El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las nacionales a presentar un plan de contingencia para garantizar el dictado de clases, en medio de una semana de paro docente y nodocente que mantiene sin actividad a la mayoría de las casas de estudio del país. En el Chaco, la medida afecta directamente a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ambas adheridas al plan de lucha nacional.

La intimación llega mientras el Gobierno lleva cinco meses incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en noviembre de 2025 y promulgada por el propio Ejecutivo. La norma obliga a actualizar los fondos para salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento y becas, pero la transferencia nunca se realizó.

Capital Humano apunta a rectores y gremios

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que observan «con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica» que se registra en universidades de todo el país. El ministerio pidió a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan recuperar el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que los estudiantes no pierdan la regularidad ni las mesas de examen.

A ese comunicado de Pettovello se sumó una circular del Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que se intima a los rectores a cumplir con el dictado de clases bajo condición de apercibimiento y con advertencia de revisión de los recursos que actualmente se envían a las casas de estudios superiores destinados al sostenimiento pedagógico.

La respuesta universitaria no tardó en llegar. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que con la intimación el Ejecutivo reconoce por primera vez que el derecho a la educación no está garantizado en el país, e insistió en que las universidades permanecen abiertas gracias al esfuerzo de docentes y nodocentes. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, fue más directo: «No pueden intimar porque no conocen la autonomía universitaria», afirmó.

Qué incumple el Gobierno y cuánto le debe al sistema

El plan de lucha acumula cerca de 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente. Las universidades atraviesan un ajuste del 45% de sus fondos, y los docentes y nodocentes acumulan una pérdida salarial equivalente a no haber cobrado siete sueldos en los últimos dos años, con 141 puntos perdidos contra la inflación en 28 meses.

Los gremios nacionales Conadu y Conadu Histórica rechazaron la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026. Desde la Asociación Gremial Docente señalaron que el salario real se encuentra en su mínimo histórico, un 35,6% por debajo de noviembre de 2023, y que para cumplir con la Ley de Financiamiento el incremento debería ser del 55,4%.

Ante la resistencia judicial, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, luego de que la justicia exigiera el cumplimiento inmediato de esos puntos. La estrategia del Ejecutivo combina el frente judicial con gestiones parlamentarias para modificar la norma y reducir el monto que está obligado a transferir.

La UNNE y la UNCAUS, en paro esta semana en el Chaco

La protesta de esta semana afecta a la mayoría de las casas de estudios del país, entre ellas la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la del Chaco Austral (UNCAUS). Ambas instituciones sostienen el plan de lucha nacional que exige la plena aplicación de la ley sancionada por el Congreso.

El sector universitario ya tiene fecha para su próxima demostración de fuerza: el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial, convocaron a una marcha federal para el 12 de mayo bajo el eje del reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Será la cuarta movilización del sector desde que arrancó el conflicto en la actual gestión.

La CGT Chaco se plegará este jueves 30 de abril a la movilización nacional convocada por la Confederación General del Trabajo en la previa del Día del Trabajador. En Resistencia, los gremios de la central obrera saldrán a las calles en rechazo al ajuste económico, a la reforma laboral sancionada en febrero y a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores chaqueños y de todo el país.

La CGT nacional convocó a concentrarse en Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas bajo la consigna «Defender el empleo de calidad». La movilización contará con la participación de gremios como UPCN, UOCRA, Sanidad, Camioneros y Judiciales, entre otros, y se espera la adhesión de movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En el interior del país, las regionales de la central acompañarán con actos y marchas propias, como ocurre en el Chaco.

La reforma laboral y el salario, en el centro del reclamo

La movilización buscará visibilizar el rechazo a las políticas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei, con especial foco en la pérdida del poder adquisitivo y en la reforma laboral. Esa norma, aprobada en el Senado a fines de febrero con 42 votos, introdujo cambios en materia de indemnizaciones, período de prueba y regulación del derecho a huelga. La CGT la impugnó judicialmente desde el primer momento.

El conflicto se agudizó esta semana luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la medida cautelar que suspendía 82 artículos de la norma. El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, calificó la decisión como «aberrante» y anunció que el equipo jurídico de la CGT evalúa la recusación de los magistrados que firmaron el fallo. La situación podría derivar en una intervención de la Corte Suprema para resolver el fondo de la causa.

Jerónimo también apuntó contra la brecha entre salarios e inflación: «El costo de vida es altísimo, los salarios tienen un desajuste terrible, y los acuerdos salariales van por detrás de la inflación», afirmó. En esa línea, adelantó que la CGT trabaja en la elaboración de indicadores propios junto a instituciones académicas.

Un homenaje al papa Francisco en la marcha

La jornada del 30 de abril tendrá también una dimensión simbólica. La CGT llevará adelante una celebración religiosa ecuménica en honor al papa Francisco, cuyo aniversario de muerte fue el 21 de abril. El triunvirato de la central destacó el vínculo del pontífice con «la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales».

La marcha llega en un momento de escalada en la tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional. Jerónimo no descartó profundizar las medidas de fuerza si la situación económica no se revierte. El dirigente advirtió que «el clima social va a cambiar» y que avanzará con la presentación de un informe propio de la CGT sobre inflación y pobreza para contrastar los números oficiales.

Antecedentes en el Chaco: el paro de febrero

La movilización del jueves no es la primera acción sindical de peso en el Chaco en lo que va del año. En febrero, durante el paro general en rechazo a la reforma laboral, el Chaco amaneció sin colectivos, sin atención bancaria presencial y con oficinas públicas cerradas o funcionando con guardias mínimas; tampoco hubo atención completa en el INSSSEP ni operaron con normalidad varios organismos estatales. Aquella jornada mostró la capacidad de adhesión gremial en la provincia y anticipó el clima de conflictividad que se mantiene hasta hoy.

El gobernador Leandro Zdero puso en marcha Luz Rural, un programa integral de electrificación destinado a ampliar el acceso a la energía eléctrica en sectores rurales del Chaco. La iniciativa es ejecutada íntegramente por el Estado provincial a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos, y contempla tanto la provisión de materiales como la ejecución directa de las obras.

En una primera etapa, el programa proyecta beneficiar a más de 500 usuarios rurales mediante la construcción de aproximadamente 349 kilómetros de líneas de media tensión. La inversión supera los $4.500 millones en materiales y alcanza los $6.300 millones al incorporar la mano de obra. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas en materia de infraestructura energética rural que el gobierno provincial haya encarado en los últimos años.

Un programa diseñado desde la demanda territorial

Luz Rural no parte de un criterio burocrático centralizado sino de los requerimientos concretos de los propios usuarios. La Subsecretaría de Energía realizó un relevamiento territorial previo que permitió identificar y priorizar las necesidades de cada comunidad, garantizando una planificación eficiente y con impacto real sobre las familias que históricamente carecieron de este servicio esencial.

La economía rural chaqueña —caracterizada por la producción agropecuaria, el trabajo en pequeñas explotaciones familiares y la actividad en parajes alejados de los centros urbanos— depende en buena medida del acceso a la energía para sostener y desarrollar sus actividades productivas. Sin electricidad, tecnologías básicas de refrigeración, bombeo de agua, iluminación nocturna y herramientas eléctricas quedan fuera del alcance de las familias del campo.

Arraigo, producción y calidad de vida como ejes del programa

El gobierno provincial definió tres objetivos centrales para Luz Rural: mejorar la calidad de vida de las familias rurales, fortalecer el desarrollo productivo y promover el arraigo en el territorio. Los tres apuntan a un problema estructural del interior chaqueño: la migración campo-ciudad impulsada, entre otros factores, por la ausencia de servicios básicos.

La electrificación rural tiene en el Chaco una historia de demandas históricas insatisfechas. La provincia cuenta con miles de kilómetros de rutas que conectan parajes y colonias donde familias llevan décadas sin acceso a la red eléctrica. Luz Rural apunta a reducir esa brecha de manera sistemática, con financiamiento y ejecución provinciales sin dependencia de fondos nacionales o de organismos de crédito externos.

La iniciativa se suma a otras acciones del gobierno de Zdero en el sector energético rural, como el respaldo a la Cooperativa Gualamba —que presta servicio en Los Frentones, Concepción del Bermejo, Río Muerto y Pampa del Infierno— y los programas de mantenimiento de redes ejecutados desde el Ministerio de Infraestructura en distintos puntos de la provincia.