El Gobierno nacional activó el protocolo antipiquetes para el operativo de seguridad que desplegará este miércoles 30 de abril durante la marcha de la CGT a Plaza de Mayo. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que el esquema será el mismo que se aplicó en movilizaciones anteriores: recortes para encapsular columnas, control en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y un dispositivo conjunto que incluye a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el Chaco, la CGT provincial se movilizará en paralelo en Resistencia, como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la convocatoria de la central obrera chaqueña para el 30 de abril.

Monteoliva minimizó el peso político de la convocatoria y aclaró que el operativo no tiene características excepcionales. «Se aplica el protocolo, como siempre. Es el mismo equipo», afirmó la ministra, al tiempo que precisó que se evaluará la cantidad de manifestantes y los movimientos de los distintos grupos para diagramar el despliegue. «El orden público no se negocia», remarcó, en línea con la política de seguridad que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión.

Qué establece el protocolo antipiquetes y cómo se aplica

El protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación, impulsado originalmente por Patricia Bullrich, habilita la intervención de fuerzas federales cuando las protestas impliquen interrupciones en la circulación de personas o medios de transporte. Los efectivos pueden actuar sin orden judicial previa en caso de cortes de calles o accesos, aunque no pueden portar armas letales durante los procedimientos. El Comando Unificado Federal (CUF) coordina el monitoreo y seguimiento durante toda la jornada.

Para la marcha del 30 de abril, el dispositivo contempla controles en los accesos a la Ciudad, un sistema de vallado en las inmediaciones de Plaza de Mayo, desvíos de tránsito programados y la inspección de los micros que trasladen manifestantes desde el interior del país. Este último punto generó roces en marchas anteriores: durante la movilización del 11 de febrero contra la reforma laboral, la CGT repudió públicamente el accionar de la Gendarmería, que detuvo micros en los accesos e impidió el traslado de miles de trabajadores hacia la concentración.

El antecedente de febrero: incidentes y detenidos

La marcha del 11 de febrero al Congreso, convocada en rechazo al tratamiento de la reforma laboral, dejó un saldo de al menos 37 detenidos y 10 heridos, entre ellos tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Policía Federal con traumatismo de cráneo. Los incidentes se desataron cuando manifestantes intentaron derribar las vallas perimetrales del Congreso y la Policía respondió con gas pimienta y carros hidrantes. La ministra Monteoliva calificó en ese momento el operativo como un éxito en términos de orden público; desde la CGT y los movimientos sociales lo denunciaron como una criminalización de la protesta.

Aquel antecedente pesa sobre el operativo de este miércoles. La diferencia clave es el escenario: en febrero la marcha fue al Congreso durante un debate parlamentario en curso; el 30 de abril la concentración es en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, con un formato que la CGT planteó como movilización y celebración simultáneas, incluyendo un acto ecuménico en homenaje al papa Francisco.

Qué espera el Gobierno de la marcha

Desde la Casa Rosada relativizaron el impacto de la convocatoria. Fuentes oficiales consideran que la movilización «tendrá cero influencia» sobre la agenda del Gobierno y descartaron cualquier tipo de negociación con la central obrera como resultado de la jornada. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió en los días previos que si el Gobierno no abre el diálogo tras la marcha del 30 de abril, la central avanzará con un paro general de 24 horas en mayo. Esa amenaza marca el clima político con el que arranca la semana del Día del Trabajador.

El exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) en Comodoro Py y negó haber recibido sobornos en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. En su declaración, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el esquema de pagos ilegales que investiga la Justicia desde 2018 y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jaime habló durante más de una hora pero anticipó al inicio que no respondería preguntas de los jueces ni de la fiscal Fabiana León, al argumentar que no dispone de «total acceso» al expediente, una estrategia que siguieron la mayoría de los imputados en audiencias previas.

El exfuncionario llegó a Comodoro Py desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once. El Tribunal había rechazado previamente su pedido de declarar por videoconferencia desde la cárcel.

Cómo armó su defensa: extorsión, fotocopias y un pedido de careo

El eje central de la defensa de Jaime fue cuestionar la legitimidad de los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores. En particular apuntó contra Aldo Roggio, quien confesó haber pagado mensualmente el 5% de los subsidios recibidos por la explotación de Metrovías, y contra Gabriel Romero, quien declaró haber abonado 600.000 dólares a cambio de un decreto que prorrogara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, señalando a Jaime como interlocutor de esa operación.

Según el exfuncionario, esas acusaciones fueron realizadas «bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción» y calificó los aportes de los colaboradores como «falsedades totales». Negó haber recibido a Roggio en su despacho y afirmó que nunca se reunió con él. También solicitó un careo con los empresarios para confrontar versiones ante el tribunal, aunque no trascendió si el pedido fue admitido.

Sobre las pruebas documentales, Jaime restó validez a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, uno de los pilares de la causa, al referirse a ellas como «fotocopias del señor Centeno» y sostener que ese material no tiene la solidez probatoria suficiente. Señaló que el único hecho que aparecería en esas anotaciones vinculado a su persona sería un pago del año 2010 relacionado con la Hidrovía, y lo formuló en potencial: «figuraría», recalcó dos veces.

Al concluir su declaración, Jaime planteó razones de salud —padece un carcinoma— y solicitó al tribunal ser trasladado a una cárcel en la provincia de Córdoba para estar cerca de su familia, además de reiterar su pedido de prisión domiciliaria por edad y enfermedades.

Schiavi siguió la misma línea

En la misma jornada declaró Juan Pablo Schiavi, quien ocupó la Secretaría de Transporte entre 2009 y 2012 como sucesor de Jaime. Siguió una línea defensiva idéntica: negó haber actuado como recaudador, cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos originales y calificó las anotaciones de Centeno como «fotocopias inválidas». También rechazó los testimonios de empresarios que lo señalaron como recaudador de retornos vinculados a subsidios estatales, sosteniendo que esas declaraciones fueron obtenidas bajo presión.

Schiavi fue condenado en 2015 por administración fraudulenta y estrago culposo en el marco de la tragedia de Once, con una pena que luego fue reducida. Obtuvo la libertad condicional en 2021 tras permanecer detenido en Ezeiza.

El jueves declara José López

El juicio oral por la causa Cuadernos continúa esta semana. El jueves 30 de abril le tocará el turno a José López, exsecretario de Obras Públicas, quien declarará en calidad de imputado colaborador. A diferencia de Jaime y Schiavi, López confesó ante la Justicia el funcionamiento interno del esquema de recaudación ilegal y señaló directamente a los niveles más altos de la jerarquía gubernamental como organizadores del sistema. Su figura quedó marcada en la memoria pública en 2016, cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en efectivo.

La Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) y la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña alcanzaron un acuerdo que puso fin al proceso judicial que los enfrentaba desde febrero de este año. En el marco de ese entendimiento, la Justicia dispuso la restitución de los fondos que se encontraban afectados por medidas cautelares, dando por cerrado el litigio. La institución informó el resultado mediante un comunicado oficial en el que destacó el diálogo institucional como vía de resolución del conflicto.

El acuerdo llega dos meses después de que el Juzgado Correccional de Sáenz Peña ordenara un embargo preventivo por $1.890.691.105,07 contra la entidad bursátil, en el marco de una acción de amparo promovida por la gestión del intendente Bruno Cipolini. La medida fue dictada por el juez Carlos Augusto De Césare mediante la Resolución N° 15 del 25 de febrero de 2026.

El origen del conflicto: inversiones en el segmento no garantizado

El litigio tuvo su origen en la denuncia municipal que sostenía que la Bolsa de Comercio del Chaco, en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación inscripto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), había invertido fondos públicos en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores (MAV) sin contar con instrucción ni autorización expresa del Municipio. La cuenta operaba bajo el perfil «Inversor Conservador», y la demanda alegaba que la modificación de ese perfil había derivado en la adquisición de cheques de pago diferido que luego no pudieron cobrarse, generando un perjuicio millonario para las arcas municipales.

Para conceder el embargo, el juez De Césare tuvo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado —la existencia de una relación operativa entre las partes desde 2019, la modificación del perfil de cuenta y las inversiones incompatibles con el carácter conservador pactado— y el peligro en la demora, asociado a la existencia paralela de causas penales e investigaciones de la CNV y del Tribunal de Cuentas provincial. El oficio fue librado al Banco Central para localizar y retener activos de la entidad en todo el país.

La Bolsa acató la medida y depositó los fondos a disposición del juzgado incluso antes de recibir formalmente el oficio judicial, aunque calificó la resolución como «infundada, arbitraria e injusta» y anticipó que la recurriría por las vías procesales correspondientes. En paralelo, el gerente general de la entidad, Julio Barrios Cima, compareció ante la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo del fiscal Patricio Sabadini y solicitó continuar en libertad durante el proceso, negando irregularidades en las operatorias cuestionadas.

Qué dijo la Bolsa al cerrar el litigio

En el comunicado con el que informó el cierre del proceso judicial, la BCCH sostuvo que el resultado «constituye un paso significativo en la resolución de una situación que, durante su desarrollo, dio lugar a interpretaciones erróneas respecto a operatorias financieras específicas». La institución destacó que el acuerdo «no solo resguarda los recursos de la entidad, sino que también reafirma su accionar en el marco de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes».

La entidad también señaló que la resolución del litigio le permitirá concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento del mercado de capitales local y regional, promoviendo condiciones de previsibilidad y confianza para todos los actores involucrados. La causa penal vinculada a las operatorias —que incluyó allanamientos en el municipio y en la sede de la Bolsa a comienzos de marzo— sigue su trámite por separado, bajo la órbita federal.