El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y extiende un régimen de excepción que había sido declarado en diciembre de 2023 y ya prorrogado en dos oportunidades anteriores, mediante los decretos 1023/24 y 370/25.

Los argumentos del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la persistencia de problemas estructurales de infraestructura, financiamiento y abastecimiento en el sector, además de la estrecha dependencia entre el sistema eléctrico y el gas natural. El Gobierno señaló que una interrupción del régimen excepcional podría provocar discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas y mayores riesgos para la continuidad del servicio. También indicó que una parte importante del parque generador presenta un alto grado de antigüedad y que numerosas obras consideradas estratégicas aún no fueron concluidas.

Unificación de plazos con la emergencia del gas

Con esta prórroga, la emergencia eléctrica queda alineada con la vigencia ya dispuesta para los sectores de transporte y distribución de gas natural, que también se extiende hasta fines de 2027. El decreto instruye a los organismos responsables a ajustar la programación y el despacho eléctrico en función de la capacidad de transporte de gas disponible, dada la incidencia directa de ese insumo en la generación térmica de electricidad. Entre las obras prioritarias mencionadas se incluyen la expansión de líneas de alta tensión y la incorporación de sistemas de almacenamiento y servicios de reserva operativa.

Un debate que se reabre

La decisión reabrió el debate sobre el uso prolongado de regímenes de emergencia por parte del Poder Ejecutivo. Mientras el Gobierno sostiene que la medida es indispensable para garantizar el abastecimiento energético, distintos sectores cuestionan que, a casi cuatro años de gestión, continúe apelándose a facultades excepcionales para administrar uno de los servicios públicos más sensibles del país. Fuentes del sector habían señalado días atrás que la intención oficial es que esta sea una de las últimas prórrogas, en la medida en que las principales obras licitadas comiencen a entrar en funcionamiento durante 2027.

La prórroga también coincide con la continuidad del proceso de actualización tarifaria y de reducción de subsidios energéticos, medidas que impactan de manera directa sobre usuarios residenciales, comercios e industrias en todo el país.

El presidente Javier Milei encabeza este lunes desde las 15 horas una reunión con los diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, con el objetivo de detallarles los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) antes de su envío al Congreso. Del encuentro participan también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de otros referentes del espacio oficialista.

Los cinco ejes de la reforma

Según explicó el propio Milei en declaraciones radiales previas al encuentro, la iniciativa contempla cinco puntos centrales. El primero establece que el BCRA tenga como único mandato preservar el valor de la moneda, en reemplazo de los cinco objetivos que rigen actualmente al organismo. El segundo apunta a la prohibición total y absoluta de que la entidad financie al fisco, tanto de manera directa como indirecta. Los otros tres ejes buscan reforzar la gobernanza del Banco Central, dificultando la remoción de su presidente y directorio; impedir la distribución de dividendos por utilidades consideradas ficticias; y eliminar las letras intransferibles del organismo.

Una reforma que revierte cambios de 2012

El proyecto oficial busca revertir los lineamientos de la última modificación a la Carta Orgánica, sancionada en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había ampliado las facultades del Banco Central para asistir financieramente al Tesoro y habilitado un mayor uso de las reservas internacionales. La iniciativa es elaborada por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Apoyo del FMI y camino legislativo incierto

La propuesta de reforma cuenta además con el respaldo del Fondo Monetario Internacional. La directora de comunicación del organismo, Julie Kozack, señaló en una conferencia de prensa que la reforma «reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria» del Banco Central, además de clarificar su mandato y mejorar la transparencia.

Por el momento, el Gobierno no definió si el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados o por el Senado, aunque en el oficialismo trascendió que sería la Cámara baja debido a la sobrecarga de temas en el Senado. Tampoco se precisó una fecha exacta de ingreso, aunque el Ejecutivo prevé remitirlo al Congreso antes de que termine julio, en medio del receso invernal legislativo que se extiende del 20 al 31 de ese mes.

El Tribunal Oral Federal 4 dio a conocer este lunes el veredicto del caso Skanska, considerado uno de los primeros grandes escándalos de corrupción que golpeó al kirchnerismo. La causa investiga el presunto pago de coimas para beneficiar a la firma sueca Skanska con los contratos de ampliación de los gasoductos del norte y del sur, adjudicados entre 2004 y 2006.

Un expediente que lleva 22 años

La denuncia original se remonta a 2006, cuando el entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez alertó sobre irregularidades en el proyecto de ampliación de gas. La investigación quedó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, y estuvo cerca de archivarse hasta que la Corte Suprema validó un audio clave, en el que un directivo de Skanska reconocía ante un auditor de la empresa el pago de sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas.

Quiénes llegaron a juicio y qué pena pidió la fiscalía

En el banquillo de los acusados llegaron una treintena de exfuncionarios, empresarios y financistas, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, señalados por la fiscalía como los máximos responsables de la maniobra. Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset pidieron 5 años de prisión para De Vido, López y el exgerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, por administración fraudulenta y cohecho, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Para ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, la fiscalía solicitó 4 años y 6 meses de prisión por cohecho activo, mientras que para los responsables de la firma Infinity Group pidió 4 años. En cambio, para otros 17 imputados los fiscales requirieron la absolución, al considerar que no se había acreditado su responsabilidad en los hechos. Las defensas de los acusados, por su parte, pidieron la absolución para la totalidad de los procesados a lo largo del juicio oral.

El historial judicial de De Vido

De Vido llegó a esta instancia con al menos cuatro condenas previas en distintas causas, entre ellas la única con sentencia firme de la Corte Suprema, por la Tragedia de Once. El exministro siguió las últimas audiencias del juicio de forma remota desde su domicilio de Zárate, donde cumple arresto domiciliario.