Mientras el agua todavía no terminó de bajar en La Madrid y decenas de familias siguen esperando en la ruta 157 para volver a sus casas, la política tucumana avanzó este viernes con una respuesta institucional concreta: el bloque Justicialista de la Legislatura provincial presentó un proyecto para declarar la emergencia económica y social por las inundaciones en Tucumán durante 180 días corridos, con posibilidad de prórroga por igual período. La iniciativa ya tiene firmas del oficialismo y de sectores de la oposición, lo que le da perspectivas ciertas de aprobación en el cuerpo legislativo.

El proyecto fue impulsado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, del bloque Justicialista, y recibió el respaldo de José Cano (Radicalismo Federal), Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) y los legisladores peronistas Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz. La amplitud del apoyo político —que cruza oficialismo jaldista, radicalismo y otras expresiones del peronismo provincial— refleja la dimensión del impacto y la lectura compartida sobre la urgencia de una respuesta normativa que habilite instrumentos extraordinarios de gestión.

Qué dice el proyecto y qué puede hacer el Ejecutivo si se aprueba

El texto de la iniciativa es preciso en su objeto. El artículo segundo define que la declaración de emergencia económica y social por las inundaciones en Tucumán tiene por finalidad «asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia.»

Para alcanzar esos objetivos, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo provincial a adoptar un conjunto de medidas que en condiciones normales requieren trámites legislativos específicos o autorizaciones presupuestarias previas. Concretamente, el texto habilita al gobernador Osvaldo Jaldo a disponer la reasignación de partidas presupuestarias, implementar programas extraordinarios de asistencia social, sanitaria y alimentaria, y desarrollar acciones destinadas a acompañar a las familias y sectores productivos afectados.

El artículo quinto —uno de los más relevantes en términos prácticos— autoriza a la Casa de Gobierno a «otorgar subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia destinados a las familias y sectores productivos damnificados, con el objetivo de facilitar la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica.» Es decir: si el proyecto es aprobado, el Ejecutivo provincial podrá transferir dinero directamente a familias e incluso a pequeños productores afectados sin necesidad de tramitar una ley específica para cada programa.

Además, la propuesta establece que la Provincia debe priorizar la reparación de la infraestructura pública dañada, el restablecimiento de los servicios esenciales y la implementación de medidas de prevención y gestión del riesgo hídrico frente a eventos climáticos extraordinarios. Este último punto es significativo: implica que la emergencia no solo habilita la asistencia inmediata, sino también la inversión en obras de infraestructura que prevengan nuevos episodios.

Los datos del desastre que justifican la declaración

Los fundamentos del proyecto citan cifras que explican la magnitud del pedido. Las precipitaciones registradas en los días previos a la presentación de la iniciativa llegaron a casi 170 milímetros en una sola jornada en algunos puntos del sur tucumano. El acumulado de los últimos meses ya ronda los 700 milímetros, contra un promedio anual de 1.300 milímetros para toda la provincia. En términos simples: Tucumán recibió más de la mitad de su lluvia anual promedio en unas pocas semanas, con el impacto concentrado en las zonas más bajas y vulnerables del territorio.

El epicentro de los daños es La Madrid, localidad del departamento homónimo ubicada a unos 140 kilómetros al sur de la capital provincial, en la llanura que alimenta los ríos Marapa y San Francisco. Allí el agua cubrió el casco urbano completo, obligó a la evacuación de la mayoría de sus habitantes —que lleva más de 48 horas instalados sobre la banquina de la ruta 157— y dejó sin electricidad y sin agua potable a quienes se negaron a abandonar sus viviendas. La conectividad vial, incluyendo la ruta 157 —la única vía de acceso al sur de la provincia para muchas localidades—, fue interrumpida en dos puntos por las intervenciones de drenaje que realizó el Ministerio de Obras Públicas.

Los daños no se limitan a las viviendas. La actividad agropecuaria —caña de azúcar, ganadería, horticultura y fruticultura en menor escala— sufrió pérdidas en los campos anegados del sur tucumano. Los comercios de La Madrid y localidades vecinas llevan días sin operar. Y la infraestructura vial, cuya reparación completa demanda semanas en condiciones climáticas normales, acumula daños que no pueden resolverse en el corto plazo sin financiamiento extraordinario.

El argumento político: emergencia sin estandartes

Vargas Aignasse fue explícito sobre el espíritu con el que presentó la iniciativa. «Lo importante es ocuparnos de la gente afectada en este momento, sin estandartes políticos, y dejar la cuestión judicial en manos de la Justicia», dijo el legislador, en una referencia directa a la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli (LLA) el lunes anterior, cuando ingresaba a La Madrid con donaciones. El episodio derivó en una disputa política entre La Libertad Avanza y el gobierno provincial, que tensó el clima en torno a la emergencia hídrica durante 48 horas antes de que se impusiera, al menos en la arena legislativa, el criterio de la unidad.

«Todos los dirigentes, sin distinción de banderías, nos tenemos que ocupar de las víctimas de la inundación. Diputados nacionales y legisladores provinciales tenemos que tirar todos para el mismo lado», subrayó Vargas Aignasse. La frase resume el objetivo político de la convocatoria: construir una base legislativa amplia que le dé al ejecutivo provincial instrumentos jurídicos para actuar con velocidad sin necesidad de regresar a la Legislatura por cada medida que quiera implementar.

El respaldo de José Cano —una de las figuras más representativas del radicalismo tucumano a nivel nacional y figura clave del Radicalismo Federal, que históricamente mantuvo distancia del justicialismo provincial— es políticamente significativo. Lo mismo ocurre con Berarducci, que representa a Compromiso Tucumán, el espacio del exgobernador Juan Manzur. Que tres tradiciones políticas distintas del arco opositor firmen el proyecto antes de su tratamiento en comisión indica que la emergencia económica y social por las inundaciones en Tucumán tiene posibilidades reales de ser sancionada con rapidez.

El antecedente: Tucumán tiene historia de emergencias legislativas

La declaración de emergencia económica y social por las inundaciones en Tucumán que impulsa Vargas Aignasse se inscribe en una tradición legislativa provincial de larga data. Tucumán tiene vigente, prorrogada año a año, una ley de emergencia hídrica y social que data de febrero de 2007 —hace casi dos décadas— y que la Legislatura extiende sistemáticamente como parte de la agenda de fin de año. Esa norma fue prorrogada por el propio Jaldo hasta fines de 2026 en la última sesión ordinaria de 2025, con adecuaciones administrativas pero manteniendo el espíritu de garantizar un régimen especial para la ejecución de obras públicas ante emergencias climáticas.

La nueva declaración que se impulsa no deroga ni reemplaza a esa norma preexistente: la complementa y la actualiza para el evento específico de marzo de 2026. El proyecto de Vargas Aignasse es más concreto y acotado en su objeto, porque refiere a un evento climático puntual y habilita instrumentos de asistencia directa —incluyendo subsidios y ayudas económicas— que la ley madre de 2007 no contemplaba con el mismo nivel de detalle.

Qué falta para que se apruebe

El proyecto fue presentado el jueves 12 de marzo. El cronograma legislativo habitual en Tucumán implica que la iniciativa deberá ser girada a comisiones —en este caso, probablemente a las comisiones de Legislación General y de Hacienda y Presupuesto—, recibir dictamen y ser convocada a sesión ordinaria o extraordinaria. Si el cuerpo decide darle tratamiento sobre tablas —es decir, sin pasar por el trámite completo de comisiones— podría sesionarse en días.

Fuentes parlamentarias indicaron que existe voluntad política de avanzar con rapidez. El plazo natural que marca la agenda es el 24 de marzo: si la Legislatura puede aprobar la emergencia económica y social por las inundaciones en Tucumán antes de esa fecha, el gobernador Jaldo contará con los instrumentos legales para actuar durante la fase crítica del proceso de vuelta a casa, que es justamente cuando las familias regresan y constatan el nivel real de los daños.

Fuentes: Honorable Legislatura de Tucumán, Gobierno de la Provincia de Tucumán, Ministerio de Obras Públicas de Tucumán

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