La CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y distintas organizaciones sociales se manifestaron este miércoles frente al Congreso Nacional en apoyo a los jubilados, en la primera protesta contra el Gobierno de Javier Milei tras el receso que impuso el Mundial 2026. La jornada, que combinó la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados con una movilización sindical de mayor alcance, tuvo además cortes de ruta en distintos puntos del país, entre ellos Córdoba, Tucumán, Mar del Plata y Rosario.

Tensión e incidentes en el Puente Pueyrredón

Horas antes del acto central, el foco de tensión se trasladó al Puente Pueyrredón, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde integrantes de organizaciones sociales como el Polo Obrero intentaron cortar el acceso hacia la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por la baja del programa «Volver al Trabajo«. Ante el intento de corte, el Gobierno nacional aplicó el protocolo antipiquete y desplegó un amplio operativo con la Policía Federal, camiones hidrantes y apoyo de Gendarmería, Prefectura y la Policía bonaerense. Los manifestantes quemaron neumáticos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, lo que generó momentos de tensión con las fuerzas de seguridad antes de que las columnas pudieran avanzar hacia el centro porteño.

Un esquema similar se repitió en el Puente Saavedra, del lado de Vicente López, donde la policía también impidió por varias horas el cruce de otro grupo de manifestantes hacia la Capital Federal. Según informó el Ministerio de Seguridad nacional, el operativo en la zona de Avellaneda contó con la presencia de alrededor de 300 agentes de la Policía Federal, sin contar los efectivos de apoyo de otras fuerzas.

El acto frente al Congreso

Pasado el mediodía, las columnas de manifestantes lograron llegar a los alrededores del Congreso, donde se sumaron a la protesta habitual de los jubilados y donde las fuerzas de seguridad mantuvieron un vallado perimetral alrededor de la plaza y del Palacio Legislativo. Además de los gremios y las organizaciones sociales, participó de la movilización el sindicato de Camioneros, en una jornada que marcó el regreso de las protestas callejeras contra el Gobierno nacional tras el paréntesis que impuso la agenda del Mundial 2026.

El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para cobrarles el uso de los hospitales públicos y de las universidades a los ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país. La iniciativa lleva la firma de 18 de los 20 integrantes del bloque de La Libertad Avanza y también la del diputado del PRO Alejandro Rabinovich.

La presentación llegó acompañada de una declaración de fuerte tono del propio Romo, referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo. «Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian», planteó el legislador, y agregó, en un tono desafiante: «Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final».

Qué establece el proyecto

En el terreno sanitario, el texto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones que reciban, ya sea mediante un seguro de salud o a través de un tercero responsable. El proyecto aclara, de todos modos, que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia con riesgo de vida, y que el eventual cobro se tramitará recién después de estabilizar al paciente.

En los fundamentos, Romo sostiene que «los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses», y plantea que sostener hospitales, comprar medicamentos, mejorar edificios y financiar universidades exige una inversión permanente que, a su criterio, no debería recaer sobre quienes están de forma transitoria en el país sin contribuir a su sostenimiento.

Un diputado con antecedentes de fuerte exposición pública

Carlos Agustín Romo Ortega, de 29 años, es diputado provincial por la Séptima Sección Electoral bonaerense y llegó a jefaturar el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja provincial. El legislador ya había protagonizado episodios de tensión en el ámbito universitario: en 2024 fue repudiado y agredido por militantes estudiantiles durante una presentación en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco del conflicto por el veto presidencial al financiamiento universitario.

Los senadores nacionales entraron en receso invernal con una nueva polémica sobre sus dietas. Los trabajadores legislativos acordaron un incremento salarial acumulado del 6,6%, distribuido en tres tramos: 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto. Como consecuencia del mecanismo de actualización automática vigente en la Cámara alta, las dietas de los senadores llegarán a los $12 millones brutos mensuales a partir de agosto.

El incremento se explica por la denominada «ley de enganche», una resolución que el propio Senado aprobó en una polémica sesión de abril de 2024 y que vincula los ingresos de los legisladores con el valor del módulo legislativo, la unidad utilizada para pagar los sueldos del personal del Congreso. Bajo ese esquema, cada senador percibe 4.000 módulos mensuales —2.500 en concepto de dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo—, por lo que cualquier actualización paritaria de los trabajadores legislativos se traslada de manera directa a sus propios ingresos. La situación es distinta en Diputados, donde no rige el enganche y los legisladores mantienen un sueldo bruto de poco más de $6 millones, la mitad de lo que percibirá un senador.

Quiénes rechazan el aumento

Por el momento, no se prevé que el Senado busque derogar la medida de enganche, y la única manera de evitar el incremento es que cada legislador renuncie puntualmente a la suba o done el monto de la actualización. La senadora radical Carolina Losada reiteró su rechazo al aumento y confirmó que presentó una nota ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para renunciar a todas las subas del año: «Mi dieta en mano, con los descuentos, es de 7.190.000 pesos, en todo concepto», precisó.

El bloque de La Libertad Avanza, por su parte, había anunciado que donará el excedente del aumento, aunque otros integrantes del oficialismo reconocen que resulta difícil derogar la resolución de 2024 por falta de mayorías propias y de sus aliados. Entre los casos particulares se destaca el del senador formoseño Francisco Paoltroni, cuya dieta se encuentra embargada en el marco de un conflicto con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán: «Me inventó multas y embargos con la intención de desprestigiarme. No existe el Estado de derecho en Formosa», señaló el legislador.