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Política

Atentado a CFK: Sabag Montiel condenado a 10 años, pero el celular nunca se pudo peritar

El TOF 6 dictó sentencia en octubre de 2025: Sabag Montiel (10 años), Uliarte (8 años) y absolución de Carrizo. Pero la causa que investiga si hubo autores intelectuales permanece en instrucción bajo la jueza Capuchetti, quien reasumió en marzo de 2025 y enfrenta las críticas del kirchnerismo por el manejo del celular del atacante.

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El kirchnerismo contra la Jueza Capuchetti
(Foto: Reuters/Matías Baglietto)

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó en octubre de 2025 a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión como autor material del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022, y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Nicolás Carrizo, el tercer acusado y jefe del grupo conocido como «Los Copitos», fue absuelto por falta de pruebas sobre su participación directa. Las sentencias cierran el tramo del juicio oral sobre los autores materiales, pero dejan abierta la pregunta más importante: quién o quiénes estuvieron detrás del ataque. Esa investigación —la causa residual sobre los posibles autores intelectuales y el financiamiento de Revolución Federal— permanece en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien reasumió su conducción en marzo de 2025 tras dos años de delegación en la Fiscalía, y es el blanco recurrente de las críticas del kirchnerismo.

El celular que nunca se pudo peritar: el agujero negro de la causa

El punto más crítico de todo el expediente es el teléfono celular de Sabag Montiel, un Samsung SM-A505 que desde la noche del atentado acumula una serie de irregularidades que la investigación no logró resolver. El dispositivo fue revisado por primera vez pasada la medianoche del 1 de septiembre de 2022 en el propio juzgado de Capuchetti —un lugar sin bloqueo de señales y donde esa noche se había cortado la luz—, por un perito de la Policía Federal sin experiencia en ese tipo de equipos. El intento de extracción falló entre cuatro y seis veces.

Lo que siguió fue una cadena de irregularidades que el juicio oral expuso en detalle. El teléfono se conectó a la red wifi del Shopping Abasto a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, es decir cuando Sabag Montiel ya llevaba más de una hora detenido, según confirmó Gendarmería Nacional en un informe técnico presentado en febrero de 2026. También se detectó actividad a las 00:11 del 2 de septiembre. La Gendarmería estableció que el dispositivo había estado físicamente en ese centro comercial cuando su propietario se encontraba bajo custodia. Nunca quedó claro en manos de quién estuvo el teléfono en ese período.

El kirchnerismo contra la Jueza Capuchetti

Los intentos de recuperar el contenido se multiplicaron a lo largo de tres años: la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la DATIP de la Procuración, peritos de las defensas y de la querella de CFK. El último intento, coordinado por la fiscal del juicio oral Gabriela Baigún en marzo de 2025, también fracasó. Capuchetti llegó incluso a solicitar colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos —Homeland Security— y la respuesta fue negativa. Sin el contenido del celular, es imposible saber con quién se comunicaba Sabag Montiel en las horas previas al ataque, lo que achicó de manera sustancial las posibilidades de identificar autores intelectuales o financistas.

La causa residual: Revolución Federal, la pista Milman y los financiamientos sin cerrar

Mientras el TOF 6 llevaba adelante el juicio oral sobre los autores materiales, la jueza Capuchetti conservó en su juzgado la investigación sobre el contexto del atentado, esa causa residual apunta a tres ejes que el kirchnerismo considera los más relevantes y que la jueza nunca priorizó durante la instrucción y por eso van en su contra.

El primero es Revolución Federal, la organización que pedía «cárcel o bala para el kirchnerismo», que tanto Sabag Montiel como Uliarte seguían en redes sociales y a cuyos actos asistieron. El kirchnerismo señala que esa organización recibió financiamiento inexplicable —según una pericia, millones de pesos provenientes de Caputo Hermanos, empresa de la familia del actual ministro de Economía— y que sus referentes fueron procesados por incitación a la violencia pero nunca investigados en profundidad. El segundo eje es el diputado del PRO Gerardo Milman, cuyo nombre apareció en testimonios sobre comentarios previos al atentado. El propio Milman declaró públicamente en los días posteriores a que Capuchetti reasumiera: «Pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel». El tercero es el rol de la Policía Federal en las primeras horas del operativo y en el manejo del celular.

La postura kirchnerista: «encubrimiento» y «la misma historia de siempre»

Tras conocerse el informe de Gendarmería sobre la actividad del celular en el Shopping Abasto, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena apuntó directamente contra la magistrada: «La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad». El texto que difundió llevaba el título «Comodoro Py… la misma historia de siempre».

El entorno de CFK sostiene que los datos del celular —si hubieran podido recuperarse— habrían permitido rastrear la red de contactos de Sabag Montiel en los días previos al ataque. La imposibilidad de hacer esa pericia es leída como una falla no solo técnica sino política: para el kirchnerismo, no fue incompetencia sino voluntad deliberada de cerrar la investigación antes de que llegara a los autores intelectuales.

El tribunal que juzgó a los autores materiales coincidió parcialmente con esa lectura: en sus fundamentos señaló que durante la instrucción no se investigó el atentado como un hecho de violencia política, y que Capuchetti nunca le dio entidad a esa dimensión del caso. La jueza, por su parte, mantiene la causa residual abierta y en marzo de 2025 amplió el foco de investigación más allá de la connivencia policial.

El estado actual: condena firme, causa residual sin plazo

A marzo de 2026, el mapa judicial del atentado es el siguiente: Sabag Montiel y Uliarte cumplen sus condenas. Carrizo está en libertad. La causa sobre los autores intelectuales permanece en instrucción sin fecha estimada de elevación a juicio. El kirchnerismo —y CFK en particular, que en su declaración en la causa Cuadernos del 17 de marzo volvió a mencionar el atentado— sostiene que la justicia federal nunca quiso llegar al fondo del caso y que Capuchetti sigue siendo el principal obstáculo para conocer la verdad.

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Política

Denunciaron penalmente a Milei por el ajuste en discapacidad y el Chaco está en el centro del conflicto desde el inicio de las auditorías

La presentación judicial alcanza también al ministro de Salud y al exdirector de ANDIS. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto «contra el fraude» en pensiones por invalidez.

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Pensiones discapacidad Chaco: denuncia penal a Milei

Familiares de personas con discapacidad presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, a raíz de los recortes en prestaciones de salud y pensiones, y por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso. La presentación, firmada por el abogado Javier Garín, alcanza también al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El mismo día que se conoció la denuncia, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley denominado «contra el fraude de pensiones por invalidez», que obliga a todos los beneficiarios a reempadronarse, redefine los montos de las pensiones y elimina la posibilidad de compatibilizar el cobro con un empleo formal.

El Chaco, en el centro del conflicto desde el inicio

La provincia del Chaco no es ajena a esta disputa. Cuando el Gobierno lanzó la auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez, el Chaco fue una de las seis provincias elegidas en la primera salida de notificaciones, junto con Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El impacto fue inmediato. La Cámara Federal de Resistencia confirmó medidas cautelares que obligan a la ANDIS a restablecer el pago de pensiones a personas con discapacidad de la ciudad de Sáenz Peña que habían sido suspendidas abruptamente, en casos donde el organismo argumentó «inconsistencias» en el domicilio de los beneficiarios. La respuesta oficial ante los reclamos fue sistemáticamente la misma: «Hay muchas personas en su situación. Solo resta esperar.»

En provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas —cartas documento que no pudieron ser entregadas— superaron el 70% del total enviado.

Qué propone el nuevo proyecto del Gobierno

El texto enviado al Congreso obliga a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse, acreditando nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no lo hagan sufrirán la suspensión automática del beneficio. Además, redefine el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio —hoy equivalente a $275.221— y elimina la compatibilidad con el empleo registrado.

Las organizaciones del sector convocaron a una movilización para este miércoles 22 de abril frente al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo al proyecto y en reclamo por el atraso arancelario, los pagos irregulares y las prestaciones en riesgo. El Foro Permanente de Discapacidad calificó la iniciativa como una medida que «instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema.»

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Política

ATE Chaco adhiere al paro nacional del 21 de abril y convoca a movilizarse en Resistencia mientras el gremio amenaza con bloquear aeropuertos

El reclamo central es la reapertura inmediata de paritarias. Según el gremio, los estatales perdieron más del 44% de su poder adquisitivo desde que asumió Milei.

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Paro ATE Chaco 21 de abril: movilización y bloqueo aeropuertos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chaco adhiere este martes 21 de abril al paro nacional convocado por el sindicato en todo el país. En Resistencia, la concentración está prevista a las 9 en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno. El paro será sin asistencia a los lugares de trabajo, con cumplimiento de los servicios considerados esenciales.

La medida de fuerza se enmarca en un conflicto salarial que escaló en los últimos días hasta incluir una amenaza de alto impacto: el gremio realizará protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de alto tráfico internacional y advirtió que no descarta bloquearlos. La concentración principal a nivel nacional está prevista en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los motivos del paro

Los motivos que fundamentan la medida incluyen la reapertura inmediata de paritarias y recomposición salarial para los estatales, el rechazo a la reforma laboral, el rechazo al desguace del Estado, el aumento de emergencia para jubilados, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y la restitución de fondos adeudados a las provincias.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue directo al explicar la escalada: «El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias.»

Una pérdida del 44% en dos años

El periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran dos puntos por debajo de la inflación. De esta forma, los estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

El paro tiene además un componente aeronáutico de peso: los controladores terrestres de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también adhieren a la medida, lo que puede generar demoras y cancelaciones de vuelos durante toda la jornada del martes en los aeropuertos del país, incluido el aeropuerto local de Resistencia.

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Política

Capitanich: «Milei y Zdero son un desastre y nosotros somos los mejores»

El senador nacional habló ante más de 3.000 militantes, cuestionó la gestión provincial y nacional, y salió al cruce de las declaraciones del diputado «Tito» López.

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Capitanich Congreso PJ Chaco: "Milei y Zdero son un desastre"

El senador nacional y presidente del PJ Chaco, Jorge Capitanich, encabezó el sábado 18 de abril el Congreso Provincial del Partido Justicialista en la localidad de San Bernardo, ante una convocatoria de más de 3.000 militantes. El evento marcó el lanzamiento político del peronismo chaqueño de cara a las elecciones de 2027, con un discurso de tono confrontativo hacia la gestión de Javier Milei a nivel nacional y de Leandro Zdero en la provincia.

En declaraciones a NG Federal, Capitanich fue directo sobre las perspectivas electorales: «Vamos a ganar contundentemente las elecciones nacionales, provinciales y municipales del 2027. Milei y Zdero son un desastre y nosotros somos los mejores.» Y reivindicó la obra pública del peronismo: «Todas las obras que vos ves en la provincia las hicimos nosotros. Estos tipos inútiles no hicieron nada y nunca van a hacer.»

El cruce con Zdero

Capitanich también apuntó directamente contra el gobernador Leandro Zdero por declaraciones vinculadas al denominado «6 de diciembre» y al programa ATP. El senador lo acusó de trasladar permanentemente la responsabilidad al peronismo: «Cuando gobernamos nosotros la culpa la tenemos nosotros y cuando gobiernan ellos la culpa la tenemos nosotros. Mentiroso y chanta.» Y le exigió que «deje de mentir», al calificar como falsas las afirmaciones del gobernador sobre esos episodios.

«Tito» López y los procesados

El senador también respondió a las declaraciones del diputado conocido como «Tito» López, aunque sin conferirle mayor peso político: «No me preocupa lo que diga Tito López. Lo importante es que no se pueden inventar ni expedientes ni operaciones judiciales.»

Sobre los funcionarios del peronismo que enfrentan causas judiciales, Capitanich fue enfático al afirmar, que fueron «indebidamente e incorrectamente procesados por presión política en materia judicial», descartando cualquier validez a los procesos en curso.

El congreso: unidad y método electoral

Más allá del tono de campaña, el congreso abordó cuatro ejes estratégicos: el fortalecimiento de la unidad partidaria a través de reuniones con 40 de los 70 consejos locales; la definición de un método transparente de selección de candidatos con fiscalización estatal; la elaboración de un documento programático sobre la realidad internacional, nacional y provincial; y la discusión sobre la boleta única como herramienta electoral.

Capitanich llamó a fortalecer la unidad, la organización y la solidaridad, y aseguró que en 2027 el justicialismo volverá a gobernar tanto la provincia como el país.

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