Política
7 Claves Impactantes de un Debate Polémico: baja de la edad de imputabilidad: Cúneo Libarona, consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad: Cúneo Libarona, consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley volvió al centro de la agenda política argentina con una fuerza que no se veía desde hace años. No es un tema nuevo, pero sí profundamente incómodo. Cada vez que un delito grave cometido por un menor sacude a la opinión pública, la discusión reaparece, cargada de emociones, datos cruzados y posiciones irreconciliables. Esta vez, sin embargo, el impulso proviene del propio Poder Ejecutivo, con el ministro de Justicia como una de las voces más firmes.
Desde el Gobierno sostienen que la legislación actual quedó desfasada frente a la realidad del delito juvenil. Desde la oposición y los organismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza y la adolescencia. En el medio, una sociedad cansada de la inseguridad, pero también desconfiada de las soluciones mágicas. Así, la discusión avanza entre urgencias políticas, presión mediática y un Congreso que deberá tomar una decisión de alto impacto institucional.
Baja de la edad de imputabilidad: Cúneo Libarona, consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley
Cuando Mariano Cúneo Libarona afirmó que era “muy necesario” avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, no lo hizo en un vacío discursivo. Sus declaraciones se dieron en un contexto de fuerte demanda social por mayor seguridad y de un gobierno que busca mostrar iniciativa en materia de orden público. El ministro planteó que la ley actual no ofrece respuestas adecuadas frente a delitos graves cometidos por menores, especialmente en casos de homicidios y robos violentos.
Según su mirada, la reforma no apunta a castigar indiscriminadamente, sino a dotar al Estado de herramientas legales claras. Cúneo Libarona insistió en que no se trata solo de bajar una edad, sino de crear un nuevo régimen penal juvenil, con garantías procesales y medidas diferenciadas. Para el oficialismo, la baja de la edad de imputabilidad permitiría cerrar un “vacío legal” que hoy genera impunidad.
Sin embargo, sus palabras también encendieron alarmas. Críticos del proyecto señalan que el énfasis está puesto más en el castigo que en la prevención. Aun así, el ministro sostiene que sin responsabilidad penal no hay posibilidad real de reinserción. Una frase que, como un fósforo en un cuarto oscuro, encendió un debate inevitable.
Contexto histórico del régimen penal juvenil en Argentina
Argentina cuenta con un régimen penal juvenil que muchos especialistas consideran obsoleto. La normativa vigente tiene raíces en decretos de la última dictadura y nunca fue reemplazada por una ley integral sancionada en democracia. Este dato, que suele pasar desapercibido, es clave para entender por qué el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve una y otra vez.
Actualmente, los menores de dieciséis años no son imputables penalmente. Para el Gobierno, este límite etario ya no refleja la realidad social ni criminal. Para otros sectores, modificarlo sin una reforma profunda del sistema sería un error histórico. El pasado pesa, y mucho: cada intento previo de cambio fracasó por falta de consensos políticos amplios.
Argumentos a favor de la reforma para la baja de la edad de imputabilidad
Quienes apoyan la iniciativa sostienen que la baja de la edad de imputabilidad permitiría dar respuestas más justas a las víctimas. Argumentan que hay adolescentes que cometen delitos con plena conciencia de sus actos y que el Estado no puede mirar para otro lado. También señalan que otros países de la región tienen edades de imputabilidad más bajas y sistemas más modernos.
Desde esta óptica, la reforma sería una señal clara de autoridad estatal. No resolvería todos los problemas, pero marcaría un límite. Para el oficialismo, no avanzar sería seguir repitiendo errores del pasado, como barrer el polvo bajo la alfombra.
Argumentos en contra y críticas centrales
Del otro lado del mostrador, los detractores advierten que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito. Organismos de derechos humanos, como Unicef, sostienen que el enfoque punitivo suele agravar la exclusión social. También remarcan que el sistema penitenciario argentino no está preparado para recibir a más jóvenes sin vulnerar derechos básicos.
La crítica más dura apunta a que la medida puede convertirse en una respuesta simbólica, pero ineficaz. Castigar antes, sin políticas de inclusión, sería como tapar una gotera con pintura fresca.
Comparación internacional y datos duros de la baja de la edad de imputabilidad
En el plano internacional, las edades de imputabilidad varían ampliamente. Algunos países europeos tienen límites más bajos, pero con sistemas de contención robustos. En América Latina, el promedio ronda los catorce años, aunque con realidades muy distintas a la argentina.
Las estadísticas muestran que los delitos cometidos por menores representan un porcentaje reducido del total. Este dato es usado por la oposición para cuestionar la centralidad del debate. Aun así, cada caso grave tiene un impacto social que excede cualquier porcentaje.
El rol del Congreso y la disputa política
El Congreso será el escenario donde la discusión se vuelva ley o quede en promesa. El oficialismo necesita acuerdos, porque no tiene mayoría propia. La oposición, fragmentada, debate entre acompañar parcialmente o rechazar de plano. Nadie quiere quedar pegado a la inseguridad, pero tampoco cargar con el costo de una ley impopular en ciertos sectores.
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Política
El gobierno del Chaco presentó un proyecto de reforma constitucional para blindar fiscalmente a los inversores: prohíbe crear o aumentar tributos sobre actividades productivas
El secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, y el ministro Oscar Dudik presentaron la iniciativa ante la Legislatura. El proyecto incorporaría el artículo 40 bis a la Carta Magna provincial.

El Ejecutivo provincial presentó este jueves ante la Legislatura del Chaco un proyecto de ley de reforma constitucional que busca incorporar el artículo 40 bis a la Carta Magna, con el objetivo de otorgar estabilidad fiscal a quienes realicen inversiones productivas en el territorio y prohibir expresamente la creación o el aumento de tributos que las afecten. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Leandro Zdero en la apertura de sesiones ordinarias y formalizada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción, Oscar Dudik, y los legisladores Iván Gyoker, Carina Botteri, Carlos Salom y Maida With.
La propuesta establece tres ejes concretos: la prohibición de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes sobre actividades productivas, la nulidad automática de cualquier medida que contradiga esa garantía y la devolución inmediata de montos percibidos indebidamente, con el objetivo de evitar litigios prolongados entre el Estado y los inversores.
Un mensaje al mundo desde la Constitución
Ferro explicó que la reforma apunta a enviar una señal de seguridad jurídica hacia afuera de la provincia. «El objetivo es garantizar que ningún inversor vea incrementada su carga tributaria, ni a nivel provincial ni municipal», sostuvo durante la presentación, y agregó que la iniciativa busca crear condiciones para atraer capitales, promover el desarrollo económico y generar empleo genuino.
La garantía fiscal para inversiones en el Chaco alcanzaría también al esquema municipal: el proyecto establece que las tasas locales no podrán afectar indirectamente a las inversiones protegidas por la norma constitucional, con el objetivo de eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad a quienes decidan radicarse en la provincia.
Un punto específico del texto apunta a resguardar la soberanía fiscal provincial ante posibles cambios en el esquema tributario nacional, asegurando que el Chaco pueda percibir tributos que le sean transferidos desde Nación sin que eso genere una doble carga para los inversores.
El bloque oficialista busca consenso
El presidente del bloque «Chaco Puede», Iván Gyoker, respaldó la iniciativa y recordó que la provincia ya redujo impuestos y avanzó en medidas favorables a la actividad privada durante la gestión de Zdero. En esa línea, planteó que elevar esta política al rango constitucional consolida un compromiso de largo plazo. «Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños», afirmó.
Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la reforma apunta a consolidar una política de Estado a mediano y largo plazo, orientada a posicionar al Chaco como una provincia competitiva y confiable para la radicación de capitales. El proyecto deberá reunir los votos necesarios en la Legislatura para avanzar, dado que una reforma constitucional requiere mayorías calificadas.
El contexto no es menor: la presentación ocurre días después de que Zdero expusiera en el AmCham Summit 2026 en Buenos Aires, donde destacó el crecimiento de las exportaciones chaqueñas y convocó a inversores internacionales a apostar por la provincia. La garantía fiscal constitucional para inversiones sería, en esa lectura, el respaldo institucional de máximo rango a ese discurso.
Política
Chaco busca proteger a estudiantes de la violencia digital: presentan un proyecto para crear entornos seguros en todas las escuelas de la provincia
La iniciativa de la diputada Analía Flores propone el programa PRO-PAD, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación y llegará a todos los niveles y modalidades escolares del Chaco.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Chaco propone crear el Programa Provincial de Prevención y Abordaje de las Violencias Digitales (PRO-PAD), con el objetivo de garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y conectarse en entornos seguros. La iniciativa es de la diputada Analía Flores, del bloque PJ, y surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto de las agresiones en internet en la vida escolar y familiar.
El programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación de la provincia y alcanzará a todas las escuelas, niveles y modalidades del Chaco, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria y las modalidades especiales.
Qué entiende el proyecto por violencia digital
El texto define la violencia digital como cualquier acción realizada en internet o redes sociales que cause un daño físico, psicológico, económico o moral. Los problemas que el PRO-PAD busca combatir incluyen la difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento, el acoso y hostigamiento a través de pantallas —conocido como ciberbullying—, el grooming o acoso sexual de adultos a menores en entornos digitales, el robo de datos personales y los discursos de odio. La violencia digital en escuelas del Chaco es el eje central de una iniciativa que busca anticiparse al daño antes de que ocurra, no solo responder cuando ya fue tarde.
Capacitación docente y protocolo obligatorio
El PRO-PAD no apunta exclusivamente a sancionar sino, en primer lugar, a prevenir. Para ello, el proyecto establece formación continua para docentes y directivos, junto con talleres dirigidos a las familias sobre cuidados en internet.
Uno de los puntos centrales es la creación de un protocolo de acción obligatorio para todas las instituciones educativas. Ese documento funcionará como una guía clara para que los docentes puedan detectar situaciones de violencia digital a tiempo, saber cómo denunciar y articular con los Ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano y con la Justicia, y acompañar psicológicamente a las víctimas para evitar una revictimización.
Un proyecto alineado con leyes nacionales
«La violencia digital es una problemática urgente que impacta severamente en nuestras infancias y juventudes», señalan los fundamentos del proyecto, que destaca la necesidad de que las escuelas cuenten con herramientas rápidas y eficaces para intervenir y proteger a los estudiantes.
De aprobarse, la iniciativa posicionaría al Chaco entre las provincias con mayor desarrollo normativo en materia de derechos digitales. El proyecto toma como referencia la Ley Olimpia y la Ley Mica Ortega, dos marcos legales nacionales que regulan la difusión no consentida de imágenes íntimas y el acoso digital, y busca trasladar esos principios al ámbito escolar provincial.
Política
El intendente Rach agradeció a la División Drogas de Charata tras el secuestro de más de un kilo de cocaína en el barrio San Martín
El jefe comunal destacó el trabajo de los efectivos y ratificó que el municipio seguirá trabajando de forma articulada con las fuerzas de seguridad.

El intendente de Charata, Rubén Rach, expresó públicamente su reconocimiento a la División Operaciones Drogas Interior Charata tras un operativo cerrojo ejecutado en el barrio San Martín que permitió la aprehensión de dos personas y el secuestro de más de un kilogramo de cocaína. El mensaje del jefe comunal puso el acento en el trabajo cotidiano de los efectivos y en el compromiso institucional del municipio con la seguridad de la ciudad.
«Hoy quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata por el importante trabajo que vienen realizando en nuestra ciudad», abrió Rach en su comunicación pública.
Un operativo que saca miles de dosis de circulación
El procedimiento en el barrio San Martín fue el disparador del mensaje. Rach remarcó la dimensión concreta del resultado: «Sacar de circulación esta cantidad de droga —que representa miles de dosis— es un paso importante para resguardar especialmente a nuestros jóvenes.»
El intendente no esquivó la caracterización del problema. Definió al narcotráfico y al narcomenudeo como «problemáticas que tanto daño generan en nuestra comunidad y nuestras familias», y señaló que este tipo de acciones son «fundamentales en la lucha» contra ese flagelo.
«Compromiso, profesionalismo y una decisión firme»
El núcleo del mensaje de Rach fue el reconocimiento al trabajo de los efectivos. «Detrás de cada procedimiento hay compromiso, profesionalismo y una decisión firme de cuidar a nuestros vecinos», afirmó el jefe comunal, en una valoración que apuntó tanto al operativo puntual como a la tarea diaria de la División Drogas en la ciudad.
El cierre del mensaje amplió ese reconocimiento: «Mi agradecimiento a cada efectivo que formó parte de este operativo y a quienes, día a día, arriesgan su vida para cuidar la de los demás.»
El municipio, alineado con las fuerzas de seguridad
Rach también dejó en claro la posición institucional del municipio de cara a lo que viene. «Desde el Municipio vamos a seguir acompañando y trabajando de manera articulada con las fuerzas de seguridad, convencidos de que el camino es el trabajo conjunto para construir una ciudad más segura para todos», sostuvo el intendente, trazando una línea de continuidad entre el operativo y la política de seguridad que impulsa la gestión comunal.
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