La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizaron un durísimo cruce de mensajes por WhatsApp que volvió a exponer la interna dentro del oficialismo. El intercambio se produjo apenas terminó el partido en el que la Selección argentina venció a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, y escaló rápidamente hasta convertirse en un round más de la tensa relación entre ambas dirigentes.

Todo comenzó cuando Villarruel planteó la posibilidad de postergar la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo busca darle media sanción al proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para que los legisladores pudieran sumarse a los festejos por la clasificación. «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?», preguntó la titular del Senado. Bullrich no tardó en responder: «Para festejarlo».

De la sesión a los reproches personales

A partir de ahí, la conversación derivó en un terreno mucho más personal. Bullrich llegó a sugerirle a Villarruel que renunciara si no compartía el rumbo del gobierno, mientras que la vicepresidenta le respondió que ella defendía los intereses de la Argentina y cuestionó la cercanía de la ministra con la conducción política de Karina Milei. El cruce incluyó también acusaciones de «vender el país», en referencia directa al capítulo de la ley de tierras que Villarruel resiste con mayor firmeza: el que elimina las restricciones vigentes para que extranjeros compren tierras rurales.

En la Casa Rosada, el malestar con la vicepresidenta se profundizó por otro motivo: funcionarios con injerencia en la estrategia parlamentaria interpretan que la postura de Villarruel terminó coincidiendo con la resistencia que desde hace meses vienen planteando distintos bloques opositores para demorar el tratamiento de la iniciativa, algo que el oficialismo considera uno de los objetivos centrales de la sesión de este jueves.

Una relación rota desde antes de la asunción

El nuevo cruce no es un hecho aislado. La relación entre Villarruel y el núcleo duro del gobierno de Javier Milei está deteriorada desde antes de la asunción presidencial en 2023, y ya había sumado numerosos enfrentamientos públicos y privados, tanto por la agenda legislativa como por la interna de poder dentro de La Libertad Avanza. El propio inicio de la sesión de este jueves había sido motivo de idas y vueltas en las semanas previas, con la vicepresidenta demorando en varias oportunidades la convocatoria a Labor Parlamentaria.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, quedó atravesada por una polémica extrafutbolística. Al término del partido, un grupo de jugadores —entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero— desplegó junto a los hinchas una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», mientras Lionel Messi festejaba a su lado. El gesto se dio pese a que la FIFA había prohibido expresamente el ingreso de banderas y consignas alusivas al archipiélago para ese encuentro en particular.

Qué dice el reglamento de la FIFA

El organismo había incorporado la consigna sobre las Islas Malvinas a su lista de símbolos políticos vedados en la previa del cruce, en un partido que además contó con uno de los operativos de seguridad más grandes del torneo. El reglamento de la International Football Association Board (IFAB) establece que los jugadores no pueden exhibir mensajes con contenido político, religioso o personal más allá de la publicidad autorizada, y que cualquier infracción puede ser sancionada por el organizador de la competición, la federación nacional o la propia FIFA. La norma, sin embargo, no especifica de antemano cuál sería la sanción: la decisión quedará supeditada al informe final del partido.

Según indicaron distintas coberturas especializadas, este tipo de faltas suele derivar en multas económicas aplicadas a la federación, en este caso la AFA, y no en sanciones deportivas contra los futbolistas involucrados.

El antecedente de 2014 y otro episodio en este mismo Mundial

No es la primera vez que la AFA enfrenta esta situación. En 2014, en la previa del Mundial de Brasil, la FIFA multó a la entidad con 30.000 francos suizos después de que los jugadores mostraran una bandera idéntica en un partido amistoso frente a Eslovenia, por infracción al artículo 60 del Reglamento de Seguridad en los Estadios y al artículo 52 del Código Disciplinario.

El propio Mundial 2026 ya había tenido un antecedente similar: tras la victoria de Argentina frente a Egipto, el plantel fue filmado cantando «Muchachos» con referencias a Malvinas en el vestuario. Inglaterra presentó entonces un reclamo formal, pero la FIFA decidió no abrir expediente disciplinario y dio el caso por cerrado antes de los cuartos de final.

La escena de Atlanta tuvo fuerte repercusión en la prensa británica, que calificó el festejo de «arrogancia argentina». Entre los jugadores, Leandro Paredes resumió el sentir del plantel: «Y serán siempre argentinas». Argentina definirá el título del Mundial 2026 el domingo ante España.

El Senado de la Nación debate un proyecto impulsado por el oficialismo que deroga el límite del 15% vigente desde 2011 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, bautizada «Inviolabilidad de la Propiedad Privada«, forma parte de un paquete más amplio que también modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los procesos de desalojo y introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

La norma que el Gobierno busca dejar sin efecto, la Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció que ninguna persona o empresa extranjera puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, con un tope adicional del 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola. El proyecto elimina esos límites para personas y empresas privadas extranjeras, aunque mantiene la restricción para Estados extranjeros y para compañías con participación estatal foránea, que necesitarán autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional para operar.

Un mecanismo de silencio administrativo que preocupa a la oposición

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el esquema de aprobación: si la provincia o la Nación no responden a una solicitud de compra dentro del plazo fijado, el pedido queda automáticamente aceptado por «silencio administrativo positivo». El mismo régimen regirá para la compra de tierras en zonas de frontera, hoy sujetas a restricciones más estrictas.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se cuestionó la necesidad misma de la reforma: su director de litigio, Diego Morales, sostuvo que «no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique esta reforma», y recordó que el registro creado por la ley de 2011 nunca llegó a alcanzar el tope del 15% a nivel nacional.

El mapa de la extranjerización, departamento por departamento

Según el último relevamiento oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualizado a agosto de 2025, ninguna provincia argentina supera hoy el límite del 15% de su territorio en manos extranjeras: Salta y Misiones son las de mayor porcentaje, ambas por encima del 11%. El panorama cambia a nivel departamental, donde más de treinta distritos ya exceden ese tope y al menos cuatro superan la mitad de su territorio en manos foráneas, casos como San Carlos y Molinos, en Salta, o General Lamadrid, en La Rioja.

Dentro del propio Senado, un bloque aliado ocasional del oficialismo presentó un dictamen de minoría que propone mantener los límites vigentes e incorporar la figura de «Zonas de Interés Estratégico» para tierras ubicadas en fronteras y áreas de riesgo ecológico. El oficialismo, por su parte, llega al recinto sin la certeza de contar con los votos necesarios para aprobar el capítulo más resistido del proyecto.