El fiscal federal Sergio Mola pidió que se rechace la recusación presentada por la defensa de Martín Insaurralde para apartarlo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La postura del fiscal fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal a través de un informe de 24 páginas presentado ante el juez federal Luis Armella, en el que sostiene que el planteo de la defensa carece de fundamentos técnicos. Como informó CharataChaco.Net en la nota sobre el peritaje al video de los dólares de Jesica Cirio, este expediente se reactivó con fuerza en las últimas semanas tras la difusión de ese material, que motivó nuevos allanamientos, pericias y medidas de prueba sobre el patrimonio del ex funcionario.

Un pedido que la defensa basó en cuestionamientos previos del juez

Según trascendió, los abogados de Insaurralde fundamentaron el pedido de recusación al considerar que Mola tuvo una actuación parcial durante la investigación, y tomaron como respaldo algunos cuestionamientos que había formulado previamente el propio juez Armella, quien días atrás rechazó el pedido de detención de Insaurralde y de su exesposa, Jesica Cirio, aunque les impuso restricciones como la prohibición de salir del país. Mola, que se convirtió en una de las figuras centrales del expediente tras solicitar esas detenciones por considerar que existía riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas, rechazó de plano los argumentos de la defensa y calificó el planteo como un intento de condicionar el trabajo de la Justicia.

Un expediente que crece desde el «Yategate»

La causa tiene su origen en el escándalo conocido como «Yategate», desatado en 2023 tras la difusión de imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici a bordo de un yate en Marbella, España. A partir de esas imágenes, distintas denuncias derivaron en una investigación sobre la evolución patrimonial del ex funcionario entre 2009 y 2023, que hoy analiza propiedades, sociedades comerciales y movimientos financieros para determinar si hubo maniobras de lavado de dinero o un crecimiento patrimonial injustificado. La resolución sobre la recusación será ahora determinante para el rumbo inmediato del expediente: si el planteo prospera, la investigación podría sufrir demoras; si es rechazado, Mola continuará al frente de una de las causas por presunta corrupción de mayor repercusión de los últimos años.

El presidente Javier Milei confirmó que trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA, en conjunto con los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo central de la iniciativa es eliminar la reforma de 2012, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y devolverle a la autoridad monetaria un mandato único centrado en preservar el valor de la moneda, dejando de lado los objetivos adicionales de estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico que introdujo aquella modificación.

El eje del artículo 3°

El Presidente puso el foco especialmente en el artículo 3° de la Carta Orgánica vigente, que define los objetivos del Banco Central, y lo calificó como una muestra de desconocimiento técnico por asignarle a la política monetaria varios fines simultáneos. Según su argumento, esa multiplicidad de metas explicaría buena parte de la aceleración inflacionaria que atravesó la economía argentina en los últimos años, un proceso que a su criterio se interrumpió recién a partir de 2024. Milei sostuvo que «un gran paso para terminar con la inflación» sería eliminar esa reforma y volver a un objetivo único y factible. La reforma de 2012 no solo modificó ese artículo: también amplió la capacidad del Banco Central para asistir al Tesoro mediante adelantos transitorios, un mecanismo que el Gobierno actual busca ahora restringir.

Cruces con exfuncionarios del Banco Central

El anuncio generó respuestas de dos extitulares del BCRA, Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, quienes vincularon la iniciativa con un pedido de larga data del Fondo Monetario Internacional y advirtieron sobre los riesgos de combinar autonomía institucional con un mandato acotado a un solo objetivo. Marcó del Pont, que encabezaba la entidad cuando se impulsó la reforma cuestionada, defendió aquellos cambios y atribuyó la baja reciente de la inflación a la recesión, la caída salarial y la apertura importadora. Pesce, por su parte, señaló que un Banco Central enfocado únicamente en el control de precios podría terminar generando una recesión profunda. El Presidente respondió con dureza a ambos, calificando sus objeciones como una señal favorable para el rumbo de la reforma que impulsa su gestión.

Quiénes trabajan en el proyecto

De acuerdo a fuentes oficiales, en la elaboración de la iniciativa participan, además de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proyecto retomaría los lineamientos que el propio Milei había expuesto días atrás en una exposición ante la Fundación Faro, donde definió al Banco Central como una entidad que, a lo largo de su historia, funcionó como herramienta de financiamiento del Estado y de rescate para sectores con poder. Según trascendió, la propuesta buscaría recuperar el esquema de mandato único que rigió entre 1992 y 2012, y el Presidente adelantó que la reforma no se agotará en los puntos ya conocidos públicamente.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un reclamo del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y de Beatriz Paglieri, exdirectora del área de Índices de Precios al Consumidor del INDEC, y ordenó que se dicte una nueva resolución sobre el pedido de prescripción presentado por sus defensas en la causa por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor entre 2006 y 2007. La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con los dos primeros formando la mayoría y Carbajo en disidencia. El fallo no declara prescripta la acción penal ni absuelve a los condenados, pero anula la resolución anterior del Tribunal Oral Federal 2 y le devuelve el expediente para que resuelva conforme a este nuevo criterio.

Un planteo que ya había sido rechazado

Moreno y Paglieri habían sido condenados el 7 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal 2 a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. En mayo de 2025, la Sala II de Casación —entonces integrada por otros jueces— había confirmado esas condenas, aunque Slokar ya advertía en disidencia que el tribunal oral no había resuelto adecuadamente el planteo de prescripción de las defensas. En paralelo, los abogados de Moreno y Paglieri insistieron con ese reclamo directamente ante el tribunal oral, que lo rechazó al considerar que el plazo había permanecido suspendido porque una de las coimputadas, Marcela Filia —absuelta en el juicio—, continuó trabajando en el INDEC durante buena parte del proceso.

Qué cuestionó ahora la mayoría de Casación

Para Slokar y Borinsky, esa interpretación resultó insuficiente. Sostuvieron que la suspensión de la prescripción por ejercicio de un cargo público no opera de manera automática por el solo hecho de que alguien continúe empleado por el Estado, sino que exige analizar si esa persona tenía capacidad real de influir sobre la investigación o entorpecer la acción penal. Según los camaristas, el tribunal oral no evaluó en detalle qué funciones cumplía Filia dentro del organismo ni si su rol administrativo le permitía ejercer algún tipo de injerencia sobre la causa. Con ese fundamento, la Sala II ordenó al Tribunal Oral Federal 2 dictar un nuevo pronunciamiento que analice específicamente ese punto.

La causa investigó la actuación de Moreno como secretario de Comercio Interior y de Paglieri como responsable del área que elaboraba el índice oficial de inflación, en el marco de una denuncia iniciada en 2007. El expediente había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia por recursos previos de las defensas, que aún se encuentran pendientes de resolución, por lo que el máximo tribunal podría tener la última palabra sobre el destino final de la causa.