Política
Senadores activan negociaciones para derogar la norma que les sube el sueldo a $11,6 millones: LLA rechazó el aumento pero no puede devolverlo sin cambiar la ley
LLA, UCR, santiagueños y senadores misioneros anunciaron que no cobrarán el aumento. El problema: la ley no permite renunciar a la dieta. Solo pueden donarlo una vez cobrado, o derogar el sistema de enganche con las paritarias del personal legislativo.

Senadores de distintos bloques activaron esta semana negociaciones para la derogación o modificación del sistema de enganche que vincula automáticamente sus sueldos con las paritarias de los empleados del Congreso, después de que un nuevo acuerdo salarial firmado el miércoles 11 de marzo para un aumento de los legisladores de la Cámara Alta de $10,2 millones a un piso de $11,6 millones brutos en mayo, generando una ola de repudio público. El problema central que reveló la polémica es que los senadores no pueden simplemente renunciar a cobrar el aumento: la dieta está fijada por ley a través del valor del módulo, y la única forma de reducirla es modificar o derogar la norma que la establece. Mientras tanto, solo pueden donar el excedente una vez cobrado, lo que convierte los anuncios de «renuncia al aumento» de LLA, UCR, senadores santiagueños y misioneros en gestos simbólicos sin efecto jurídico concreto hasta que no haya una resolución legislativa.
Cómo funciona el enganche y por qué el aumento es automático
El sistema vigente desde mediados de 2024 ata las dietas de los senadores al valor del módulo que usan los empleados legislativos para calcular sus salarios. Cada vez que los gremios del Congreso —la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE Congreso y UPCN Congreso— cierran una paritaria con las autoridades de ambas cámaras, ese acuerdo impacta de forma automática en las dietas de los senadores, sin que estos tengan que votar ni aprobar nada.
El acuerdo paritario firmado el 11 de marzo estableció una suba acumulada de casi 10% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026: 2% retroactivo a diciembre, 2,2% en enero, 2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% en abril. Sobre esa base, la dieta bruta básica de un senador llegó a $11.137.826 en marzo y proyecta un piso de $11.550.000 en mayo, a lo que se suman los adicionales por gastos de representación y desarraigo —este último no lo cobran los cuatro senadores por la Ciudad de Buenos Aires.
La trampa legal: «no se puede renunciar, solo donar»
La paradoja que dejó al descubierto la polémica es que los anuncios de «renuncia al aumento» son política, no derecho. Asesores con años de experiencia en los pasillos del Senado fueron precisos: «No se puede renunciar a la dieta; en todo caso que la cobren y que la donen». La vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del cuerpo, lo ratificó desde su cuenta de X: «Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos», y sugirió que quienes no quieran el aumento lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con quien firmó un convenio. La propuesta quedó a criterio de cada legislador.
Frente a esa realidad jurídica, la salida que empieza a tomar forma en los pasillos del Senado es la derogación o modificación del sistema de enganche, que requiere consenso entre los bloques para llegar a sesión. Un senador ya confirmó que plantearía el tema en la reunión de bloque previa a la sesión prevista para esta semana.
Quiénes anunciaron que no cobrarán el aumento
La reacción en cadena comenzó el mismo miércoles 11 con el bloque de La Libertad Avanza, que difundió un comunicado encabezado por Patricia Bullrich: «Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas». Milei retuiteó el comunicado con un escueto «TOMAR NOTA. Fin.»
Al día siguiente se sumó la UCR, a través de un comunicado del bloque presidido por Eduardo Vischi: «No podemos estar ajenos al contexto, ni permitirnos gestos que contradigan el principio de austeridad que pregonamos». Los tres senadores de Santiago del Estero, con Gerardo Zamora a la cabeza, presentaron nota formal a Villarruel renunciando al aumento. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut del Frente Renovador de la Concordia también se sumaron al rechazo.
La brecha entre el Senado y Diputados: el otro problema que nadie resuelve
La polémica por las dietas expuso además una inequidad estructural dentro del propio Congreso. Un senador cobra hoy casi un 75% más que un diputado: mientras la Cámara Alta llega a $11,6 millones brutos, la Cámara Baja percibe alrededor de $6,7 millones. La diferencia se explica porque Martín Menem desenganchó las dietas de los diputados de la paritaria legislativa en 2025, dejando a los diputados fuera del mecanismo de actualización automática. Legisladores de la Cámara Baja empezaron a quejarse en público: algunos señalan que también viajan desde sus provincias, tienen gastos similares y, en algunos casos, duermen en sus despachos porque no les alcanza el sueldo para alquilar en Buenos Aires.
El dato de contexto: 31 salarios mínimos
Una explicación del porqué de la derogación del aumento de sueldos a senadores tiene que ver con el Salario Mínimo Vital y Móvil en $352.400 para marzo de 2026, un senador nacional percibe el equivalente a 31 salarios mínimos. El número calibra la magnitud del escándalo en términos que cualquier argentino puede procesar: mientras Moyano firmó esta semana una paritaria del 10,1% semestral para los camioneros —considerada «modelo» por el Gobierno—, los empleados del Congreso acordaron una suba de casi el mismo porcentaje que arrastró automáticamente hacia arriba las dietas de los senadores que dicen no querer ese aumento.
Política
El Chaco aclaró que la baja de radares de la ANSV solo afecta a dispositivos que ya no funcionaban y que la provincia mantiene 47 activos
La Disposición 7/2026 de la ANSV retiró del registro oficial a cinemómetros vandalizados o inoperativos. Los 47 radares activos en rutas nacionales y provinciales continúan funcionando con plena validez legal.

El Ministerio de Seguridad del Chaco salió a desmentir este sábado versiones que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta eliminación masiva de radares de velocidad en las rutas provinciales y nacionales. A través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el gobierno chaqueño explicó el verdadero alcance de la Disposición 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y dejó en claro que los controles de velocidad siguen plenamente vigentes en el territorio provincial.
El subsecretario Rafael Acuña precisó que la disposición nacional «establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes». En otras palabras: la ANSV no desactivó radares que estaban funcionando sino que regularizó el registro oficial eliminando dispositivos que ya no existían o no operaban en los puntos donde habían sido instalados originalmente.
Qué dice la Disposición 7/2026 y por qué generó confusión
La Disposición 7/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de numerosos radares fijos en rutas nacionales del Chaco, tras constatar que ya no se encontraban operativos. Entre las rutas afectadas figuran la RN 16, RN 95, RN 11 y RN 89, con localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
La confusión surgió porque la normativa enumera una cantidad significativa de dispositivos dados de baja, lo que llevó a interpretaciones erróneas sobre un supuesto desmantelamiento del sistema de control vial. Sin embargo, desde Seguridad Vial aclararon que esos radares ya estaban fuera de servicio antes de la disposición: la medida no los apagó sino que los eliminó formalmente de un registro que no reflejaba la realidad del terreno.
Acuña también señaló que la baja fue solicitada por la propia Provincia del Chaco a partir de relevamientos técnicos previos, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas de control vial y evitar que figuren en el registro oficial dispositivos que ya no generan multas válidas.
Cuántos radares siguen activos en el Chaco
Según el comunicado oficial, el Chaco cuenta actualmente con 47 radares habilitados y en pleno funcionamiento, distribuidos en dos tipos de corredores: 31 en rutas nacionales y 16 en rutas provinciales. Todos los dispositivos activos están homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.
La aclaración llega en un momento sensible: el fin de semana largo del 25 de Mayo activa un operativo vial reforzado en todo el país, con mayor presencia de controles en los principales corredores. Para los conductores que transiten la RN 16 —eje central que conecta Charata con Resistencia y sobre la que se desarrolló buena parte de la polémica, como se detalló en la nota sobre la licitación de rutas nacionales publicada ayer en CharataChaco.Net— la situación es clara: los radares operativos siguen activos y las infracciones detectadas tienen plena validez legal.
El pedido oficial: no difundir versiones sin respaldo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se solicitó a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales y que evite la difusión de versiones inexactas. La advertencia apunta directamente a la circulación en redes sociales de mensajes que interpretaron la disposición de la ANSV como una habilitación para circular a mayor velocidad sin riesgo de multas, lo que constituye tanto una lectura incorrecta de la normativa como un riesgo concreto para la seguridad vial.
Los controles de velocidad, remarcaron desde el área, «constituyen una herramienta preventiva fundamental para reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las rutas chaqueñas«.
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Política
Falleció Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de Charata: tenía 94 años y dejó una huella profunda en la vida institucional de la ciudad
El Municipio de Charata participó el fallecimiento con profundo pesar y destacó su compromiso con la vida institucional y democrática de la ciudad.

Charata despide a Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de la ciudad, fallecido este sábado a los 94 años. Nacido en 1932, Marín fue una figura central de la vida política e institucional de Charata durante décadas, con una trayectoria que lo llevó a conducir los destinos del Municipio como intendente y a continuar su compromiso con la comunidad como concejal, además de mantener vínculos activos con distintas instituciones locales a lo largo de su vida.
El intendente Rubén Rach expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que subrayó el legado de Marín como servidor público. «Lo despido con profundo dolor. Fue un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestra comunidad, dejando su huella como intendente, concejal y vecino comprometido con Charata», sostuvo Rach, quien extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del ex funcionario.
Una vida ligada a la institucionalidad de Charata
La trayectoria de Marín abarca un período clave de la historia política local, en el que Charata consolidó su perfil como la ciudad más importante del sudoeste chaqueño y cabecera del Departamento Chacabuco. Su paso por la intendencia y el Concejo Deliberante lo posicionó como uno de los referentes de la vida democrática de la ciudad, en una época en que las instituciones municipales jugaron un rol central en el desarrollo urbano y social de la región.
El Municipio de Charata, a través de un comunicado oficial acompañado de una fotografía de Marín, destacó que fue «parte de la vida institucional y democrática de Charata» y convocó a la comunidad a acompañar a su familia en este momento de dolor. El intendente Rach, sus funcionarios y todo el equipo municipal se sumaron a las condolencias.
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Política
Charata capacitó a sus agentes de tránsito y personal de Faltas en seguridad vial con respaldo de la UNNE
La jornada se realizó en el CEEC y estuvo coordinada por especialistas del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE.

Agentes de tránsito y personal del Juzgado de Faltas del Municipio de Charata participaron este viernes de una jornada de capacitación en seguridad vial organizada con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La actividad se desarrolló en el Centro de Estudios y Extensión Charata (CEEC) y apuntó a fortalecer las herramientas de quienes ejercen funciones de contralor en la vía pública y en el ámbito judicial de faltas.
La propuesta contó con el aval del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE, junto al Departamento de Centros Regionales y Extensiones Áulicas y la Secretaría General Académica de esa universidad. La coordinación estuvo a cargo del Lic. Ezequiel Nardelli y la Magter. Rosa Sandra Durand, acompañados por un equipo de profesionales y docentes especializados en la temática.
Una iniciativa que apunta a la profesionalización del personal municipal
El intendente Rubén Rach, la jueza de Faltas Municipal Gimena Vázquez y el secretario de Tránsito Carlos Aoad estuvieron presentes en la jornada, acompañando una iniciativa que el propio municipio impulsó para elevar el nivel de formación de sus agentes. La participación de las autoridades locales reflejó el respaldo político e institucional a un proceso que busca mejorar el desempeño cotidiano del personal de contralor.
La seguridad vial es una de las áreas donde la capacitación técnica incide directamente en los resultados sobre el terreno. Los agentes de tránsito y los funcionarios del Juzgado de Faltas son los primeros eslabones del sistema de control, y su formación determina en gran medida la eficacia de las políticas viales a nivel local.
El rol de la UNNE en la formación de gestores municipales
El respaldo institucional de la UNNE a través de su Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología le otorga a la capacitación un perfil académico que trasciende la instrucción operativa. La articulación entre el municipio charatense y la universidad pública regional es también una señal de que la formación continua del personal estatal puede canalizarse a través de vínculos con el sistema universitario, sin necesidad de recurrir a capacitadores privados.
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