El exgobernador Jorge Capitanich fue uno de los oradores centrales del Congreso Provincial del Partido Justicialista del Chaco, celebrado este sábado en San Bernardo con la participación de más de 3.000 militantes. El mensaje fue directo: unidad, organización y la promesa de un retorno al poder en 2027. «No cabe la menor duda de que en el año 2027 vamos a gobernar la patria y vamos a recuperar la provincia de la mano de los compañeros y compañeras elegidos por la voluntad popular», afirmó Capitanich ante la militancia peronista chaqueña.

El encuentro fue convocado bajo la consigna de fortalecer la estructura partidaria de cara al ciclo electoral que se aproxima, y «Coqui» marcó los tres ejes que considera fundamentales para esa reconstrucción: unidad, organización y solidaridad. «Hoy más que nunca el pueblo peronista unido levantará las banderas necesarias para interpretar al pueblo argentino y al pueblo chaqueño», sostuvo.

Crítica al modelo nacional y provincial

La parte más dura del discurso de Capitanich apuntó al modelo económico del presidente Javier Milei y del gobernador chaqueño Leandro Zdero. El exmandatario provincial acusó a esa gestión de destruir la estructura productiva y social del país: «Se han cerrado 25.000 pequeñas y medianas empresas y se destruyeron más de 300.000 empleos formales», enumeró, antes de bajar el argumento a la economía cotidiana de los hogares: «La gente no puede pagar la luz, el alquiler, la carne o la leche de sus hijos».

Capitanich también denunció el cierre de panaderías, quioscos y comercios de proximidad como consecuencia de lo que describió como «un modelo oligárquico que gobierna para pocos», y rechazó tanto la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad, defendiendo en cambio la inversión en ciencia, tecnología y obra pública como herramientas de inclusión.

El Chaco en el centro del diagnóstico

En relación a la situación provincial, el tres veces gobernador del Chaco fue categórico respecto a la gestión de Zdero: «Chaco tenía superávit fiscal y hoy está en déficit. Este gobernador se arrodilla ante la política de Milei. Pasamos del superávit al déficit». Denunció además la caída de recursos para educación, salud y seguridad, y remató con una definición política: «Las heridas de nuestro pueblo no se resuelven con balas ni con la policía, se resuelven con inclusión social y justicia social».

La hoja de ruta hacia 2027

Capitanich planteó la necesidad de construir un programa de gobierno claro, transparente y consensuado, con equilibrio fiscal, combate a la evasión, inversión en infraestructura y estabilidad económica como pilares. El cierre del discurso fue una apelación a la historia del movimiento: «Los días más felices de nuestra historia siempre fueron peronistas y serán peronistas, en tanto y en cuanto garanticemos la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria y nuestras banderas históricas de independencia económica, soberanía política y justicia social».

El Gobierno nacional envió este viernes al Senado dos proyectos de ley que modifican áreas sensibles del sistema de seguridad social: uno apunta a reformar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y el otro busca combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Las iniciativas ingresaron con la firma del presidente Javier Milei y de los ministros del área social y judicial, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El envío al Senado como cámara de origen no es un detalle menor: el oficialismo construyó allí una mayoría más sólida, lo que le da mayor margen en caso de que la Cámara de Diputados introduzca modificaciones durante el debate.

Qué cambia en la ley de salud mental

El proyecto propone una reforma integral de la norma vigente. Uno de los cambios más significativos es la redefinición de los criterios para las internaciones involuntarias: en lugar del concepto de «riesgo cierto e inminente», la nueva formulación incorpora la noción de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», una redacción que el Ministerio de Salud describe como más abarcativa. En urgencias, un médico psiquiatra podrá indicar la internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas y notificada a la Justicia en ese mismo plazo.

El texto también plantea reemplazar el término «padecimiento mental» por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de mayor precisión diagnóstica. Además, amplía las posibilidades de creación de establecimientos especializados e incorpora la prohibición expresa de rechazar pacientes por el solo hecho de tratarse de problemáticas de salud mental, definiendo esa conducta como un acto discriminatorio.

El Chaco, entre las provincias con implementación desigual

Uno de los datos que el propio Gobierno utilizó para justificar la reforma tiene impacto directo en el interior del país: solo 16 de las 24 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y apenas 20 disponen de camas de internación. Ese mapa de implementación incompleta coloca al Chaco y a buena parte del NEA en una situación de acceso desigual a los servicios de salud mental, una realidad que el nuevo marco normativo dice querer corregir al adaptar los criterios «a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción».

El debate llega además en un momento en que la cuestión de la salud mental gana visibilidad en la agenda legislativa provincial. La diputada chaqueña María Luisa Chomiak acaba de impulsar en el Parlamento del Norte Grande un proyecto de su autoría sobre salud mental en el ámbito escolar, que recibió respaldo de los legisladores presentes, lo que muestra que el tema no es ajeno a la discusión política local.

El segundo proyecto: fraude en pensiones por invalidez

La otra iniciativa enviada al Congreso apunta a las pensiones no contributivas por invalidez. El Ejecutivo señaló que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000, y que investigaciones y auditorías detectaron una cantidad significativa de pensiones otorgadas sin cumplir los requisitos legales, con domicilios inexistentes y sin verificación de los criterios médicos exigidos. El proyecto propone auditorías periódicas, cruce de datos con organismos públicos, reempadronamiento obligatorio de titulares y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. El monto de la prestación quedaría fijado en el 70% del haber mínimo jubilatorio.

La diputada provincial María Luisa Chomiak participó del Parlamento del Norte Grande celebrado en Tucumán y llevó al encuentro regional un mensaje directo: «No se puede seguir ajustando a las provincias mientras las necesidades crecen.» La legisladora chaqueña presidió la Comisión de Obras, Infraestructura y Transporte del encuentro, desde donde impulsó varios reclamos con impacto directo en el Chaco.

El eje central de su intervención fue la situación de la infraestructura regional. Chomiak advirtió que cuando se recortan recursos o se frenan obras como el segundo puente Chaco-Corrientes, «no se afecta a un gobierno, se afecta a la gente», una frase que apunta al impacto concreto que tienen las decisiones de ajuste en la vida cotidiana de los chaqueños.

Emergencia vial, ferrocarril y el puente que no llega

Desde la Comisión de Obras, Infraestructura y Transporte que presidió, Chomiak impulsó tres iniciativas de peso. La primera fue el pedido de emergencia vial por el deterioro de las rutas, una problemática que afecta tanto a la conectividad urbana como a la logística productiva del interior chaqueño. La segunda fue el rechazo a la privatización del ferrocarril, una posición que sintoniza con el reclamo histórico de las provincias del norte, donde el tren representa una alternativa estratégica de transporte de cargas y pasajeros. La tercera fue la visibilización del freno a la obra del segundo puente Chaco-Corrientes, una infraestructura considerada clave para la integración del NEA y que permanece paralizada.

Salud mental en la escuela, otro reclamo con firma chaqueña

En paralelo, desde la comisión de educación del Parlamento del Norte Grande, el proyecto de autoría de Chomiak sobre salud mental en el ámbito escolar recibió el acompañamiento de los legisladores presentes. La iniciativa apunta a instalar la problemática de la salud mental como una política pública dentro del sistema educativo, un área que distintos especialistas señalan como prioritaria tras los efectos de la pandemia en la población joven.

Federalismo con hechos

El cierre del mensaje de la diputada fue categórico: «El federalismo se defiende con hechos, no con discursos.» La frase condensa el tono general de su participación en Tucumán y la postura que la legisladora lleva al debate interprovincial: el interior no admite más postergaciones y los reclamos del Chaco necesitan respuestas concretas, no declaraciones.