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Política

7 Claves Impactantes de un Debate Polémico: baja de la edad de imputabilidad: Cúneo Libarona, consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley

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El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad: Cúneo Libarona, consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley volvió al centro de la agenda política argentina con una fuerza que no se veía desde hace años. No es un tema nuevo, pero sí profundamente incómodo. Cada vez que un delito grave cometido por un menor sacude a la opinión pública, la discusión reaparece, cargada de emociones, datos cruzados y posiciones irreconciliables. Esta vez, sin embargo, el impulso proviene del propio Poder Ejecutivo, con el ministro de Justicia como una de las voces más firmes.

Desde el Gobierno sostienen que la legislación actual quedó desfasada frente a la realidad del delito juvenil. Desde la oposición y los organismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza y la adolescencia. En el medio, una sociedad cansada de la inseguridad, pero también desconfiada de las soluciones mágicas. Así, la discusión avanza entre urgencias políticas, presión mediática y un Congreso que deberá tomar una decisión de alto impacto institucional.


Baja de la edad de imputabilidad: Cúneo Libarona, consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley

Cuando Mariano Cúneo Libarona afirmó que era “muy necesario” avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, no lo hizo en un vacío discursivo. Sus declaraciones se dieron en un contexto de fuerte demanda social por mayor seguridad y de un gobierno que busca mostrar iniciativa en materia de orden público. El ministro planteó que la ley actual no ofrece respuestas adecuadas frente a delitos graves cometidos por menores, especialmente en casos de homicidios y robos violentos.

Según su mirada, la reforma no apunta a castigar indiscriminadamente, sino a dotar al Estado de herramientas legales claras. Cúneo Libarona insistió en que no se trata solo de bajar una edad, sino de crear un nuevo régimen penal juvenil, con garantías procesales y medidas diferenciadas. Para el oficialismo, la baja de la edad de imputabilidad permitiría cerrar un “vacío legal” que hoy genera impunidad.

Sin embargo, sus palabras también encendieron alarmas. Críticos del proyecto señalan que el énfasis está puesto más en el castigo que en la prevención. Aun así, el ministro sostiene que sin responsabilidad penal no hay posibilidad real de reinserción. Una frase que, como un fósforo en un cuarto oscuro, encendió un debate inevitable.


Contexto histórico del régimen penal juvenil en Argentina

Argentina cuenta con un régimen penal juvenil que muchos especialistas consideran obsoleto. La normativa vigente tiene raíces en decretos de la última dictadura y nunca fue reemplazada por una ley integral sancionada en democracia. Este dato, que suele pasar desapercibido, es clave para entender por qué el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve una y otra vez.

Actualmente, los menores de dieciséis años no son imputables penalmente. Para el Gobierno, este límite etario ya no refleja la realidad social ni criminal. Para otros sectores, modificarlo sin una reforma profunda del sistema sería un error histórico. El pasado pesa, y mucho: cada intento previo de cambio fracasó por falta de consensos políticos amplios.


Argumentos a favor de la reforma para la baja de la edad de imputabilidad

Quienes apoyan la iniciativa sostienen que la baja de la edad de imputabilidad permitiría dar respuestas más justas a las víctimas. Argumentan que hay adolescentes que cometen delitos con plena conciencia de sus actos y que el Estado no puede mirar para otro lado. También señalan que otros países de la región tienen edades de imputabilidad más bajas y sistemas más modernos.

Desde esta óptica, la reforma sería una señal clara de autoridad estatal. No resolvería todos los problemas, pero marcaría un límite. Para el oficialismo, no avanzar sería seguir repitiendo errores del pasado, como barrer el polvo bajo la alfombra.


Argumentos en contra y críticas centrales

Del otro lado del mostrador, los detractores advierten que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito. Organismos de derechos humanos, como Unicef, sostienen que el enfoque punitivo suele agravar la exclusión social. También remarcan que el sistema penitenciario argentino no está preparado para recibir a más jóvenes sin vulnerar derechos básicos.

La crítica más dura apunta a que la medida puede convertirse en una respuesta simbólica, pero ineficaz. Castigar antes, sin políticas de inclusión, sería como tapar una gotera con pintura fresca.


Comparación internacional y datos duros de la baja de la edad de imputabilidad

En el plano internacional, las edades de imputabilidad varían ampliamente. Algunos países europeos tienen límites más bajos, pero con sistemas de contención robustos. En América Latina, el promedio ronda los catorce años, aunque con realidades muy distintas a la argentina.

Las estadísticas muestran que los delitos cometidos por menores representan un porcentaje reducido del total. Este dato es usado por la oposición para cuestionar la centralidad del debate. Aun así, cada caso grave tiene un impacto social que excede cualquier porcentaje.


El rol del Congreso y la disputa política

El Congreso será el escenario donde la discusión se vuelva ley o quede en promesa. El oficialismo necesita acuerdos, porque no tiene mayoría propia. La oposición, fragmentada, debate entre acompañar parcialmente o rechazar de plano. Nadie quiere quedar pegado a la inseguridad, pero tampoco cargar con el costo de una ley impopular en ciertos sectores.

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Política

El referente forestal del oeste chaqueño describió una industria paralizada: mercado sobreofertado, costos bancarios que ahogan y caída del consumo en todos los rubros

Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño, enumeró los factores que paralizan al sector: presión impositiva, costos financieros, tipo de cambio volátil y una demanda interna que no aparece.

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Crisis foresto industria Chaco

La foresto industria del Chaco atraviesa una crisis, una parálisis que Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), describió sin eufemismos: «El mercado está sobre ofertado y no arranca. No hay pedidos, esa es la realidad que estamos pasando.»

López enumeró una cadena de factores que convergen sobre el sector: presión impositiva, costos bancarios, tipo de cambio volátil y caída del consumo interno. «El sistema impositivo y financiero, más el tipo de cambio, a la foresto industria también le afecta, no es solo al agro. Nuestro sector es muy demandante de mano de obra y estos parámetros terminan achicando las posibilidades en el mercado y, obviamente, hay menor desarrollo.»

Crisis foresto industria Chaco: «Si no sacan los impuestos es imposible»

El reclamo central del dirigente apunta a la carga tributaria que soportan las pequeñas y medianas empresas del sector. «Hay que sacar la pata de encima al productor o al empresario y va a competir. Si no sacan los impuestos es imposible», sostuvo.

A ese factor se suma el sistema bancario, que López describió como otro freno estructural. «Vos dejás plata en el Banco y cuando vas a ver no podés creer lo que te quedó», graficó. Y agregó que las condiciones crediticias cambian permanentemente: «Nos cambian los préstamos y los descubiertos, continuamente.»

La ecuación se complica además con la inestabilidad del tipo de cambio, que convierte en una trampa lo que debería ser una oportunidad. «Hiciste un negocio con un dólar más alto y cuando vas a entregar bajó, tuviste inflación y aumento de combustible. Ese contrato que pensaste que te salvaba termina siendo un mal negocio.» La conclusión de López para los exportadores del sector es directa: «Si sos exportador, más vale no firmes ningún contrato.»

El mercado interno sin demanda

El carbón vegetal — uno de los principales productos forestales del oeste chaqueño, con salida tanto al mercado interno como a la exportación — refleja la parálisis general. López señaló que el precio del producto no aumenta incluso en mercados internacionales donde tiene alta demanda, como Chile. «No puede ser que siendo un combustible tan usado no aumente el precio en mercados como Chile», planteó.

La caída del consumo interno es el trasfondo de todo el cuadro. «La depresión en el consumo de carne va directamente al asado», explicó López, describiendo cómo la retracción del poder adquisitivo de los argentinos se traslada en cascada hasta los postes, las varillas y el carbón que produce el monte chaqueño. «La gente no tiene plata en ningún rubro», resumió.

El problema del empleo y la informalidad

Otro eje del diagnóstico es el mercado laboral. El dirigente señaló dificultades concretas para conseguir trabajadores en el interior forestal del Chaco. «Acá no conseguís empleados para nada. Pedís gente y no va nadie», afirmó. Según su visión, hay distorsiones estructurales que desalientan el trabajo formal y generan informalidad, con consecuencias que se extienden más allá de la producción. «No es solo la producción, es el impacto en los pueblos. Es un problema más profundo que excede lo económico», advirtió.

El diagnóstico final de López condensa la sensación del sector: «Yo creo que todo el país estamos así, esperando a ver qué pasa.»

Fuentes Miguel Ángel López, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AEFOCh), declaraciones a Agroperfiles, abril de 2026.

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Política

La CGT confirmó la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo: pérdida salarial, paritarias con techo y reforma laboral — los mismos reclamos que los gremios chaqueños llevan a las calles

Tras la reunión del Consejo Directivo en Azopardo, el triunvirato cegetista anunció la movilización para la antesala del Día del Trabajador. También habrá un acto ecuménico en homenaje al Papa Francisco. La central prepara además su propio índice de precios porque desconfía del INDEC para las paritarias.

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CGT marcha el 30 de abril

La Confederación General del Trabajo, (CGT), confirmó este jueves lo que el movimiento sindical venía anticipando: habrá marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas, en la víspera del Día del Trabajador. El anuncio lo hizo el triunviro Jorge Sola tras la reunión del Consejo Directivo Nacional en la sede de la central en la calle Azopardo, flanqueado por sus compañeros Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Las consignas son tres y son concretas: pérdida del poder adquisitivo, paritarias con techo impuesto por el Gobierno y reforma laboral que los gremios rechazan y llevan a los tribunales.

Por qué marchan

El diagnóstico que la CGT presentó este jueves no deja margen para la ambigüedad. «Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad, la informalidad o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo», dijo Sola ante los periodistas.

La denuncia más política apuntó directamente al Gobierno: el oficialismo estaría fijando un techo a las negociaciones paritarias por debajo de la inflación. «Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de los salarios», afirmó el dirigente. Y advirtió sobre una práctica que se repite en las mesas de negociación: «hay una suerte de posición extorsiva en la que se plantea ‘o se mantienen los puestos de trabajo o se aumentan los salarios’. Eso está pasando.»

La marcha también tiene un componente simbólico: además del acto político se realizará una celebración religiosa ecuménica en homenaje al Papa Francisco, fallecido recientemente, cuya defensa de la justicia social y el mundo del trabajo fue reivindicada por el sindicalismo en múltiples oportunidades.

La CGT prepara su propio índice de inflación

Uno de los datos más significativos de la conferencia de prensa fue el anuncio de que la CGT está elaborando su propio índice de precios al consumidor junto a la UBA, como alternativa al IPC del INDEC. El motivo es la desconfianza del sindicalismo en las estadísticas oficiales — el mismo debate que Capitanich abrió horas antes en el Senado. Si la inflación oficial es más baja que la real, las paritarias que se discuten en base a ese índice terminan siendo aumentos que no compensan la pérdida.

Sola evitó comprometerse sobre si los gremios dejarán de usar el IPC del INDEC, dejando la decisión a cada sindicato. Pero la señal es clara: la central obrera ya no confía en el organismo para una de sus herramientas más importantes.

La CGT marcha el 30 de abril: Lo que esto significa para el Chaco

Los tres reclamos de la CGT nacional son exactamente los que los gremios docentes y estatales del Chaco vienen planteando desde el inicio de 2026. Los maestros chaqueños llevan meses en conflicto con el gobierno de Leandro Zdero por la cláusula gatillo que el Ejecutivo provincial dejó de pagar en 2025, acumulando una pérdida salarial que los propios gremios estiman en el 30%. Los aumentos decretados — 3% en febrero y 2% en abril — quedaron muy por debajo de la inflación real. La concentración del 9 de abril en toda la provincia fue la expresión local del mismo malestar que ahora se canaliza hacia Plaza de Mayo.

El 30 de abril, los trabajadores chaqueños que puedan viajar a Buenos Aires o que se movilicen en las plazas del interior se sumarán a una protesta con la Confederación General del Trabajo que tiene nombres concretos en Charata, General Pinedo y cada municipio del Departamento Chacabuco: sueldos que no alcanzan, docentes debajo de la línea de pobreza y una reforma laboral que les quitó derechos conquistados.

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Política

Capitanich cuestionó en el Senado la metodología del INDEC: Resistencia tiene 42,2% de pobreza mientras el promedio nacional baja al 28,2%

El senador chaqueño intervino en la sesión del jueves apuntando contra los instrumentos de medición del INDEC, que se basan en parámetros de consumo de 2004. El debate tiene un impacto directo en cómo el Estado diseña las políticas sociales para el Chaco, la provincia con mayor pobreza del país.

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Pobreza en el Chaco

El 28,2% de pobreza que el INDEC publicó para el segundo semestre de 2025 — el número más bajo en siete años y que el Gobierno festejó como un logro histórico — tiene una trampa que el senador chaqueño Jorge Capitanich puso sobre la mesa este jueves en la sesión del Senado: los instrumentos de medición están desactualizados, y el impacto es concreto en provincias como el Chaco, donde la realidad que vive la gente no coincide con lo que muestran las estadísticas nacionales.

El dato más elocuente está en los propios registros del INDEC: mientras el promedio nacional baja al 28,2%, Resistencia registra una pobreza del 42,2%. La indigencia, a su vez, subió en el Chaco aunque bajó a nivel nacional. El mismo organismo que informa la mejora registra la contradicción territorial que Capitanich y otros senadores del interbloque kirchnerista llevaron al recinto.

El problema de los parámetros de 2004

La crítica técnica que Capitanich desarrolló en el Senado —en línea con una intervención previa de la senadora Alicia Kirchner de Santa Cruz— tiene un núcleo concreto: la canasta de consumo que el INDEC utiliza para medir pobreza se basa en estructuras de gasto del año 2004, hace más de dos décadas. En ese momento, los hogares argentinos destinaban una proporción mucho mayor de sus ingresos a los alimentos. Hoy el peso de los servicios —luz, gas, agua, transporte— es significativamente mayor, especialmente después de los aumentos de tarifas acumulados desde 2023.

El resultado es que la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza subestima el costo real de no ser pobre. Una familia puede quedar por encima de esa línea matemáticamente aunque no pueda pagar las tarifas o haya reducido el consumo de alimentos para afrontar los servicios. «La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo», describió el economista Agustín Salvia del Observatorio de Deuda Social de la UCA, uno de los principales críticos de los datos oficiales.

Capitanich también señaló que actualizaciones metodológicas realizadas en 2012, 2013, 2017 y 2018 nunca fueron incorporadas al sistema de medición vigente, acumulando una brecha entre la realidad y lo que el organismo registra.

Pobreza: Por qué importa para el Chaco

El debate no es técnico ni abstracto. Cómo se mide la pobreza determina cuántos recursos llegan al Chaco — desde los programas sociales nacionales hasta los criterios de distribución de fondos discrecionales. Si el INDEC registra menos pobreza de la que existe, las políticas públicas se diseñan para un problema más chico que el real.

En el Chaco, provincia históricamente la más pobre del país, la distorsión tiene consecuencias directas. Comunidades del Impenetrable, del sudoeste chaqueño y de ciudades intermedias como Charata conviven con niveles de privación que los indicadores nacionales no capturan con precisión. Que un hogar de General Pinedo o de Villa Ángela quede «por encima de la línea de pobreza» porque el INDEC usa parámetros de consumo de hace veinte años no significa que pueda pagar la luz, la nafta para el trabajo o los remedios.

La propuesta: un INDEC autónomo

La cuestión de privilegio presentada por el kirchnerismo en el Senado fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatirá la propuesta de garantizar la independencia del INDEC de los gobiernos de turno. El argumento central: si las estadísticas que orientan las políticas públicas no son confiables, las políticas tampoco pueden funcionar como deberían. Para el Chaco, con sus niveles estructurales de pobreza, esa independencia no es un debate académico — es una condición para que el Estado llegue donde tiene que llegar.

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