El gobernador Leandro Zdero puso en marcha Luz Rural, un programa integral de electrificación destinado a ampliar el acceso a la energía eléctrica en sectores rurales del Chaco. La iniciativa es ejecutada íntegramente por el Estado provincial a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos, y contempla tanto la provisión de materiales como la ejecución directa de las obras.

En una primera etapa, el programa proyecta beneficiar a más de 500 usuarios rurales mediante la construcción de aproximadamente 349 kilómetros de líneas de media tensión. La inversión supera los $4.500 millones en materiales y alcanza los $6.300 millones al incorporar la mano de obra. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas en materia de infraestructura energética rural que el gobierno provincial haya encarado en los últimos años.

Un programa diseñado desde la demanda territorial

Luz Rural no parte de un criterio burocrático centralizado sino de los requerimientos concretos de los propios usuarios. La Subsecretaría de Energía realizó un relevamiento territorial previo que permitió identificar y priorizar las necesidades de cada comunidad, garantizando una planificación eficiente y con impacto real sobre las familias que históricamente carecieron de este servicio esencial.

La economía rural chaqueña —caracterizada por la producción agropecuaria, el trabajo en pequeñas explotaciones familiares y la actividad en parajes alejados de los centros urbanos— depende en buena medida del acceso a la energía para sostener y desarrollar sus actividades productivas. Sin electricidad, tecnologías básicas de refrigeración, bombeo de agua, iluminación nocturna y herramientas eléctricas quedan fuera del alcance de las familias del campo.

Arraigo, producción y calidad de vida como ejes del programa

El gobierno provincial definió tres objetivos centrales para Luz Rural: mejorar la calidad de vida de las familias rurales, fortalecer el desarrollo productivo y promover el arraigo en el territorio. Los tres apuntan a un problema estructural del interior chaqueño: la migración campo-ciudad impulsada, entre otros factores, por la ausencia de servicios básicos.

La electrificación rural tiene en el Chaco una historia de demandas históricas insatisfechas. La provincia cuenta con miles de kilómetros de rutas que conectan parajes y colonias donde familias llevan décadas sin acceso a la red eléctrica. Luz Rural apunta a reducir esa brecha de manera sistemática, con financiamiento y ejecución provinciales sin dependencia de fondos nacionales o de organismos de crédito externos.

La iniciativa se suma a otras acciones del gobierno de Zdero en el sector energético rural, como el respaldo a la Cooperativa Gualamba —que presta servicio en Los Frentones, Concepción del Bermejo, Río Muerto y Pampa del Infierno— y los programas de mantenimiento de redes ejecutados desde el Ministerio de Infraestructura en distintos puntos de la provincia.

La conducción de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Charata presentó una nota formal al intendente Rubén Rach reclamando un bono extraordinario de $100.000 para cerrar el mes de abril y la reapertura de las negociaciones paritarias para el segundo semestre. El reclamo se apoya en un desfasaje concreto: en lo que va del año, los sueldos municipales acumularon un aumento del 4%, mientras que la inflación del primer trimestre llegó al 9,4%. La brecha es de más de cinco puntos y el gremio la define sin rodeos: «La inflación ha doblegado ampliamente al intento de mantenimiento del poder adquisitivo».

El secretario general de UOEM Charata, Fabián Alemandi, reconoció que se llegó a un acuerdo en el primer semestre pero fue explícito sobre sus limitaciones. «No cumple con las expectativas frente al contexto económico actual», señaló el dirigente, quien anticipó que el gremio volverá a solicitar una nueva instancia de diálogo cuando comience el segundo semestre.

Por qué el bono y por qué ahora

El pedido de un bono inmediato de $100.000 tiene una justificación precisa: abril fue un mes sin aumentos para los trabajadores municipales de Charata, en un contexto en que los precios de alimentos, servicios básicos y energía eléctrica siguieron subiendo. El gremio plantea el bono como un puente para cerrar el mes antes de que se retome la discusión paritaria formal.

El pedido llega además en la previa del Día del Trabajador, lo que le da al reclamo un peso simbólico adicional. El planteo del gremio municipal de Charata se inscribe en una tendencia que CharataChaco.Net viene documentando: como informamos en la nota de paritarias de abril, los salarios de convenio cayeron hasta 12% en términos reales en el primer trimestre a nivel nacional, y el gremio de Comercio —el más extendido en la ciudad— acumula una baja del 6,7%. La situación de los municipales de Charata replica esa dinámica con datos propios y concretos.

Temas pendientes más allá del salario

La nota presentada al intendente Rach no se limita a la cuestión salarial. El gremio también señaló que aún está pendiente la entrega de indumentaria laboral correspondiente al año 2025, un punto que suma al malestar acumulado en el sector. La combinación de salarios rezagados, sin bono en abril y con deudas en equipamiento configura un cuadro de presión creciente sobre la relación entre la conducción municipal y sus trabajadores.

Por ahora no hubo respuesta oficial del Municipio. La situación abre un nuevo frente de discusión en el ámbito municipal de Charata en un momento en que la presión salarial se siente con más fuerza en todo el interior del país, tal como también reflejan los conflictos que esta semana protagonizan los trabajadores del Correo Argentino y la CGT en el plano nacional.

La Confederación General del Trabajo presentó este lunes una recusación formal contra los dos jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la semana pasada dejaron sin efecto la cautelar que suspendía 82 artículos de la reforma laboral, y exigió la nulidad absoluta del fallo. La central sindical acusa a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González de prejuzgamiento y conflicto de interés, y reservó la facultad de elevar el caso a la Corte Suprema.

«Hace un rato acabamos de recusar a los jueces, tanto a Pesino como a González, por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, publicando en la boletina oficial la extensión de cinco años más para uno de los jueces. La verdad que genera un manto de duda y de sospecha», afirmó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la CGT.

El caso Pesino: el fallo y el beneficio al día siguiente

El argumento más explosivo de la presentación apunta al juez Pesino. La CGT lo recusó por «favorecer la posición de la demandada» —el Estado nacional— y por la existencia de un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que continúe en el cargo más allá de los 75 años, iniciativa publicada en el Boletín Oficial apenas un día después de que firmara el fallo a favor del Gobierno. Para la central sindical, esa secuencia no es coincidencia: sostiene que Pesino recibió un beneficio concreto del Estado en las horas inmediatamente posteriores a haber votado en su favor, lo que compromete objetivamente su imparcialidad.

La CGT sostiene que el fallo fue dictado por jueces «comprendidos en causales legales de recusación», con «ausencia de competencia» y sobre la base de «evidentes y manifiestos errores».

El caso González: prejuzgamiento sobre los trabajadores

A la jueza González se la acusa por una razón diferente pero igualmente grave para la CGT. Pesino y González señalaron, al restablecer la vigencia de la reforma laboral, que no se afectaba a «sectores socialmente vulnerables» y que no se encuentra «comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos». Estas apreciaciones motivaron que la CGT los recusara por prejuzgamiento, al adelantar opinión sobre la cuestión de fondo.

Para la central sindical, afirmar en esta instancia preliminar que los trabajadores en relación de dependencia no son un sector vulnerable equivale a adelantar el criterio sobre el fondo del amparo, algo que los jueces no deberían hacer en una cautelar. La organización sindical expresó su «desazón» frente a que jueces con trayectoria en materia laboral concluyan que no se encuentra comprometida la vida digna ni que los derechos laborales tengan carácter alimentario.

Qué sigue y qué está en juego para los trabajadores

«Con esta sentencia no se termina nada. No se terminó nada con el paro anterior. Y no se va a terminar nada con esta marcha que vamos a hacer el 30 de abril. En la medida de que este gobierno siga con este rumbo, y con este programa económico de agresiones a la vida diaria de los ciudadanos argentinos, vamos a seguir dando la pelea. No estamos dispuestos a resignarnos. Ni a ceder un solo derecho», sostuvo Jerónimo.

Lo que está en disputa es concreto. Los artículos cuestionados afectan aspectos centrales como indemnizaciones, derecho a huelga y condiciones de contratación. Para los trabajadores del Chaco, donde como informó CharataChaco.Net los salarios de convenio perdieron hasta 12% de poder adquisitivo en el primer trimestre de 2026, el resultado de esta batalla judicial tiene impacto directo sobre las condiciones laborales de miles de empleados en relación de dependencia en la provincia.