La Comisión Investigadora del caso LIBRA presentó este domingo 16 de marzo su informe final en el Congreso de la Nación y reveló una trama de transferencias millonarias, contratos de confidencialidad y operaciones con información privilegiada vinculadas al lanzamiento del token que el presidente Javier Milei recomendó el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica y presidente de la comisión, detalló que la investigación identificó dos pagos de un millón y medio de dólares cada uno, más dos millones adicionales, tanto en criptomonedas como en efectivo, movimientos que coinciden con la presencia de Hayden Davis en Buenos Aires y sus encuentros con funcionarios del Gobierno previos al lanzamiento del token. También detectaron 36 billeteras digitales cuyos titulares manejaron información privilegiada antes del derrumbe del valor de LIBRA y obtuvieron aproximadamente un millón de dólares cada una. El Gobierno respondió que la causa «debió cerrarse hace tiempo» y aseguró que «no hay delito».

Qué encontró la Comisión Investigadora Libra: la ruta del dinero

El eje central del informe es la ruta del dinero: la comisión investigadora identificó una billetera digital cuyas operaciones coinciden en fecha con los momentos clave del lanzamiento de LIBRA, y esa billetera conecta con transferencias realizadas desde Hayden Davis —el operador estadounidense del token— hacia Mauricio Novelli, quien según Ferraro se presentaba en distintos ministerios del Poder Ejecutivo como gestor de negocios desde apenas diez días después de la asunción de La Libertad Avanza. El dato más llamativo de esa cadena es que utilizaron a un jubilado de 75 años como intermediario en parte de las transferencias.

Ferraro fue preciso sobre lo que la pericia informática del Ministerio Público Fiscal confirmó: las fechas de las transferencias de Davis a Novelli coinciden con lo que la Comisión había detectado y aportado al fiscal Taiano. «Ojalá nos hubiéramos equivocado», dijo el diputado, reconociendo que la confirmación de las pericias valida las pruebas que el cuerpo legislativo había recopilado de manera independiente.

Contratos y transferencias: las pruebas de la Comisión Investigadora

Además de la ruta financiera, la Comisión documentó la existencia de contratos de confidencialidad que explican, según Ferraro, por qué nunca se conoció quién entregó al presidente el código alfanumérico de más de 40 caracteres que publicó en su cuenta de X junto a la recomendación del token. «Ahora uno entiende por qué nunca respondió quién y cómo le dieron ese contrato», sostuvo.

El segundo eje es el manejo de información privilegiada: la comisión en diputados identificó que 36 billeteras operaron el token antes de su caída, en un período en que el valor de LIBRA llegó a cuatro o cinco dólares antes de desplomarse. Cada una de esas billeteras habría obtenido aproximadamente un millón de dólares. La conclusión de Ferraro es directa: «Hubo una estafa que necesitó el protagonismo y la participación del presidente de la Nación para que sucediera», dado que miles de personas confiaron en la recomendación presidencial y compraron el token antes del derrumbe.

Las críticas al fiscal Taiano y al Poder Judicial

La Comisión también apuntó al accionar del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa judicial. Ferraro cuestionó que, tras más de un año de investigación, Taiano no haya citado a declarar testimonial ni indagatoriamente a ninguno de los involucrados en el caso LIBRA. El diputado calificó esa actitud de «escandalosa» y deslizó que el fiscal está «al borde del encubrimiento». También denunció que el expediente «pasó por siete jueces federales y cuatro fiscales federales», lo que para la comisión evidencia una dispersión procesal que dificulta el avance de la causa.

Ferraro anunció que los integrantes de la comisión presentarán nuevas medidas judiciales y buscarán el mayor consenso político posible en el Congreso para sostener la presión institucional sobre el caso.

La postura del Gobierno: «no hay delito»

Desde el oficialismo, la respuesta fue en sentido opuesto. Fuentes del Gobierno señalaron que la causa «debió cerrarse hace tiempo», que el tema «se volvió mediático» y que la investigación «está viciada» por filtraciones. La posición oficial sostiene que no existió delito y que la participación del presidente en la difusión del token no implica responsabilidad penal ni ética.

Esa postura choca con la conclusión de Ferraro: «Hay una clara confusión entre lo público y privado por parte del presidente de la Nación. Hay una clara violación a la Ley de Ética Pública.» El diputado remarcó que los registros de llamadas entre el 30 de enero y el 14 de febrero —el período previo al tuit— muestran una actividad que hace insostenible la versión oficial de que Milei no estaba al tanto de los detalles del proyecto.