Política
La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral y el proceso continúa por el fondo
La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral. El juez Lavié Pico desestimó suspender los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802.

El amparo de la CGT a la reforma laboral recibió el rechazo judicial ya que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó este miércoles 11 de marzo el pedido que la Confederación General del Trabajo (CGT) había solicitado para suspender de manera inmediata la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, así como el convenio de transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo fue firmado por el juez Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que en 2024 había rechazado dos amparos contra el DNU 70/2023. La central obrera confirmó que continuará el reclamo judicial y analiza los pasos procesales que siguen.
Qué pedía el amparo de la CGT contra reforma laboral que recibió el rechazo judicial
La CGT presentó el amparo el 6 de marzo de 2026, el mismo día en que la ley 27.802 fue publicada en el Boletín Oficial tras su promulgación mediante el decreto 137/2026. En el escrito, firmado por los tres cosecretarios generales —Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo—, la central solicitó una medida cautelar innovativa para detener la puesta en marcha de los artículos cuestionados, que habilitan el cierre de 30 juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, e inician el proceso de traspaso del fuero laboral a la justicia porteña.
Lavié Pico rechazó la cautelar con un argumento técnico preciso: lo que la CGT pedía como medida precautoria coincide en la práctica con el objeto central del amparo, lo cual desnaturaliza el instituto cautelar al otorgar de forma anticipada lo que debe resolverse en la sentencia definitiva. El magistrado precisó además que el proceso de amparo —por su carácter sumarísimo— garantiza una decisión sobre el fondo del asunto en tiempo breve, por lo que no se configura el daño irreparable que justificaría una suspensión urgente. Tampoco encontró acreditado el peligro en la demora que las medidas cautelares de naturaleza innovativa exigen como requisito de procedencia.
El juzgado libró al mismo tiempo un oficio al Estado Nacional para que en un plazo de cinco días presente su descargo y ofrezca la totalidad de las pruebas que considere necesarias para defender la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.
La estrategia sindical y lo que viene
El amparo de la CGT contra la reforma laboral que recibió el rechazo judicial no clausura el proceso. El pedido principal —que plantea la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91— sigue su curso y el juez deberá pronunciarse sobre el fondo una vez completada la etapa probatoria. La CGT había dejado además planteado el caso federal desde el momento de la presentación inicial, lo que le abre la vía para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el amparo es rechazado en las instancias inferiores.
Desde la conducción de la central obrera indicaron que están definiendo los pasos que seguirán en materia judicial, pero ratificaron que la apuesta por la vía procesal se mantiene. La CGT había anticipado también una estrategia de doble vía: presentaciones tanto en el fuero contencioso administrativo como en el fuero laboral, para maximizar las chances de obtener alguna resolución favorable antes de que la aplicación de la ley consolide cambios de difícil reversión.
El antecedente que el sindicalismo tiene presente es el de diciembre de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente al amparo contra el capítulo laboral del DNU 70 y declaró la invalidez de varios de sus artículos. Esa resolución fue, en su momento, el principal instrumento de frenado judicial que obtuvo la central obrera. Esta vez el escenario es distinto: la reforma llegó por ley del Congreso y no por decreto de necesidad y urgencia, lo que en principio le otorga mayor respaldo de legitimidad formal, aunque los argumentos constitucionales que plantea la CGT apuntan a cuestionar aspectos sustantivos de la norma, no solo su forma de sanción.
Qué cambia la ley y por qué el fuero laboral es el punto más caliente
La Ley 27.802 introduce modificaciones de amplio alcance sobre la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el régimen de convenios colectivos y los servicios mínimos durante conflictos gremiales. Establece también el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permite el pago de indemnizaciones por despido en cuotas, financiado con aportes de los propios trabajadores. La CGT cuestionó ese punto con particular dureza, al señalar que implica que los asalariados costean sus propios despidos y que el esquema desfinancia el sistema de seguridad social.
Pero el capítulo que generó mayor resistencia judicial y sindical es el del traspaso del fuero laboral. Los artículos 90 y 91 de la ley instrumentan el acuerdo firmado el 9 de febrero entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —encabezado por Jorge Macri— para transferir la competencia en materia de conflictos laborales de la justicia nacional a la justicia porteña. Para la CGT, ese traspaso vulnera derechos de los trabajadores porque la justicia laboral nacional fue históricamente el ámbito de tutela de esos derechos, y su desaparición —o su radicación en un fuero dependiente de una administración del PRO— altera ese equilibrio de manera estructural.
En el escrito judicial, la central agregó que el jefe de Gabinete solo tenía facultades delegadas para negociar la transferencia de competencias, pero no para acordar la disolución de tribunales. Esa distinción es la que el amparo pone en el centro del debate constitucional que el juez Lavié Pico deberá resolver en la sentencia definitiva.
La mirada desde el interior: lo que está en juego para los trabajadores de las provincias
Desde las provincias del norte argentino, el debate sobre la reforma laboral y su impacto en el fuero del trabajo tiene una dimensión particular que los grandes medios porteños suelen pasar por alto. Los trabajadores chaqueños, formoseños o santiagueños que inician una causa laboral en Buenos Aires —porque sus empleadores tienen sede allí o porque el conflicto se originó en ese ámbito— dependen de la Justicia Nacional del Trabajo para hacer valer sus derechos. Si ese fuero se fragmenta o se transfiere a una jurisdicción con reglas distintas, el impacto no es neutro para los asalariados del interior.
A eso se suma que muchos de los cambios que introduce la ley 27.802 afectan de manera directa los sectores donde el empleo informal es más alto y la capacidad sindical de resistencia más débil: el trabajo rural, el empleo doméstico, los trabajadores de la economía popular. En el Chaco, donde la tasa de informalidad laboral supera el 40 por ciento según datos del INDEC, la discusión sobre qué derechos se mantienen, cuáles se modifican y qué instancia judicial los garantiza no es un debate abstracto: es parte de la vida cotidiana de miles de familias que dependen de un salario y de la posibilidad de reclamarlo cuando se lo vulneran.
Política
Gisela Doffi asumirá este viernes al frente del comité radical de Charata
La exsecretaria de gobierno municipal encabezará este viernes, a las 20:30, el acto de asunción en la sede partidaria, con la presencia de autoridades provinciales.

Este viernes, a las 20:30, Gisela Doffi asumirá como nueva presidenta del Comité Circuito de la Unión Cívica Radical de Charata, en un acto que se realizará en la sede partidaria y contará con la presencia de autoridades provinciales.
En diálogo con CharataChaco.Net, la exsecretaria de gobierno municipal repasó cómo surgió la propuesta. «Rubén y el equipo me propusieron que me hiciera cargo de la nueva dirigencia del partido, la nueva comisión, quedando a la cabeza como presidenta», señaló Doffi, en referencia al intendente Rubén Rach. Reconoció que en un primer momento dudó: había dejado la función pública apenas un par de meses atrás, «cansada y un poco desgastada de un montón de cuestiones». Pero, tras pensarlo unos días, decidió aceptar. «Siempre fui de la idea de que desde afuera no se cambia nada, que no se logra transformar nada desde la comodidad del hogar», explicó.
«No pretendo vender espejitos de colores»
Doffi remarcó su respaldo al espacio que hoy conduce tanto a nivel local como provincial: «Es la gente por la que yo trabajé, es la gente a la que aposté y a la que sigo apostando, porque sigo sosteniendo que es lo mejor que le pudo haber pasado a la provincia del Chaco y a la localidad de Charata». Al mismo tiempo, planteó que buena parte de su rol pasará por el diagnóstico honesto de la situación actual. «Si hay algo que me caracteriza como radical es que soy objetiva, no pretendo vender espejitos de colores, las cosas hay que decirlas como son. Después, cómo la gente se lo tome ya no es algo que uno pueda manejar», sostuvo. «Estamos mal, pero sé que vamos por buen camino, estoy convencida de eso», agregó.
Contener a la militancia y un comité de puertas abiertas
Sobre los objetivos de su gestión al frente del comité, Doffi puso el foco en tareas que, según dijo, quedaron relegadas en las últimas conducciones: contener a la militancia, mantener un diálogo fluido con el gobierno local y organizar reuniones con el gabinete municipal para informar a los más cercanos sobre la realidad de cada situación. En ese sentido, planteó una autocrítica hacia el rol del propio espacio frente a la oposición: «La oposición que tenemos hoy tiene acceso a la información y hace un trabajo espectacular, hay que decirlo, y depende de nosotros aclarar esas cuestiones como corresponde», afirmó, y remarcó que el oficialismo cuenta con «los documentos» y «las pruebas» para responder, algo que durante la gestión no siempre hay tiempo de hacer.
De cara a la nueva etapa, Doffi convocó tanto a los históricos del radicalismo local como a quienes quieran sumarse por primera vez: «La idea es que los viejos que hicieron grande la Unión Cívica Radical vuelvan a ser parte de esta nueva generación, y también sumar a todos los que quieran aportar. Todos tenemos algo para aportar a la construcción colectiva», cerró.
Política
Funes a Pérez Pons: «Los que hicieron millonarios a los piqueteros dan lecciones de gestión»
Sergio Fúnes acusó al legislador opositor de tener una postura «oportunista y con poca memoria» sobre la gestión de Zdero

El secretario general de la Unión Cívica Radical del Chaco, Sergio Fúnes, salió al cruce de las declaraciones del diputado provincial Santiago Pérez Pons sobre los aumentos salariales para los docentes chaqueños, que este medio había reflejado horas antes, y lo acusó de tener una postura que calificó como «oportunista y con poca memoria».
«Dieciséis años de un gobierno que dejó al Chaco devastado»
Fúnes sostuvo que «resulta inadmisible que quienes fueron protagonistas de 16 años de un gobierno que dejó al Chaco devastado en lo económico, financiero e institucional hoy pretendan confundir a la sociedad con discursos oportunistas», en referencia directa a los cuestionamientos realizados por el legislador opositor, que había sido ministro de Economía durante la gestión de Jorge Capitanich. El dirigente radical destacó en ese marco la gestión del gobernador Leandro Zdero y afirmó que la actual administración trabaja para revertir las consecuencias de la situación heredada, ordenar las cuentas públicas, recuperar la transparencia y brindar mayor previsibilidad a la provincia.
«Hicieron millonarios a los piqueteros»
El titular de la UCR chaqueña cuestionó además que dirigentes que formaron parte de gestiones anteriores realicen ahora críticas sobre la administración provincial. «Los que gobernaron el Chaco durante 16 años y dejaron la provincia con una deuda superior a los 250 millones de dólares, obras millonarias impagas, un profundo déficit fiscal y servicios esenciales en crisis, y además hicieron millonarios a sus socios políticos, los piqueteros, hoy pretenden dar lecciones de administración», expresó Fúnes. Según su relato, esa situación representa la «pesada herencia» que recibió Zdero y que, según afirmó, comenzó a revertirse mediante el ordenamiento de las cuentas públicas, el equilibrio financiero y una gestión responsable de los recursos del Estado.
«Mientras algunos intentan reescribir el pasado»
Para cerrar, el dirigente radical apuntó nuevamente contra Pérez Pons y sostuvo que el diputado «omite las consecuencias de la gestión de su propio espacio político». Fúnes concluyó que «mientras algunos intentan reescribir el pasado, el Gobierno provincial sigue trabajando para reconstruir el Chaco, con transparencia, responsabilidad y previsibilidad para todos los chaqueños».
Política
Hasta dónde llega la pérdida del salario de los profesionales de salud en el Chaco según APTASCH
La asociación gremial asegura que los ingresos de los trabajadores sanitarios arrastran un derrumbe del 38,2% respecto a marzo de 2023.

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) rechazó el nuevo esquema salarial dispuesto por el Ejecutivo provincial. Desde la entidad consideran que la medida oficial no alcanza para frenar la licuación de los ingresos en el sector sanitario y cuestionaron la falta de convocatoria a paritarias para discutir la economía de los agentes públicos.
El gremio de la salud expuso que el poder de compra de los salarios acumula un retroceso marcado
Según el relevamiento de la entidad, el salario real en Chaco correspondiente a junio de 2026 se posicionó un 38,2% por debajo de los registros de marzo de 2023. La tendencia a la baja persiste en las comparaciones más cercanas: la pérdida se ubica en un 25,9% respecto de diciembre de 2024 y un 21,1% frente a junio de 2025.
Desde APTASCH señalaron que estos números exponen la realidad cotidiana de miles de agentes que enfrentan un costo de vida en ascenso y una mayor demanda en los hospitales estatales. Las proyecciones de la asociación advierten que, incluso con las subas que decretó la gestión provincial, el salario real de este año terminará con un saldo negativo cercano al 11%, lo que profundizará la baja del 17,6% reportada en el período de 2025.
La conducción sindical lamentó que la administración provincial opte por decisiones de carácter unilateral.
Explicaron que la recomposición de los ingresos en el área de salud pública requiere un ámbito de negociación colectiva genuino, donde se pongan sobre la mesa las urgencias de los profesionales y la situación de los contratados precarizados que sostienen la atención diaria.
Ante este panorama, la entidad gremial exigió formalmente la convocatoria urgente a una mesa de discusión salarial con las autoridades sanitarias y de Hacienda. El objetivo de los representantes de los trabajadores es consensuar una pauta de actualización que compense de manera efectiva el deterioro acumulado y devuelva previsibilidad a la política salarial del sector.
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