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Política

La CGT contra la reforma laboral: amenazó con paro, la ley pasó igual con votos peronistas, el amparo fue rechazado y Moyano terminó firmando dentro de la pauta del Gobierno

La Ley 27.802 fue promulgada el 28 de febrero de 2026 con 37 votos a favor en el Senado. El juez Lavié Pico rechazó la medida cautelar del amparo presentado por la CGT el 11 de marzo. Camioneros acordó el 13 de marzo un aumento semestral del 10,1% que el Gobierno calificó como «paritaria modelo». El mapa sindical quedó partido entre la CGT y el FreSU.

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La cúpula sindical de la CGT define una huelga nacional

La cúpula sindical de la Confederación General del Trabajo, (CGT), amenazó con huelga general, movilizó cientos de miles de trabajadores frente al Congreso y presentó un amparo judicial para frenar la reforma laboral. Nada de eso alcanzó: la Ley de Modernización Laboral 27.802 fue aprobada el 28 de febrero de 2026 por el Senado con 37 votos a favor, 33 en contra y una abstención, con el apoyo determinante de gobernadores peronistas —Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta entre ellos— que priorizaron su relación con el gobierno nacional sobre las demandas sindicales. El 11 de marzo, el juez Lavié Pico rechazó la medida cautelar del amparo presentado por la CGT contra los artículos que disuelven treinta juzgados laborales. Y el 13 de marzo, Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros con un aumento del 10,1% semestral —por debajo de la inflación proyectada y con vigencia hasta agosto—, exactamente lo que el Ministerio de Economía pedía como pauta modelo para el resto de los gremios. El resultado de seis semanas de conflicto sindical es un mapa laboral partido en dos y una central obrera debilitada frente a un gobierno que logró lo que se propuso.

La gira federal que fracasó y el paro que no detuvo nada

A principios de febrero de 2026, el triunvirato de la CGT —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— lanzó una gira por el interior para convencer a los gobernadores de que votaran en contra de la reforma en el Senado. El resultado fue una sucesión de desplantes que expusieron la debilidad de la central obrera frente al poder territorial de los mandatarios. Martín Llaryora canceló una reunión con los cegetistas citando problemas de agenda. Maximiliano Pullaro evitó el encuentro presencial. Los gobernadores que sí recibieron a la CGT lo hicieron sin comprometerse a nada.

El 12 de febrero se realizó la primera gran movilización sindical frente al Congreso, con columnas de la CGT, el FreSU y las dos CTA. El 19 de febrero hubo una segunda concentración. La marcha tuvo masividad pero no paro: la CGT convocó a movilización sin medida de fuerza, lo que los sectores más combativos del sindicalismo —encabezados por Abel Furlán de la UOM, Rodolfo Aguiar de ATE y Daniel Yofra de los Aceiteros— interpretaron como una señal de timidez. El FreSU pedía un paro de 36 horas; la CGT lo descartó.

El 28 de febrero, el Senado votó. Los 37 votos afirmativos incluyeron a senadores del bloque peronista de provincias que habían recibido a la CGT días antes. El triunvirato cegetista calificó el resultado como una traición y lanzó la frase que circuló en todos los medios: los gobernadores peronistas «traicionaron a los trabajadores». Furlán fue más directo: dijo que los dirigentes sindicales que confiaron en los gobernadores y en los votos del Congreso tendrán que explicarle a sus bases por qué no apostaron a la calle desde el principio.

El amparo: la apuesta judicial que tampoco prosperó

Con la ley promulgada, la cúpula sindical de la CGT presentó el 6 de marzo un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, con firma de los cosecretarios Argüello, Sola y Jerónimo. El pedido apuntaba a suspender los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, que ordenan el cierre de treinta juzgados laborales y el traspaso del fuero a la Ciudad de Buenos Aires. El 11 de marzo, el juez Lavié Pico rechazó la medida cautelar con el argumento de que la cautelar coincidía con el objeto del amparo, que no existía daño irreparable inminente y que el proceso sumarísimo garantizaba una resolución rápida. El Estado Nacional tiene cinco días para presentar su descargo y el proceso sobre el fondo de la cuestión continúa, pero sin suspensión de la norma mientras tanto.

La CGT anunció que apelará y que llegará a la Corte Suprema si es necesario. Descartó públicamente nuevas medidas de fuerza en el corto plazo. El FreSU leyó esa decisión como la confirmación de que la estrategia cegetista fue equivocada desde el inicio: apostar a la negociación política, luego a los votos y ahora a la Justicia, sin acumular presión callejera sostenida, dejó al sindicalismo con pocas herramientas reales para revertir la ley.

Moyano y la paritaria modelo: el golpe final al relato de resistencia

El dato que más expuso la debilidad del sindicalismo combativo llegó el 13 de marzo, cuando Hugo Moyano firmó la paritaria del Sindicato de Camioneros dentro de la pauta salarial del Gobierno. El acuerdo establece un aumento semestral del 10,1% entre marzo y agosto —con incrementos mensuales decrecientes del 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%—, vigencia semestral y una cláusula de revisión basada exclusivamente en la diferencia entre el IPC y la pauta acordada.

Moyano había dicho en enero que no firmaría paritarias semestrales y que exigía una compensación del 8% por el desfase inflacionario. Firmó lo opuesto. El secretario de Trabajo Julio Cordero calificó el acuerdo como «paritaria modelo» y lo presentó como el precedente que el Gobierno quiere que el resto de los gremios replique. Para el FreSU, la firma de Moyano fue la confirmación de que el sindicalismo tradicional eligió convivir con la nueva legalidad laboral antes que resistirla.

La cúpula sindical de la CGT y el mapa sindical después de la derrota

El resultado de las seis semanas de conflicto es un sindicalismo partido en dos líneas con lógicas incompatibles. La cúpula sindical de la CGT apuesta a la negociación paritaria sector por sector, al recurso judicial y a evitar el desgaste de medidas de fuerza que considera inútiles sin correlato parlamentario. El FreSU apuesta a la federalización, a la presencia territorial en los conflictos provinciales y a lo que Aguiar llamó «desobediencia a la reforma laboral» — un concepto que todavía no tiene traducción práctica concreta pero que instala una postura de confrontación permanente.

Para los trabajadores del interior —y en particular para los del Chaco, donde la informalidad supera el 50% y la reforma laboral afecta especialmente a los asalariados de pequeñas empresas a través del Fondo de Asistencia Laboral que permite indemnizaciones en cuotas— el resultado del conflicto es que la ley está vigente, el amparo no prospero y las paritarias corren por debajo de la inflación. El debate sobre quién tiene razón en la estrategia sindical es real, pero las consecuencias concretas son las mismas para todos.

Política

El referente forestal del oeste chaqueño describió una industria paralizada: mercado sobreofertado, costos bancarios que ahogan y caída del consumo en todos los rubros

Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño, enumeró los factores que paralizan al sector: presión impositiva, costos financieros, tipo de cambio volátil y una demanda interna que no aparece.

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Crisis foresto industria Chaco

La foresto industria del Chaco atraviesa una crisis, una parálisis que Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), describió sin eufemismos: «El mercado está sobre ofertado y no arranca. No hay pedidos, esa es la realidad que estamos pasando.»

López enumeró una cadena de factores que convergen sobre el sector: presión impositiva, costos bancarios, tipo de cambio volátil y caída del consumo interno. «El sistema impositivo y financiero, más el tipo de cambio, a la foresto industria también le afecta, no es solo al agro. Nuestro sector es muy demandante de mano de obra y estos parámetros terminan achicando las posibilidades en el mercado y, obviamente, hay menor desarrollo.»

Crisis foresto industria Chaco: «Si no sacan los impuestos es imposible»

El reclamo central del dirigente apunta a la carga tributaria que soportan las pequeñas y medianas empresas del sector. «Hay que sacar la pata de encima al productor o al empresario y va a competir. Si no sacan los impuestos es imposible», sostuvo.

A ese factor se suma el sistema bancario, que López describió como otro freno estructural. «Vos dejás plata en el Banco y cuando vas a ver no podés creer lo que te quedó», graficó. Y agregó que las condiciones crediticias cambian permanentemente: «Nos cambian los préstamos y los descubiertos, continuamente.»

La ecuación se complica además con la inestabilidad del tipo de cambio, que convierte en una trampa lo que debería ser una oportunidad. «Hiciste un negocio con un dólar más alto y cuando vas a entregar bajó, tuviste inflación y aumento de combustible. Ese contrato que pensaste que te salvaba termina siendo un mal negocio.» La conclusión de López para los exportadores del sector es directa: «Si sos exportador, más vale no firmes ningún contrato.»

El mercado interno sin demanda

El carbón vegetal — uno de los principales productos forestales del oeste chaqueño, con salida tanto al mercado interno como a la exportación — refleja la parálisis general. López señaló que el precio del producto no aumenta incluso en mercados internacionales donde tiene alta demanda, como Chile. «No puede ser que siendo un combustible tan usado no aumente el precio en mercados como Chile», planteó.

La caída del consumo interno es el trasfondo de todo el cuadro. «La depresión en el consumo de carne va directamente al asado», explicó López, describiendo cómo la retracción del poder adquisitivo de los argentinos se traslada en cascada hasta los postes, las varillas y el carbón que produce el monte chaqueño. «La gente no tiene plata en ningún rubro», resumió.

El problema del empleo y la informalidad

Otro eje del diagnóstico es el mercado laboral. El dirigente señaló dificultades concretas para conseguir trabajadores en el interior forestal del Chaco. «Acá no conseguís empleados para nada. Pedís gente y no va nadie», afirmó. Según su visión, hay distorsiones estructurales que desalientan el trabajo formal y generan informalidad, con consecuencias que se extienden más allá de la producción. «No es solo la producción, es el impacto en los pueblos. Es un problema más profundo que excede lo económico», advirtió.

El diagnóstico final de López condensa la sensación del sector: «Yo creo que todo el país estamos así, esperando a ver qué pasa.»

Fuentes Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), declaraciones a Agroperfiles, abril de 2026.

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Política

La CGT confirmó la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo: pérdida salarial, paritarias con techo y reforma laboral — los mismos reclamos que los gremios chaqueños llevan a las calles

Tras la reunión del Consejo Directivo en Azopardo, el triunvirato cegetista anunció la movilización para la antesala del Día del Trabajador. También habrá un acto ecuménico en homenaje al Papa Francisco. La central prepara además su propio índice de precios porque desconfía del INDEC para las paritarias.

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CGT marcha el 30 de abril

La Confederación General del Trabajo, (CGT), confirmó este jueves lo que el movimiento sindical venía anticipando: habrá marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas, en la víspera del Día del Trabajador. El anuncio lo hizo el triunviro Jorge Sola tras la reunión del Consejo Directivo Nacional en la sede de la central en la calle Azopardo, flanqueado por sus compañeros Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Las consignas son tres y son concretas: pérdida del poder adquisitivo, paritarias con techo impuesto por el Gobierno y reforma laboral que los gremios rechazan y llevan a los tribunales.

Por qué marchan

El diagnóstico que la CGT presentó este jueves no deja margen para la ambigüedad. «Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad, la informalidad o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo», dijo Sola ante los periodistas.

La denuncia más política apuntó directamente al Gobierno: el oficialismo estaría fijando un techo a las negociaciones paritarias por debajo de la inflación. «Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de los salarios», afirmó el dirigente. Y advirtió sobre una práctica que se repite en las mesas de negociación: «hay una suerte de posición extorsiva en la que se plantea ‘o se mantienen los puestos de trabajo o se aumentan los salarios’. Eso está pasando.»

La marcha también tiene un componente simbólico: además del acto político se realizará una celebración religiosa ecuménica en homenaje al Papa Francisco, fallecido recientemente, cuya defensa de la justicia social y el mundo del trabajo fue reivindicada por el sindicalismo en múltiples oportunidades.

La CGT prepara su propio índice de inflación

Uno de los datos más significativos de la conferencia de prensa fue el anuncio de que la CGT está elaborando su propio índice de precios al consumidor junto a la UBA, como alternativa al IPC del INDEC. El motivo es la desconfianza del sindicalismo en las estadísticas oficiales — el mismo debate que Capitanich abrió horas antes en el Senado. Si la inflación oficial es más baja que la real, las paritarias que se discuten en base a ese índice terminan siendo aumentos que no compensan la pérdida.

Sola evitó comprometerse sobre si los gremios dejarán de usar el IPC del INDEC, dejando la decisión a cada sindicato. Pero la señal es clara: la central obrera ya no confía en el organismo para una de sus herramientas más importantes.

La CGT marcha el 30 de abril: Lo que esto significa para el Chaco

Los tres reclamos de la CGT nacional son exactamente los que los gremios docentes y estatales del Chaco vienen planteando desde el inicio de 2026. Los maestros chaqueños llevan meses en conflicto con el gobierno de Leandro Zdero por la cláusula gatillo que el Ejecutivo provincial dejó de pagar en 2025, acumulando una pérdida salarial que los propios gremios estiman en el 30%. Los aumentos decretados — 3% en febrero y 2% en abril — quedaron muy por debajo de la inflación real. La concentración del 9 de abril en toda la provincia fue la expresión local del mismo malestar que ahora se canaliza hacia Plaza de Mayo.

El 30 de abril, los trabajadores chaqueños que puedan viajar a Buenos Aires o que se movilicen en las plazas del interior se sumarán a una protesta con la Confederación General del Trabajo que tiene nombres concretos en Charata, General Pinedo y cada municipio del Departamento Chacabuco: sueldos que no alcanzan, docentes debajo de la línea de pobreza y una reforma laboral que les quitó derechos conquistados.

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Política

Capitanich cuestionó en el Senado la metodología del INDEC: Resistencia tiene 42,2% de pobreza mientras el promedio nacional baja al 28,2%

El senador chaqueño intervino en la sesión del jueves apuntando contra los instrumentos de medición del INDEC, que se basan en parámetros de consumo de 2004. El debate tiene un impacto directo en cómo el Estado diseña las políticas sociales para el Chaco, la provincia con mayor pobreza del país.

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Pobreza en el Chaco

El 28,2% de pobreza que el INDEC publicó para el segundo semestre de 2025 — el número más bajo en siete años y que el Gobierno festejó como un logro histórico — tiene una trampa que el senador chaqueño Jorge Capitanich puso sobre la mesa este jueves en la sesión del Senado: los instrumentos de medición están desactualizados, y el impacto es concreto en provincias como el Chaco, donde la realidad que vive la gente no coincide con lo que muestran las estadísticas nacionales.

El dato más elocuente está en los propios registros del INDEC: mientras el promedio nacional baja al 28,2%, Resistencia registra una pobreza del 42,2%. La indigencia, a su vez, subió en el Chaco aunque bajó a nivel nacional. El mismo organismo que informa la mejora registra la contradicción territorial que Capitanich y otros senadores del interbloque kirchnerista llevaron al recinto.

El problema de los parámetros de 2004

La crítica técnica que Capitanich desarrolló en el Senado —en línea con una intervención previa de la senadora Alicia Kirchner de Santa Cruz— tiene un núcleo concreto: la canasta de consumo que el INDEC utiliza para medir pobreza se basa en estructuras de gasto del año 2004, hace más de dos décadas. En ese momento, los hogares argentinos destinaban una proporción mucho mayor de sus ingresos a los alimentos. Hoy el peso de los servicios —luz, gas, agua, transporte— es significativamente mayor, especialmente después de los aumentos de tarifas acumulados desde 2023.

El resultado es que la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza subestima el costo real de no ser pobre. Una familia puede quedar por encima de esa línea matemáticamente aunque no pueda pagar las tarifas o haya reducido el consumo de alimentos para afrontar los servicios. «La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo», describió el economista Agustín Salvia del Observatorio de Deuda Social de la UCA, uno de los principales críticos de los datos oficiales.

Capitanich también señaló que actualizaciones metodológicas realizadas en 2012, 2013, 2017 y 2018 nunca fueron incorporadas al sistema de medición vigente, acumulando una brecha entre la realidad y lo que el organismo registra.

Pobreza: Por qué importa para el Chaco

El debate no es técnico ni abstracto. Cómo se mide la pobreza determina cuántos recursos llegan al Chaco — desde los programas sociales nacionales hasta los criterios de distribución de fondos discrecionales. Si el INDEC registra menos pobreza de la que existe, las políticas públicas se diseñan para un problema más chico que el real.

En el Chaco, provincia históricamente la más pobre del país, la distorsión tiene consecuencias directas. Comunidades del Impenetrable, del sudoeste chaqueño y de ciudades intermedias como Charata conviven con niveles de privación que los indicadores nacionales no capturan con precisión. Que un hogar de General Pinedo o de Villa Ángela quede «por encima de la línea de pobreza» porque el INDEC usa parámetros de consumo de hace veinte años no significa que pueda pagar la luz, la nafta para el trabajo o los remedios.

La propuesta: un INDEC autónomo

La cuestión de privilegio presentada por el kirchnerismo en el Senado fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatirá la propuesta de garantizar la independencia del INDEC de los gobiernos de turno. El argumento central: si las estadísticas que orientan las políticas públicas no son confiables, las políticas tampoco pueden funcionar como deberían. Para el Chaco, con sus niveles estructurales de pobreza, esa independencia no es un debate académico — es una condición para que el Estado llegue donde tiene que llegar.

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