Política
Créditos del Banco Nación a funcionarios de LLA: hasta $510 millones por persona, pedido de investigación en el Congreso y la primera cabeza que rodó
Al menos nueve funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza aparecen en la Central de Deudores del BCRA con créditos hipotecarios del Banco Nación de hasta $510 millones. La oposición pide investigación formal. La primera consecuencia concreta: Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete. Caputo minimizó el escándalo.

Una plataforma digital llamada ¿Cuánto Deben? — que cruza registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central — encendió esta semana uno de los escándalos políticos más incómodos para el Gobierno de Javier Milei. El motivo: al menos nueve funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina por montos que en conjunto superan los $2.500 millones y llegan individualmente hasta los $510 millones.
La paradoja política es difícil de esquivar: el mismo espacio que construyó su identidad sobre el cuestionamiento al Estado y el lema «no hay plata» recurrió masivamente a la banca estatal para financiar propiedades a tasas muy por debajo del mercado privado.
Quiénes son y cuánto deben
El listado de beneficiarios concentra nombres del equipo económico, del Banco Central y del Congreso. Los montos surgen de registros públicos y fueron difundidos masivamente en redes sociales desde el martes de Semana Santa.
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor directo del ministro de Economía Luis Caputo: crédito inicial de $373 millones desde febrero de 2025. Federico Furiase, secretario de Finanzas y ex director del BCRA: $367 millones desde agosto de 2025. Pedro Inchauspe, director del Banco Central: $510 millones — el monto más alto de la lista — desde diciembre de 2025. Emiliano Mongilardi, director de YPF: $309 millones. Juan Pablo Carreira — conocido en redes como «Juan Doe» —, director de Comunicación Digital: $112 millones.
En el Congreso, los diputados oficialistas Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde registran deudas de entre $230 y $279 millones. Además figura el subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, entre los beneficiarios del esquema.
La línea preferencial que nadie mencionó
El Banco Nación salió a defenderse con un comunicado institucional que destacó que nueve de cada diez créditos hipotecarios del país los otorga esa entidad y que el proceso es «homogéneo, sin excepciones». Lo que el comunicado no aclaró con suficiente énfasis es que desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público llamada «+Hogares sector público» que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble — frente al 75% que cubre la línea general — y a una tasa anual del 6%, entre las más bajas del mercado local.
En otras palabras: los funcionarios accedieron a mejores condiciones que las disponibles para el ciudadano común, en virtud de su condición de empleados estatales. La contradicción con el discurso oficial de «achicamiento del Estado» y «austeridad» es la que la oposición busca explotar.
La investigación en el Congreso sobre los créditos del Banco Nación a funcionarios
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) fue el primero en mover fichas formales. Presentó pedidos de informes ante el Banco Nación y el Banco Central para determinar si existieron condiciones preferenciales, conflictos de interés, o evaluaciones de riesgo que debieron haber bloqueado los créditos. El proyecto advierte sobre una «ventanilla de privilegios» incompatible con el discurso de austeridad que el Gobierno sostiene hacia el resto de la ciudadanía.
La oposición quiere saber, en concreto, si hubo excepciones en los límites de crédito a personas políticamente expuestas, si los préstamos se aprobaron pese a dictámenes técnicos desfavorables, y si los organismos de control — la SIGEN y el BCRA — detectaron irregularidades y no actuaron.
La primera cabeza: Massaccesi fuera de Capital Humano
La única consecuencia política concreta hasta ahora fue la caída de Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien había gestionado un crédito de casi $420 millones — uno de los montos más altos de la lista. La ministra Sandra Pettovello le pidió la renuncia el viernes, y Massaccesi la presentó.
Pero la versión oficial del motivo fue cuidadosamente construida para no ceder terreno en el debate de fondo. Fuentes cercanas a Pettovello indicaron que la salida no responde a irregularidades en el crédito — que fue obtenido legalmente — sino a que Massaccesi «le mintió dos veces a Sandra: no le contó que había sacado el crédito y cuando se enteró ella, tampoco se lo dijo». El Ministerio de Capital Humano tiene una política de «tolerancia cero» ante gestos que puedan ser leídos como privilegios, y Massaccesi no consultó la conveniencia política antes de firmar.
Créditos del Banco Nación a funcionarios: Caputo minimizó la polémica
El ministro de Economía Luis Caputo restó importancia al escándalo. Su argumento: los créditos hipotecarios son líneas abiertas a cualquier ciudadano que califique, no son discrecionales ni excepcionales, y acceder a ellos no tiene nada de irregular. La posición del ministro fue sostenida también por los legisladores involucrados — Campero escribió en X que la acusación es «maliciosa» y que toda la documentación es pública y verificable.
El Gobierno apuesta a que la polémica se diluya con el argumento técnico de la legalidad. La oposición apuesta a que no alcanza con que sea legal si resulta contrario al discurso que el oficialismo construyó durante dos años.
Política
Barcala habló de la ausencia de los concejales del PJ: «se jugaba un acuerdo por $314 millones antes de un remate»
El presidente del cuerpo legislativo detalló que la única ausencia justificada fue la de la concejal Paola Gauna, por un tema médico previo. Los otros tres ediles del bloque opositor tampoco asistieron el lunes al Consejo en Comisión, donde se buscaba reunir los votos necesarios para evitar que un juicio por honorarios de la Quinta Kurach llegue a remate.

El presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, explicó los motivos detrás de la ausencia de los cuatro concejales del bloque opositor Frente Chaqueño durante la votación del Dictamen N.° 28/2026, que amplió el Presupuesto General de Cálculos de Recursos del Ejercicio 2026. Según detalló, las faltas no se limitaron a la sesión ordinaria de la noche del lunes, sino que también alcanzaron al Consejo en Comisión realizado esa misma jornada por la mañana.
La única ausencia justificada
Barcala precisó que, de los cuatro ediles del Frente Chaqueño, solo la concejal Paola Gauna notificó su ausencia en tiempo y forma. Se trata, según explicó, de un tema de salud planificado con anterioridad —una cirugía con parte médico— y comunicado con el plazo de seis horas que exige el artículo 18 bis del Reglamento Interno Municipal para justificar una inasistencia. «Es la única ausente con justificado», remarcó el presidente del cuerpo legislativo.
Del resto de los concejales del bloque opositor, Barcala indicó que Carlos Fedorchuk avisó por la mañana que no asistiría, aunque sin cumplir con los tiempos que fija la normativa interna, mientras que los demás ediles no dieron ningún aviso, ni para el encuentro matutino ni para la sesión de la noche.
Un embargo de $314 millones detrás de las ausencias
Entre los temas que debían tratarse en el Consejo en Comisión —y que quedó trunco por falta de quórum opositor— figuraba un juicio por honorarios vinculado a la Quinta Kurach, iniciado alrededor de 2007-2008, que había prescripto en su momento pero que derivó en una sentencia firme. Según Barcala, la deuda actualizada asciende a $314 millones y el expediente ya avanza hacia un remate judicial, con Pepe Bielsa —exintendente radical de Charata— como acreedor.
El titular del Concejo explicó que existía una propuesta para llegar a un acuerdo entre las partes y frenar así el remate, pero que esa negociación requiere el respaldo de seis votos en el cuerpo legislativo, un número que no se pudo reunir por la falta de los concejales del Frente Chaqueño. «No vinieron al Consejo en Comisión, que teníamos que cerrar eso», señaló Barcala. Además del embargo, la agenda de ese encuentro incluía un cambio en el régimen de compras del Municipio.
Política
Con qué votos y cuántas ausencias el Concejo de Charata aprobó ampliar el presupuesto municipal 2026
El Dictamen N.º 28/2026 se aprobó por mayoría, sin votos negativos, en la Sesión Ordinaria N.º 87 (Reunión N.º 103)

El Concejo Municipal de Charata llevó adelante este sábado 13 de junio la Sesión Ordinaria N.º 87 (Reunión N.º 103), bajo la presidencia de Alejandro Barcala, en la que se aprobaron el Orden del Día y el Acta de la sesión anterior como primeros puntos del temario. El cuerpo legislativo local, con sede en Rivadavia 370, avanzó además con el tratamiento del Dictamen N.º 28/2026.
Ese dictamen autoriza la ampliación del Presupuesto General de Cálculos de Recursos correspondiente al Ejercicio 2026, una herramienta administrativa que permite al Municipio de Charata adecuar sus previsiones de ingresos y gastos durante el transcurso del año. La iniciativa fue aprobada por mayoría, sin registrar votos negativos.
Cómo se dividió la votación
De los nueve integrantes del Concejo, cinco concejales estuvieron presentes y votaron de forma afirmativa: además del presidente Alejandro Barcala, se pronunciaron a favor Marcelo Spahn, Analía Farías, René Carabajal y Luciana Guilaña, todos pertenecientes al bloque Juntos por el Cambio. Los cuatro concejales del bloque Frente Chaqueño —Paola Gauna, Néstor Lorenzin, Silvia Oger y Carlos Fedorchuk— estuvieron ausentes durante la votación, por lo que el resultado final fue de cinco votos afirmativos, ningún voto negativo y cuatro ausencias.
Con ese resultado, el Dictamen N.º 28/2026 quedó aprobado por mayoría en el recinto del Concejo Municipal. Desde el cuerpo legislativo remarcaron que continúan trabajando con compromiso, diálogo y transparencia para fortalecer las instituciones locales y acompañar el desarrollo de la comunidad charatense, en el marco de la actividad habitual de la vida política del Municipio de Charata.
Política
Presencia chaqueña en la reunión de Milei con legisladores de LLA por la reforma del Banco Central
Ambos legisladores acompañaron el encuentro en la Casa Rosada previo al envío del proyecto al Congreso

La reunión que el presidente Javier Milei encabezó este lunes con los legisladores de La Libertad Avanza, para detallarles los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de su envío al Congreso, tuvo representación chaqueña. Estuvieron presentes la diputada nacional Rosario Goitía y el senador nacional Juan Cruz Godoy, los dos legisladores del Chaco pertenecientes al espacio libertario.
Quiénes son los representantes chaqueños
Godoy, de 30 años y oriundo de Resistencia, asumió su banca en el Senado en diciembre de 2025 tras una ajustada victoria electoral que le permitió a la alianza entre LLA y el gobernador Leandro Zdero quedarse con las dos bancas en juego para la provincia. Goitía, por su parte, juró como diputada nacional ese mismo mes, luego de encabezar la lista de la alianza oficialista para la Cámara baja. Ambos vienen sosteniendo una agenda activa en el territorio chaqueño: semanas atrás, los dos legisladores habían participado juntos de Agronea 2026, la exposición agropecuaria realizada en Charata, donde Godoy presentó una propuesta de ley de cabotaje para los puertos provinciales y Goitía destacó el valor de ese espacio para el sector productivo regional.
El proyecto que se debate
La reforma que Milei presentó a los legisladores contempla cinco ejes centrales: establecer la preservación del valor de la moneda como único mandato del Banco Central, prohibir de manera total el financiamiento al fisco, dificultar la remoción del presidente y el directorio del organismo, impedir la distribución de dividendos por utilidades ficticias y eliminar las letras intransferibles. La iniciativa busca revertir los lineamientos de la reforma de 2012 y cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional.
Por el momento, el Gobierno no definió si el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados o por el Senado, aunque se espera que sea remitido al Congreso antes de que termine julio.
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