Política
El FreSU se desacopla de la CGT y lanza una estrategia federal de conflicto permanente post reforma laboral
El FreSU se federaliza tras la derrota parlamentaria: marchas en provincias, intervención en conflictos locales y disputa con la CGT por la conducción del sindicalismo.

El FreSU se desacopla de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos decidió profundizar su distancia con la conducción de la Confederación General del Trabajo y lanzó esta semana una estrategia de federalización que apunta a construir presencia territorial permanente en todo el país. La decisión se tomó el lunes 9 de marzo en una reunión en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), días después de que la Ley de Modernización Laboral 27.802 quedara promulgada y el movimiento obrero organizado cerrara una semana de movilizaciones con resultados dispares y una fractura interna que nadie nombra formalmente pero que se hace visible en cada comunicado. El triunvirato que lidera el FreSU —Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y Daniel Yofra (Federación de Aceiteros)— ratificó que el espacio no entra en una etapa de quietud, rechazó la estrategia judicialista de la conducción cegetista y anunció que el 2026 será el año más conflictivo de la era Milei. Como primera demostración de que la federalización no es solo un slogan, los tres referentes viajaron a Tierra del Fuego para acompañar la medida de fuerza de los trabajadores de la empresa Aires del Sur, declarada en quiebra, cuyos 140 empleados sostienen la producción por sus propios medios. Desde el interior del país, donde los conflictos laborales se acumulan lejos de las cámaras porteñas, esa presencia no pasó desapercibida.
Qué es el FreSU y cómo llegó hasta acá
El Frente de Sindicatos Unidos emergió en los últimos meses de 2025 como una plataforma de coordinación sindical alternativa a la estrategia de diálogo y negociación que adoptó la cúpula de la CGT frente al avance de la reforma laboral. El FreSU que ahora se desacopla de la CGT, nuclea a la UOM, ATE, la Federación de Aceiteros, Personal Aeronáutico, Viales, Marítimos, Portuarios, Jerárquicos de Energía y más de cien organizaciones de distintas centrales, incluyendo expresiones de las dos CTA. Su surgimiento respondió a una demanda que venía de las bases: frente a una CGT que priorizaba la negociación parlamentaria y desestimaba las medidas de fuerza, un conjunto de gremios con mayor tradición combativa decidió organizarse con agenda propia.
Durante el debate parlamentario de la reforma laboral, el FreSU coordinó movilizaciones masivas en Córdoba, Rosario y al menos tres concentraciones frente al Congreso. Incluyó paros parciales que la CGT no convocó y generó la imagen más nítida de las diferencias internas del movimiento obrero: mientras el FreSU llenaba la Avenida de Mayo con columnas de metalúrgicos, estatales y aceiteros, la central obrera de la calle Azopardo optaba por la marcha sin paro, el comunicado sin acción y la apuesta judicial sin movilización. Las diferencias no llegaron al quiebre formal, pero quedaron instaladas de manera irreversible.
El FreSU se desacopla de la CGT tras la derrota parlamentaria y la respuesta sindical
La Ley 27.802 fue aprobada por el Senado el 28 de febrero con 37 votos a favor, 33 en contra y una abstención, en una sesión donde la mayoría se construyó sobre el apoyo de gobernadores peronistas que priorizaron sus vínculos con el gobierno nacional por encima de las demandas sindicales. El FreSU acompañó esa jornada con una movilización frente al Congreso, bajo libertad de acción para que cada organización decidiera si adherir o no al paro convocado por ATE. La desmovilización relativa de esa tarde —comparada con las concentraciones del 12 y 19 de febrero— fue leída en el oficialismo como una señal de agotamiento. En la conducción del FreSU la leyeron distinto: como la señal de que la pelea por la calle tenía que descentralizarse, salir de la Plaza Congreso y desplegarse donde los trabajadores afectados viven y producen.
Ese diagnóstico es el que explica la decisión de federalizarse. La reforma laboral ya es ley, el amparo de la CGT fue rechazado en su parte cautelar —aunque el fondo del asunto sigue en trámite judicial—, y la estrategia de esperar una resolución de la Justicia no genera movilización ni organización. El FreSU apostó por la ruta contraria: construir coordinadoras regionales, articular con sindicatos locales de distintas centrales y llevar la presencia de los referentes nacionales a los conflictos territoriales. La visita a Tierra del Fuego fue el primer movimiento visible de ese plan. La intención declarada es llevar las protestas también a las provincias cuyos gobernadores apoyaron la reforma.
Furlán, Aguiar y Yofra: tres voces y un diagnóstico común
Los tres referentes del triunvirato del FreSU expresaron en la última semana una lectura convergente del momento y de la estrategia. Furlán, al frente de la UOM desde 2019 y uno de los sindicalistas con mayor presencia pública en el debate sobre la reforma laboral, sintetizó la postura con una frase que circuló por los espacios gremiales: hay una causa justa que es la defensa de la dignidad, es una tarea dura y que no va a ser fácil, pero la historia la demanda.
Aguiar, titular de ATE, fue más directo en la crítica a la CGT: cuestionó abiertamente a los dirigentes cegetistas que primero confiaron en los gobernadores, luego en los votos del Congreso y ahora en la Justicia, y planteó que el sindicalismo tiene que empoderar a los trabajadores más allá de los partidos políticos. Yofra, secretario de la Federación Aceitera, fue el primero en trazar la diferencia estratégica con la conducción cegetista al pedir formalmente un paro de 36 horas que el triunvirato de la CGT desestimó.
El jefe de ATE también fue el que subió la apuesta retórica más alta: convocó a la desobediencia a la reforma laboral en los sectores de trabajo, comparando la situación con la actitud del propio gobierno de Milei respecto de leyes aprobadas en el Congreso —como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario— que el Ejecutivo incumplió o resistió. La frase instala un debate dentro del sindicalismo que aún no tiene resolución práctica: si la norma es inconstitucional —como sostiene el FreSU—, ¿los trabajadores y los gremios están obligados a cumplirla mientras la Justicia resuelve?
La estrategia de la CGT: apostar a la Justicia y evitar el desgaste callejero
La conducción de la CGT —integrada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— eligió una vía diferente después de la promulgación de la ley. Presentó el amparo ante el juzgado de Lavié Pico, anticipó que recurrirá ante la Corte Suprema si el fallo es adverso, y descartó públicamente la convocatoria a nuevas medidas de fuerza en el corto plazo. El argumento oficial es que no hay contexto para un paro general y que los recursos sindicales no deben destinarse a medidas de acción directa en este momento. Desde Azopardo también pusieron el foco en las paritarias: con inflación sostenida y salario real deteriorado, la prioridad es la negociación sector por sector.
Lo que la CGT no puede ocultar es que el resultado parlamentario fue una derrota construida, en parte, por actores del propio universo peronista. Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) —gobernadores peronistas o con identidad en esa tradición— aportaron los votos necesarios para que la ley pasara en el Senado. La central obrera que históricamente se reivindica como la columna vertebral del peronismo vio cómo ese peronismo le votó en contra en el momento decisivo. Esa contradicción es el nudo que el FreSU explota con más eficacia: al posicionarse como la fuerza sindical que no negocia con gobernadores ni espera definiciones partidarias, se coloca como la única referencia que mantiene una postura consistente frente al gobierno.
Qué implica la federalización para el interior
Desde el interior del país, la proyección territorial del FreSU es una novedad que vale la pena seguir con atención. Históricamente, el sindicalismo nacional tiene peso en los grandes centros urbanos y en las actividades industriales concentradas —petroquímica, acero, manufactura, transporte—, pero su llegada al interior profundo es irregular y depende en gran medida de la fortaleza de las seccionales locales. En el Chaco, el movimiento obrero organizado tiene como actores más visibles a ATE —que tiene presencia en los organismos estatales provinciales—, a la UTEP y a gremios docentes como ATECH y UDEPCH. La UOM tiene representación en las metalúrgicas de Resistencia y Sáenz Peña, pero su peso es menor al de las grandes ciudades industriales del centro del país.
El FreSU se desacopla de la CGT
La propuesta de coordinadoras regionales del FreSU apunta a articular esas presencias locales con la estructura nacional, creando un canal de comunicación entre los conflictos del interior y el liderazgo sindical porteño. En un año electoral como el que viene, esa articulación tiene también una dimensión política: los gremios que se sumen al FreSU en las provincias estarán más cerca de las posiciones del sindicalismo combativo en el debate sobre las PASO, sobre las paritarias y sobre la relación entre el movimiento obrero y el peronismo opositor.
En el Chaco, además, la reforma laboral tiene implicancias concretas que el debate porteño suele perder de vista. El capítulo sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —que permite el pago de indemnizaciones en cuotas— afecta de manera específica a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, que son los más comunes en la estructura productiva provincial. La posibilidad de negociar la indemnización en hasta 24 cuotas financiadas con aportes del propio trabajador es vista por los sindicatos chaqueños como un golpe directo a la capacidad de defensa del asalariado frente al despido. Que el FreSU llegue a esas conversaciones con presencia territorial, más allá de que se desacopla de la CGT, podría modificar el mapa sindical provincial de cara a las elecciones del año próximo.
Política
El Chaco aclaró que la baja de radares de la ANSV solo afecta a dispositivos que ya no funcionaban y que la provincia mantiene 47 activos
La Disposición 7/2026 de la ANSV retiró del registro oficial a cinemómetros vandalizados o inoperativos. Los 47 radares activos en rutas nacionales y provinciales continúan funcionando con plena validez legal.

El Ministerio de Seguridad del Chaco salió a desmentir este sábado versiones que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta eliminación masiva de radares de velocidad en las rutas provinciales y nacionales. A través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el gobierno chaqueño explicó el verdadero alcance de la Disposición 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y dejó en claro que los controles de velocidad siguen plenamente vigentes en el territorio provincial.
El subsecretario Rafael Acuña precisó que la disposición nacional «establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes». En otras palabras: la ANSV no desactivó radares que estaban funcionando sino que regularizó el registro oficial eliminando dispositivos que ya no existían o no operaban en los puntos donde habían sido instalados originalmente.
Qué dice la Disposición 7/2026 y por qué generó confusión
La Disposición 7/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de numerosos radares fijos en rutas nacionales del Chaco, tras constatar que ya no se encontraban operativos. Entre las rutas afectadas figuran la RN 16, RN 95, RN 11 y RN 89, con localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
La confusión surgió porque la normativa enumera una cantidad significativa de dispositivos dados de baja, lo que llevó a interpretaciones erróneas sobre un supuesto desmantelamiento del sistema de control vial. Sin embargo, desde Seguridad Vial aclararon que esos radares ya estaban fuera de servicio antes de la disposición: la medida no los apagó sino que los eliminó formalmente de un registro que no reflejaba la realidad del terreno.
Acuña también señaló que la baja fue solicitada por la propia Provincia del Chaco a partir de relevamientos técnicos previos, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas de control vial y evitar que figuren en el registro oficial dispositivos que ya no generan multas válidas.
Cuántos radares siguen activos en el Chaco
Según el comunicado oficial, el Chaco cuenta actualmente con 47 radares habilitados y en pleno funcionamiento, distribuidos en dos tipos de corredores: 31 en rutas nacionales y 16 en rutas provinciales. Todos los dispositivos activos están homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.
La aclaración llega en un momento sensible: el fin de semana largo del 25 de Mayo activa un operativo vial reforzado en todo el país, con mayor presencia de controles en los principales corredores. Para los conductores que transiten la RN 16 —eje central que conecta Charata con Resistencia y sobre la que se desarrolló buena parte de la polémica, como se detalló en la nota sobre la licitación de rutas nacionales publicada ayer en CharataChaco.Net— la situación es clara: los radares operativos siguen activos y las infracciones detectadas tienen plena validez legal.
El pedido oficial: no difundir versiones sin respaldo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se solicitó a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales y que evite la difusión de versiones inexactas. La advertencia apunta directamente a la circulación en redes sociales de mensajes que interpretaron la disposición de la ANSV como una habilitación para circular a mayor velocidad sin riesgo de multas, lo que constituye tanto una lectura incorrecta de la normativa como un riesgo concreto para la seguridad vial.
Los controles de velocidad, remarcaron desde el área, «constituyen una herramienta preventiva fundamental para reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las rutas chaqueñas«.
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Política
Falleció Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de Charata: tenía 94 años y dejó una huella profunda en la vida institucional de la ciudad
El Municipio de Charata participó el fallecimiento con profundo pesar y destacó su compromiso con la vida institucional y democrática de la ciudad.

Charata despide a Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de la ciudad, fallecido este sábado a los 94 años. Nacido en 1932, Marín fue una figura central de la vida política e institucional de Charata durante décadas, con una trayectoria que lo llevó a conducir los destinos del Municipio como intendente y a continuar su compromiso con la comunidad como concejal, además de mantener vínculos activos con distintas instituciones locales a lo largo de su vida.
El intendente Rubén Rach expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que subrayó el legado de Marín como servidor público. «Lo despido con profundo dolor. Fue un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestra comunidad, dejando su huella como intendente, concejal y vecino comprometido con Charata», sostuvo Rach, quien extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del ex funcionario.
Una vida ligada a la institucionalidad de Charata
La trayectoria de Marín abarca un período clave de la historia política local, en el que Charata consolidó su perfil como la ciudad más importante del sudoeste chaqueño y cabecera del Departamento Chacabuco. Su paso por la intendencia y el Concejo Deliberante lo posicionó como uno de los referentes de la vida democrática de la ciudad, en una época en que las instituciones municipales jugaron un rol central en el desarrollo urbano y social de la región.
El Municipio de Charata, a través de un comunicado oficial acompañado de una fotografía de Marín, destacó que fue «parte de la vida institucional y democrática de Charata» y convocó a la comunidad a acompañar a su familia en este momento de dolor. El intendente Rach, sus funcionarios y todo el equipo municipal se sumaron a las condolencias.
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Política
Charata capacitó a sus agentes de tránsito y personal de Faltas en seguridad vial con respaldo de la UNNE
La jornada se realizó en el CEEC y estuvo coordinada por especialistas del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE.

Agentes de tránsito y personal del Juzgado de Faltas del Municipio de Charata participaron este viernes de una jornada de capacitación en seguridad vial organizada con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La actividad se desarrolló en el Centro de Estudios y Extensión Charata (CEEC) y apuntó a fortalecer las herramientas de quienes ejercen funciones de contralor en la vía pública y en el ámbito judicial de faltas.
La propuesta contó con el aval del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE, junto al Departamento de Centros Regionales y Extensiones Áulicas y la Secretaría General Académica de esa universidad. La coordinación estuvo a cargo del Lic. Ezequiel Nardelli y la Magter. Rosa Sandra Durand, acompañados por un equipo de profesionales y docentes especializados en la temática.
Una iniciativa que apunta a la profesionalización del personal municipal
El intendente Rubén Rach, la jueza de Faltas Municipal Gimena Vázquez y el secretario de Tránsito Carlos Aoad estuvieron presentes en la jornada, acompañando una iniciativa que el propio municipio impulsó para elevar el nivel de formación de sus agentes. La participación de las autoridades locales reflejó el respaldo político e institucional a un proceso que busca mejorar el desempeño cotidiano del personal de contralor.
La seguridad vial es una de las áreas donde la capacitación técnica incide directamente en los resultados sobre el terreno. Los agentes de tránsito y los funcionarios del Juzgado de Faltas son los primeros eslabones del sistema de control, y su formación determina en gran medida la eficacia de las políticas viales a nivel local.
El rol de la UNNE en la formación de gestores municipales
El respaldo institucional de la UNNE a través de su Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología le otorga a la capacitación un perfil académico que trasciende la instrucción operativa. La articulación entre el municipio charatense y la universidad pública regional es también una señal de que la formación continua del personal estatal puede canalizarse a través de vínculos con el sistema universitario, sin necesidad de recurrir a capacitadores privados.
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