Política
El conflicto Milei-Rocca en detalle: una licitación perdida y la demanda judicial de Techint contra el Estado por USD 96 millones
El conflicto arrancó en diciembre de 2025 con una licitación privada de caños para gasoductos que Techint perdió ante la india Welspun. Escaló con el cierre de Fate y los 920 despidos, explotó en la Argentina Week de Nueva York y llegó a los tribunales con una demanda de Tecpetrol por subsidios impagos.

El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, es el conflicto más resonante entre el gobierno nacional y el empresariado argentino en lo que va de 2026 y tiene al menos cuatro capítulos que se encadenan entre sí: una licitación privada de caños para gasoductos que Techint perdió en diciembre de 2025, el cierre de la planta de neumáticos Fate con 920 trabajadores despedidos, los ataques de Milei a Rocca en la Argentina Week de Nueva York el 10 de marzo, y la demanda judicial que Tecpetrol —subsidiaria de Techint— inició el conflicto contra el Estado por USD 96 millones en subsidios de gas impagos. Milei nunca respondió a ninguna declaración de Rocca porque Rocca casi no habló en público: su respuesta llegó en silencio, en letra de molde, con una demanda radicada en el Juzgado N°6 del fuero Contencioso Administrativo Federal. El conflicto no es una pelea de personalidades sino un choque de modelos: el gobierno que quiere terminar con la protección arancelaria y los subsidios, contra el grupo industrial más poderoso del país que construyó buena parte de su negocio sobre esas mismas herramientas.
El origen: la licitación de caños que Techint perdió por primera vez en 70 años
El detonante del conflicto fue una licitación privada convocada por el consorcio Southern Energy —integrado por Pan American Energy, Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la inglesa Harbour Energy— para la provisión de caños de acero para gasoductos. Techint, a través de su subsidiaria Tenaris, era el proveedor histórico de ese tipo de insumos en Argentina, pero Southern Energy eligió a la empresa india Welspun porque ofrecía tuberías más baratas. Según fuentes del consorcio, fue una decisión unánime de todas las empresas participantes y no hubo intervención del gobierno.
Techint, sin embargo, filtró a la prensa en los días previos al cierre de la licitación que Rocca analizaba suspender la actividad en la planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina, que emplea directamente a unas 400 personas. En la Casa Rosada leyeron ese movimiento como una extorsión: «Fue de mal gusto», dijeron fuentes del Ejecutivo. Para Milei, que lleva años argumentando que la industria argentina creció protegida y que esa protección perjudica a los consumidores, el episodio era la confirmación empírica de su tesis.
El cierre de Fate y los 920 despidos
El segundo capítulo fue más dramático. Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate —fabricante de neumáticos y socio de Aluar, la mayor productora de aluminio del país—, presionó al gobierno para que mantuviera las medidas antidumping que protegían a su empresa frente a la competencia de neumáticos importados más baratos. Cuando el Ejecutivo no cedió, Fate cerró su planta en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, con el despido de 920 trabajadores. El cierre se concretó un día antes de que el Senado tratara la reforma laboral, en lo que el gobierno leyó como un mensaje político deliberado.
Milei lo contó en primera persona en Nueva York: «Si no le manteníamos la barrera nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños». El cierre de Fate —con su carga humana de casi mil familias sin ingreso— es el punto donde el conflicto ideológico entre el gobierno y el empresariado protegido toca la realidad concreta de los trabajadores.
Los ataques en Nueva York: ante inversores de Wall Street
El 10 de marzo de 2026, en la apertura de la Argentina Week en la sede del JP Morgan en Nueva York, Milei eligió el escenario más improbable para el más agresivo de sus ataques: ante potenciales inversores internacionales, frente a los CEOs de los mayores fondos de inversión del mundo, el presidente de Argentina nombró a los dos empresarios más poderosos del país y los llamó «chorros». «Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta», dijo.
También reconoció las «confrontaciones abiertas» de las semanas previas y explicó el marco ideológico: el proteccionismo arancelario y los subsidios que beneficiaron a Techint y a Aluar durante décadas son, en su lectura, instrumentos de corrupción que permiten a empresas privadas extraerle renta a los consumidores con la complicidad del Estado. «Ustedes perjudican a 48 millones de personas para salvar a 3 chorros», repitió la frase que ya usó en otros escenarios.
El sector industrial interpretó el ataque de otra manera: como una cobertura discursiva anticipada. «Nos van a querer decir que si no pudimos sobrevivir es porque no fuimos suficientemente competitivos», dijeron fuentes empresariales citadas por Infobae, sugiriendo que Milei está construyendo el relato que usará si el empleo industrial se deteriora en los próximos meses.
La respuesta silenciosa: Tecpetrol demanda al Estado por USD 96 millones sumando a este conflicto Milei-Rocca
Mientras Rocca no respondía en público, su grupo movió fichas en los tribunales. El 3 de marzo, Tecpetrol —la subsidiaria petrolera de Techint que produce gas en Vaca Muerta— radicó una demanda por $134.200 millones (equivalentes a USD 96 millones) contra Energía Argentina S.A. (ENARSA), dependiente de la Secretaría de Energía, por facturas de gas impagos e intereses punitorios. La demanda fue radicada en el Juzgado N°6 del fuero Contencioso Administrativo Federal, luego de que una mediación prejudicial fracasara.
El reclamo se suma a otro por USD 640 millones que Tecpetrol tiene pendiente desde 2019, también relacionado con subsidios a la producción de gas. Ambas causas se originan en disputas sobre las condiciones de contratos firmados bajo el marco de la Resolución 46, que durante el gobierno de Macri creó un régimen de precios especiales para el gas de Vaca Muerta y que el gobierno de Milei administra con criterios que el sector privado considera inconsistentes con los compromisos originales.
Conflicto Milei-Rocca, (Techint): Por qué este conflicto importa más allá de los nombres propios
El enfrentamiento Milei-Rocca es un ensayo del debate más profundo que Argentina tiene pendiente sobre su modelo industrial. El gobierno sostiene que la protección arancelaria y los subsidios son instrumentos de corrupción que deben eliminarse para que los recursos se reasignen a los sectores más productivos, los salarios reales suban y los consumidores paguen menos. El sector industrial —y Techint como su exponente más poderoso— sostiene que la reconversión productiva no es instantánea y que desmantelar las protecciones sin una política de transición destruye empleo y capacidad instalada que no se recupera fácilmente.
El resultado concreto del conflicto en 2026 es: 920 trabajadores de Fate despedidos, una licitación de caños adjudicada a una empresa india, una demanda judicial de USD 96 millones pendiente y un presidente que ataca a los empresarios más poderosos del país ante inversores de Wall Street. Si esa combinación genera más empleo, más competitividad y más inversión en el mediano plazo —como promete el modelo de Milei— el presidente tendrá razón. Si destruye industria sin reemplazarla, los que avisaron tendrán razón. El mercado laboral de 2027 dará la respuesta.
Política
El referente forestal del oeste chaqueño describió una industria paralizada: mercado sobreofertado, costos bancarios que ahogan y caída del consumo en todos los rubros
Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño, enumeró los factores que paralizan al sector: presión impositiva, costos financieros, tipo de cambio volátil y una demanda interna que no aparece.

La foresto industria del Chaco atraviesa una crisis, una parálisis que Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), describió sin eufemismos: «El mercado está sobre ofertado y no arranca. No hay pedidos, esa es la realidad que estamos pasando.»
López enumeró una cadena de factores que convergen sobre el sector: presión impositiva, costos bancarios, tipo de cambio volátil y caída del consumo interno. «El sistema impositivo y financiero, más el tipo de cambio, a la foresto industria también le afecta, no es solo al agro. Nuestro sector es muy demandante de mano de obra y estos parámetros terminan achicando las posibilidades en el mercado y, obviamente, hay menor desarrollo.»
Crisis foresto industria Chaco: «Si no sacan los impuestos es imposible»
El reclamo central del dirigente apunta a la carga tributaria que soportan las pequeñas y medianas empresas del sector. «Hay que sacar la pata de encima al productor o al empresario y va a competir. Si no sacan los impuestos es imposible», sostuvo.
A ese factor se suma el sistema bancario, que López describió como otro freno estructural. «Vos dejás plata en el Banco y cuando vas a ver no podés creer lo que te quedó», graficó. Y agregó que las condiciones crediticias cambian permanentemente: «Nos cambian los préstamos y los descubiertos, continuamente.»
La ecuación se complica además con la inestabilidad del tipo de cambio, que convierte en una trampa lo que debería ser una oportunidad. «Hiciste un negocio con un dólar más alto y cuando vas a entregar bajó, tuviste inflación y aumento de combustible. Ese contrato que pensaste que te salvaba termina siendo un mal negocio.» La conclusión de López para los exportadores del sector es directa: «Si sos exportador, más vale no firmes ningún contrato.»
El mercado interno sin demanda
El carbón vegetal — uno de los principales productos forestales del oeste chaqueño, con salida tanto al mercado interno como a la exportación — refleja la parálisis general. López señaló que el precio del producto no aumenta incluso en mercados internacionales donde tiene alta demanda, como Chile. «No puede ser que siendo un combustible tan usado no aumente el precio en mercados como Chile», planteó.
La caída del consumo interno es el trasfondo de todo el cuadro. «La depresión en el consumo de carne va directamente al asado», explicó López, describiendo cómo la retracción del poder adquisitivo de los argentinos se traslada en cascada hasta los postes, las varillas y el carbón que produce el monte chaqueño. «La gente no tiene plata en ningún rubro», resumió.
El problema del empleo y la informalidad
Otro eje del diagnóstico es el mercado laboral. El dirigente señaló dificultades concretas para conseguir trabajadores en el interior forestal del Chaco. «Acá no conseguís empleados para nada. Pedís gente y no va nadie», afirmó. Según su visión, hay distorsiones estructurales que desalientan el trabajo formal y generan informalidad, con consecuencias que se extienden más allá de la producción. «No es solo la producción, es el impacto en los pueblos. Es un problema más profundo que excede lo económico», advirtió.
El diagnóstico final de López condensa la sensación del sector: «Yo creo que todo el país estamos así, esperando a ver qué pasa.»
Fuentes Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), declaraciones a Agroperfiles, abril de 2026.
Política
La CGT confirmó la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo: pérdida salarial, paritarias con techo y reforma laboral — los mismos reclamos que los gremios chaqueños llevan a las calles
Tras la reunión del Consejo Directivo en Azopardo, el triunvirato cegetista anunció la movilización para la antesala del Día del Trabajador. También habrá un acto ecuménico en homenaje al Papa Francisco. La central prepara además su propio índice de precios porque desconfía del INDEC para las paritarias.

La Confederación General del Trabajo, (CGT), confirmó este jueves lo que el movimiento sindical venía anticipando: habrá marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas, en la víspera del Día del Trabajador. El anuncio lo hizo el triunviro Jorge Sola tras la reunión del Consejo Directivo Nacional en la sede de la central en la calle Azopardo, flanqueado por sus compañeros Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Las consignas son tres y son concretas: pérdida del poder adquisitivo, paritarias con techo impuesto por el Gobierno y reforma laboral que los gremios rechazan y llevan a los tribunales.
Por qué marchan
El diagnóstico que la CGT presentó este jueves no deja margen para la ambigüedad. «Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad, la informalidad o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo», dijo Sola ante los periodistas.
La denuncia más política apuntó directamente al Gobierno: el oficialismo estaría fijando un techo a las negociaciones paritarias por debajo de la inflación. «Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de los salarios», afirmó el dirigente. Y advirtió sobre una práctica que se repite en las mesas de negociación: «hay una suerte de posición extorsiva en la que se plantea ‘o se mantienen los puestos de trabajo o se aumentan los salarios’. Eso está pasando.»
La marcha también tiene un componente simbólico: además del acto político se realizará una celebración religiosa ecuménica en homenaje al Papa Francisco, fallecido recientemente, cuya defensa de la justicia social y el mundo del trabajo fue reivindicada por el sindicalismo en múltiples oportunidades.
La CGT prepara su propio índice de inflación
Uno de los datos más significativos de la conferencia de prensa fue el anuncio de que la CGT está elaborando su propio índice de precios al consumidor junto a la UBA, como alternativa al IPC del INDEC. El motivo es la desconfianza del sindicalismo en las estadísticas oficiales — el mismo debate que Capitanich abrió horas antes en el Senado. Si la inflación oficial es más baja que la real, las paritarias que se discuten en base a ese índice terminan siendo aumentos que no compensan la pérdida.
Sola evitó comprometerse sobre si los gremios dejarán de usar el IPC del INDEC, dejando la decisión a cada sindicato. Pero la señal es clara: la central obrera ya no confía en el organismo para una de sus herramientas más importantes.
La CGT marcha el 30 de abril: Lo que esto significa para el Chaco
Los tres reclamos de la CGT nacional son exactamente los que los gremios docentes y estatales del Chaco vienen planteando desde el inicio de 2026. Los maestros chaqueños llevan meses en conflicto con el gobierno de Leandro Zdero por la cláusula gatillo que el Ejecutivo provincial dejó de pagar en 2025, acumulando una pérdida salarial que los propios gremios estiman en el 30%. Los aumentos decretados — 3% en febrero y 2% en abril — quedaron muy por debajo de la inflación real. La concentración del 9 de abril en toda la provincia fue la expresión local del mismo malestar que ahora se canaliza hacia Plaza de Mayo.
El 30 de abril, los trabajadores chaqueños que puedan viajar a Buenos Aires o que se movilicen en las plazas del interior se sumarán a una protesta con la Confederación General del Trabajo que tiene nombres concretos en Charata, General Pinedo y cada municipio del Departamento Chacabuco: sueldos que no alcanzan, docentes debajo de la línea de pobreza y una reforma laboral que les quitó derechos conquistados.
Política
Capitanich cuestionó en el Senado la metodología del INDEC: Resistencia tiene 42,2% de pobreza mientras el promedio nacional baja al 28,2%
El senador chaqueño intervino en la sesión del jueves apuntando contra los instrumentos de medición del INDEC, que se basan en parámetros de consumo de 2004. El debate tiene un impacto directo en cómo el Estado diseña las políticas sociales para el Chaco, la provincia con mayor pobreza del país.

El 28,2% de pobreza que el INDEC publicó para el segundo semestre de 2025 — el número más bajo en siete años y que el Gobierno festejó como un logro histórico — tiene una trampa que el senador chaqueño Jorge Capitanich puso sobre la mesa este jueves en la sesión del Senado: los instrumentos de medición están desactualizados, y el impacto es concreto en provincias como el Chaco, donde la realidad que vive la gente no coincide con lo que muestran las estadísticas nacionales.
El dato más elocuente está en los propios registros del INDEC: mientras el promedio nacional baja al 28,2%, Resistencia registra una pobreza del 42,2%. La indigencia, a su vez, subió en el Chaco aunque bajó a nivel nacional. El mismo organismo que informa la mejora registra la contradicción territorial que Capitanich y otros senadores del interbloque kirchnerista llevaron al recinto.
El problema de los parámetros de 2004
La crítica técnica que Capitanich desarrolló en el Senado —en línea con una intervención previa de la senadora Alicia Kirchner de Santa Cruz— tiene un núcleo concreto: la canasta de consumo que el INDEC utiliza para medir pobreza se basa en estructuras de gasto del año 2004, hace más de dos décadas. En ese momento, los hogares argentinos destinaban una proporción mucho mayor de sus ingresos a los alimentos. Hoy el peso de los servicios —luz, gas, agua, transporte— es significativamente mayor, especialmente después de los aumentos de tarifas acumulados desde 2023.
El resultado es que la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza subestima el costo real de no ser pobre. Una familia puede quedar por encima de esa línea matemáticamente aunque no pueda pagar las tarifas o haya reducido el consumo de alimentos para afrontar los servicios. «La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo», describió el economista Agustín Salvia del Observatorio de Deuda Social de la UCA, uno de los principales críticos de los datos oficiales.
Capitanich también señaló que actualizaciones metodológicas realizadas en 2012, 2013, 2017 y 2018 nunca fueron incorporadas al sistema de medición vigente, acumulando una brecha entre la realidad y lo que el organismo registra.
Pobreza: Por qué importa para el Chaco
El debate no es técnico ni abstracto. Cómo se mide la pobreza determina cuántos recursos llegan al Chaco — desde los programas sociales nacionales hasta los criterios de distribución de fondos discrecionales. Si el INDEC registra menos pobreza de la que existe, las políticas públicas se diseñan para un problema más chico que el real.
En el Chaco, provincia históricamente la más pobre del país, la distorsión tiene consecuencias directas. Comunidades del Impenetrable, del sudoeste chaqueño y de ciudades intermedias como Charata conviven con niveles de privación que los indicadores nacionales no capturan con precisión. Que un hogar de General Pinedo o de Villa Ángela quede «por encima de la línea de pobreza» porque el INDEC usa parámetros de consumo de hace veinte años no significa que pueda pagar la luz, la nafta para el trabajo o los remedios.
La propuesta: un INDEC autónomo
La cuestión de privilegio presentada por el kirchnerismo en el Senado fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatirá la propuesta de garantizar la independencia del INDEC de los gobiernos de turno. El argumento central: si las estadísticas que orientan las políticas públicas no son confiables, las políticas tampoco pueden funcionar como deberían. Para el Chaco, con sus niveles estructurales de pobreza, esa independencia no es un debate académico — es una condición para que el Estado llegue donde tiene que llegar.
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