La cúpula sindical de la Confederación General del Trabajo, (CGT), amenazó con huelga general, movilizó cientos de miles de trabajadores frente al Congreso y presentó un amparo judicial para frenar la reforma laboral. Nada de eso alcanzó: la Ley de Modernización Laboral 27.802 fue aprobada el 28 de febrero de 2026 por el Senado con 37 votos a favor, 33 en contra y una abstención, con el apoyo determinante de gobernadores peronistas —Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta entre ellos— que priorizaron su relación con el gobierno nacional sobre las demandas sindicales. El 11 de marzo, el juez Lavié Pico rechazó la medida cautelar del amparo presentado por la CGT contra los artículos que disuelven treinta juzgados laborales. Y el 13 de marzo, Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros con un aumento del 10,1% semestral —por debajo de la inflación proyectada y con vigencia hasta agosto—, exactamente lo que el Ministerio de Economía pedía como pauta modelo para el resto de los gremios. El resultado de seis semanas de conflicto sindical es un mapa laboral partido en dos y una central obrera debilitada frente a un gobierno que logró lo que se propuso.

La gira federal que fracasó y el paro que no detuvo nada

A principios de febrero de 2026, el triunvirato de la CGT —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— lanzó una gira por el interior para convencer a los gobernadores de que votaran en contra de la reforma en el Senado. El resultado fue una sucesión de desplantes que expusieron la debilidad de la central obrera frente al poder territorial de los mandatarios. Martín Llaryora canceló una reunión con los cegetistas citando problemas de agenda. Maximiliano Pullaro evitó el encuentro presencial. Los gobernadores que sí recibieron a la CGT lo hicieron sin comprometerse a nada.

El 12 de febrero se realizó la primera gran movilización sindical frente al Congreso, con columnas de la CGT, el FreSU y las dos CTA. El 19 de febrero hubo una segunda concentración. La marcha tuvo masividad pero no paro: la CGT convocó a movilización sin medida de fuerza, lo que los sectores más combativos del sindicalismo —encabezados por Abel Furlán de la UOM, Rodolfo Aguiar de ATE y Daniel Yofra de los Aceiteros— interpretaron como una señal de timidez. El FreSU pedía un paro de 36 horas; la CGT lo descartó.

El 28 de febrero, el Senado votó. Los 37 votos afirmativos incluyeron a senadores del bloque peronista de provincias que habían recibido a la CGT días antes. El triunvirato cegetista calificó el resultado como una traición y lanzó la frase que circuló en todos los medios: los gobernadores peronistas «traicionaron a los trabajadores». Furlán fue más directo: dijo que los dirigentes sindicales que confiaron en los gobernadores y en los votos del Congreso tendrán que explicarle a sus bases por qué no apostaron a la calle desde el principio.

El amparo: la apuesta judicial que tampoco prosperó

Con la ley promulgada, la cúpula sindical de la CGT presentó el 6 de marzo un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, con firma de los cosecretarios Argüello, Sola y Jerónimo. El pedido apuntaba a suspender los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, que ordenan el cierre de treinta juzgados laborales y el traspaso del fuero a la Ciudad de Buenos Aires. El 11 de marzo, el juez Lavié Pico rechazó la medida cautelar con el argumento de que la cautelar coincidía con el objeto del amparo, que no existía daño irreparable inminente y que el proceso sumarísimo garantizaba una resolución rápida. El Estado Nacional tiene cinco días para presentar su descargo y el proceso sobre el fondo de la cuestión continúa, pero sin suspensión de la norma mientras tanto.

La CGT anunció que apelará y que llegará a la Corte Suprema si es necesario. Descartó públicamente nuevas medidas de fuerza en el corto plazo. El FreSU leyó esa decisión como la confirmación de que la estrategia cegetista fue equivocada desde el inicio: apostar a la negociación política, luego a los votos y ahora a la Justicia, sin acumular presión callejera sostenida, dejó al sindicalismo con pocas herramientas reales para revertir la ley.

Moyano y la paritaria modelo: el golpe final al relato de resistencia

El dato que más expuso la debilidad del sindicalismo combativo llegó el 13 de marzo, cuando Hugo Moyano firmó la paritaria del Sindicato de Camioneros dentro de la pauta salarial del Gobierno. El acuerdo establece un aumento semestral del 10,1% entre marzo y agosto —con incrementos mensuales decrecientes del 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%—, vigencia semestral y una cláusula de revisión basada exclusivamente en la diferencia entre el IPC y la pauta acordada.

Moyano había dicho en enero que no firmaría paritarias semestrales y que exigía una compensación del 8% por el desfase inflacionario. Firmó lo opuesto. El secretario de Trabajo Julio Cordero calificó el acuerdo como «paritaria modelo» y lo presentó como el precedente que el Gobierno quiere que el resto de los gremios replique. Para el FreSU, la firma de Moyano fue la confirmación de que el sindicalismo tradicional eligió convivir con la nueva legalidad laboral antes que resistirla.

La cúpula sindical de la CGT y el mapa sindical después de la derrota

El resultado de las seis semanas de conflicto es un sindicalismo partido en dos líneas con lógicas incompatibles. La cúpula sindical de la CGT apuesta a la negociación paritaria sector por sector, al recurso judicial y a evitar el desgaste de medidas de fuerza que considera inútiles sin correlato parlamentario. El FreSU apuesta a la federalización, a la presencia territorial en los conflictos provinciales y a lo que Aguiar llamó «desobediencia a la reforma laboral» — un concepto que todavía no tiene traducción práctica concreta pero que instala una postura de confrontación permanente.

Para los trabajadores del interior —y en particular para los del Chaco, donde la informalidad supera el 50% y la reforma laboral afecta especialmente a los asalariados de pequeñas empresas a través del Fondo de Asistencia Laboral que permite indemnizaciones en cuotas— el resultado del conflicto es que la ley está vigente, el amparo no prospero y las paritarias corren por debajo de la inflación. El debate sobre quién tiene razón en la estrategia sindical es real, pero las consecuencias concretas son las mismas para todos.