El exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) en Comodoro Py y negó haber recibido sobornos en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. En su declaración, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el esquema de pagos ilegales que investiga la Justicia desde 2018 y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jaime habló durante más de una hora pero anticipó al inicio que no respondería preguntas de los jueces ni de la fiscal Fabiana León, al argumentar que no dispone de «total acceso» al expediente, una estrategia que siguieron la mayoría de los imputados en audiencias previas.

El exfuncionario llegó a Comodoro Py desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once. El Tribunal había rechazado previamente su pedido de declarar por videoconferencia desde la cárcel.

Cómo armó su defensa: extorsión, fotocopias y un pedido de careo

El eje central de la defensa de Jaime fue cuestionar la legitimidad de los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores. En particular apuntó contra Aldo Roggio, quien confesó haber pagado mensualmente el 5% de los subsidios recibidos por la explotación de Metrovías, y contra Gabriel Romero, quien declaró haber abonado 600.000 dólares a cambio de un decreto que prorrogara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, señalando a Jaime como interlocutor de esa operación.

Según el exfuncionario, esas acusaciones fueron realizadas «bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción» y calificó los aportes de los colaboradores como «falsedades totales». Negó haber recibido a Roggio en su despacho y afirmó que nunca se reunió con él. También solicitó un careo con los empresarios para confrontar versiones ante el tribunal, aunque no trascendió si el pedido fue admitido.

Sobre las pruebas documentales, Jaime restó validez a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, uno de los pilares de la causa, al referirse a ellas como «fotocopias del señor Centeno» y sostener que ese material no tiene la solidez probatoria suficiente. Señaló que el único hecho que aparecería en esas anotaciones vinculado a su persona sería un pago del año 2010 relacionado con la Hidrovía, y lo formuló en potencial: «figuraría», recalcó dos veces.

Al concluir su declaración, Jaime planteó razones de salud —padece un carcinoma— y solicitó al tribunal ser trasladado a una cárcel en la provincia de Córdoba para estar cerca de su familia, además de reiterar su pedido de prisión domiciliaria por edad y enfermedades.

Schiavi siguió la misma línea

En la misma jornada declaró Juan Pablo Schiavi, quien ocupó la Secretaría de Transporte entre 2009 y 2012 como sucesor de Jaime. Siguió una línea defensiva idéntica: negó haber actuado como recaudador, cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos originales y calificó las anotaciones de Centeno como «fotocopias inválidas». También rechazó los testimonios de empresarios que lo señalaron como recaudador de retornos vinculados a subsidios estatales, sosteniendo que esas declaraciones fueron obtenidas bajo presión.

Schiavi fue condenado en 2015 por administración fraudulenta y estrago culposo en el marco de la tragedia de Once, con una pena que luego fue reducida. Obtuvo la libertad condicional en 2021 tras permanecer detenido en Ezeiza.

El jueves declara José López

El juicio oral por la causa Cuadernos continúa esta semana. El jueves 30 de abril le tocará el turno a José López, exsecretario de Obras Públicas, quien declarará en calidad de imputado colaborador. A diferencia de Jaime y Schiavi, López confesó ante la Justicia el funcionamiento interno del esquema de recaudación ilegal y señaló directamente a los niveles más altos de la jerarquía gubernamental como organizadores del sistema. Su figura quedó marcada en la memoria pública en 2016, cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en efectivo.

La Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) y la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña alcanzaron un acuerdo que puso fin al proceso judicial que los enfrentaba desde febrero de este año. En el marco de ese entendimiento, la Justicia dispuso la restitución de los fondos que se encontraban afectados por medidas cautelares, dando por cerrado el litigio. La institución informó el resultado mediante un comunicado oficial en el que destacó el diálogo institucional como vía de resolución del conflicto.

El acuerdo llega dos meses después de que el Juzgado Correccional de Sáenz Peña ordenara un embargo preventivo por $1.890.691.105,07 contra la entidad bursátil, en el marco de una acción de amparo promovida por la gestión del intendente Bruno Cipolini. La medida fue dictada por el juez Carlos Augusto De Césare mediante la Resolución N° 15 del 25 de febrero de 2026.

El origen del conflicto: inversiones en el segmento no garantizado

El litigio tuvo su origen en la denuncia municipal que sostenía que la Bolsa de Comercio del Chaco, en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación inscripto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), había invertido fondos públicos en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores (MAV) sin contar con instrucción ni autorización expresa del Municipio. La cuenta operaba bajo el perfil «Inversor Conservador», y la demanda alegaba que la modificación de ese perfil había derivado en la adquisición de cheques de pago diferido que luego no pudieron cobrarse, generando un perjuicio millonario para las arcas municipales.

Para conceder el embargo, el juez De Césare tuvo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado —la existencia de una relación operativa entre las partes desde 2019, la modificación del perfil de cuenta y las inversiones incompatibles con el carácter conservador pactado— y el peligro en la demora, asociado a la existencia paralela de causas penales e investigaciones de la CNV y del Tribunal de Cuentas provincial. El oficio fue librado al Banco Central para localizar y retener activos de la entidad en todo el país.

La Bolsa acató la medida y depositó los fondos a disposición del juzgado incluso antes de recibir formalmente el oficio judicial, aunque calificó la resolución como «infundada, arbitraria e injusta» y anticipó que la recurriría por las vías procesales correspondientes. En paralelo, el gerente general de la entidad, Julio Barrios Cima, compareció ante la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo del fiscal Patricio Sabadini y solicitó continuar en libertad durante el proceso, negando irregularidades en las operatorias cuestionadas.

Qué dijo la Bolsa al cerrar el litigio

En el comunicado con el que informó el cierre del proceso judicial, la BCCH sostuvo que el resultado «constituye un paso significativo en la resolución de una situación que, durante su desarrollo, dio lugar a interpretaciones erróneas respecto a operatorias financieras específicas». La institución destacó que el acuerdo «no solo resguarda los recursos de la entidad, sino que también reafirma su accionar en el marco de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes».

La entidad también señaló que la resolución del litigio le permitirá concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento del mercado de capitales local y regional, promoviendo condiciones de previsibilidad y confianza para todos los actores involucrados. La causa penal vinculada a las operatorias —que incluyó allanamientos en el municipio y en la sede de la Bolsa a comienzos de marzo— sigue su trámite por separado, bajo la órbita federal.

El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las nacionales a presentar un plan de contingencia para garantizar el dictado de clases, en medio de una semana de paro docente y nodocente que mantiene sin actividad a la mayoría de las casas de estudio del país. En el Chaco, la medida afecta directamente a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ambas adheridas al plan de lucha nacional.

La intimación llega mientras el Gobierno lleva cinco meses incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en noviembre de 2025 y promulgada por el propio Ejecutivo. La norma obliga a actualizar los fondos para salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento y becas, pero la transferencia nunca se realizó.

Capital Humano apunta a rectores y gremios

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que observan «con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica» que se registra en universidades de todo el país. El ministerio pidió a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan recuperar el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que los estudiantes no pierdan la regularidad ni las mesas de examen.

A ese comunicado de Pettovello se sumó una circular del Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que se intima a los rectores a cumplir con el dictado de clases bajo condición de apercibimiento y con advertencia de revisión de los recursos que actualmente se envían a las casas de estudios superiores destinados al sostenimiento pedagógico.

La respuesta universitaria no tardó en llegar. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que con la intimación el Ejecutivo reconoce por primera vez que el derecho a la educación no está garantizado en el país, e insistió en que las universidades permanecen abiertas gracias al esfuerzo de docentes y nodocentes. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, fue más directo: «No pueden intimar porque no conocen la autonomía universitaria», afirmó.

Qué incumple el Gobierno y cuánto le debe al sistema

El plan de lucha acumula cerca de 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente. Las universidades atraviesan un ajuste del 45% de sus fondos, y los docentes y nodocentes acumulan una pérdida salarial equivalente a no haber cobrado siete sueldos en los últimos dos años, con 141 puntos perdidos contra la inflación en 28 meses.

Los gremios nacionales Conadu y Conadu Histórica rechazaron la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026. Desde la Asociación Gremial Docente señalaron que el salario real se encuentra en su mínimo histórico, un 35,6% por debajo de noviembre de 2023, y que para cumplir con la Ley de Financiamiento el incremento debería ser del 55,4%.

Ante la resistencia judicial, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, luego de que la justicia exigiera el cumplimiento inmediato de esos puntos. La estrategia del Ejecutivo combina el frente judicial con gestiones parlamentarias para modificar la norma y reducir el monto que está obligado a transferir.

La UNNE y la UNCAUS, en paro esta semana en el Chaco

La protesta de esta semana afecta a la mayoría de las casas de estudios del país, entre ellas la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la del Chaco Austral (UNCAUS). Ambas instituciones sostienen el plan de lucha nacional que exige la plena aplicación de la ley sancionada por el Congreso.

El sector universitario ya tiene fecha para su próxima demostración de fuerza: el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial, convocaron a una marcha federal para el 12 de mayo bajo el eje del reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Será la cuarta movilización del sector desde que arrancó el conflicto en la actual gestión.