La conducción de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Charata presentó una nota formal al intendente Rubén Rach reclamando un bono extraordinario de $100.000 para cerrar el mes de abril y la reapertura de las negociaciones paritarias para el segundo semestre. El reclamo se apoya en un desfasaje concreto: en lo que va del año, los sueldos municipales acumularon un aumento del 4%, mientras que la inflación del primer trimestre llegó al 9,4%. La brecha es de más de cinco puntos y el gremio la define sin rodeos: «La inflación ha doblegado ampliamente al intento de mantenimiento del poder adquisitivo».

El secretario general de UOEM Charata, Fabián Alemandi, reconoció que se llegó a un acuerdo en el primer semestre pero fue explícito sobre sus limitaciones. «No cumple con las expectativas frente al contexto económico actual», señaló el dirigente, quien anticipó que el gremio volverá a solicitar una nueva instancia de diálogo cuando comience el segundo semestre.

Por qué el bono y por qué ahora

El pedido de un bono inmediato de $100.000 tiene una justificación precisa: abril fue un mes sin aumentos para los trabajadores municipales de Charata, en un contexto en que los precios de alimentos, servicios básicos y energía eléctrica siguieron subiendo. El gremio plantea el bono como un puente para cerrar el mes antes de que se retome la discusión paritaria formal.

El pedido llega además en la previa del Día del Trabajador, lo que le da al reclamo un peso simbólico adicional. El planteo del gremio municipal de Charata se inscribe en una tendencia que CharataChaco.Net viene documentando: como informamos en la nota de paritarias de abril, los salarios de convenio cayeron hasta 12% en términos reales en el primer trimestre a nivel nacional, y el gremio de Comercio —el más extendido en la ciudad— acumula una baja del 6,7%. La situación de los municipales de Charata replica esa dinámica con datos propios y concretos.

Temas pendientes más allá del salario

La nota presentada al intendente Rach no se limita a la cuestión salarial. El gremio también señaló que aún está pendiente la entrega de indumentaria laboral correspondiente al año 2025, un punto que suma al malestar acumulado en el sector. La combinación de salarios rezagados, sin bono en abril y con deudas en equipamiento configura un cuadro de presión creciente sobre la relación entre la conducción municipal y sus trabajadores.

Por ahora no hubo respuesta oficial del Municipio. La situación abre un nuevo frente de discusión en el ámbito municipal de Charata en un momento en que la presión salarial se siente con más fuerza en todo el interior del país, tal como también reflejan los conflictos que esta semana protagonizan los trabajadores del Correo Argentino y la CGT en el plano nacional.

La Confederación General del Trabajo presentó este lunes una recusación formal contra los dos jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la semana pasada dejaron sin efecto la cautelar que suspendía 82 artículos de la reforma laboral, y exigió la nulidad absoluta del fallo. La central sindical acusa a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González de prejuzgamiento y conflicto de interés, y reservó la facultad de elevar el caso a la Corte Suprema.

«Hace un rato acabamos de recusar a los jueces, tanto a Pesino como a González, por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, publicando en la boletina oficial la extensión de cinco años más para uno de los jueces. La verdad que genera un manto de duda y de sospecha», afirmó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la CGT.

El caso Pesino: el fallo y el beneficio al día siguiente

El argumento más explosivo de la presentación apunta al juez Pesino. La CGT lo recusó por «favorecer la posición de la demandada» —el Estado nacional— y por la existencia de un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que continúe en el cargo más allá de los 75 años, iniciativa publicada en el Boletín Oficial apenas un día después de que firmara el fallo a favor del Gobierno. Para la central sindical, esa secuencia no es coincidencia: sostiene que Pesino recibió un beneficio concreto del Estado en las horas inmediatamente posteriores a haber votado en su favor, lo que compromete objetivamente su imparcialidad.

La CGT sostiene que el fallo fue dictado por jueces «comprendidos en causales legales de recusación», con «ausencia de competencia» y sobre la base de «evidentes y manifiestos errores».

El caso González: prejuzgamiento sobre los trabajadores

A la jueza González se la acusa por una razón diferente pero igualmente grave para la CGT. Pesino y González señalaron, al restablecer la vigencia de la reforma laboral, que no se afectaba a «sectores socialmente vulnerables» y que no se encuentra «comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos». Estas apreciaciones motivaron que la CGT los recusara por prejuzgamiento, al adelantar opinión sobre la cuestión de fondo.

Para la central sindical, afirmar en esta instancia preliminar que los trabajadores en relación de dependencia no son un sector vulnerable equivale a adelantar el criterio sobre el fondo del amparo, algo que los jueces no deberían hacer en una cautelar. La organización sindical expresó su «desazón» frente a que jueces con trayectoria en materia laboral concluyan que no se encuentra comprometida la vida digna ni que los derechos laborales tengan carácter alimentario.

Qué sigue y qué está en juego para los trabajadores

«Con esta sentencia no se termina nada. No se terminó nada con el paro anterior. Y no se va a terminar nada con esta marcha que vamos a hacer el 30 de abril. En la medida de que este gobierno siga con este rumbo, y con este programa económico de agresiones a la vida diaria de los ciudadanos argentinos, vamos a seguir dando la pelea. No estamos dispuestos a resignarnos. Ni a ceder un solo derecho», sostuvo Jerónimo.

Lo que está en disputa es concreto. Los artículos cuestionados afectan aspectos centrales como indemnizaciones, derecho a huelga y condiciones de contratación. Para los trabajadores del Chaco, donde como informó CharataChaco.Net los salarios de convenio perdieron hasta 12% de poder adquisitivo en el primer trimestre de 2026, el resultado de esta batalla judicial tiene impacto directo sobre las condiciones laborales de miles de empleados en relación de dependencia en la provincia.

La denuncia se concretará en las próximas horas luego de que el ministro de Infraestructura del Chaco, Hugo Domínguez, confirmara que iniciará acciones penales contra el concejal de Resistencia Fabricio Bolatti por la difusión de acusaciones que calificó como “mentirosas, infundadas y delirantes”, al considerar que afectan gravemente su honor y reputación.

El funcionario provincial sostuvo que las expresiones del edil exceden el marco de la discusión política y constituyen imputaciones personales sin sustento. Domínguez afirmó que llevará el caso a la Justicia penal y anticipó que cualquier eventual resarcimiento económico será destinado a instituciones benéficas.

En su descargo, el ministro rechazó de manera categórica cualquier vínculo con empresas del sector de la construcción, tanto en su gestión actual como en supuestos roles previos. Aseguró que no existe relación contractual ni pagos desde el Ministerio hacia la firma mencionada por el concejal, y que esos datos pueden verificarse mediante registros administrativos.

El planteo judicial por injurias

El eje de la presentación judicial se basa en la posible configuración del delito de injurias. Según explicó Domínguez, las declaraciones de Bolatti podrían encuadrarse en el artículo 110 del Código Penal, que sanciona las expresiones que lesionan el honor o la reputación de una persona.

El ministro sostiene que no se trata de críticas políticas legítimas sino de acusaciones personales sin respaldo. En ese sentido, plantea que las manifestaciones del concejal afectan su imagen pública y su honor personal, elementos que serán evaluados por la Justicia en el marco de la causa.

Además, se invoca la doctrina de la “real malicia”, utilizada por la Corte Suprema en materia de libertad de expresión. Este criterio establece que no existe protección constitucional cuando se difunden afirmaciones falsas con conocimiento de su falsedad o sin verificar su veracidad.

Cuestionamientos a la veracidad de las acusaciones

Domínguez remarcó que las publicaciones del concejal no cuentan con fuentes verificables ni documentación que respalde las afirmaciones. Según indicó, los datos podrían haberse corroborado fácilmente mediante mecanismos administrativos, lo que, a su entender, refuerza la hipótesis de que hubo despreocupación por verificar la información.

En este punto, el ministro sostiene que las expresiones exceden el debate político y adquieren un carácter personal que justificaría la intervención judicial.

Señalamientos políticos en el conflicto

El funcionario también vinculó las declaraciones de Bolatti a una intencionalidad política. En su planteo, señaló que el concejal actúa como vocero de un espacio político alineado con el kirchnerismo chaqueño y cuestionó el contenido de sus afirmaciones.

En ese marco, Domínguez afirmó que las acusaciones buscan asociarlo a prácticas irregulares sin sustento, en un contexto de confrontación política dentro de la provincia.

Tal como se observa en otros episodios de la política, los conflictos entre dirigentes suelen trasladarse al ámbito judicial cuando se discute el límite entre crítica pública y afectación del honor.