La diputada nacional Victoria Tolosa Paz eligió el Congreso Provincial del Partido Justicialista del Chaco, celebrado en San Bernardo, para lanzar un reclamo con peso nacional: que el peronismo defina a sus candidatos presidenciales a través de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. «Las PASO son clave para garantizar la participación ciudadana en la elección de nuestros candidatos y construir una alternativa federal donde también se incluya al interior del país», sostuvo la legisladora bonaerense ante más de 3.000 militantes.

El planteo de Tolosa Paz se inscribe en uno de los debates más urgentes de la interna peronista: cómo resolver la candidatura presidencial en un espacio que atraviesa una fractura profunda entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuya relación quedó congelada tras la derrota electoral de octubre de 2025 y una serie de desencuentros que se profundizaron en los meses siguientes.

Las PASO como salida a la fractura interna

El pedido de primarias abiertas apunta directamente al corazón del conflicto. Tolosa Paz planteó que el peronismo necesita «debatir, expresar diferencias y fortalecer la legitimidad a partir del voto de la gente», una fórmula que evita que la candidatura surja de acuerdos cerrados entre cúpulas y que, al mismo tiempo, le abriría a Kicillof la posibilidad de competir sin quedar condicionado por la voluntad de la expresidenta. El propio gobernador bonaerense considera que las PASO podrían liberarlo de esos condicionamientos.

El escenario que se perfila incluye también a Eduardo «Wado» de Pedro y a la conducción de La Cámpora como actores con peso propio en el armado preelectoral, lo que hace más compleja cualquier definición de candidatura por fuera de una instancia de participación amplia.

El Chaco en el centro del diagnóstico

La diputada no limitó su intervención al debate nacional. Con la militancia chaqueña como audiencia, Tolosa Paz conectó la discusión electoral con la realidad cotidiana de la provincia: «El Chaco quiere que el peronismo vuelva a gobernar en 2027 porque está sufriendo las consecuencias de un ajuste brutal, con destrucción de puestos de trabajo en la industria y en el agro». La advertencia sintonizó con el tono del discurso de Jorge Capitanich, también presente en el Congreso, quien horas antes había denunciado el cierre de 25.000 pymes y la destrucción de 300.000 empleos formales a nivel nacional.

El encuentro en San Bernardo también contó con la presencia de la diputada provincial Magdalena Ayala y fue presidido por Miguel Sotelo, titular del Congreso del PJ chaqueño, consolidando una jornada que combinó el debate interno nacional con la proyección electoral del peronismo provincial de cara a 2027.

El exgobernador Jorge Capitanich fue uno de los oradores centrales del Congreso Provincial del Partido Justicialista del Chaco, celebrado este sábado en San Bernardo con la participación de más de 3.000 militantes. El mensaje fue directo: unidad, organización y la promesa de un retorno al poder en 2027. «No cabe la menor duda de que en el año 2027 vamos a gobernar la patria y vamos a recuperar la provincia de la mano de los compañeros y compañeras elegidos por la voluntad popular», afirmó Capitanich ante la militancia peronista chaqueña.

El encuentro fue convocado bajo la consigna de fortalecer la estructura partidaria de cara al ciclo electoral que se aproxima, y «Coqui» marcó los tres ejes que considera fundamentales para esa reconstrucción: unidad, organización y solidaridad. «Hoy más que nunca el pueblo peronista unido levantará las banderas necesarias para interpretar al pueblo argentino y al pueblo chaqueño», sostuvo.

Crítica al modelo nacional y provincial

La parte más dura del discurso de Capitanich apuntó al modelo económico del presidente Javier Milei y del gobernador chaqueño Leandro Zdero. El exmandatario provincial acusó a esa gestión de destruir la estructura productiva y social del país: «Se han cerrado 25.000 pequeñas y medianas empresas y se destruyeron más de 300.000 empleos formales», enumeró, antes de bajar el argumento a la economía cotidiana de los hogares: «La gente no puede pagar la luz, el alquiler, la carne o la leche de sus hijos».

Capitanich también denunció el cierre de panaderías, quioscos y comercios de proximidad como consecuencia de lo que describió como «un modelo oligárquico que gobierna para pocos», y rechazó tanto la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad, defendiendo en cambio la inversión en ciencia, tecnología y obra pública como herramientas de inclusión.

El Chaco en el centro del diagnóstico

En relación a la situación provincial, el tres veces gobernador del Chaco fue categórico respecto a la gestión de Zdero: «Chaco tenía superávit fiscal y hoy está en déficit. Este gobernador se arrodilla ante la política de Milei. Pasamos del superávit al déficit». Denunció además la caída de recursos para educación, salud y seguridad, y remató con una definición política: «Las heridas de nuestro pueblo no se resuelven con balas ni con la policía, se resuelven con inclusión social y justicia social».

La hoja de ruta hacia 2027

Capitanich planteó la necesidad de construir un programa de gobierno claro, transparente y consensuado, con equilibrio fiscal, combate a la evasión, inversión en infraestructura y estabilidad económica como pilares. El cierre del discurso fue una apelación a la historia del movimiento: «Los días más felices de nuestra historia siempre fueron peronistas y serán peronistas, en tanto y en cuanto garanticemos la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria y nuestras banderas históricas de independencia económica, soberanía política y justicia social».

El Gobierno nacional envió este viernes al Senado dos proyectos de ley que modifican áreas sensibles del sistema de seguridad social: uno apunta a reformar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y el otro busca combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Las iniciativas ingresaron con la firma del presidente Javier Milei y de los ministros del área social y judicial, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El envío al Senado como cámara de origen no es un detalle menor: el oficialismo construyó allí una mayoría más sólida, lo que le da mayor margen en caso de que la Cámara de Diputados introduzca modificaciones durante el debate.

Qué cambia en la ley de salud mental

El proyecto propone una reforma integral de la norma vigente. Uno de los cambios más significativos es la redefinición de los criterios para las internaciones involuntarias: en lugar del concepto de «riesgo cierto e inminente», la nueva formulación incorpora la noción de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», una redacción que el Ministerio de Salud describe como más abarcativa. En urgencias, un médico psiquiatra podrá indicar la internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas y notificada a la Justicia en ese mismo plazo.

El texto también plantea reemplazar el término «padecimiento mental» por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de mayor precisión diagnóstica. Además, amplía las posibilidades de creación de establecimientos especializados e incorpora la prohibición expresa de rechazar pacientes por el solo hecho de tratarse de problemáticas de salud mental, definiendo esa conducta como un acto discriminatorio.

El Chaco, entre las provincias con implementación desigual

Uno de los datos que el propio Gobierno utilizó para justificar la reforma tiene impacto directo en el interior del país: solo 16 de las 24 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y apenas 20 disponen de camas de internación. Ese mapa de implementación incompleta coloca al Chaco y a buena parte del NEA en una situación de acceso desigual a los servicios de salud mental, una realidad que el nuevo marco normativo dice querer corregir al adaptar los criterios «a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción».

El debate llega además en un momento en que la cuestión de la salud mental gana visibilidad en la agenda legislativa provincial. La diputada chaqueña María Luisa Chomiak acaba de impulsar en el Parlamento del Norte Grande un proyecto de su autoría sobre salud mental en el ámbito escolar, que recibió respaldo de los legisladores presentes, lo que muestra que el tema no es ajeno a la discusión política local.

El segundo proyecto: fraude en pensiones por invalidez

La otra iniciativa enviada al Congreso apunta a las pensiones no contributivas por invalidez. El Ejecutivo señaló que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000, y que investigaciones y auditorías detectaron una cantidad significativa de pensiones otorgadas sin cumplir los requisitos legales, con domicilios inexistentes y sin verificación de los criterios médicos exigidos. El proyecto propone auditorías periódicas, cruce de datos con organismos públicos, reempadronamiento obligatorio de titulares y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. El monto de la prestación quedaría fijado en el 70% del haber mínimo jubilatorio.