La sesión especial convocada por la oposición para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni se cayó este martes en la Cámara de Diputados por falta de quórum. A las 14:31, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por finalizada la reunión: apenas 117 legisladores estaban sentados en sus bancas, doce menos de los 129 necesarios para abrir el recinto. El PRO, la UCR, el bloque MID y la mayoría de los bloques provinciales dialoguistas no bajaron al recinto, en cumplimiento de un acuerdo político tejido durante las 48 horas previas con el propio Menem. Entre los ausentes estuvieron también los legisladores vinculados al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, que optaron por no participar de la sesión alineándose con los aliados del oficialismo.

La maniobra del Gobierno fue diseñada en dos tiempos. El domingo a la noche, el diputado libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó formalmente a una reunión de esa comisión para el martes 30 de junio a las 15, donde se tratarán los seis expedientes vinculados al caso Adorni. El lunes, el oficialismo confirmó su propia sesión para el miércoles 24, con el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los acreedores Bainbridge y Attestor como temario. La apertura de la comisión funcionó como moneda de cambio: el PRO y la UCR argumentaron que, dado que el tema ya tenía un canal institucional abierto, la sesión de este martes «dejó de tener sentido».

PRO y UCR: críticos de Adorni, pero ausentes del recinto

La postura de los bloques dialoguistas dejó al descubierto una contradicción política de magnitud. En los días previos, tanto el PRO como la UCR habían emitido declaraciones durísimas contra el jefe de Gabinete: el bloque amarillo publicó un comunicado oficial exigiéndole explicaciones por su incremento patrimonial, y referentes de la UCR sostuvieron públicamente que Adorni había mentido al Congreso y no estaba en condiciones de conducir el Estado. Sin embargo, este martes optaron por no presentarse al recinto. El costo político fue inmediato: la oposición dura los acusó de proteger a Adorni pese a haber dicho lo contrario. El diputado radical disidente Pablo Juliano fue uno de los más críticos con sus propios correligionarios: cuestionó que la UCR estuviese condenando a la Argentina a una crisis institucional al priorizar el acuerdo con el Gobierno sobre la exigencia de transparencia.

El debate constitucional de fondo también quedó abierto. La oposición sostiene que el artículo 101 de la Constitución, que regula la moción de censura para el jefe de Gabinete, tiene carácter operativo y que un pedido de interpelación podría votarse directamente en el recinto por mayoría absoluta, sin necesidad de pasar por comisión. El oficialismo rechaza esa interpretación y exige que el trámite cuente con dictamen o sea aprobado sobre tablas con una mayoría de dos tercios, umbral que la oposición está lejos de alcanzar.

El caso sigue vivo: Adorni deberá presentarse en el Senado el 2 de julio

Pese al triunfo táctico del oficialismo, la situación de Adorni dista de estar resuelta. El jefe de Gabinete ya tiene previsto presentarse el 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión, instancia en la que también deberá responder preguntas de la oposición sobre su patrimonio. En la Cámara alta la discusión avanza con mayor intensidad: semanas atrás, un acuerdo entre bloques habilitó la posibilidad de avanzar con una interpelación sin necesidad de dictamen de comisión, y referentes del PRO en el Senado anticiparon que incluso podrían apoyar una moción de censura para remover a Adorni de su cargo. La oposición que sí bajó al recinto este martes —Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas y legisladores independientes— utilizó el tiempo de minoría para capitalizar políticamente el escándalo y anticipar que volverán a impulsar la interpelación en las próximas semanas.