El trabajo informal en la Argentina registró un crecimiento sostenido durante los últimos diez años que ningún gobierno logró revertir hablando de empleo. Entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2025 —según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)—, la cantidad de trabajadores asalariados en negro aumentó un 28,7%, pasando de 4.404.000 a 5.669.000 personas. En términos absolutos, el universo de trabajadores sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin acceso a los derechos laborales básicos se amplió en 1.265.000 personas en casi una década. En ese mismo período, el empleo asalariado privado registrado creció apenas 59.000 personas, una variación de 0,8% que no alcanza para absorber ni la presión demográfica sobre el mercado de trabajo. El resultado es que la proporción de asalariados en negro sobre el total pasó del 38% al 44% entre 2016 y 2025. Cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia están hoy fuera del sistema formal. En el noreste argentino —donde el Chaco encabeza el ranking de informalidad—, ese número supera ampliamente el promedio nacional y afecta a casi uno de cada dos asalariados.

Los sectores que más empleo en negro generaron

El análisis por ramas de actividad revela dos lecturas simultáneas del fenómeno. Si se mide en términos relativos, el sector que más trabajadores informales sumó es el de enseñanza privada: en 2016 tenía 87.000 asalariados no registrados y en 2025 llegó a 174.000, es decir que duplicó ese universo en una década, con un incremento del 100,5%. El rubro de electricidad, gas y agua tuvo una evolución similar en términos porcentuales (93,4% de aumento), aunque en números absolutos su peso es menor: pasó de 14.000 a 27.000 trabajadores informales.

Si en cambio se mide la cantidad de personas en términos absolutos, el liderazgo corresponde al sector de servicios comunitarios, sociales y personales, que sumó 192.000 nuevos asalariados en negro y pasó de 291.000 a 483.000. El comercio ocupa el segundo lugar: tenía 666.000 trabajadores informales en 2016 y tiene 851.000 en la actualidad, 185.000 más. El rubro de servicios sociales y de salud privada registró un crecimiento del 74,5% en su masa de trabajadores no registrados, con 171.000 nuevas personas incorporadas a esa condición.

Empleo informal en Argentina

En los sectores con mayor proporción estructural de informalidad el panorama es igualmente preocupante. El servicio doméstico lidera ese ranking con el 70,9% de sus trabajadores fuera del sistema, seguido por el agro con el 66,1% y la construcción con el 55,5%. La construcción, en particular, sumó 130.000 puestos informales entre 2016 y 2025, en un sector donde la obra pública fue primero el motor del empleo y luego la víctima más visible del ajuste presupuestario que comenzó en 2024.

Solo tres ramas de actividad lograron reducir sus niveles de informalidad en la última década: el servicio doméstico —que bajó apenas un 1,6%, de 1.170.000 a 1.152.000 trabajadores en negro—, la pesca (de 3.000 a 2.000) y la intermediación financiera (de 20.000 a 13.000). Ninguna de estas tres reducciones tiene la magnitud suficiente para compensar el crecimiento de la informalidad en el resto de la economía.

El dato que el promedio nacional oculta: el drama del NEA

Los números nacionales son preocupantes por sí mismos, pero la estadística agregada esconde una brecha regional que es uno de los rasgos estructurales más persistentes del mercado de trabajo argentino: la informalidad no se distribuye de manera homogénea, y las provincias del norte concentran los peores indicadores del país de manera sistemática.

Según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET (IIEP), publicado en octubre de 2025, el promedio de informalidad entre asalariados a nivel nacional se ubicó en el 37,7% durante el segundo trimestre de 2025 —el nivel más alto en 17 años, exceptuando el período de la pandemia, con un incremento interanual de 1,4 puntos porcentuales—. Sin embargo, el promedio regional del NEA asciende al 48,37%, impulsado por los indicadores de Formosa (52,2%), Gran Resistencia —el aglomerado urbano de la capital chaqueña— (49,2%), Corrientes (48,7%) y Posadas (43,4%). El Chaco, además, encabeza el ranking nacional de informalidad bajo la definición legal —que incluye a los cuentapropistas de baja calificación además de los asalariados sin registrar—, con tasas que superan el 50% del total de trabajadores ocupados.

La brecha entre el norte y el centro del país es mayúscula: mientras en la Ciudad de Buenos Aires la informalidad entre asalariados se ubica en el 24,2%, en Gran Resistencia llega casi al doble. Esa diferencia no es una anomalía estadística ni el resultado de un factor transitorio: es la expresión de décadas de baja diversificación productiva, alta participación del empleo público como amortiguador del desempleo, peso de sectores económicos de escasa calificación y ausencia de una política industrial sostenida que genere trabajo privado registrado en el interior del país.

El problema de la jubilación futura que nadie está resolviendo

Cada trabajador informal es también, en términos del sistema previsional, un aporte que no llega. La ecuación es simple pero tiene consecuencias de largo plazo que el debate público pocas veces incorpora con la seriedad que merece: quien trabaja en negro durante años no genera historia laboral registrada, no acumula aportes y llega a la edad jubilatoria sin los años de servicio necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. En un contexto de población envejecida y de sistema previsional en tensión permanente, el crecimiento sostenido del empleo informal en Argentina es una bomba de tiempo cuya detonación se proyecta hacia las próximas décadas.

El INDEC estima que los 5.669.000 trabajadores asalariados en negro del tercer trimestre de 2025 representan aportes jubilatorios que no ingresan al sistema de seguridad social. Si se considera que el aporte promedio de un trabajador registrado es de aproximadamente el 11% de su salario bruto, la masa de ingresos que el sistema previsional deja de percibir por la informalidad tiene un peso macroeconómico significativo. Ese déficit se compensa, en parte, con partidas del Tesoro Nacional, lo que significa que el costo de la informalidad no lo paga solo el trabajador que no tiene acceso a sus derechos: lo paga toda la sociedad a través del presupuesto público.

La reforma laboral y el debate sobre si la desregulación reduce el empleo informal en Argentina

El gobierno nacional impulsó la Ley de Modernización Laboral 27.802 con el argumento, entre otros, de que la reducción de las cargas laborales y la flexibilización de los contratos incentivaría a los empleadores a formalizar puestos que hoy están en negro. La lógica es conocida: si el costo de registrar a un trabajador baja, la proporción de empleadores que opte por la formalidad debería subir.

Los datos de la última década, sin embargo, no avalan esa hipótesis de manera lineal. La primera gran desregulación laboral que vivió el país en este ciclo fue el capítulo laboral del DNU 70/2023, que entró en vigencia a principios de 2024 con un blanqueo laboral incluido —que permitía a los empleadores regularizar trabajadores en negro con condonación de deudas y sin multas—. El resultado concreto fue que al término del programa habían ingresado al sistema apenas 16.000 trabajadores, mientras que en el mismo período el país perdió más de 111.000 puestos privados registrados y cerraron casi 20.000 empresas.

La discusión de fondo es si la informalidad en Argentina responde fundamentalmente al costo laboral —y por lo tanto se resuelve bajando ese costo— o si responde a factores estructurales más profundos: la escala de las empresas, la baja productividad de ciertos sectores, la ausencia de fiscalización efectiva, el nivel salarial que hace económicamente inviable la registración en sectores de baja rentabilidad, y la cultura de evasión que se reproduce cuando el sistema de control no tiene capacidad disuasiva real. La evidencia empírica de la última década sugiere que la segunda explicación tiene más peso que la primera, y que sin políticas activas de empleo formal —crédito subsidiado, incentivos específicos por sector y territorio, fortalecimiento de la fiscalización laboral— la informalidad tiende a crecer independientemente del signo político del gobierno de turno.

El norte, otra vez, en el fondo del mapa

En el Chaco y en el resto del NEA, la discusión del empleo informal en Argentina no es académica. Es la realidad cotidiana de miles de familias que trabajan sin cobertura médica propia, sin acceso a créditos formales, sin posibilidad de acreditar ingresos ante un banco y con la certeza de que el día que se enfermen, se queden sin trabajo o lleguen a la vejez, el sistema no tendrá para ellos la misma respuesta que tiene para quien trabajó toda la vida en blanco. La informalidad laboral en el norte argentino es simultáneamente una causa y una consecuencia del rezago histórico de la región: es causa porque impide la acumulación de capital humano y social que permite crecer, y es consecuencia porque refleja la incapacidad estructural de las economías regionales para generar trabajo privado de calidad en cantidad suficiente. Mientras el debate nacional se concentre en la letra de la reforma laboral y en sus efectos sobre el conurbano bonaerense, ese problema seguirá siendo invisible para quienes toman las decisiones.

FUENTES: INDEC (Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre 2025 y primer trimestre 2016), Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA–CONICET (IIEP, informe segundo trimestre 2025), Chequeado (análisis EPH INDEC), investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria (IIEP-UBA), IERAL–Fundación Mediterránea, Ley 27.802 de Modernización Laboral.

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