El PRO reclamó este martes la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y anunció que impulsará su interpelación en el Senado, en un comunicado oficial que endurece la postura del partido hacia el gobierno de Javier Milei. «Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo», sostuvo el espacio fundado por Mauricio Macri en la declaración difundida el mismo día en que se frustró en Diputados la sesión especial convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del funcionario.

La sesión cayó por falta de quórum. A las 14:31, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por finalizada la reunión: apenas 117 legisladores estaban sentados en sus bancas, doce menos de los 129 necesarios para abrir el recinto. El PRO, la UCR y la mayoría de los bloques provinciales dialoguistas no bajaron al recinto, en cumplimiento de un acuerdo político tejido durante las 48 horas previas con el propio Menem.

La jugada del PRO: marcar distancia sin hacer el juego al kirchnerismo

El partido justificó su ausencia en el recinto argumentando que el objetivo de la sesión ya había sido alcanzado previamente. Desde el PRO señalaron que, junto a bloques de la UCR y el MID, lograron que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúna el próximo 30 de junio para analizar los expedientes relacionados con pedidos de informes, interpelación, censura y eventual remoción del funcionario. En esa lógica, el quórum ya no era necesario para garantizar el curso institucional del tema.

Sin embargo, la postura del bloque amarillo tuvo una segunda vuelta inmediata. En el comunicado, el PRO trazó una distinción que define su estrategia de aquí en adelante: «Desde el Senado vamos a pedir la interpelación, pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente.» La frase condensa la doble apuesta del partido: presionar a Milei por Adorni sin quedar asociado a la oposición dura.

El presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, había anticipado esa línea días atrás. Afirmó que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo «no da para más» y que su bloque acompañaría «un pedido de censura o remoción» si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia. «La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión», aseveró el senador.

El escándalo patrimonial que originó la crisis

La crisis política en torno a Adorni tiene como origen su declaración jurada patrimonial. El 10 de junio, el jefe de Gabinete reconoció en una entrevista televisiva que él y su esposa mantuvieron durante años ahorros no declarados por alrededor de medio millón de dólares. El funcionario atribuyó esos fondos al trabajo en el sector privado y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. «Toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos», afirmó. La declaración contradijo directamente lo que él mismo había sostenido ante el Congreso el 29 de abril, cuando aseguró que en sus declaraciones juradas figuraban todos sus bienes y que nunca existió ocultación alguna.

Como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la investigación judicial por sus movimientos patrimoniales, la causa arrancó por el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de Carnaval y se amplió luego hacia sus adquisiciones inmobiliarias y la evolución de su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita investiga un posible enriquecimiento ilícito. Javier Milei, hasta el momento, mantiene su respaldo al funcionario.

La próxima escala de este conflicto está fijada para el jueves 25 de junio, cuando el Senado sesionará para votar los proyectos de interpelación. Si tienen mayoría, se convocará a Adorni a comparecer el 2 de julio, fecha en que también tiene previsto presentar su informe de gestión ante la Cámara alta. De ese resultado dependerá si el escándalo escala hacia una moción de censura o encuentra alguna salida negociada.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el próximo lunes 30 de junio a las 10:30, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida fue adoptada este martes a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien acusa a Espert de haber incorporado al circuito económico legal 200.000 dólares provenientes de una organización criminal transnacional vinculada al empresario Federico «Fred» Machado. La indagatoria alcanza también a Mariano Cosentino, contador personal del exlegislador, quien deberá presentarse el miércoles 1° de julio, y a la empresa Varianza SA, constituida por Espert junto a su esposa en 2019.

Según la reconstrucción del fiscal Domínguez, en enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta del banco Morgan Stanley que nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El dinero provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa pantalla estadounidense vinculada a Machado y cuya titular, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. Para justificar la recepción de los fondos, Espert presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo. Sin embargo, la fiscalía calificó ese contrato como una simulación: las minas nunca estuvieron operativas, no existen facturas ni pruebas de los servicios prestados y el propio Espert nunca viajó a Guatemala.

Cómo se lavó el dinero, según la fiscalía

El fiscal encuadró la maniobra en las tres fases clásicas del lavado de activos. La primera fase —colocación— consistió en el depósito de los 200.000 dólares en la cuenta del Morgan Stanley a través de la empresa pantalla. La segunda —estratificación— implicó transferencias entre cuentas del Morgan Stanley y el BBVA para dificultar el rastreo del origen. La tercera fase —integración— fue la que le dio apariencia lícita al dinero: Espert compró primero un BMW y luego lo reemplazó por un Lexus valuado en 130.000 dólares, e integró un fideicomiso en el barrio privado Costa Esmeralda. La fiscalía sostuvo que el contador Cosentino tuvo un rol activo al evaluar distintos cursos de acción para incorporar ese dinero en las declaraciones juradas del exlegislador. Uno de los elementos de prueba es un audio de WhatsApp que el propio Espert envió días después de la detención de Machado en 2021.

Fred Machado: el empresario que respaldó la candidatura de Espert y terminó preso en EE.UU.

Federico «Fred» Machado es el eje de toda la investigación. El empresario respaldó financieramente la candidatura presidencial de Espert en 2019 y mantuvo vínculos estrechos con el entonces economista liberal. En Argentina fue investigado por narcotráfico. Extraditado a Estados Unidos por Interpol tras la confirmación de la Corte Suprema argentina en octubre de 2025, Machado acordó con el Ministerio Público estadounidense declararse culpable de conspiración, fraude reiterado y lavado de activos, a cambio de que se retiraran los cargos de narcotráfico. Su socia en Wright Brothers Aircraft Title Inc., Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión en esa misma causa.

Mientras aguarda su declaración del 30 de junio, Espert tiene todos sus bienes congelados por orden del juez Mirabelli. La medida le impide vender propiedades o disponer libremente de fondos bancarios, con excepción de los autorizados por la Justicia para cubrir gastos habituales. El escándalo ya había tenido consecuencias políticas el año pasado, cuando Espert —que encabezaba la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires— bajó su candidatura ante el impacto de las revelaciones sobre su relación con Machado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se encamina a definir esta semana un plan de lucha sostenido y escalonado contra el Gobierno nacional. El Consejo Directivo, máximo órgano de la central y el único habilitado para tomar este tipo de decisiones, tiene previsto reunirse este jueves para resolver el esquema de protestas del segundo semestre. El encuentro llega tras una semana intensa de reuniones internas: el miércoles 17 de junio el triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— se reunió con confederaciones de sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía; y el jueves 19 las tres centrales obreras —CGT, CTA Autónoma y CTA de las y los Trabajadores— acordaron avanzar en la construcción de un plan de lucha unificado.

El debate interno de la CGT gira en torno a qué modalidad de protesta resulta más efectiva. La opción con mayor consenso es el esquema conocido como «paro a la francesa», impulsado por Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). La estrategia consiste en paros sectoriales rotativos en semanas alternadas: un paro de transporte, luego uno de bancarios, después de educación, y así sucesivamente con distintos rubros. El objetivo es mantener el conflicto abierto durante semanas con menos desgaste para cada sindicato que si se convocara a una huelga general simultánea.

El sector más combativo presiona por medidas más duras

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, propuso un paro por tiempo indeterminado, aunque la iniciativa no cosechó adhesiones entre sus pares. Referentes de la Unión Obrera Metalúrgica y de otros gremios industriales insistieron en un paro de 36 horas con movilización. Dentro del triunvirato, en cambio, predomina la visión de que no están dadas las condiciones para una quinta huelga general contra la administración Milei, al menos en lo inmediato. La postura mayoritaria apunta a sostener el conflicto en el tiempo antes que concentrar toda la presión en una sola jornada de protesta.

CGT y CTA: unidad obrera para enfrentar el ajuste

La coordinación con las dos CTA agrega un elemento nuevo al esquema de protesta. Según acordaron las tres centrales el jueves 19, la unidad del movimiento obrero organizado es una herramienta central para enfrentar el ajuste y la reforma laboral. Los dirigentes señalaron que continuarán manteniendo encuentros periódicos para definir una agenda común de reclamos. La CGT mencionó también la posibilidad de articular con otros sectores sociales afectados por las políticas del Gobierno para ampliar el alcance de las acciones y sumar a la clase media al proceso de protesta.

La reforma laboral y las multas millonarias, en el centro del conflicto

El trasfondo del plan de lucha es la reglamentación de la reforma laboral, que la CGT calificó como una intromisión inaceptable en la vida interna de las organizaciones gremiales y un retroceso respecto de los convenios internacionales de la OIT. A eso se suman las multas millonarias impuestas a gremios del transporte como la UTA y La Fraternidad por adherirse al último paro general —que en el caso de la UTA rondarían los 70 mil millones de pesos— y los reveses judiciales sufridos al intentar frenar la reforma por vía judicial. El jueves, el Consejo Directivo tiene en sus manos convertir el diagnóstico compartido en un cronograma concreto de acción para el segundo semestre.