El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles 29 de abril su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados y, por primera vez desde que estalló el escándalo por su patrimonio, se pronunció en público sobre las acusaciones que pesan en su contra. «No cometí ningún delito y voy a demostrarlo ante la Justicia«, afirmó durante la sesión, y descartó de plano cualquier posibilidad de dejar el cargo: «No voy a presentar la renuncia. Por el contrario, estoy acá dando la cara«.

La presentación se produce a 175 días de que Adorni asumiera como ministro coordinador en reemplazo de Guillermo Francos. La sesión comenzó a las 10:30 con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y la plana mayor del Gabinete ocupando el palco central del recinto en un operativo de respaldo sin precedentes para un informe de gestión ordinario. Al ingresar al recinto, Milei alentó al funcionario a los gritos desde el palco y se retiró del Congreso una vez concluido el discurso de apertura, antes de que comenzara la ronda de preguntas opositoras.

El discurso: gestión, ajuste y la mención a Cristina

Adorni estructuró su exposición inicial en tres ejes: los desafíos heredados, los logros de gestión y las políticas en marcha. El jefe de Gabinete destacó la baja del gasto público, la estabilidad macroeconómica y brindó un reconocimiento explícito al ministro de Economía, Luis Caputo, al que atribuyó el manejo de la crisis cambiaria. También afirmó que «como ya no hay intermediación de los gerentes de la pobreza, por primera vez en 30 años no hay más piquetes», frase que generó aplausos del bloque oficialista y abucheos de la oposición.

Uno de los momentos más celebrados por el sector libertario fue cuando Adorni hizo referencia a la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que desató aplausos del presidente Milei y de Karina Milei desde el palco. En el recinto, Máximo Kirchner observó la escena sin reaccionar.

«No voy a renunciar»: la defensa ante las acusaciones

Sobre el final de su exposición inicial, Adorni abordó de forma acotada la causa judicial que lo investiga. En relación al viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial, sostuvo que la Justicia concluyó que la documentación no representa ninguna irregularidad y que el fiscal requirió archivar esa causa, aunque eso no cierra las otras líneas de investigación activas.

Frente a las consultas sobre su continuidad en el cargo, Adorni fue categórico: «No voy a presentar la renuncia. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia. Para mí es un orgullo estar adelante de esta tarea. Los argentinos estaban esperando esta reforma hacía décadas. Vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente. Sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo. Seguiré dando cuenta ante esta Cámara el trabajo hecho.»

Informe Adorni en Diputados: gestión y patrimonio

El patrimonio: respuestas esquivas y la Constitución en mano

La oposición presionó por la presunta omisión de propiedades en su declaración jurada patrimonial, en particular un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y el departamento en Caballito donde reside el funcionario. La respuesta oficial indicó que los bienes de su cónyuge están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública, y que ese documento solo puede ser consultado por la Justicia.

En el informe escrito previo, que respondió 2.151 preguntas parlamentarias, el Gobierno también evitó precisiones sobre los viajes cuestionados, argumentando que el Estado no guarda registro del destino, fechas y duración de los vuelos personales de los funcionarios.

Al concluir su turno de preguntas, el diputado radical Pablo Juliano se acercó al estrado y le entregó a Adorni un ejemplar de la Constitución Nacional. El jefe de Gabinete lo recibió con gesto serio, sin comentarios. La postal resumió sin palabras la tensión que atravesó toda la jornada.

La causa judicial que no cierra

La investigación patrimonial contra Adorni se centra en un presunto enriquecimiento ilícito con un incremento que, según la denuncia impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, superaría el 500% en un solo período fiscal. La Justicia ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, y citó a quienes figuran como acreedoras de hipotecas sobre sus propiedades para verificar la trazabilidad de los préstamos.

Los viajes a Punta del Este, Miami, Nueva York y el Foro de Davos también son parte del expediente. El Estado declaró que la gira de marzo de 2026 —Miami y Nueva York— insumió más de $85 millones de pesos, pero el informe oficial no desagregó cuánto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del funcionario, que viajó como invitada en el tramo de salida del país.

Al cierre de esta nota, la sesión continuaba con el tramo de preguntas de los bloques opositores. Tras concluir su exposición inicial, Adorni publicó en X un mensaje de agradecimiento hacia sus colaboradores: «Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin.»

La sesión se extendería por al menos seis horas, en Diputados con el debate aún en curso al momento del cierre de esta nota.

El Gobierno nacional activó el protocolo antipiquetes para el operativo de seguridad que desplegará este miércoles 30 de abril durante la marcha de la CGT a Plaza de Mayo. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que el esquema será el mismo que se aplicó en movilizaciones anteriores: recortes para encapsular columnas, control en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y un dispositivo conjunto que incluye a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el Chaco, la CGT provincial se movilizará en paralelo en Resistencia, como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la convocatoria de la central obrera chaqueña para el 30 de abril.

Monteoliva minimizó el peso político de la convocatoria y aclaró que el operativo no tiene características excepcionales. «Se aplica el protocolo, como siempre. Es el mismo equipo», afirmó la ministra, al tiempo que precisó que se evaluará la cantidad de manifestantes y los movimientos de los distintos grupos para diagramar el despliegue. «El orden público no se negocia», remarcó, en línea con la política de seguridad que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión.

Qué establece el protocolo antipiquetes y cómo se aplica

El protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación, impulsado originalmente por Patricia Bullrich, habilita la intervención de fuerzas federales cuando las protestas impliquen interrupciones en la circulación de personas o medios de transporte. Los efectivos pueden actuar sin orden judicial previa en caso de cortes de calles o accesos, aunque no pueden portar armas letales durante los procedimientos. El Comando Unificado Federal (CUF) coordina el monitoreo y seguimiento durante toda la jornada.

Para la marcha del 30 de abril, el dispositivo contempla controles en los accesos a la Ciudad, un sistema de vallado en las inmediaciones de Plaza de Mayo, desvíos de tránsito programados y la inspección de los micros que trasladen manifestantes desde el interior del país. Este último punto generó roces en marchas anteriores: durante la movilización del 11 de febrero contra la reforma laboral, la CGT repudió públicamente el accionar de la Gendarmería, que detuvo micros en los accesos e impidió el traslado de miles de trabajadores hacia la concentración.

El antecedente de febrero: incidentes y detenidos

La marcha del 11 de febrero al Congreso, convocada en rechazo al tratamiento de la reforma laboral, dejó un saldo de al menos 37 detenidos y 10 heridos, entre ellos tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Policía Federal con traumatismo de cráneo. Los incidentes se desataron cuando manifestantes intentaron derribar las vallas perimetrales del Congreso y la Policía respondió con gas pimienta y carros hidrantes. La ministra Monteoliva calificó en ese momento el operativo como un éxito en términos de orden público; desde la CGT y los movimientos sociales lo denunciaron como una criminalización de la protesta.

Aquel antecedente pesa sobre el operativo de este miércoles. La diferencia clave es el escenario: en febrero la marcha fue al Congreso durante un debate parlamentario en curso; el 30 de abril la concentración es en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, con un formato que la CGT planteó como movilización y celebración simultáneas, incluyendo un acto ecuménico en homenaje al papa Francisco.

Qué espera el Gobierno de la marcha

Desde la Casa Rosada relativizaron el impacto de la convocatoria. Fuentes oficiales consideran que la movilización «tendrá cero influencia» sobre la agenda del Gobierno y descartaron cualquier tipo de negociación con la central obrera como resultado de la jornada. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió en los días previos que si el Gobierno no abre el diálogo tras la marcha del 30 de abril, la central avanzará con un paro general de 24 horas en mayo. Esa amenaza marca el clima político con el que arranca la semana del Día del Trabajador.

El exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) en Comodoro Py y negó haber recibido sobornos en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. En su declaración, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el esquema de pagos ilegales que investiga la Justicia desde 2018 y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jaime habló durante más de una hora pero anticipó al inicio que no respondería preguntas de los jueces ni de la fiscal Fabiana León, al argumentar que no dispone de «total acceso» al expediente, una estrategia que siguieron la mayoría de los imputados en audiencias previas.

El exfuncionario llegó a Comodoro Py desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once. El Tribunal había rechazado previamente su pedido de declarar por videoconferencia desde la cárcel.

Cómo armó su defensa: extorsión, fotocopias y un pedido de careo

El eje central de la defensa de Jaime fue cuestionar la legitimidad de los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores. En particular apuntó contra Aldo Roggio, quien confesó haber pagado mensualmente el 5% de los subsidios recibidos por la explotación de Metrovías, y contra Gabriel Romero, quien declaró haber abonado 600.000 dólares a cambio de un decreto que prorrogara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, señalando a Jaime como interlocutor de esa operación.

Según el exfuncionario, esas acusaciones fueron realizadas «bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción» y calificó los aportes de los colaboradores como «falsedades totales». Negó haber recibido a Roggio en su despacho y afirmó que nunca se reunió con él. También solicitó un careo con los empresarios para confrontar versiones ante el tribunal, aunque no trascendió si el pedido fue admitido.

Sobre las pruebas documentales, Jaime restó validez a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, uno de los pilares de la causa, al referirse a ellas como «fotocopias del señor Centeno» y sostener que ese material no tiene la solidez probatoria suficiente. Señaló que el único hecho que aparecería en esas anotaciones vinculado a su persona sería un pago del año 2010 relacionado con la Hidrovía, y lo formuló en potencial: «figuraría», recalcó dos veces.

Al concluir su declaración, Jaime planteó razones de salud —padece un carcinoma— y solicitó al tribunal ser trasladado a una cárcel en la provincia de Córdoba para estar cerca de su familia, además de reiterar su pedido de prisión domiciliaria por edad y enfermedades.

Schiavi siguió la misma línea

En la misma jornada declaró Juan Pablo Schiavi, quien ocupó la Secretaría de Transporte entre 2009 y 2012 como sucesor de Jaime. Siguió una línea defensiva idéntica: negó haber actuado como recaudador, cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos originales y calificó las anotaciones de Centeno como «fotocopias inválidas». También rechazó los testimonios de empresarios que lo señalaron como recaudador de retornos vinculados a subsidios estatales, sosteniendo que esas declaraciones fueron obtenidas bajo presión.

Schiavi fue condenado en 2015 por administración fraudulenta y estrago culposo en el marco de la tragedia de Once, con una pena que luego fue reducida. Obtuvo la libertad condicional en 2021 tras permanecer detenido en Ezeiza.

El jueves declara José López

El juicio oral por la causa Cuadernos continúa esta semana. El jueves 30 de abril le tocará el turno a José López, exsecretario de Obras Públicas, quien declarará en calidad de imputado colaborador. A diferencia de Jaime y Schiavi, López confesó ante la Justicia el funcionamiento interno del esquema de recaudación ilegal y señaló directamente a los niveles más altos de la jerarquía gubernamental como organizadores del sistema. Su figura quedó marcada en la memoria pública en 2016, cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en efectivo.