Política
El FreSU se desacopla de la CGT y lanza una estrategia federal de conflicto permanente post reforma laboral
El FreSU se federaliza tras la derrota parlamentaria: marchas en provincias, intervención en conflictos locales y disputa con la CGT por la conducción del sindicalismo.

El FreSU se desacopla de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos decidió profundizar su distancia con la conducción de la Confederación General del Trabajo y lanzó esta semana una estrategia de federalización que apunta a construir presencia territorial permanente en todo el país. La decisión se tomó el lunes 9 de marzo en una reunión en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), días después de que la Ley de Modernización Laboral 27.802 quedara promulgada y el movimiento obrero organizado cerrara una semana de movilizaciones con resultados dispares y una fractura interna que nadie nombra formalmente pero que se hace visible en cada comunicado. El triunvirato que lidera el FreSU —Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y Daniel Yofra (Federación de Aceiteros)— ratificó que el espacio no entra en una etapa de quietud, rechazó la estrategia judicialista de la conducción cegetista y anunció que el 2026 será el año más conflictivo de la era Milei. Como primera demostración de que la federalización no es solo un slogan, los tres referentes viajaron a Tierra del Fuego para acompañar la medida de fuerza de los trabajadores de la empresa Aires del Sur, declarada en quiebra, cuyos 140 empleados sostienen la producción por sus propios medios. Desde el interior del país, donde los conflictos laborales se acumulan lejos de las cámaras porteñas, esa presencia no pasó desapercibida.
Qué es el FreSU y cómo llegó hasta acá
El Frente de Sindicatos Unidos emergió en los últimos meses de 2025 como una plataforma de coordinación sindical alternativa a la estrategia de diálogo y negociación que adoptó la cúpula de la CGT frente al avance de la reforma laboral. El FreSU que ahora se desacopla de la CGT, nuclea a la UOM, ATE, la Federación de Aceiteros, Personal Aeronáutico, Viales, Marítimos, Portuarios, Jerárquicos de Energía y más de cien organizaciones de distintas centrales, incluyendo expresiones de las dos CTA. Su surgimiento respondió a una demanda que venía de las bases: frente a una CGT que priorizaba la negociación parlamentaria y desestimaba las medidas de fuerza, un conjunto de gremios con mayor tradición combativa decidió organizarse con agenda propia.
Durante el debate parlamentario de la reforma laboral, el FreSU coordinó movilizaciones masivas en Córdoba, Rosario y al menos tres concentraciones frente al Congreso. Incluyó paros parciales que la CGT no convocó y generó la imagen más nítida de las diferencias internas del movimiento obrero: mientras el FreSU llenaba la Avenida de Mayo con columnas de metalúrgicos, estatales y aceiteros, la central obrera de la calle Azopardo optaba por la marcha sin paro, el comunicado sin acción y la apuesta judicial sin movilización. Las diferencias no llegaron al quiebre formal, pero quedaron instaladas de manera irreversible.
El FreSU se desacopla de la CGT tras la derrota parlamentaria y la respuesta sindical
La Ley 27.802 fue aprobada por el Senado el 28 de febrero con 37 votos a favor, 33 en contra y una abstención, en una sesión donde la mayoría se construyó sobre el apoyo de gobernadores peronistas que priorizaron sus vínculos con el gobierno nacional por encima de las demandas sindicales. El FreSU acompañó esa jornada con una movilización frente al Congreso, bajo libertad de acción para que cada organización decidiera si adherir o no al paro convocado por ATE. La desmovilización relativa de esa tarde —comparada con las concentraciones del 12 y 19 de febrero— fue leída en el oficialismo como una señal de agotamiento. En la conducción del FreSU la leyeron distinto: como la señal de que la pelea por la calle tenía que descentralizarse, salir de la Plaza Congreso y desplegarse donde los trabajadores afectados viven y producen.
Ese diagnóstico es el que explica la decisión de federalizarse. La reforma laboral ya es ley, el amparo de la CGT fue rechazado en su parte cautelar —aunque el fondo del asunto sigue en trámite judicial—, y la estrategia de esperar una resolución de la Justicia no genera movilización ni organización. El FreSU apostó por la ruta contraria: construir coordinadoras regionales, articular con sindicatos locales de distintas centrales y llevar la presencia de los referentes nacionales a los conflictos territoriales. La visita a Tierra del Fuego fue el primer movimiento visible de ese plan. La intención declarada es llevar las protestas también a las provincias cuyos gobernadores apoyaron la reforma.
Furlán, Aguiar y Yofra: tres voces y un diagnóstico común
Los tres referentes del triunvirato del FreSU expresaron en la última semana una lectura convergente del momento y de la estrategia. Furlán, al frente de la UOM desde 2019 y uno de los sindicalistas con mayor presencia pública en el debate sobre la reforma laboral, sintetizó la postura con una frase que circuló por los espacios gremiales: hay una causa justa que es la defensa de la dignidad, es una tarea dura y que no va a ser fácil, pero la historia la demanda.
Aguiar, titular de ATE, fue más directo en la crítica a la CGT: cuestionó abiertamente a los dirigentes cegetistas que primero confiaron en los gobernadores, luego en los votos del Congreso y ahora en la Justicia, y planteó que el sindicalismo tiene que empoderar a los trabajadores más allá de los partidos políticos. Yofra, secretario de la Federación Aceitera, fue el primero en trazar la diferencia estratégica con la conducción cegetista al pedir formalmente un paro de 36 horas que el triunvirato de la CGT desestimó.
El jefe de ATE también fue el que subió la apuesta retórica más alta: convocó a la desobediencia a la reforma laboral en los sectores de trabajo, comparando la situación con la actitud del propio gobierno de Milei respecto de leyes aprobadas en el Congreso —como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario— que el Ejecutivo incumplió o resistió. La frase instala un debate dentro del sindicalismo que aún no tiene resolución práctica: si la norma es inconstitucional —como sostiene el FreSU—, ¿los trabajadores y los gremios están obligados a cumplirla mientras la Justicia resuelve?
La estrategia de la CGT: apostar a la Justicia y evitar el desgaste callejero
La conducción de la CGT —integrada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— eligió una vía diferente después de la promulgación de la ley. Presentó el amparo ante el juzgado de Lavié Pico, anticipó que recurrirá ante la Corte Suprema si el fallo es adverso, y descartó públicamente la convocatoria a nuevas medidas de fuerza en el corto plazo. El argumento oficial es que no hay contexto para un paro general y que los recursos sindicales no deben destinarse a medidas de acción directa en este momento. Desde Azopardo también pusieron el foco en las paritarias: con inflación sostenida y salario real deteriorado, la prioridad es la negociación sector por sector.
Lo que la CGT no puede ocultar es que el resultado parlamentario fue una derrota construida, en parte, por actores del propio universo peronista. Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) —gobernadores peronistas o con identidad en esa tradición— aportaron los votos necesarios para que la ley pasara en el Senado. La central obrera que históricamente se reivindica como la columna vertebral del peronismo vio cómo ese peronismo le votó en contra en el momento decisivo. Esa contradicción es el nudo que el FreSU explota con más eficacia: al posicionarse como la fuerza sindical que no negocia con gobernadores ni espera definiciones partidarias, se coloca como la única referencia que mantiene una postura consistente frente al gobierno.
Qué implica la federalización para el interior
Desde el interior del país, la proyección territorial del FreSU es una novedad que vale la pena seguir con atención. Históricamente, el sindicalismo nacional tiene peso en los grandes centros urbanos y en las actividades industriales concentradas —petroquímica, acero, manufactura, transporte—, pero su llegada al interior profundo es irregular y depende en gran medida de la fortaleza de las seccionales locales. En el Chaco, el movimiento obrero organizado tiene como actores más visibles a ATE —que tiene presencia en los organismos estatales provinciales—, a la UTEP y a gremios docentes como ATECH y UDEPCH. La UOM tiene representación en las metalúrgicas de Resistencia y Sáenz Peña, pero su peso es menor al de las grandes ciudades industriales del centro del país.
El FreSU se desacopla de la CGT
La propuesta de coordinadoras regionales del FreSU apunta a articular esas presencias locales con la estructura nacional, creando un canal de comunicación entre los conflictos del interior y el liderazgo sindical porteño. En un año electoral como el que viene, esa articulación tiene también una dimensión política: los gremios que se sumen al FreSU en las provincias estarán más cerca de las posiciones del sindicalismo combativo en el debate sobre las PASO, sobre las paritarias y sobre la relación entre el movimiento obrero y el peronismo opositor.
En el Chaco, además, la reforma laboral tiene implicancias concretas que el debate porteño suele perder de vista. El capítulo sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —que permite el pago de indemnizaciones en cuotas— afecta de manera específica a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, que son los más comunes en la estructura productiva provincial. La posibilidad de negociar la indemnización en hasta 24 cuotas financiadas con aportes del propio trabajador es vista por los sindicatos chaqueños como un golpe directo a la capacidad de defensa del asalariado frente al despido. Que el FreSU llegue a esas conversaciones con presencia territorial, más allá de que se desacopla de la CGT, podría modificar el mapa sindical provincial de cara a las elecciones del año próximo.
Política
Barcala destacó el consenso del Concejo de Charata para resolver el juicio con Bielsa
El presidente del Concejo Municipal valoró el acompañamiento del bloque opositor para aprobar la dación de pago que puso fin al histórico juicio con el exintendente Pepe Bielsa y destrabar la entrega de más de 200 títulos de propiedad a vecinos de la ciudad.

El presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, destacó la importancia del consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para resolver una demanda judicial histórica que arrastraba el municipio, en la misma sesión en que se aprobó la entrega de más de 200 títulos de propiedad a vecinos de la ciudad. «Hoy dimos un paso importante, creo, por un montón de cosas. Una, por la gente que va a poder contar con los títulos. Otra, por terminar con un inconveniente que viene el Municipio desde el 2009, que es con la dación de pago de cinco terrenos. Terminamos en la parte judicial», resumió el dirigente.
Un consenso que dejó de lado «los colores partidarios»
Para Barcala, lo más destacable de la jornada fue la manera en que ambos bloques del cuerpo legislativo lograron acordar pese a las tensiones previas. «Más allá de los idas y vueltas que tuvimos ambos bloques, llegado a la hora de tomar decisiones y pensando en la gente, nos pusimos de acuerdo. Que eso para mí es muy importante: que dejamos los colores partidarios de lado, más allá de todo el juego ese que a veces pasa», señaló. Y agregó: «El voto del bloque de la oposición era muy importante para nosotros y para el pueblo, y la verdad que ellos en este momento no empezaron a ver si nos hacía mal a la gestión o no; tomaron una decisión y nos acompañaron en dos dictámenes que son muy importantes para nosotros, para el pueblo, para la gente».
El titular del cuerpo legislativo remarcó también el rol que le toca cumplir como presidente del Concejo en este tipo de situaciones: «Tener dos bloques, estar de uno por la camiseta que uno ocupa, pero tratar de mediar hasta llegar a un acuerdo. Hoy fue casi al último, pero llegamos a un acuerdo y eso a mí me enorgullece, en el sentido de que sé que, más allá de los idas y vueltas, estamos trabajando nueve concejales para que las cosas salgan de la mejor manera». Consultado sobre la recepción de los vecinos, Barcala se mostró conforme: «Pueden ver notas anteriores, yo siempre fui positivo y estuve convencido de que lo iban a acompañar porque están pensando en los vecinos. Todos saben por qué estamos acá y por qué estamos respondiéndole al vecino».
Más de 200 títulos de propiedad, en seis o siete meses
Sobre la entrega de títulos, Barcala precisó que en total son 201 los títulos que ingresaron al relevamiento, aunque cinco fueron devueltos por no estar en condiciones. «Se hizo un relevamiento espectacular, no hay nada raro en esto, porque han ido uno por uno buscando qué pasaba. Nos encontramos con alguno que ya tenía el pedido de esa casita más un terreno en otro lado, entonces ese no podía ingresar», explicó.
El dirigente aportó además una serie de datos históricos para dimensionar el ritmo de entrega de títulos en los últimos años: en 2021 se otorgaron 29 títulos, en 2022 fueron 28 y en 2023, 26, todos durante la gestión anterior, en la que Barcala formaba parte del Concejo como opositor. Ya en la actual gestión municipal, el número bajó a 13 títulos en 2024 y a 8 en 2025. «En la gestión anterior, donde estuvimos como concejales, acompañamos mucho, se sacaron 26 títulos. Hoy venimos lerdeando un poquito, entonces creo que esto es reivindicar un poco con qué compromiso tenemos acá con la gente», reconoció el funcionario, quien se comprometió a que la Provincia entregue los 196 títulos restantes en un plazo de seis a siete meses, una cifra que superaría ampliamente el total acumulado entre 2021 y 2025.
El precio del terreno fiscal, sin actualizar desde 2018
Barcala también se refirió al valor de los terrenos fiscales que se regularizan a través de este mecanismo, un monto que no se modifica desde 2018. «Todavía hay un precio histórico, yo creo que es muy bajo, pero en esta situación sirve», indicó. Según detalló, un terreno de 10 por 25 metros ronda los $30.000, un valor que consideró accesible: «La gente lo aclaró bien hoy, no quiere que le regalen nada. Quieren tener la posibilidad de tener el título, que le corta mucha incertidumbre: tienen la posesión jurídica de su lugar para sacar crédito o para, si pasa algo, dejarle algo a su hijo o a su hija, y que quede todo en papeles y no en el aire».
El fin del juicio con Bielsa: «Sacás los 300 que tenés para comer o te llevás la moto»
El otro dictamen aprobado puso fin al litigio judicial con el exintendente radical Pepe Bielsa por un juicio de honorarios vinculado a la Quinta Kurach, que había derivado en una sentencia firme y un reclamo que Barcala cifró en $320 millones. «Todos dictámenes fuertes, picantes, de que miren a ver cómo oposición a ver qué daño nos podían hacer perdiendo un juicio de honorarios que la verdad nos podían haber movilizado bastante, porque 320 millones de pesos hace a más del 50% del sueldo de lo que es sueldo en el municipio», explicó.
Para resolverlo, el Concejo avanzó con una dación de pago de cinco terrenos propios del municipio, una alternativa que Barcala reconoció como dolorosa pero necesaria frente a la magnitud del desembolso en efectivo que hubiera implicado afrontar la deuda. «Esto pasa en cualquier casa: o sacás los 300 que tenés para comer o te llevás la moto, y muchas veces uno prefiere que le lleven la moto, pagar con una moto, y que te quede dinero para poder atender a la familia y todas las necesidades. Esta situación era medio parecida», graficó. El acuerdo final contó con el respaldo del bloque opositor, que planteó algunas modificaciones que se terminarán de definir en los próximos días. «Siempre estuvimos abiertos y siempre estuve positivo de que, llegado el momento, iban a acompañar porque iban a pensar en la gente: se les iban a achicar los servicios, el sueldo no iba a salir el último día hábil del mes como vienen cobrando los empleados municipales, y los vecinos iban a ver afectados los servicios que hoy tienen», cerró Barcala.
Política
Silvia Oger explicó por qué no acompañó la propuesta de pago de la deuda municipal
La edil planteó que el pago podría hacerse en dinero en lugar de terrenos, ante la diferencia entre el valor fiscal y el valor real de los predios.

La concejal Silvia Oger explicó por qué no acompañó, en la sesión de este lunes, la propuesta del pago de la deuda municipal. «La verdad que hoy fue una sesión muy importante, atípica si se quiere, por los temas que se han tratado», señaló la edil en declaraciones a Cadena Pueblo, en referencia al tratamiento de la dación en pago de unos terrenos a un profesional, en el marco de un juicio que perdió la Municipalidad.
Oger explicó que no acompañó el dictamen porque, según indicó, se esperaba un informe del Tribunal de Cuentas para tener certeza sobre lo que se estaría resolviendo. Según precisó, ese informe constituye una opinión administrativa no vinculante, que remarca que el Estado municipal tiene autonomía e independencia para dictar ordenanzas, pero que no obliga a los concejales a aprobar la medida ni tampoco establece que deba rechazarse.
La propuesta de pagar en dinero
La concejal remarcó que tampoco habían llegado los informes del área contable de la Municipalidad para conocer cuánto dinero disponible había en la caja municipal, dado que se trata de una cuestión de honorarios que, según señaló, tiene carácter alimentario. En ese sentido, indicó que su propuesta era evaluar si el pago podía realizarse en dinero y no en terrenos, ya que los cinco predios en cuestión están valuados a una tasación fiscal muy por debajo de su valor real de mercado.
Una postura sostenida en el tiempo
Oger remarcó que, ante ese panorama, mantuvo la postura que venía sosteniendo desde un principio y decidió no acompañar la medida en la sesión de este lunes.
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Política
Vecinos del Barrio Municipal celebraron el voto unánime del Concejo por los títulos
Tras 20 años de espera, la vecina relató las gestiones y los viajes a Resistencia que realizaron para destrabar la entrega de las carpetas.

Tras la sesión del Concejo de ayer en Charata, Silvia Ramírez, vecina del Barrio Municipal, manifestó a los medios de la ciudad la satisfacción de los vecinos del barrio luego del voto unánime de los concejales para avanzar con la entrega de los títulos de propiedad. «Me voy tranquila, porque hablé con el intendente y con todos los concejales», expresó.
Ramírez relató que, durante años, existieron problemas para que se entregaran las carpetas de los vecinos, ante versiones sobre supuestos impedimentos legales. La vecina remarcó que vive hace 20 años en el Barrio Municipal y que, junto a otras familias, viene reclamando desde hace tiempo la regularización de sus terrenos. «Hace 20 años que venimos peleando por la carpeta, por el título», señaló, y recordó que llegó a viajar en tres oportunidades a Resistencia para gestionar su documentación, junto a otra vecina del barrio.
El pago único por la tierra
Según explicó, la tierra ya fue pagada por los vecinos a lo largo de los años, por lo que no deberán volver a abonarla, aunque sí se estableció un pago único adicional, del cual mencionó una cifra cercana a los 30.000 pesos. «No es mucho ni tampoco… el que tiene, tiene; el que no tiene, bueno, tendremos que buscar de alguna manera para poder tenerlo», indicó.
«Nos vamos contentos»
Consultada sobre si los vecinos se retiraban conformes de la sesión, Ramírez fue contundente. «Nos vamos contentos. Yo creo que todos los compañeros nos vamos contentos», afirmó, y remarcó que el Concejo escuchó el reclamo con la presencia de los medios locales, lo que a su criterio da mayor respaldo al compromiso asumido. La vecina destacó particularmente la propuesta impulsada por el concejal Alejandro Barcala, aunque remarcó que la decisión fue acompañada por la totalidad del cuerpo, ya que la aprobación se dio por unanimidad.
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