El Tribunal Oral Federal N°6 condenó en octubre de 2025 a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión como autor material del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022, y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Nicolás Carrizo, el tercer acusado y jefe del grupo conocido como «Los Copitos», fue absuelto por falta de pruebas sobre su participación directa. Las sentencias cierran el tramo del juicio oral sobre los autores materiales, pero dejan abierta la pregunta más importante: quién o quiénes estuvieron detrás del ataque. Esa investigación —la causa residual sobre los posibles autores intelectuales y el financiamiento de Revolución Federal— permanece en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien reasumió su conducción en marzo de 2025 tras dos años de delegación en la Fiscalía, y es el blanco recurrente de las críticas del kirchnerismo.

El celular que nunca se pudo peritar: el agujero negro de la causa

El punto más crítico de todo el expediente es el teléfono celular de Sabag Montiel, un Samsung SM-A505 que desde la noche del atentado acumula una serie de irregularidades que la investigación no logró resolver. El dispositivo fue revisado por primera vez pasada la medianoche del 1 de septiembre de 2022 en el propio juzgado de Capuchetti —un lugar sin bloqueo de señales y donde esa noche se había cortado la luz—, por un perito de la Policía Federal sin experiencia en ese tipo de equipos. El intento de extracción falló entre cuatro y seis veces.

Lo que siguió fue una cadena de irregularidades que el juicio oral expuso en detalle. El teléfono se conectó a la red wifi del Shopping Abasto a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, es decir cuando Sabag Montiel ya llevaba más de una hora detenido, según confirmó Gendarmería Nacional en un informe técnico presentado en febrero de 2026. También se detectó actividad a las 00:11 del 2 de septiembre. La Gendarmería estableció que el dispositivo había estado físicamente en ese centro comercial cuando su propietario se encontraba bajo custodia. Nunca quedó claro en manos de quién estuvo el teléfono en ese período.

El kirchnerismo contra la Jueza Capuchetti

Los intentos de recuperar el contenido se multiplicaron a lo largo de tres años: la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la DATIP de la Procuración, peritos de las defensas y de la querella de CFK. El último intento, coordinado por la fiscal del juicio oral Gabriela Baigún en marzo de 2025, también fracasó. Capuchetti llegó incluso a solicitar colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos —Homeland Security— y la respuesta fue negativa. Sin el contenido del celular, es imposible saber con quién se comunicaba Sabag Montiel en las horas previas al ataque, lo que achicó de manera sustancial las posibilidades de identificar autores intelectuales o financistas.

La causa residual: Revolución Federal, la pista Milman y los financiamientos sin cerrar

Mientras el TOF 6 llevaba adelante el juicio oral sobre los autores materiales, la jueza Capuchetti conservó en su juzgado la investigación sobre el contexto del atentado, esa causa residual apunta a tres ejes que el kirchnerismo considera los más relevantes y que la jueza nunca priorizó durante la instrucción y por eso van en su contra.

El primero es Revolución Federal, la organización que pedía «cárcel o bala para el kirchnerismo», que tanto Sabag Montiel como Uliarte seguían en redes sociales y a cuyos actos asistieron. El kirchnerismo señala que esa organización recibió financiamiento inexplicable —según una pericia, millones de pesos provenientes de Caputo Hermanos, empresa de la familia del actual ministro de Economía— y que sus referentes fueron procesados por incitación a la violencia pero nunca investigados en profundidad. El segundo eje es el diputado del PRO Gerardo Milman, cuyo nombre apareció en testimonios sobre comentarios previos al atentado. El propio Milman declaró públicamente en los días posteriores a que Capuchetti reasumiera: «Pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel». El tercero es el rol de la Policía Federal en las primeras horas del operativo y en el manejo del celular.

La postura kirchnerista: «encubrimiento» y «la misma historia de siempre»

Tras conocerse el informe de Gendarmería sobre la actividad del celular en el Shopping Abasto, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena apuntó directamente contra la magistrada: «La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad». El texto que difundió llevaba el título «Comodoro Py… la misma historia de siempre».

El entorno de CFK sostiene que los datos del celular —si hubieran podido recuperarse— habrían permitido rastrear la red de contactos de Sabag Montiel en los días previos al ataque. La imposibilidad de hacer esa pericia es leída como una falla no solo técnica sino política: para el kirchnerismo, no fue incompetencia sino voluntad deliberada de cerrar la investigación antes de que llegara a los autores intelectuales.

El tribunal que juzgó a los autores materiales coincidió parcialmente con esa lectura: en sus fundamentos señaló que durante la instrucción no se investigó el atentado como un hecho de violencia política, y que Capuchetti nunca le dio entidad a esa dimensión del caso. La jueza, por su parte, mantiene la causa residual abierta y en marzo de 2025 amplió el foco de investigación más allá de la connivencia policial.

El estado actual: condena firme, causa residual sin plazo

A marzo de 2026, el mapa judicial del atentado es el siguiente: Sabag Montiel y Uliarte cumplen sus condenas. Carrizo está en libertad. La causa sobre los autores intelectuales permanece en instrucción sin fecha estimada de elevación a juicio. El kirchnerismo —y CFK en particular, que en su declaración en la causa Cuadernos del 17 de marzo volvió a mencionar el atentado— sostiene que la justicia federal nunca quiso llegar al fondo del caso y que Capuchetti sigue siendo el principal obstáculo para conocer la verdad.

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