Milei evaluó “pacto fiscal con gobernadores” como mecanismo para impulsar la reforma tributaria desde marzo, anunció el Gobierno, al tiempo que busca coordinar impuestos nacionales y provinciales para reducir tensiones con las jurisdicciones. Según fuentes oficiales, la Casa Rosada entiende que sin un acuerdo amplio no será posible avanzar en un rediseño impositivo de fondo en 2026.

Esa estrategia surge luego de la retirada del artículo de Ganancias de la reforma laboral en el Senado, lo cual marcó una advertencia política sobre el impacto fiscal de los cambios tributarios, especialmente en provincias con fuerte dependencia de recursos coparticipables. En ese contexto, el Ejecutivo analiza alternativas y negociaciones que incluyan a mandatarios provinciales en la agenda tributaria.

Pacto fiscal con gobernadores: por qué ahora

La propuesta de pacto fiscal con gobernadores se ubica en el centro de la estrategia tributaria del Gobierno. En la Casa Rosada reconocen que no existe margen político ni fiscal suficiente para avanzar con un rediseño impositivo profundo sin el respaldo de las provincias, según voceros oficiales.

Según trascendió, esa coordinación buscará alinear la baja de impuestos nacionales —como el Impuesto a las Ganancias para sociedades— con reducciones acordadas de tributos provinciales. “No se puede mover una baja relevante de impuestos nacionales si las provincias y los municipios no acompañan con los suyos”, señalaron desde Balcarce 50.

Con ese objetivo, se trabaja en convocar a gobernadores para retomar y profundizar el trabajo técnico que realizó el llamado Consejo de Mayo, un espacio que durante 2025 debatió propuestas tributarias y fiscales entre funcionarios nacionales y representantes provinciales.

Coparticipación y tensiones fiscales

El impulso a un pacto fiscal con gobernadores también responde a la caída real de recursos coparticipables. En enero de 2026, la recaudación federal cayó y afectó los fondos que recibe el conjunto de las provincias, según análisis de entidades fiscales, lo cual generó tensiones por la falta de compensaciones adecuadas.

Esa situación fiscal llevó a varios mandatarios a exigir mecanismos de compensación para evitar el impacto negativo de reformas tributarias y laborales que alteren la recaudación provincial. Por eso, los funcionarios nacionales plantean que cualquier reducción impositiva deberá estar acompañada de respaldo fiscal.

Marcha atrás en Ganancias y negociación tributaria: Pacto fiscal con gobernadores

En medio de este debate, el Gobierno ya dio señales de que está dispuesto a negociar con mandatarios provinciales sobre ciertos capítulos tributarios. Un ejemplo fue la decisión de retirar el artículo de Ganancias de la reforma laboral en el Senado tras presiones de gobernadores, lo que marcó el impacto de la discusión fiscal en la política nacional.

Ese episodio fue interpretado por analistas y referentes provinciales como una demostración de que los gobiernos locales pueden incidir de manera determinante en cuestiones de política tributaria y fiscal, especialmente cuando comparten parte de la base impositiva.

Las objeciones al avance sin acuerdo provincial

Desde el Ejecutivo reconocen que cualquier reforma tributaria profunda no puede ser impulsada de manera unilateral. En ese sentido, el ministro de Economía y otros referentes de la mesa económica advirtieron que los cambios tributarios deben estar respaldados por crecimiento formal y sostenido para no comprometer el equilibrio fiscal.

Esa visión técnica se complementa con la necesidad de encontrar un “pacto fiscal con gobernadores” que facilite una transición ordenada de incentivos e impactos. En ese contexto, algunas ideas analizadas incluyen formas de redistribuir el IVA o modificar esquemas de ingresos brutos para que las provincias se sientan parte de la estrategia tributaria nacional.

Gobernadores y la presión por acuerdos federales

Las demandas de los gobernadores para participar de la discusión tributaria no son nuevas. Desde el año pasado, mandatarios provinciales pidieron al Gobierno debatir una reforma fiscal integral y replantear cuestiones como la coparticipación federal de impuestos y otros esquemas tributarios que afectan la financiación de sus gestiones.

En reuniones previas, los gobernadores plantearon que la reforma tributaria debe considerar el impacto sobre ingresos brutos y otras cargas provinciales, además de los efectos de la presión fiscal general. El reclamo por una agenda tributaria conjunta con la Nación fue uno de los puntos de consenso entre diversas jurisdicciones.

El contexto del inicio de sesiones ordinarias

La estrategia de avanzar con un pacto fiscal con gobernadores se proyecta para después del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 1° de marzo. El Gobierno considera que esa será la ventana adecuada para presentar propuestas parciales y obtener consensos previos con los mandatarios provinciales antes de que el debate tributario se instale en el Parlamento.

Mientras tanto, el Ejecutivo sigue priorizando el cierre de la agenda de extraordinarias, incluida la reforma laboral, y la estabilización de la política económica y fiscal para 2026.

Posibles escenarios del pacto fiscal con gobernadores para la reforma tributaria

El diseño de una reforma tributaria más ambiciosa dependerá del grado de acuerdo alcanzado con las provincias. Los técnicos analizaron separar los proyectos en partes de menor impacto fiscal, mientras que las transformaciones estructurales más profundas quedarán sujetas a un eventual pacto fiscal de amplio alcance.

Esa estrategia implicaría avanzar por etapas, con acuerdos consensuados que combinen propuestas de baja de impuestos de bajo costo con medidas más integrales respaldadas por mandatarios provinciales.

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