La senadora nacional por el Chaco Silvana Schneider, oriunda de Charata, participó este miércoles de la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado de la Nación, donde se alcanzó el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que habilita al Estado nacional a cerrar los acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El monto total comprometido asciende a USD 171 millones.

Se trata de los últimos acreedores con sentencia firme que no ingresaron al canje de deuda cerrado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, en el marco del default declarado en 2001. El esquema prevé el desembolso de USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo Attestor, en forma simultánea a la acreditación y cancelación de los bonos, libres de todo gravamen.

Schneider valoró su participación en el debate con una mirada que apunta al ordenamiento fiscal como condición de desarrollo. «Hoy participé en el Senado de la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión. Estamos analizando con absoluta responsabilidad el proyecto de ley para el acuerdo de conciliación entre el Estado Nacional y los grupos acreedores», señaló la legisladora chaqueña. Y agregó: «Entiendo que gobernar es, ante todo, dar previsibilidad y resolver con firmeza los conflictos que frenan nuestro desarrollo. La transparencia en el manejo de las cuentas públicas no es sólo una meta técnica, es la base de la confianza que todos necesitamos para crecer».

Qué implica el acuerdo y por qué avanzó el dictamen

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, describió el proyecto como la vía para «extinguir litigios con los dos principales acreedores que quedan hoy en situación de holdout con la República Argentina». En la misma línea, el titular del PRO y de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Martín Goerling Lara, sostuvo que el acuerdo representa cerrar «una etapa muy mala de la Argentina» y destacó que elimina la posibilidad de incautación de activos estratégicos del país.

Los fondos aceptan una quita superior al 30% sobre las sumas reconocidas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. El mecanismo adoptado es el formato internacional «Entrega contra Pago» (DVP): los fondos se liberarán de forma simultánea a la cancelación de los bonos, y los acreedores asumirán los costos legales del litigio. Los convenios incluyen además una cláusula de «standstill» que impide nuevas acciones legales o interferencias en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Un dato relevante que surgió durante la reunión fue la ampliación del plazo original. El vencimiento, que el Ejecutivo había fijado inicialmente para el 30 de abril de 2026, fue prorrogado hasta el 31 de mayo, según informó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Eso le da al oficialismo margen para llevar el proyecto al recinto en la primera semana de mayo.

Posición de la oposición y próximos pasos

La sesión no fue unánime. El senador por el Chaco Jorge Capitanich encabezó el dictamen de minoría del bloque justicialista, que no rechaza la negociación con los acreedores en sí, sino que plantea una serie de interrogantes sobre transparencia y condiciones del proceso. En sus palabras, el acuerdo no reduce «los efectos institucionales, fiscales y jurídicos» del conflicto y los acuerdos fueron negociados «individualmente con acreedores litigantes en trato inequitativo».

Con el dictamen de mayoría ya alcanzado, el oficialismo apunta a sancionar la ley en la primera semana de mayo, dentro del nuevo plazo disponible. Para la senadora Schneider, el camino es claro: escuchar cada detalle y trabajar «con la mirada puesta en un futuro ordenado para nuestro país».