Política
Atentado a CFK: Sabag Montiel condenado a 10 años, pero el celular nunca se pudo peritar
El TOF 6 dictó sentencia en octubre de 2025: Sabag Montiel (10 años), Uliarte (8 años) y absolución de Carrizo. Pero la causa que investiga si hubo autores intelectuales permanece en instrucción bajo la jueza Capuchetti, quien reasumió en marzo de 2025 y enfrenta las críticas del kirchnerismo por el manejo del celular del atacante.
El Tribunal Oral Federal N°6 condenó en octubre de 2025 a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión como autor material del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022, y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Nicolás Carrizo, el tercer acusado y jefe del grupo conocido como «Los Copitos», fue absuelto por falta de pruebas sobre su participación directa. Las sentencias cierran el tramo del juicio oral sobre los autores materiales, pero dejan abierta la pregunta más importante: quién o quiénes estuvieron detrás del ataque. Esa investigación —la causa residual sobre los posibles autores intelectuales y el financiamiento de Revolución Federal— permanece en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien reasumió su conducción en marzo de 2025 tras dos años de delegación en la Fiscalía, y es el blanco recurrente de las críticas del kirchnerismo.
El celular que nunca se pudo peritar: el agujero negro de la causa
El punto más crítico de todo el expediente es el teléfono celular de Sabag Montiel, un Samsung SM-A505 que desde la noche del atentado acumula una serie de irregularidades que la investigación no logró resolver. El dispositivo fue revisado por primera vez pasada la medianoche del 1 de septiembre de 2022 en el propio juzgado de Capuchetti —un lugar sin bloqueo de señales y donde esa noche se había cortado la luz—, por un perito de la Policía Federal sin experiencia en ese tipo de equipos. El intento de extracción falló entre cuatro y seis veces.
Lo que siguió fue una cadena de irregularidades que el juicio oral expuso en detalle. El teléfono se conectó a la red wifi del Shopping Abasto a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, es decir cuando Sabag Montiel ya llevaba más de una hora detenido, según confirmó Gendarmería Nacional en un informe técnico presentado en febrero de 2026. También se detectó actividad a las 00:11 del 2 de septiembre. La Gendarmería estableció que el dispositivo había estado físicamente en ese centro comercial cuando su propietario se encontraba bajo custodia. Nunca quedó claro en manos de quién estuvo el teléfono en ese período.
El kirchnerismo contra la Jueza Capuchetti
Los intentos de recuperar el contenido se multiplicaron a lo largo de tres años: la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la DATIP de la Procuración, peritos de las defensas y de la querella de CFK. El último intento, coordinado por la fiscal del juicio oral Gabriela Baigún en marzo de 2025, también fracasó. Capuchetti llegó incluso a solicitar colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos —Homeland Security— y la respuesta fue negativa. Sin el contenido del celular, es imposible saber con quién se comunicaba Sabag Montiel en las horas previas al ataque, lo que achicó de manera sustancial las posibilidades de identificar autores intelectuales o financistas.
La causa residual: Revolución Federal, la pista Milman y los financiamientos sin cerrar
Mientras el TOF 6 llevaba adelante el juicio oral sobre los autores materiales, la jueza Capuchetti conservó en su juzgado la investigación sobre el contexto del atentado, esa causa residual apunta a tres ejes que el kirchnerismo considera los más relevantes y que la jueza nunca priorizó durante la instrucción y por eso van en su contra.
El primero es Revolución Federal, la organización que pedía «cárcel o bala para el kirchnerismo», que tanto Sabag Montiel como Uliarte seguían en redes sociales y a cuyos actos asistieron. El kirchnerismo señala que esa organización recibió financiamiento inexplicable —según una pericia, millones de pesos provenientes de Caputo Hermanos, empresa de la familia del actual ministro de Economía— y que sus referentes fueron procesados por incitación a la violencia pero nunca investigados en profundidad. El segundo eje es el diputado del PRO Gerardo Milman, cuyo nombre apareció en testimonios sobre comentarios previos al atentado. El propio Milman declaró públicamente en los días posteriores a que Capuchetti reasumiera: «Pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel». El tercero es el rol de la Policía Federal en las primeras horas del operativo y en el manejo del celular.
La postura kirchnerista: «encubrimiento» y «la misma historia de siempre»
Tras conocerse el informe de Gendarmería sobre la actividad del celular en el Shopping Abasto, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena apuntó directamente contra la magistrada: «La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad». El texto que difundió llevaba el título «Comodoro Py… la misma historia de siempre».
El entorno de CFK sostiene que los datos del celular —si hubieran podido recuperarse— habrían permitido rastrear la red de contactos de Sabag Montiel en los días previos al ataque. La imposibilidad de hacer esa pericia es leída como una falla no solo técnica sino política: para el kirchnerismo, no fue incompetencia sino voluntad deliberada de cerrar la investigación antes de que llegara a los autores intelectuales.
El tribunal que juzgó a los autores materiales coincidió parcialmente con esa lectura: en sus fundamentos señaló que durante la instrucción no se investigó el atentado como un hecho de violencia política, y que Capuchetti nunca le dio entidad a esa dimensión del caso. La jueza, por su parte, mantiene la causa residual abierta y en marzo de 2025 amplió el foco de investigación más allá de la connivencia policial.
El estado actual: condena firme, causa residual sin plazo
A marzo de 2026, el mapa judicial del atentado es el siguiente: Sabag Montiel y Uliarte cumplen sus condenas. Carrizo está en libertad. La causa sobre los autores intelectuales permanece en instrucción sin fecha estimada de elevación a juicio. El kirchnerismo —y CFK en particular, que en su declaración en la causa Cuadernos del 17 de marzo volvió a mencionar el atentado— sostiene que la justicia federal nunca quiso llegar al fondo del caso y que Capuchetti sigue siendo el principal obstáculo para conocer la verdad.
Política
El Chaco aclaró que la baja de radares de la ANSV solo afecta a dispositivos que ya no funcionaban y que la provincia mantiene 47 activos
La Disposición 7/2026 de la ANSV retiró del registro oficial a cinemómetros vandalizados o inoperativos. Los 47 radares activos en rutas nacionales y provinciales continúan funcionando con plena validez legal.
El Ministerio de Seguridad del Chaco salió a desmentir este sábado versiones que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta eliminación masiva de radares de velocidad en las rutas provinciales y nacionales. A través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el gobierno chaqueño explicó el verdadero alcance de la Disposición 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y dejó en claro que los controles de velocidad siguen plenamente vigentes en el territorio provincial.
El subsecretario Rafael Acuña precisó que la disposición nacional «establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes». En otras palabras: la ANSV no desactivó radares que estaban funcionando sino que regularizó el registro oficial eliminando dispositivos que ya no existían o no operaban en los puntos donde habían sido instalados originalmente.
Qué dice la Disposición 7/2026 y por qué generó confusión
La Disposición 7/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de numerosos radares fijos en rutas nacionales del Chaco, tras constatar que ya no se encontraban operativos. Entre las rutas afectadas figuran la RN 16, RN 95, RN 11 y RN 89, con localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
La confusión surgió porque la normativa enumera una cantidad significativa de dispositivos dados de baja, lo que llevó a interpretaciones erróneas sobre un supuesto desmantelamiento del sistema de control vial. Sin embargo, desde Seguridad Vial aclararon que esos radares ya estaban fuera de servicio antes de la disposición: la medida no los apagó sino que los eliminó formalmente de un registro que no reflejaba la realidad del terreno.
Acuña también señaló que la baja fue solicitada por la propia Provincia del Chaco a partir de relevamientos técnicos previos, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas de control vial y evitar que figuren en el registro oficial dispositivos que ya no generan multas válidas.
Cuántos radares siguen activos en el Chaco
Según el comunicado oficial, el Chaco cuenta actualmente con 47 radares habilitados y en pleno funcionamiento, distribuidos en dos tipos de corredores: 31 en rutas nacionales y 16 en rutas provinciales. Todos los dispositivos activos están homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.
La aclaración llega en un momento sensible: el fin de semana largo del 25 de Mayo activa un operativo vial reforzado en todo el país, con mayor presencia de controles en los principales corredores. Para los conductores que transiten la RN 16 —eje central que conecta Charata con Resistencia y sobre la que se desarrolló buena parte de la polémica, como se detalló en la nota sobre la licitación de rutas nacionales publicada ayer en CharataChaco.Net— la situación es clara: los radares operativos siguen activos y las infracciones detectadas tienen plena validez legal.
El pedido oficial: no difundir versiones sin respaldo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se solicitó a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales y que evite la difusión de versiones inexactas. La advertencia apunta directamente a la circulación en redes sociales de mensajes que interpretaron la disposición de la ANSV como una habilitación para circular a mayor velocidad sin riesgo de multas, lo que constituye tanto una lectura incorrecta de la normativa como un riesgo concreto para la seguridad vial.
Los controles de velocidad, remarcaron desde el área, «constituyen una herramienta preventiva fundamental para reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las rutas chaqueñas«.
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Política
Falleció Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de Charata: tenía 94 años y dejó una huella profunda en la vida institucional de la ciudad
El Municipio de Charata participó el fallecimiento con profundo pesar y destacó su compromiso con la vida institucional y democrática de la ciudad.
Charata despide a Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de la ciudad, fallecido este sábado a los 94 años. Nacido en 1932, Marín fue una figura central de la vida política e institucional de Charata durante décadas, con una trayectoria que lo llevó a conducir los destinos del Municipio como intendente y a continuar su compromiso con la comunidad como concejal, además de mantener vínculos activos con distintas instituciones locales a lo largo de su vida.
El intendente Rubén Rach expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que subrayó el legado de Marín como servidor público. «Lo despido con profundo dolor. Fue un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestra comunidad, dejando su huella como intendente, concejal y vecino comprometido con Charata», sostuvo Rach, quien extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del ex funcionario.
Una vida ligada a la institucionalidad de Charata
La trayectoria de Marín abarca un período clave de la historia política local, en el que Charata consolidó su perfil como la ciudad más importante del sudoeste chaqueño y cabecera del Departamento Chacabuco. Su paso por la intendencia y el Concejo Deliberante lo posicionó como uno de los referentes de la vida democrática de la ciudad, en una época en que las instituciones municipales jugaron un rol central en el desarrollo urbano y social de la región.
El Municipio de Charata, a través de un comunicado oficial acompañado de una fotografía de Marín, destacó que fue «parte de la vida institucional y democrática de Charata» y convocó a la comunidad a acompañar a su familia en este momento de dolor. El intendente Rach, sus funcionarios y todo el equipo municipal se sumaron a las condolencias.
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Política
Charata capacitó a sus agentes de tránsito y personal de Faltas en seguridad vial con respaldo de la UNNE
La jornada se realizó en el CEEC y estuvo coordinada por especialistas del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE.
Agentes de tránsito y personal del Juzgado de Faltas del Municipio de Charata participaron este viernes de una jornada de capacitación en seguridad vial organizada con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La actividad se desarrolló en el Centro de Estudios y Extensión Charata (CEEC) y apuntó a fortalecer las herramientas de quienes ejercen funciones de contralor en la vía pública y en el ámbito judicial de faltas.
La propuesta contó con el aval del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE, junto al Departamento de Centros Regionales y Extensiones Áulicas y la Secretaría General Académica de esa universidad. La coordinación estuvo a cargo del Lic. Ezequiel Nardelli y la Magter. Rosa Sandra Durand, acompañados por un equipo de profesionales y docentes especializados en la temática.
Una iniciativa que apunta a la profesionalización del personal municipal
El intendente Rubén Rach, la jueza de Faltas Municipal Gimena Vázquez y el secretario de Tránsito Carlos Aoad estuvieron presentes en la jornada, acompañando una iniciativa que el propio municipio impulsó para elevar el nivel de formación de sus agentes. La participación de las autoridades locales reflejó el respaldo político e institucional a un proceso que busca mejorar el desempeño cotidiano del personal de contralor.
La seguridad vial es una de las áreas donde la capacitación técnica incide directamente en los resultados sobre el terreno. Los agentes de tránsito y los funcionarios del Juzgado de Faltas son los primeros eslabones del sistema de control, y su formación determina en gran medida la eficacia de las políticas viales a nivel local.
El rol de la UNNE en la formación de gestores municipales
El respaldo institucional de la UNNE a través de su Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología le otorga a la capacitación un perfil académico que trasciende la instrucción operativa. La articulación entre el municipio charatense y la universidad pública regional es también una señal de que la formación continua del personal estatal puede canalizarse a través de vínculos con el sistema universitario, sin necesidad de recurrir a capacitadores privados.
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