El presidente Javier Milei firmó un decreto que dispuso el cierre definitivo del Coro Nacional de Niños, una de las instituciones artísticas más representativas del ámbito musical en el país. La norma publicada en el Boletín Oficial extingue la estructura del cuerpo vocal creado en 1967 y reasigna los recursos presupuestarios asignados a la Secretaría de Cultura de la Nación.

La decisión administrativa forma parte del proceso de ordenamiento del Estado y revisión de la planta pública que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano. Desde la administración central fundamentan que la estructura representaba un gasto desproporcionado respecto al alcance directo de sus actuaciones en el territorio nacional.

El origen del elenco vocal y su trayectoria

Fundado bajo la dirección de la maestra Vilma Gorini de Teseo, la agrupación funcionó de forma ininterrumpida durante casi seis décadas. El organismo tenía como objetivo la formación musical de niños y jóvenes de entre 8 y 15 años, además de la divulgación del repertorio coral universal y argentino.

A lo largo de su historia, el elenco realizó giras por todo el país y representó a la Argentina en certámenes internacionales en América Latina y Europa. La formación se caracterizaba por ofrecer conciertos gratuitos en salas oficiales, templos y escuelas públicas, además de colaborar habitualmente con la Orquesta Nacional de Música Argentina y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Situación del personal y reclamos en el sector cultural

La medida genera incertidumbre sobre el destino laboral de los directores, asistentes técnicos y personal de acompañamiento que integraban el equipo de trabajo. Desde los gremios estatales señalan que la disolución afecta la preservación del patrimonio musical y la formación de nuevos talentos en la música académica.

Organizaciones vinculadas a la actividad coral expresaron su rechazo a la medida e iniciaron reuniones para evaluar presentaciones judiciales o administrativas. Por el momento, las autoridades nacionales confirmaron que los compromisos fijados en la agenda oficial del elenco para la segunda mitad del año quedan cancelados.

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El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Qué conductas alcanza el decreto

La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que regula las causales para rechazar el ingreso de extranjeros al país, y otro al artículo 62, que habilita la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de esta modificación, las autoridades podrán impedir el ingreso o disponer la expulsión de personas que hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad, así como de quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje a los símbolos patrios. El propio texto del decreto aclara que en ningún caso podrán encuadrarse dentro de esta causal las expresiones de disenso ideológico ni las críticas de carácter político, académico o ciudadano que constituyan un legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

El contexto: una «campaña antiargentina»

Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la decisión responde al incremento de expresiones de hostilidad contra el país, en un contexto marcado por críticas de figuras públicas extranjeras contra la Selección Argentina y el país tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. «La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», expresó Milei en el texto oficial. Para sostener el fundamento legal de la medida, el Gobierno citó el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a prohibir por ley toda apología del odio nacional que constituya incitación a la violencia, y la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios.

Un antecedente que podría anticipar cuestionamientos judiciales

Antes de disponer una expulsión, las autoridades migratorias deberán evaluar las circunstancias fácticas y personales de cada caso, según establece el nuevo texto del artículo 63. Este no es el primer DNU del Gobierno que modifica la Ley de Migraciones: en junio, la Cámara Nacional Electoral había declarado la nulidad de otro decreto migratorio, el 366/2025, al considerar que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades constitucionales al modificar por decreto —y no por ley del Congreso— el régimen de otorgamiento de la ciudadanía argentina.

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, en la que solicitó tres medidas cautelares urgentes vinculadas a su condena en la Causa Vialidad. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego detallaron los ejes del reclamo durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en un hotel de Buenos Aires.

Las tres medidas cautelares solicitadas

Según explicaron los letrados, la primera cautelar pide la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta, hasta que se resuelva una revisión de fondo sobre la condena. La segunda apunta a modificar las condiciones de su prisión domiciliaria: entre los pedidos puntuales figuran el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones a las visitas, el acceso al aire libre y un tratamiento igualitario respecto de otras personas bajo el mismo régimen. La tercera cautelar solicita la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, de la que los abogados sostuvieron que es «imposible que funcione con tres miembros».

El argumento de la «proscripción»

En la presentación, la defensa denunció que el Estado argentino habría vulnerado garantías durante el proceso judicial conocido como Causa Vialidad, y sostuvo que el juicio tuvo como finalidad la proscripción electoral de la exvicepresidenta, calificando su inhabilitación perpetua como una restricción indebida de sus derechos políticos. Kirchner, por su parte, había señalado que el fallo recae sobre «la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina» y planteó que el proceso estuvo cruzado por arbitrariedades.

Un antecedente firme y un organismo sin poder vinculante

Vale recordar que la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2025, tras el rechazo del recurso extraordinario presentado por la defensa, lo que dejó agotada la vía judicial interna. El abogado Carlos Beraldi explicó que ese agotamiento de instancias nacionales es lo que habilita ahora la discusión del caso en el ámbito internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes y sus pronunciamientos no son vinculantes para los Estados, aunque suelen tener impacto político e institucional y ser invocados como antecedentes en otros casos. Según adelantó Borrego, es «posible» que la definición sobre la cautelar de la inhabilitación llegue en octubre de este año.