Política
El conflicto Milei-Rocca en detalle: una licitación perdida y la demanda judicial de Techint contra el Estado por USD 96 millones
El conflicto arrancó en diciembre de 2025 con una licitación privada de caños para gasoductos que Techint perdió ante la india Welspun. Escaló con el cierre de Fate y los 920 despidos, explotó en la Argentina Week de Nueva York y llegó a los tribunales con una demanda de Tecpetrol por subsidios impagos.
El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, es el conflicto más resonante entre el gobierno nacional y el empresariado argentino en lo que va de 2026 y tiene al menos cuatro capítulos que se encadenan entre sí: una licitación privada de caños para gasoductos que Techint perdió en diciembre de 2025, el cierre de la planta de neumáticos Fate con 920 trabajadores despedidos, los ataques de Milei a Rocca en la Argentina Week de Nueva York el 10 de marzo, y la demanda judicial que Tecpetrol —subsidiaria de Techint— inició el conflicto contra el Estado por USD 96 millones en subsidios de gas impagos. Milei nunca respondió a ninguna declaración de Rocca porque Rocca casi no habló en público: su respuesta llegó en silencio, en letra de molde, con una demanda radicada en el Juzgado N°6 del fuero Contencioso Administrativo Federal. El conflicto no es una pelea de personalidades sino un choque de modelos: el gobierno que quiere terminar con la protección arancelaria y los subsidios, contra el grupo industrial más poderoso del país que construyó buena parte de su negocio sobre esas mismas herramientas.
El origen: la licitación de caños que Techint perdió por primera vez en 70 años
El detonante del conflicto fue una licitación privada convocada por el consorcio Southern Energy —integrado por Pan American Energy, Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la inglesa Harbour Energy— para la provisión de caños de acero para gasoductos. Techint, a través de su subsidiaria Tenaris, era el proveedor histórico de ese tipo de insumos en Argentina, pero Southern Energy eligió a la empresa india Welspun porque ofrecía tuberías más baratas. Según fuentes del consorcio, fue una decisión unánime de todas las empresas participantes y no hubo intervención del gobierno.
Techint, sin embargo, filtró a la prensa en los días previos al cierre de la licitación que Rocca analizaba suspender la actividad en la planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina, que emplea directamente a unas 400 personas. En la Casa Rosada leyeron ese movimiento como una extorsión: «Fue de mal gusto», dijeron fuentes del Ejecutivo. Para Milei, que lleva años argumentando que la industria argentina creció protegida y que esa protección perjudica a los consumidores, el episodio era la confirmación empírica de su tesis.
El cierre de Fate y los 920 despidos
El segundo capítulo fue más dramático. Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate —fabricante de neumáticos y socio de Aluar, la mayor productora de aluminio del país—, presionó al gobierno para que mantuviera las medidas antidumping que protegían a su empresa frente a la competencia de neumáticos importados más baratos. Cuando el Ejecutivo no cedió, Fate cerró su planta en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, con el despido de 920 trabajadores. El cierre se concretó un día antes de que el Senado tratara la reforma laboral, en lo que el gobierno leyó como un mensaje político deliberado.
Milei lo contó en primera persona en Nueva York: «Si no le manteníamos la barrera nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños». El cierre de Fate —con su carga humana de casi mil familias sin ingreso— es el punto donde el conflicto ideológico entre el gobierno y el empresariado protegido toca la realidad concreta de los trabajadores.
Los ataques en Nueva York: ante inversores de Wall Street
El 10 de marzo de 2026, en la apertura de la Argentina Week en la sede del JP Morgan en Nueva York, Milei eligió el escenario más improbable para el más agresivo de sus ataques: ante potenciales inversores internacionales, frente a los CEOs de los mayores fondos de inversión del mundo, el presidente de Argentina nombró a los dos empresarios más poderosos del país y los llamó «chorros». «Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta», dijo.
También reconoció las «confrontaciones abiertas» de las semanas previas y explicó el marco ideológico: el proteccionismo arancelario y los subsidios que beneficiaron a Techint y a Aluar durante décadas son, en su lectura, instrumentos de corrupción que permiten a empresas privadas extraerle renta a los consumidores con la complicidad del Estado. «Ustedes perjudican a 48 millones de personas para salvar a 3 chorros», repitió la frase que ya usó en otros escenarios.
El sector industrial interpretó el ataque de otra manera: como una cobertura discursiva anticipada. «Nos van a querer decir que si no pudimos sobrevivir es porque no fuimos suficientemente competitivos», dijeron fuentes empresariales citadas por Infobae, sugiriendo que Milei está construyendo el relato que usará si el empleo industrial se deteriora en los próximos meses.
La respuesta silenciosa: Tecpetrol demanda al Estado por USD 96 millones sumando a este conflicto Milei-Rocca
Mientras Rocca no respondía en público, su grupo movió fichas en los tribunales. El 3 de marzo, Tecpetrol —la subsidiaria petrolera de Techint que produce gas en Vaca Muerta— radicó una demanda por $134.200 millones (equivalentes a USD 96 millones) contra Energía Argentina S.A. (ENARSA), dependiente de la Secretaría de Energía, por facturas de gas impagos e intereses punitorios. La demanda fue radicada en el Juzgado N°6 del fuero Contencioso Administrativo Federal, luego de que una mediación prejudicial fracasara.
El reclamo se suma a otro por USD 640 millones que Tecpetrol tiene pendiente desde 2019, también relacionado con subsidios a la producción de gas. Ambas causas se originan en disputas sobre las condiciones de contratos firmados bajo el marco de la Resolución 46, que durante el gobierno de Macri creó un régimen de precios especiales para el gas de Vaca Muerta y que el gobierno de Milei administra con criterios que el sector privado considera inconsistentes con los compromisos originales.
Conflicto Milei-Rocca, (Techint): Por qué este conflicto importa más allá de los nombres propios
El enfrentamiento Milei-Rocca es un ensayo del debate más profundo que Argentina tiene pendiente sobre su modelo industrial. El gobierno sostiene que la protección arancelaria y los subsidios son instrumentos de corrupción que deben eliminarse para que los recursos se reasignen a los sectores más productivos, los salarios reales suban y los consumidores paguen menos. El sector industrial —y Techint como su exponente más poderoso— sostiene que la reconversión productiva no es instantánea y que desmantelar las protecciones sin una política de transición destruye empleo y capacidad instalada que no se recupera fácilmente.
El resultado concreto del conflicto en 2026 es: 920 trabajadores de Fate despedidos, una licitación de caños adjudicada a una empresa india, una demanda judicial de USD 96 millones pendiente y un presidente que ataca a los empresarios más poderosos del país ante inversores de Wall Street. Si esa combinación genera más empleo, más competitividad y más inversión en el mediano plazo —como promete el modelo de Milei— el presidente tendrá razón. Si destruye industria sin reemplazarla, los que avisaron tendrán razón. El mercado laboral de 2027 dará la respuesta.
Política
El Chaco aclaró que la baja de radares de la ANSV solo afecta a dispositivos que ya no funcionaban y que la provincia mantiene 47 activos
La Disposición 7/2026 de la ANSV retiró del registro oficial a cinemómetros vandalizados o inoperativos. Los 47 radares activos en rutas nacionales y provinciales continúan funcionando con plena validez legal.
El Ministerio de Seguridad del Chaco salió a desmentir este sábado versiones que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta eliminación masiva de radares de velocidad en las rutas provinciales y nacionales. A través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el gobierno chaqueño explicó el verdadero alcance de la Disposición 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y dejó en claro que los controles de velocidad siguen plenamente vigentes en el territorio provincial.
El subsecretario Rafael Acuña precisó que la disposición nacional «establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes». En otras palabras: la ANSV no desactivó radares que estaban funcionando sino que regularizó el registro oficial eliminando dispositivos que ya no existían o no operaban en los puntos donde habían sido instalados originalmente.
Qué dice la Disposición 7/2026 y por qué generó confusión
La Disposición 7/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de numerosos radares fijos en rutas nacionales del Chaco, tras constatar que ya no se encontraban operativos. Entre las rutas afectadas figuran la RN 16, RN 95, RN 11 y RN 89, con localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
La confusión surgió porque la normativa enumera una cantidad significativa de dispositivos dados de baja, lo que llevó a interpretaciones erróneas sobre un supuesto desmantelamiento del sistema de control vial. Sin embargo, desde Seguridad Vial aclararon que esos radares ya estaban fuera de servicio antes de la disposición: la medida no los apagó sino que los eliminó formalmente de un registro que no reflejaba la realidad del terreno.
Acuña también señaló que la baja fue solicitada por la propia Provincia del Chaco a partir de relevamientos técnicos previos, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas de control vial y evitar que figuren en el registro oficial dispositivos que ya no generan multas válidas.
Cuántos radares siguen activos en el Chaco
Según el comunicado oficial, el Chaco cuenta actualmente con 47 radares habilitados y en pleno funcionamiento, distribuidos en dos tipos de corredores: 31 en rutas nacionales y 16 en rutas provinciales. Todos los dispositivos activos están homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.
La aclaración llega en un momento sensible: el fin de semana largo del 25 de Mayo activa un operativo vial reforzado en todo el país, con mayor presencia de controles en los principales corredores. Para los conductores que transiten la RN 16 —eje central que conecta Charata con Resistencia y sobre la que se desarrolló buena parte de la polémica, como se detalló en la nota sobre la licitación de rutas nacionales publicada ayer en CharataChaco.Net— la situación es clara: los radares operativos siguen activos y las infracciones detectadas tienen plena validez legal.
El pedido oficial: no difundir versiones sin respaldo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se solicitó a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales y que evite la difusión de versiones inexactas. La advertencia apunta directamente a la circulación en redes sociales de mensajes que interpretaron la disposición de la ANSV como una habilitación para circular a mayor velocidad sin riesgo de multas, lo que constituye tanto una lectura incorrecta de la normativa como un riesgo concreto para la seguridad vial.
Los controles de velocidad, remarcaron desde el área, «constituyen una herramienta preventiva fundamental para reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las rutas chaqueñas«.
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Política
Falleció Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de Charata: tenía 94 años y dejó una huella profunda en la vida institucional de la ciudad
El Municipio de Charata participó el fallecimiento con profundo pesar y destacó su compromiso con la vida institucional y democrática de la ciudad.
Charata despide a Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de la ciudad, fallecido este sábado a los 94 años. Nacido en 1932, Marín fue una figura central de la vida política e institucional de Charata durante décadas, con una trayectoria que lo llevó a conducir los destinos del Municipio como intendente y a continuar su compromiso con la comunidad como concejal, además de mantener vínculos activos con distintas instituciones locales a lo largo de su vida.
El intendente Rubén Rach expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que subrayó el legado de Marín como servidor público. «Lo despido con profundo dolor. Fue un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestra comunidad, dejando su huella como intendente, concejal y vecino comprometido con Charata», sostuvo Rach, quien extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del ex funcionario.
Una vida ligada a la institucionalidad de Charata
La trayectoria de Marín abarca un período clave de la historia política local, en el que Charata consolidó su perfil como la ciudad más importante del sudoeste chaqueño y cabecera del Departamento Chacabuco. Su paso por la intendencia y el Concejo Deliberante lo posicionó como uno de los referentes de la vida democrática de la ciudad, en una época en que las instituciones municipales jugaron un rol central en el desarrollo urbano y social de la región.
El Municipio de Charata, a través de un comunicado oficial acompañado de una fotografía de Marín, destacó que fue «parte de la vida institucional y democrática de Charata» y convocó a la comunidad a acompañar a su familia en este momento de dolor. El intendente Rach, sus funcionarios y todo el equipo municipal se sumaron a las condolencias.
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Política
Charata capacitó a sus agentes de tránsito y personal de Faltas en seguridad vial con respaldo de la UNNE
La jornada se realizó en el CEEC y estuvo coordinada por especialistas del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE.
Agentes de tránsito y personal del Juzgado de Faltas del Municipio de Charata participaron este viernes de una jornada de capacitación en seguridad vial organizada con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La actividad se desarrolló en el Centro de Estudios y Extensión Charata (CEEC) y apuntó a fortalecer las herramientas de quienes ejercen funciones de contralor en la vía pública y en el ámbito judicial de faltas.
La propuesta contó con el aval del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE, junto al Departamento de Centros Regionales y Extensiones Áulicas y la Secretaría General Académica de esa universidad. La coordinación estuvo a cargo del Lic. Ezequiel Nardelli y la Magter. Rosa Sandra Durand, acompañados por un equipo de profesionales y docentes especializados en la temática.
Una iniciativa que apunta a la profesionalización del personal municipal
El intendente Rubén Rach, la jueza de Faltas Municipal Gimena Vázquez y el secretario de Tránsito Carlos Aoad estuvieron presentes en la jornada, acompañando una iniciativa que el propio municipio impulsó para elevar el nivel de formación de sus agentes. La participación de las autoridades locales reflejó el respaldo político e institucional a un proceso que busca mejorar el desempeño cotidiano del personal de contralor.
La seguridad vial es una de las áreas donde la capacitación técnica incide directamente en los resultados sobre el terreno. Los agentes de tránsito y los funcionarios del Juzgado de Faltas son los primeros eslabones del sistema de control, y su formación determina en gran medida la eficacia de las políticas viales a nivel local.
El rol de la UNNE en la formación de gestores municipales
El respaldo institucional de la UNNE a través de su Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología le otorga a la capacitación un perfil académico que trasciende la instrucción operativa. La articulación entre el municipio charatense y la universidad pública regional es también una señal de que la formación continua del personal estatal puede canalizarse a través de vínculos con el sistema universitario, sin necesidad de recurrir a capacitadores privados.
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