Una plataforma digital llamada ¿Cuánto Deben? — que cruza registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central — encendió esta semana uno de los escándalos políticos más incómodos para el Gobierno de Javier Milei. El motivo: al menos nueve funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina por montos que en conjunto superan los $2.500 millones y llegan individualmente hasta los $510 millones.

La paradoja política es difícil de esquivar: el mismo espacio que construyó su identidad sobre el cuestionamiento al Estado y el lema «no hay plata» recurrió masivamente a la banca estatal para financiar propiedades a tasas muy por debajo del mercado privado.

Quiénes son y cuánto deben

El listado de beneficiarios concentra nombres del equipo económico, del Banco Central y del Congreso. Los montos surgen de registros públicos y fueron difundidos masivamente en redes sociales desde el martes de Semana Santa.

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor directo del ministro de Economía Luis Caputo: crédito inicial de $373 millones desde febrero de 2025. Federico Furiase, secretario de Finanzas y ex director del BCRA: $367 millones desde agosto de 2025. Pedro Inchauspe, director del Banco Central: $510 millones — el monto más alto de la lista — desde diciembre de 2025. Emiliano Mongilardi, director de YPF: $309 millones. Juan Pablo Carreira — conocido en redes como «Juan Doe» —, director de Comunicación Digital: $112 millones.

En el Congreso, los diputados oficialistas Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde registran deudas de entre $230 y $279 millones. Además figura el subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, entre los beneficiarios del esquema.

La línea preferencial que nadie mencionó

El Banco Nación salió a defenderse con un comunicado institucional que destacó que nueve de cada diez créditos hipotecarios del país los otorga esa entidad y que el proceso es «homogéneo, sin excepciones». Lo que el comunicado no aclaró con suficiente énfasis es que desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público llamada «+Hogares sector público» que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble — frente al 75% que cubre la línea general — y a una tasa anual del 6%, entre las más bajas del mercado local.

En otras palabras: los funcionarios accedieron a mejores condiciones que las disponibles para el ciudadano común, en virtud de su condición de empleados estatales. La contradicción con el discurso oficial de «achicamiento del Estado» y «austeridad» es la que la oposición busca explotar.

La investigación en el Congreso sobre los créditos del Banco Nación a funcionarios

El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) fue el primero en mover fichas formales. Presentó pedidos de informes ante el Banco Nación y el Banco Central para determinar si existieron condiciones preferenciales, conflictos de interés, o evaluaciones de riesgo que debieron haber bloqueado los créditos. El proyecto advierte sobre una «ventanilla de privilegios» incompatible con el discurso de austeridad que el Gobierno sostiene hacia el resto de la ciudadanía.

La oposición quiere saber, en concreto, si hubo excepciones en los límites de crédito a personas políticamente expuestas, si los préstamos se aprobaron pese a dictámenes técnicos desfavorables, y si los organismos de control — la SIGEN y el BCRA — detectaron irregularidades y no actuaron.

La primera cabeza: Massaccesi fuera de Capital Humano

La única consecuencia política concreta hasta ahora fue la caída de Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien había gestionado un crédito de casi $420 millones — uno de los montos más altos de la lista. La ministra Sandra Pettovello le pidió la renuncia el viernes, y Massaccesi la presentó.

Pero la versión oficial del motivo fue cuidadosamente construida para no ceder terreno en el debate de fondo. Fuentes cercanas a Pettovello indicaron que la salida no responde a irregularidades en el crédito — que fue obtenido legalmente — sino a que Massaccesi «le mintió dos veces a Sandra: no le contó que había sacado el crédito y cuando se enteró ella, tampoco se lo dijo». El Ministerio de Capital Humano tiene una política de «tolerancia cero» ante gestos que puedan ser leídos como privilegios, y Massaccesi no consultó la conveniencia política antes de firmar.

Créditos del Banco Nación a funcionarios: Caputo minimizó la polémica

El ministro de Economía Luis Caputo restó importancia al escándalo. Su argumento: los créditos hipotecarios son líneas abiertas a cualquier ciudadano que califique, no son discrecionales ni excepcionales, y acceder a ellos no tiene nada de irregular. La posición del ministro fue sostenida también por los legisladores involucrados — Campero escribió en X que la acusación es «maliciosa» y que toda la documentación es pública y verificable.

El Gobierno apuesta a que la polémica se diluya con el argumento técnico de la legalidad. La oposición apuesta a que no alcanza con que sea legal si resulta contrario al discurso que el oficialismo construyó durante dos años.