El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Qué conductas alcanza el decreto

La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que regula las causales para rechazar el ingreso de extranjeros al país, y otro al artículo 62, que habilita la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de esta modificación, las autoridades podrán impedir el ingreso o disponer la expulsión de personas que hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad, así como de quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje a los símbolos patrios. El propio texto del decreto aclara que en ningún caso podrán encuadrarse dentro de esta causal las expresiones de disenso ideológico ni las críticas de carácter político, académico o ciudadano que constituyan un legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

El contexto: una «campaña antiargentina»

Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la decisión responde al incremento de expresiones de hostilidad contra el país, en un contexto marcado por críticas de figuras públicas extranjeras contra la Selección Argentina y el país tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. «La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», expresó Milei en el texto oficial. Para sostener el fundamento legal de la medida, el Gobierno citó el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a prohibir por ley toda apología del odio nacional que constituya incitación a la violencia, y la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios.

Un antecedente que podría anticipar cuestionamientos judiciales

Antes de disponer una expulsión, las autoridades migratorias deberán evaluar las circunstancias fácticas y personales de cada caso, según establece el nuevo texto del artículo 63. Este no es el primer DNU del Gobierno que modifica la Ley de Migraciones: en junio, la Cámara Nacional Electoral había declarado la nulidad de otro decreto migratorio, el 366/2025, al considerar que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades constitucionales al modificar por decreto —y no por ley del Congreso— el régimen de otorgamiento de la ciudadanía argentina.

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, en la que solicitó tres medidas cautelares urgentes vinculadas a su condena en la Causa Vialidad. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego detallaron los ejes del reclamo durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en un hotel de Buenos Aires.

Las tres medidas cautelares solicitadas

Según explicaron los letrados, la primera cautelar pide la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta, hasta que se resuelva una revisión de fondo sobre la condena. La segunda apunta a modificar las condiciones de su prisión domiciliaria: entre los pedidos puntuales figuran el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones a las visitas, el acceso al aire libre y un tratamiento igualitario respecto de otras personas bajo el mismo régimen. La tercera cautelar solicita la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, de la que los abogados sostuvieron que es «imposible que funcione con tres miembros».

El argumento de la «proscripción»

En la presentación, la defensa denunció que el Estado argentino habría vulnerado garantías durante el proceso judicial conocido como Causa Vialidad, y sostuvo que el juicio tuvo como finalidad la proscripción electoral de la exvicepresidenta, calificando su inhabilitación perpetua como una restricción indebida de sus derechos políticos. Kirchner, por su parte, había señalado que el fallo recae sobre «la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina» y planteó que el proceso estuvo cruzado por arbitrariedades.

Un antecedente firme y un organismo sin poder vinculante

Vale recordar que la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2025, tras el rechazo del recurso extraordinario presentado por la defensa, lo que dejó agotada la vía judicial interna. El abogado Carlos Beraldi explicó que ese agotamiento de instancias nacionales es lo que habilita ahora la discusión del caso en el ámbito internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes y sus pronunciamientos no son vinculantes para los Estados, aunque suelen tener impacto político e institucional y ser invocados como antecedentes en otros casos. Según adelantó Borrego, es «posible» que la definición sobre la cautelar de la inhabilitación llegue en octubre de este año.

En el marco de las iniciativas económicas previstas para la segunda mitad del año, el presidente Javier Milei presentará en un mensaje transmitido por cadena nacional el proyecto oficial de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, elaborada en conjunto por el equipo económico y los ministerios de Economía y Desregulación, busca reestructurar los objetivos institucionales de la autoridad monetaria.

El proyecto será remitido al Congreso de la Nación para su debate parlamentario tras el receso de invierno. Entre las modificaciones centrales se contempla concentrar la función del organismo en un objetivo exclusivo: la preservación del valor de la moneda. De esta manera, la norma elimina la multiplicidad de mandatos vigentes y establece límites operativos para restringir la capacidad de asistencia financiera directa o indirecta al Poder Ejecutivo.

Prohibición del financiamiento al Tesoro y emisión monetaria

Uno de los pilares de la propuesta radica en la prohibición taxativa para que el Banco Central emita pesos destinados a financiar el déficit fiscal o cubrir gastos corrientes del Estado nacional y subnacional. Asimismo, el texto busca eliminar el uso de letras intransferibles como mecanismo de colocación de deuda del Tesoro en las reservas de la entidad, un instrumento utilizado de forma recurrente en administraciones anteriores.

A la par del freno al auxilio crediticio, el proyecto introduce mecanismos para sancionar a las autoridades que vulneren la autonomía operativa del organismo o avalen esquemas de emisión sin respaldo. Para analizar el contexto económico nacional y su incidencia en las cuentas públicas, se pueden consultar los análisis disponibles en la sección de Economía.

Modificaciones en la gobernanza y rendición de cuentas

La iniciativa contempla además modificaciones en el régimen de remoción de los integrantes del Directorio, exigiendo mayorías calificadas y procedimientos específicos para blindar la estabilidad de las autoridades ante eventuales presiones políticas. También se plantean cambios en los criterios de balance contable, descartando el cómputo de utilidades ficticias como fuente de transferencia de recursos al Tesoro.

Con la transmisión del mensaje presidencial, la Casa Rosada busca fijar postura de cara a una de las discusiones legislativas más relevantes de la agenda económica de la gestión. Los avances del debate en las comisiones y el tratamiento en ambas cámaras parlamentarias podrán seguirse en la cobertura de la sección Política.