Política
Caso $LIBRA: la Comisión Investigadora del Congreso reveló pagos de hasta $5 millones, contratos de confidencialidad y 36 billeteras con información privilegiada
El presidente de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro, presentó el informe final en el Congreso: detectaron transferencias de Hayden Davis a Mauricio Novelli, una billetera que coincide con fechas clave del lanzamiento del token y cuestionaron que el fiscal Taiano no haya citado a ningún imputado en más de un año de investigación.

La Comisión Investigadora del caso LIBRA presentó este domingo 16 de marzo su informe final en el Congreso de la Nación y reveló una trama de transferencias millonarias, contratos de confidencialidad y operaciones con información privilegiada vinculadas al lanzamiento del token que el presidente Javier Milei recomendó el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica y presidente de la comisión, detalló que la investigación identificó dos pagos de un millón y medio de dólares cada uno, más dos millones adicionales, tanto en criptomonedas como en efectivo, movimientos que coinciden con la presencia de Hayden Davis en Buenos Aires y sus encuentros con funcionarios del Gobierno previos al lanzamiento del token. También detectaron 36 billeteras digitales cuyos titulares manejaron información privilegiada antes del derrumbe del valor de LIBRA y obtuvieron aproximadamente un millón de dólares cada una. El Gobierno respondió que la causa «debió cerrarse hace tiempo» y aseguró que «no hay delito».
Qué encontró la Comisión Investigadora Libra: la ruta del dinero
El eje central del informe es la ruta del dinero: la comisión investigadora identificó una billetera digital cuyas operaciones coinciden en fecha con los momentos clave del lanzamiento de LIBRA, y esa billetera conecta con transferencias realizadas desde Hayden Davis —el operador estadounidense del token— hacia Mauricio Novelli, quien según Ferraro se presentaba en distintos ministerios del Poder Ejecutivo como gestor de negocios desde apenas diez días después de la asunción de La Libertad Avanza. El dato más llamativo de esa cadena es que utilizaron a un jubilado de 75 años como intermediario en parte de las transferencias.
Ferraro fue preciso sobre lo que la pericia informática del Ministerio Público Fiscal confirmó: las fechas de las transferencias de Davis a Novelli coinciden con lo que la Comisión había detectado y aportado al fiscal Taiano. «Ojalá nos hubiéramos equivocado», dijo el diputado, reconociendo que la confirmación de las pericias valida las pruebas que el cuerpo legislativo había recopilado de manera independiente.
Contratos y transferencias: las pruebas de la Comisión Investigadora
Además de la ruta financiera, la Comisión documentó la existencia de contratos de confidencialidad que explican, según Ferraro, por qué nunca se conoció quién entregó al presidente el código alfanumérico de más de 40 caracteres que publicó en su cuenta de X junto a la recomendación del token. «Ahora uno entiende por qué nunca respondió quién y cómo le dieron ese contrato», sostuvo.
El segundo eje es el manejo de información privilegiada: la comisión en diputados identificó que 36 billeteras operaron el token antes de su caída, en un período en que el valor de LIBRA llegó a cuatro o cinco dólares antes de desplomarse. Cada una de esas billeteras habría obtenido aproximadamente un millón de dólares. La conclusión de Ferraro es directa: «Hubo una estafa que necesitó el protagonismo y la participación del presidente de la Nación para que sucediera», dado que miles de personas confiaron en la recomendación presidencial y compraron el token antes del derrumbe.
Las críticas al fiscal Taiano y al Poder Judicial
La Comisión también apuntó al accionar del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa judicial. Ferraro cuestionó que, tras más de un año de investigación, Taiano no haya citado a declarar testimonial ni indagatoriamente a ninguno de los involucrados en el caso LIBRA. El diputado calificó esa actitud de «escandalosa» y deslizó que el fiscal está «al borde del encubrimiento». También denunció que el expediente «pasó por siete jueces federales y cuatro fiscales federales», lo que para la comisión evidencia una dispersión procesal que dificulta el avance de la causa.
Ferraro anunció que los integrantes de la comisión presentarán nuevas medidas judiciales y buscarán el mayor consenso político posible en el Congreso para sostener la presión institucional sobre el caso.
La postura del Gobierno: «no hay delito»
Desde el oficialismo, la respuesta fue en sentido opuesto. Fuentes del Gobierno señalaron que la causa «debió cerrarse hace tiempo», que el tema «se volvió mediático» y que la investigación «está viciada» por filtraciones. La posición oficial sostiene que no existió delito y que la participación del presidente en la difusión del token no implica responsabilidad penal ni ética.
Esa postura choca con la conclusión de Ferraro: «Hay una clara confusión entre lo público y privado por parte del presidente de la Nación. Hay una clara violación a la Ley de Ética Pública.» El diputado remarcó que los registros de llamadas entre el 30 de enero y el 14 de febrero —el período previo al tuit— muestran una actividad que hace insostenible la versión oficial de que Milei no estaba al tanto de los detalles del proyecto.
Política
El referente forestal del oeste chaqueño describió una industria paralizada: mercado sobreofertado, costos bancarios que ahogan y caída del consumo en todos los rubros
Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño, enumeró los factores que paralizan al sector: presión impositiva, costos financieros, tipo de cambio volátil y una demanda interna que no aparece.

La foresto industria del Chaco atraviesa una crisis, una parálisis que Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), describió sin eufemismos: «El mercado está sobre ofertado y no arranca. No hay pedidos, esa es la realidad que estamos pasando.»
López enumeró una cadena de factores que convergen sobre el sector: presión impositiva, costos bancarios, tipo de cambio volátil y caída del consumo interno. «El sistema impositivo y financiero, más el tipo de cambio, a la foresto industria también le afecta, no es solo al agro. Nuestro sector es muy demandante de mano de obra y estos parámetros terminan achicando las posibilidades en el mercado y, obviamente, hay menor desarrollo.»
Crisis foresto industria Chaco: «Si no sacan los impuestos es imposible»
El reclamo central del dirigente apunta a la carga tributaria que soportan las pequeñas y medianas empresas del sector. «Hay que sacar la pata de encima al productor o al empresario y va a competir. Si no sacan los impuestos es imposible», sostuvo.
A ese factor se suma el sistema bancario, que López describió como otro freno estructural. «Vos dejás plata en el Banco y cuando vas a ver no podés creer lo que te quedó», graficó. Y agregó que las condiciones crediticias cambian permanentemente: «Nos cambian los préstamos y los descubiertos, continuamente.»
La ecuación se complica además con la inestabilidad del tipo de cambio, que convierte en una trampa lo que debería ser una oportunidad. «Hiciste un negocio con un dólar más alto y cuando vas a entregar bajó, tuviste inflación y aumento de combustible. Ese contrato que pensaste que te salvaba termina siendo un mal negocio.» La conclusión de López para los exportadores del sector es directa: «Si sos exportador, más vale no firmes ningún contrato.»
El mercado interno sin demanda
El carbón vegetal — uno de los principales productos forestales del oeste chaqueño, con salida tanto al mercado interno como a la exportación — refleja la parálisis general. López señaló que el precio del producto no aumenta incluso en mercados internacionales donde tiene alta demanda, como Chile. «No puede ser que siendo un combustible tan usado no aumente el precio en mercados como Chile», planteó.
La caída del consumo interno es el trasfondo de todo el cuadro. «La depresión en el consumo de carne va directamente al asado», explicó López, describiendo cómo la retracción del poder adquisitivo de los argentinos se traslada en cascada hasta los postes, las varillas y el carbón que produce el monte chaqueño. «La gente no tiene plata en ningún rubro», resumió.
El problema del empleo y la informalidad
Otro eje del diagnóstico es el mercado laboral. El dirigente señaló dificultades concretas para conseguir trabajadores en el interior forestal del Chaco. «Acá no conseguís empleados para nada. Pedís gente y no va nadie», afirmó. Según su visión, hay distorsiones estructurales que desalientan el trabajo formal y generan informalidad, con consecuencias que se extienden más allá de la producción. «No es solo la producción, es el impacto en los pueblos. Es un problema más profundo que excede lo económico», advirtió.
El diagnóstico final de López condensa la sensación del sector: «Yo creo que todo el país estamos así, esperando a ver qué pasa.»
Fuentes Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), declaraciones a Agroperfiles, abril de 2026.
Política
La CGT confirmó la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo: pérdida salarial, paritarias con techo y reforma laboral — los mismos reclamos que los gremios chaqueños llevan a las calles
Tras la reunión del Consejo Directivo en Azopardo, el triunvirato cegetista anunció la movilización para la antesala del Día del Trabajador. También habrá un acto ecuménico en homenaje al Papa Francisco. La central prepara además su propio índice de precios porque desconfía del INDEC para las paritarias.

La Confederación General del Trabajo, (CGT), confirmó este jueves lo que el movimiento sindical venía anticipando: habrá marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas, en la víspera del Día del Trabajador. El anuncio lo hizo el triunviro Jorge Sola tras la reunión del Consejo Directivo Nacional en la sede de la central en la calle Azopardo, flanqueado por sus compañeros Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Las consignas son tres y son concretas: pérdida del poder adquisitivo, paritarias con techo impuesto por el Gobierno y reforma laboral que los gremios rechazan y llevan a los tribunales.
Por qué marchan
El diagnóstico que la CGT presentó este jueves no deja margen para la ambigüedad. «Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad, la informalidad o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo», dijo Sola ante los periodistas.
La denuncia más política apuntó directamente al Gobierno: el oficialismo estaría fijando un techo a las negociaciones paritarias por debajo de la inflación. «Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de los salarios», afirmó el dirigente. Y advirtió sobre una práctica que se repite en las mesas de negociación: «hay una suerte de posición extorsiva en la que se plantea ‘o se mantienen los puestos de trabajo o se aumentan los salarios’. Eso está pasando.»
La marcha también tiene un componente simbólico: además del acto político se realizará una celebración religiosa ecuménica en homenaje al Papa Francisco, fallecido recientemente, cuya defensa de la justicia social y el mundo del trabajo fue reivindicada por el sindicalismo en múltiples oportunidades.
La CGT prepara su propio índice de inflación
Uno de los datos más significativos de la conferencia de prensa fue el anuncio de que la CGT está elaborando su propio índice de precios al consumidor junto a la UBA, como alternativa al IPC del INDEC. El motivo es la desconfianza del sindicalismo en las estadísticas oficiales — el mismo debate que Capitanich abrió horas antes en el Senado. Si la inflación oficial es más baja que la real, las paritarias que se discuten en base a ese índice terminan siendo aumentos que no compensan la pérdida.
Sola evitó comprometerse sobre si los gremios dejarán de usar el IPC del INDEC, dejando la decisión a cada sindicato. Pero la señal es clara: la central obrera ya no confía en el organismo para una de sus herramientas más importantes.
La CGT marcha el 30 de abril: Lo que esto significa para el Chaco
Los tres reclamos de la CGT nacional son exactamente los que los gremios docentes y estatales del Chaco vienen planteando desde el inicio de 2026. Los maestros chaqueños llevan meses en conflicto con el gobierno de Leandro Zdero por la cláusula gatillo que el Ejecutivo provincial dejó de pagar en 2025, acumulando una pérdida salarial que los propios gremios estiman en el 30%. Los aumentos decretados — 3% en febrero y 2% en abril — quedaron muy por debajo de la inflación real. La concentración del 9 de abril en toda la provincia fue la expresión local del mismo malestar que ahora se canaliza hacia Plaza de Mayo.
El 30 de abril, los trabajadores chaqueños que puedan viajar a Buenos Aires o que se movilicen en las plazas del interior se sumarán a una protesta con la Confederación General del Trabajo que tiene nombres concretos en Charata, General Pinedo y cada municipio del Departamento Chacabuco: sueldos que no alcanzan, docentes debajo de la línea de pobreza y una reforma laboral que les quitó derechos conquistados.
Política
Capitanich cuestionó en el Senado la metodología del INDEC: Resistencia tiene 42,2% de pobreza mientras el promedio nacional baja al 28,2%
El senador chaqueño intervino en la sesión del jueves apuntando contra los instrumentos de medición del INDEC, que se basan en parámetros de consumo de 2004. El debate tiene un impacto directo en cómo el Estado diseña las políticas sociales para el Chaco, la provincia con mayor pobreza del país.

El 28,2% de pobreza que el INDEC publicó para el segundo semestre de 2025 — el número más bajo en siete años y que el Gobierno festejó como un logro histórico — tiene una trampa que el senador chaqueño Jorge Capitanich puso sobre la mesa este jueves en la sesión del Senado: los instrumentos de medición están desactualizados, y el impacto es concreto en provincias como el Chaco, donde la realidad que vive la gente no coincide con lo que muestran las estadísticas nacionales.
El dato más elocuente está en los propios registros del INDEC: mientras el promedio nacional baja al 28,2%, Resistencia registra una pobreza del 42,2%. La indigencia, a su vez, subió en el Chaco aunque bajó a nivel nacional. El mismo organismo que informa la mejora registra la contradicción territorial que Capitanich y otros senadores del interbloque kirchnerista llevaron al recinto.
El problema de los parámetros de 2004
La crítica técnica que Capitanich desarrolló en el Senado —en línea con una intervención previa de la senadora Alicia Kirchner de Santa Cruz— tiene un núcleo concreto: la canasta de consumo que el INDEC utiliza para medir pobreza se basa en estructuras de gasto del año 2004, hace más de dos décadas. En ese momento, los hogares argentinos destinaban una proporción mucho mayor de sus ingresos a los alimentos. Hoy el peso de los servicios —luz, gas, agua, transporte— es significativamente mayor, especialmente después de los aumentos de tarifas acumulados desde 2023.
El resultado es que la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza subestima el costo real de no ser pobre. Una familia puede quedar por encima de esa línea matemáticamente aunque no pueda pagar las tarifas o haya reducido el consumo de alimentos para afrontar los servicios. «La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo», describió el economista Agustín Salvia del Observatorio de Deuda Social de la UCA, uno de los principales críticos de los datos oficiales.
Capitanich también señaló que actualizaciones metodológicas realizadas en 2012, 2013, 2017 y 2018 nunca fueron incorporadas al sistema de medición vigente, acumulando una brecha entre la realidad y lo que el organismo registra.
Pobreza: Por qué importa para el Chaco
El debate no es técnico ni abstracto. Cómo se mide la pobreza determina cuántos recursos llegan al Chaco — desde los programas sociales nacionales hasta los criterios de distribución de fondos discrecionales. Si el INDEC registra menos pobreza de la que existe, las políticas públicas se diseñan para un problema más chico que el real.
En el Chaco, provincia históricamente la más pobre del país, la distorsión tiene consecuencias directas. Comunidades del Impenetrable, del sudoeste chaqueño y de ciudades intermedias como Charata conviven con niveles de privación que los indicadores nacionales no capturan con precisión. Que un hogar de General Pinedo o de Villa Ángela quede «por encima de la línea de pobreza» porque el INDEC usa parámetros de consumo de hace veinte años no significa que pueda pagar la luz, la nafta para el trabajo o los remedios.
La propuesta: un INDEC autónomo
La cuestión de privilegio presentada por el kirchnerismo en el Senado fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatirá la propuesta de garantizar la independencia del INDEC de los gobiernos de turno. El argumento central: si las estadísticas que orientan las políticas públicas no son confiables, las políticas tampoco pueden funcionar como deberían. Para el Chaco, con sus niveles estructurales de pobreza, esa independencia no es un debate académico — es una condición para que el Estado llegue donde tiene que llegar.
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