El amparo de la CGT a la reforma laboral recibió el rechazo judicial ya que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó este miércoles 11 de marzo el pedido que la Confederación General del Trabajo (CGT) había solicitado para suspender de manera inmediata la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, así como el convenio de transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo fue firmado por el juez Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que en 2024 había rechazado dos amparos contra el DNU 70/2023. La central obrera confirmó que continuará el reclamo judicial y analiza los pasos procesales que siguen.

Qué pedía el amparo de la CGT contra reforma laboral que recibió el rechazo judicial

La CGT presentó el amparo el 6 de marzo de 2026, el mismo día en que la ley 27.802 fue publicada en el Boletín Oficial tras su promulgación mediante el decreto 137/2026. En el escrito, firmado por los tres cosecretarios generales —Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo—, la central solicitó una medida cautelar innovativa para detener la puesta en marcha de los artículos cuestionados, que habilitan el cierre de 30 juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, e inician el proceso de traspaso del fuero laboral a la justicia porteña.

Lavié Pico rechazó la cautelar con un argumento técnico preciso: lo que la CGT pedía como medida precautoria coincide en la práctica con el objeto central del amparo, lo cual desnaturaliza el instituto cautelar al otorgar de forma anticipada lo que debe resolverse en la sentencia definitiva. El magistrado precisó además que el proceso de amparo —por su carácter sumarísimo— garantiza una decisión sobre el fondo del asunto en tiempo breve, por lo que no se configura el daño irreparable que justificaría una suspensión urgente. Tampoco encontró acreditado el peligro en la demora que las medidas cautelares de naturaleza innovativa exigen como requisito de procedencia.

El juzgado libró al mismo tiempo un oficio al Estado Nacional para que en un plazo de cinco días presente su descargo y ofrezca la totalidad de las pruebas que considere necesarias para defender la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.

La estrategia sindical y lo que viene

El amparo de la CGT contra la reforma laboral que recibió el rechazo judicial no clausura el proceso. El pedido principal —que plantea la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91— sigue su curso y el juez deberá pronunciarse sobre el fondo una vez completada la etapa probatoria. La CGT había dejado además planteado el caso federal desde el momento de la presentación inicial, lo que le abre la vía para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el amparo es rechazado en las instancias inferiores.

Desde la conducción de la central obrera indicaron que están definiendo los pasos que seguirán en materia judicial, pero ratificaron que la apuesta por la vía procesal se mantiene. La CGT había anticipado también una estrategia de doble vía: presentaciones tanto en el fuero contencioso administrativo como en el fuero laboral, para maximizar las chances de obtener alguna resolución favorable antes de que la aplicación de la ley consolide cambios de difícil reversión.

El antecedente que el sindicalismo tiene presente es el de diciembre de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente al amparo contra el capítulo laboral del DNU 70 y declaró la invalidez de varios de sus artículos. Esa resolución fue, en su momento, el principal instrumento de frenado judicial que obtuvo la central obrera. Esta vez el escenario es distinto: la reforma llegó por ley del Congreso y no por decreto de necesidad y urgencia, lo que en principio le otorga mayor respaldo de legitimidad formal, aunque los argumentos constitucionales que plantea la CGT apuntan a cuestionar aspectos sustantivos de la norma, no solo su forma de sanción.

Qué cambia la ley y por qué el fuero laboral es el punto más caliente

La Ley 27.802 introduce modificaciones de amplio alcance sobre la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el régimen de convenios colectivos y los servicios mínimos durante conflictos gremiales. Establece también el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permite el pago de indemnizaciones por despido en cuotas, financiado con aportes de los propios trabajadores. La CGT cuestionó ese punto con particular dureza, al señalar que implica que los asalariados costean sus propios despidos y que el esquema desfinancia el sistema de seguridad social.

Pero el capítulo que generó mayor resistencia judicial y sindical es el del traspaso del fuero laboral. Los artículos 90 y 91 de la ley instrumentan el acuerdo firmado el 9 de febrero entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —encabezado por Jorge Macri— para transferir la competencia en materia de conflictos laborales de la justicia nacional a la justicia porteña. Para la CGT, ese traspaso vulnera derechos de los trabajadores porque la justicia laboral nacional fue históricamente el ámbito de tutela de esos derechos, y su desaparición —o su radicación en un fuero dependiente de una administración del PRO— altera ese equilibrio de manera estructural.

En el escrito judicial, la central agregó que el jefe de Gabinete solo tenía facultades delegadas para negociar la transferencia de competencias, pero no para acordar la disolución de tribunales. Esa distinción es la que el amparo pone en el centro del debate constitucional que el juez Lavié Pico deberá resolver en la sentencia definitiva.

La mirada desde el interior: lo que está en juego para los trabajadores de las provincias

Desde las provincias del norte argentino, el debate sobre la reforma laboral y su impacto en el fuero del trabajo tiene una dimensión particular que los grandes medios porteños suelen pasar por alto. Los trabajadores chaqueños, formoseños o santiagueños que inician una causa laboral en Buenos Aires —porque sus empleadores tienen sede allí o porque el conflicto se originó en ese ámbito— dependen de la Justicia Nacional del Trabajo para hacer valer sus derechos. Si ese fuero se fragmenta o se transfiere a una jurisdicción con reglas distintas, el impacto no es neutro para los asalariados del interior.

A eso se suma que muchos de los cambios que introduce la ley 27.802 afectan de manera directa los sectores donde el empleo informal es más alto y la capacidad sindical de resistencia más débil: el trabajo rural, el empleo doméstico, los trabajadores de la economía popular. En el Chaco, donde la tasa de informalidad laboral supera el 40 por ciento según datos del INDEC, la discusión sobre qué derechos se mantienen, cuáles se modifican y qué instancia judicial los garantiza no es un debate abstracto: es parte de la vida cotidiana de miles de familias que dependen de un salario y de la posibilidad de reclamarlo cuando se lo vulneran.

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