Política
El Gobierno apeló ante la Corte Suprema para frenar la pensión a Cristina Kirchner
El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para frenar la restitución de la pensión a Cristina Kirchner. Los detalles de la apelación oficial.
En un nuevo capítulo de la confrontación judicial y política entre la Casa Rosada y el kirchnerismo, el Poder Ejecutivo presentó formalmente un recurso extraordinario para que el máximo tribunal intervenga en la disputa para frenar la pensión a Cristina Kirchner. El Gobierno apeló ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que ordenaba devolver los beneficios de privilegio a la expresidenta, los cuales habían sido suspendidos por una resolución administrativa previa. Esta medida busca evitar el desembolso de fondos públicos y ratificar la doctrina oficial sobre la incompatibilidad de cobrar haberes extraordinarios en casos de condenas por delitos contra la administración pública.
La presentación judicial fue coordinada por los equipos legales de la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, bajo la supervisión directa del presidente Javier Milei. Para el oficialismo, la decisión de la cámara de apelaciones resulta arbitraria y vulnera principios de equidad tributaria y moralidad administrativa. Por este motivo, el recurso busca que los magistrados del cuarto piso de Tribunales definan de manera definitiva si corresponde mantener el beneficio tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
Los fundamentos de por qué el Gobierno apeló ante la Corte Suprema
El eje central del planteo oficialista radica en la interpretación de la Ley 24.018, que regula las asignaciones mensuales vitalicias para expresidentes y vicepresidentes. En el escrito presentado, los abogados del Estado argumentaron que el beneficio tiene un carácter graciable y honorífico, el cual se pierde cuando el beneficiario incurre en conductas que lesionan el decoro del cargo ocupado. El Gobierno apeló ante la Corte Suprema subrayando que el fallo de segunda instancia ignoró la gravedad institucional que implica la condena penal que pesa sobre Cristina Kirchner.
Asimismo, la ANSES cuestionó que la restitución de los fondos implicaría un impacto financiero inmediato y difícil de revertir para las arcas del Estado. La apelación destaca que no se trata solo de un debate sobre montos de dinero, sino sobre la aplicación de la ley en condiciones de igualdad ante todos los ciudadanos. Según fuentes oficiales, permitir que una exfuncionaria con sentencia confirmada por corrupción siga percibiendo una pensión de privilegio enviaría una señal negativa a la sociedad y al sistema de justicia en su conjunto.
Impacto institucional y contexto político de la medida
La decisión de elevar el caso al máximo tribunal ocurre en un momento de fuerte polarización política y reordenamiento de las fuerzas opositoras. Al confirmar que el Gobierno apeló ante la Corte Suprema, la administración libertaria refuerza su perfil de confrontación directa con la figura de la exvicepresidenta. Esta estrategia busca capitalizar el descontento de su base electoral con los privilegios de la denominada «casta política», utilizando el caso de la pensión como un ejemplo emblemático de su programa de reformas éticas.
Por otro lado, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría demorar varios meses, lo que mantiene el suspenso sobre la percepción efectiva de los haberes. El oficialismo confía en que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideren que existe una «cuestión federal» suficiente para abrir el recurso. De ser así, el tribunal deberá decidir si los beneficios previsionales de los exmandatarios están sujetos a condiciones de conducta o si son derechos adquiridos inalienables.
Reacciones del oficialismo y de la defensa de la expresidenta
Desde la Casa Rosada, los voceros del presidente celebraron la celeridad de los abogados estatales para bloquear el pago. El argumento oficial es simple: «No se puede premiar con jubilaciones millonarias a quienes han sido hallados responsables de defraudar al Estado». En este sentido, la apelación es vista como una herramienta de justicia distributiva. Para el entorno de Milei, la lucha contra la corrupción y los privilegios de los exfuncionarios es una promesa de campaña que debe cumplirse a través de todos los canales institucionales disponibles.
En la vereda opuesta, la defensa de Cristina Kirchner calificó la movida del Gobierno como una «persecución política y mediática». Los abogados de la exmandataria sostienen que los beneficios de la Ley 24.018 no están vinculados al desempeño en el cargo, sino a la investidura alcanzada, y que cualquier suspensión administrativa es ilegal. Argumentan que el fallo de la Cámara de la Seguridad Social se ajustó a derecho y que la insistencia del Ejecutivo solo busca generar un daño personal y político.
Pensión a Cristina Kirchner: Escenario económico y financiero de la disputa
Aunque la discusión principal es de carácter jurídico y ético, los números involucrados no son menores. La restitución de la doble pensión (la propia y la derivada de Néstor Kirchner) implica sumas millonarias mensuales y un retroactivo considerable. El Gobierno apeló ante la Corte Suprema también bajo la premisa de la austeridad fiscal, señalando que en un contexto de ajuste general del gasto público, resulta injustificable habilitar este tipo de erogaciones excepcionales.
Si la Corte llegara a rechazar el recurso del Gobierno, la ANSES se vería obligada a liquidar los haberes de forma inmediata, sumando una presión adicional al presupuesto de la seguridad social. No obstante, el oficialismo apuesta a que la sola presentación de la apelación suspenda los efectos del fallo de cámara, permitiendo al Estado retener los fondos mientras dure el proceso de revisión en la máxima instancia judicial del país.
Proyección política y próximos pasos judiciales
El futuro de la causa ahora depende de la decisión de la Corte Suprema sobre la admisibilidad del recurso. Si el tribunal acepta revisar el caso, se iniciará un periodo de estudio de los antecedentes que podría incluir la opinión de la Procuración General de la Nación. Este proceso se desarrollará en paralelo a otros juicios que enfrenta la expresidenta, lo que garantiza que la cuestión previsional seguirá ocupando el centro de la escena política durante gran parte del año 2026.
Finalmente, la estrategia de la Casa Rosada deja en claro que no habrá tregua judicial con el kirchnerismo por la pensión a Cristina Kirchner. La resolución de este conflicto no solo determinará el destino de los ingresos de Cristina Kirchner, sino que sentará un precedente histórico sobre los límites de los beneficios para exfuncionarios condenados. Los ojos de todo el arco político y jurídico están puestos ahora en los ministros de la Corte, quienes tendrán la última palabra sobre una de las causas con mayor peso simbólico de la actualidad argentina.
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Política
El Chaco aclaró que la baja de radares de la ANSV solo afecta a dispositivos que ya no funcionaban y que la provincia mantiene 47 activos
La Disposición 7/2026 de la ANSV retiró del registro oficial a cinemómetros vandalizados o inoperativos. Los 47 radares activos en rutas nacionales y provinciales continúan funcionando con plena validez legal.

El Ministerio de Seguridad del Chaco salió a desmentir este sábado versiones que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta eliminación masiva de radares de velocidad en las rutas provinciales y nacionales. A través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el gobierno chaqueño explicó el verdadero alcance de la Disposición 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y dejó en claro que los controles de velocidad siguen plenamente vigentes en el territorio provincial.
El subsecretario Rafael Acuña precisó que la disposición nacional «establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes». En otras palabras: la ANSV no desactivó radares que estaban funcionando sino que regularizó el registro oficial eliminando dispositivos que ya no existían o no operaban en los puntos donde habían sido instalados originalmente.
Qué dice la Disposición 7/2026 y por qué generó confusión
La Disposición 7/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de numerosos radares fijos en rutas nacionales del Chaco, tras constatar que ya no se encontraban operativos. Entre las rutas afectadas figuran la RN 16, RN 95, RN 11 y RN 89, con localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
La confusión surgió porque la normativa enumera una cantidad significativa de dispositivos dados de baja, lo que llevó a interpretaciones erróneas sobre un supuesto desmantelamiento del sistema de control vial. Sin embargo, desde Seguridad Vial aclararon que esos radares ya estaban fuera de servicio antes de la disposición: la medida no los apagó sino que los eliminó formalmente de un registro que no reflejaba la realidad del terreno.
Acuña también señaló que la baja fue solicitada por la propia Provincia del Chaco a partir de relevamientos técnicos previos, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas de control vial y evitar que figuren en el registro oficial dispositivos que ya no generan multas válidas.
Cuántos radares siguen activos en el Chaco
Según el comunicado oficial, el Chaco cuenta actualmente con 47 radares habilitados y en pleno funcionamiento, distribuidos en dos tipos de corredores: 31 en rutas nacionales y 16 en rutas provinciales. Todos los dispositivos activos están homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.
La aclaración llega en un momento sensible: el fin de semana largo del 25 de Mayo activa un operativo vial reforzado en todo el país, con mayor presencia de controles en los principales corredores. Para los conductores que transiten la RN 16 —eje central que conecta Charata con Resistencia y sobre la que se desarrolló buena parte de la polémica, como se detalló en la nota sobre la licitación de rutas nacionales publicada ayer en CharataChaco.Net— la situación es clara: los radares operativos siguen activos y las infracciones detectadas tienen plena validez legal.
El pedido oficial: no difundir versiones sin respaldo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se solicitó a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales y que evite la difusión de versiones inexactas. La advertencia apunta directamente a la circulación en redes sociales de mensajes que interpretaron la disposición de la ANSV como una habilitación para circular a mayor velocidad sin riesgo de multas, lo que constituye tanto una lectura incorrecta de la normativa como un riesgo concreto para la seguridad vial.
Los controles de velocidad, remarcaron desde el área, «constituyen una herramienta preventiva fundamental para reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las rutas chaqueñas«.
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Política
Falleció Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de Charata: tenía 94 años y dejó una huella profunda en la vida institucional de la ciudad
El Municipio de Charata participó el fallecimiento con profundo pesar y destacó su compromiso con la vida institucional y democrática de la ciudad.

Charata despide a Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de la ciudad, fallecido este sábado a los 94 años. Nacido en 1932, Marín fue una figura central de la vida política e institucional de Charata durante décadas, con una trayectoria que lo llevó a conducir los destinos del Municipio como intendente y a continuar su compromiso con la comunidad como concejal, además de mantener vínculos activos con distintas instituciones locales a lo largo de su vida.
El intendente Rubén Rach expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que subrayó el legado de Marín como servidor público. «Lo despido con profundo dolor. Fue un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestra comunidad, dejando su huella como intendente, concejal y vecino comprometido con Charata», sostuvo Rach, quien extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del ex funcionario.
Una vida ligada a la institucionalidad de Charata
La trayectoria de Marín abarca un período clave de la historia política local, en el que Charata consolidó su perfil como la ciudad más importante del sudoeste chaqueño y cabecera del Departamento Chacabuco. Su paso por la intendencia y el Concejo Deliberante lo posicionó como uno de los referentes de la vida democrática de la ciudad, en una época en que las instituciones municipales jugaron un rol central en el desarrollo urbano y social de la región.
El Municipio de Charata, a través de un comunicado oficial acompañado de una fotografía de Marín, destacó que fue «parte de la vida institucional y democrática de Charata» y convocó a la comunidad a acompañar a su familia en este momento de dolor. El intendente Rach, sus funcionarios y todo el equipo municipal se sumaron a las condolencias.
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Política
Charata capacitó a sus agentes de tránsito y personal de Faltas en seguridad vial con respaldo de la UNNE
La jornada se realizó en el CEEC y estuvo coordinada por especialistas del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE.

Agentes de tránsito y personal del Juzgado de Faltas del Municipio de Charata participaron este viernes de una jornada de capacitación en seguridad vial organizada con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La actividad se desarrolló en el Centro de Estudios y Extensión Charata (CEEC) y apuntó a fortalecer las herramientas de quienes ejercen funciones de contralor en la vía pública y en el ámbito judicial de faltas.
La propuesta contó con el aval del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE, junto al Departamento de Centros Regionales y Extensiones Áulicas y la Secretaría General Académica de esa universidad. La coordinación estuvo a cargo del Lic. Ezequiel Nardelli y la Magter. Rosa Sandra Durand, acompañados por un equipo de profesionales y docentes especializados en la temática.
Una iniciativa que apunta a la profesionalización del personal municipal
El intendente Rubén Rach, la jueza de Faltas Municipal Gimena Vázquez y el secretario de Tránsito Carlos Aoad estuvieron presentes en la jornada, acompañando una iniciativa que el propio municipio impulsó para elevar el nivel de formación de sus agentes. La participación de las autoridades locales reflejó el respaldo político e institucional a un proceso que busca mejorar el desempeño cotidiano del personal de contralor.
La seguridad vial es una de las áreas donde la capacitación técnica incide directamente en los resultados sobre el terreno. Los agentes de tránsito y los funcionarios del Juzgado de Faltas son los primeros eslabones del sistema de control, y su formación determina en gran medida la eficacia de las políticas viales a nivel local.
El rol de la UNNE en la formación de gestores municipales
El respaldo institucional de la UNNE a través de su Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología le otorga a la capacitación un perfil académico que trasciende la instrucción operativa. La articulación entre el municipio charatense y la universidad pública regional es también una señal de que la formación continua del personal estatal puede canalizarse a través de vínculos con el sistema universitario, sin necesidad de recurrir a capacitadores privados.
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