron cerca de 1.000 empleados, y en el INTA, donde ya firmaron otros 400.

En ANSES el plan quedó formalizado mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, bajo el régimen denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), que permite a los empleados desvincularse del organismo mediante acuerdo mutuo y alcanza a trabajadores con al menos dos años de antigüedad.

En los próximos días se iniciará además un programa de retiro en el PAMI, organismo que cuenta con una dotación de 12.184 trabajadores bajo convenio colectivo. Completan la lista Radio y Televisión Argentina (RTA) y Casa de Moneda.

Impacto en el Chaco: INTA, ANSES y Vialidad con presencia local

Para el Chaco, la reducción en organismos como el INTA, ANSES y Vialidad Nacional tiene impacto directo. El INTA cuenta con la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas —referencia técnica fundamental para los productores del Departamento Chacabuco y de toda la región semiárida chaqueña—, mientras que ANSES tiene delegaciones en Charata y localidades vecinas que atienden a jubilados, beneficiarios de asignaciones y desempleados de la zona.

La estrategia del Gobierno apunta a achicar estructuras, reducir el gasto salarial y evitar conflictividad mayor asociada a recortes más abruptos. Los retiros voluntarios implican una compensación: el retiro equivale a alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado.

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El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenaba regularizar en un plazo máximo de 72 horas las deudas acumuladas con los prestadores de salud que atienden a personas con discapacidad a través del PAMI y el programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que significa que la cautelar sigue vigente mientras se espera que se expida la Cámara Federal. El juez además sostuvo que la medida se mantiene porque el Gobierno «está en mora».

La cautelar apelada fue dictada en el marco de un amparo colectivo orientado a garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de los servicios.

Quiénes impulsaron el amparo y qué denunciaron

La presentación judicial fue impulsada por la abogada Marta Lastra en representación del colectivo Defendamos Córdoba, con la adhesión de instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos cordobeses. En la sentencia quedó documentado el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, entidad que denunció deudas acumuladas con el fisco por más de $41 millones en intereses punitorios durante 2026, más otros $14 millones abonados en 2025, y que además sufrió un corte total en el suministro de medicamentos durante febrero, marzo y abril. 

Por su parte, los funcionarios nacionales justificaron las demoras en un informe técnico donde argumentaron que la parálisis temporal responde a «un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad».

El contexto financiero: el Gobierno giró $580.000 millones al PAMI

El conflicto judicial se enmarca en una situación de tensión financiera sostenida. El Gobierno aprobó un aporte reintegrable de $580.000 millones para el PAMI con el objetivo de cancelar deuda con prestadores de salud y sostener la atención médica de jubilados, publicado mediante la Resolución Conjunta 26/2026 firmada por las Secretarías de Hacienda y Finanzas. La decisión llegó después de una caída real del 10,5% en las transferencias del Tesoro al PAMI durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que derivó en atrasos con clínicas, sanatorios y proveedores del sistema de salud.

Para jubilados, pensionados y personas con discapacidad del Chaco —titulares de PAMI, beneficiarios de pensiones no contributivas o del CUD que reciben prestaciones a través de Incluir Salud— el desenlace de esta causa tiene impacto directo. Mientras la Cámara Federal no resuelva, la cautelar del juez Vaca Narvaja sigue en pie.

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Una bebé de 6,5 kilos nació en el Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda), en Santiago del Estero, y generó asombro entre el personal médico y los pacientes del establecimiento. La recién nacida, a quien su familia llamó Nazarena, vino al mundo durante la semana 38 de gestación en un parto que los profesionales calificaron de alto riesgo por el tamaño inusual de la criatura.

Su madre, Yohana, joven oriunda de Colonia Dora, llegó al centro de salud bandeño cuando completaba 38 semanas de embarazo. En declaraciones difundidas en redes sociales, describió cómo vivió esas horas: «Estaba de 38 semanas cuando vine al hospital. Para mí ha sido un poco difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien». Tanto ella como Nazarena evolucionan en buen estado de salud y permanecen bajo control médico.

Un caso de macrosomía fetal con seguimiento profesional

Desde el ámbito médico explicaron que los nacimientos de bebés con más de 4 kilos se encuadran en lo que se conoce como macrosomía fetal, una condición que eleva los riesgos durante el trabajo de parto, especialmente en lo que respecta a complicaciones para el canal de parto y la salud del recién nacido. En este caso, el seguimiento profesional permitió que el nacimiento se desarrollara sin mayores inconvenientes.

El peso de Nazarena, 6,5 kilos, prácticamente duplica el promedio de un recién nacido a término, que ronda entre 3 y 3,5 kilos según los parámetros médicos habituales. La diferencia convierte este nacimiento en un hecho excepcional, incluso para profesionales de la salud con experiencia en partos complejos.

La historia se viralizó en redes sociales

Las imágenes de Nazarena junto a su madre comenzaron a circular en TikTok y otras plataformas en pocas horas, generando una cadena de comentarios y felicitaciones. En las redes, muchos usuarios empezaron a referirse a ella como la «superbebé santiagueña», un apodo que rápidamente se instaló en la conversación digital del NOA.

No es la primera vez que el CIS Banda es escenario de un nacimiento de estas características. En 2022, en el mismo centro de salud, nació un varón que pesó 6,140 kilos, en otro caso que también generó repercusión regional en su momento.