El gobernador Leandro Zdero estuvo este sábado en Miraflores junto a ministros y equipos técnicos para supervisar en territorio el operativo de asistencia que el Gobierno del Chaco lleva adelante en las localidades afectadas por las intensas lluvias de los últimos días. Luego se trasladó a Tres Isletas, donde continuó la recorrida. En Pampa del Indio, donde las precipitaciones superaron los 240 milímetros, ya fueron asistidas más de 500 familias con ayuda directa y acompañamiento integral.

La emergencia hídrica en el Chaco a causa de las lluvias activa equipos en seis localidades: Miraflores, Castelli, Pampa del Indio, Presidencia Roca, Villa Río Bermejito y El Espinillo. El operativo articula el programa Ñachec del Ministerio de Desarrollo Humano, Vialidad, APA, consorcios camineros, los ministerios de Gobierno y Desarrollo Humano, y los municipios de cada zona afectada.

Zdero en Miraflores: «La ayuda va a llegar a cada chaqueño que lo necesite»

Antes de recorrer los barrios afectados, el gobernador se reunió con el intendente local Rafael Frías para coordinar la asistencia provincial en Miraflores. Zdero destacó el trabajo articulado desde el inicio de la emergencia, con la coordinación de Gabinete a cargo de Carolina Meiriño. «Ante esta situación estamos trabajando desde el primer día, articulando con consorcios, Vialidad, APA, ministerios y municipios, para brindar respuestas inmediatas a las familias afectadas», afirmó el mandatario.

El gobernador también ponderó la solidaridad de la comunidad y el rol de las instituciones locales: señaló que iglesias abrieron sus puertas para alojar familias y que desde el Estado se garantiza la entrega de alimentos en distintos puntos de la provincia. «Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para paliar esta situación, con equipos desplegados en territorio y el compromiso de que la ayuda llegue a cada chaqueño que lo necesite», sostuvo.

Acompañaron al mandatario el secretario general de la Gobernación Julio Ferro; los ministros Carim Peche —Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos— y Diego Gutiérrez —Desarrollo Humano—; el subsecretario de Municipios Marcelo Barrios; Luis Castagno, vocal de APA; el concejal local Roberto Gil; la coordinadora provincial de Ñachec Tamara Silvestri; y Fernando Vogel, coordinador zonal, junto a personal del programa.

Seis localidades, grupos diferenciados y prioridad en los parajes más alejados

El ministro Carim Peche remarcó el despliegue territorial del Ejecutivo y el trabajo coordinado de los equipos: «Se organizaron distintos grupos que recorren localidades como Castelli, Pampa del Indio, Presidencia Roca, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo para estar cerca de la gente y atender sus necesidades», indicó.

El ministro Diego Gutiérrez subrayó que el seguimiento es permanente y que la complejidad del escenario climático exige continuidad: «Desde el primer momento estamos acompañando a las familias, sabiendo que el escenario climático es complejo y que las lluvias continúan. Por eso, vamos a seguir recorriendo y asistiendo en cada lugar que lo requiera», sostuvo.

La referente del programa Ñachec en Miraflores, Melisa Minig, precisó que la asistencia incluye la entrega de módulos alimentarios con prioridad en las zonas más alejadas. «Estamos llegando a distintos parajes gracias al trabajo conjunto con consorcios camineros y vamos a seguir ampliando la cobertura para alcanzar a todas las familias afectadas», señaló.

Más de 500 familias asistidas en Pampa del Indio

En Pampa del Indio, donde la emergencia hídrica tuvo su mayor impacto con precipitaciones que superaron los 240 milímetros, la asistencia ya alcanzó a los barrios 22 de Agosto, ex cancha de aviación y Pueblo Viejo, además de los parajes Lote 10, Lote 15, Lote 47, Pampa Chica, Pampa Grande, Cuarta Legua 14, Cuarta Legua 17 y Campo Medina.

Las acciones se coordinaron entre el programa Ñachec, el Ministerio de Gobierno y concejales locales. El coordinador Pablo Paredes, del área de Culto provincial, acompañó los operativos en distintos barrios y parajes junto a los equipos. «Estamos trabajando en territorio, escuchando a cada familia y acercando respuestas concretas. Es una decisión del gobernador estar presentes y acompañar en este momento difícil», expresó.

Paredes también destacó el valor de la articulación interinstitucional —que permite llegar de manera más rápida y efectiva priorizando a quienes más lo necesitan— y aseguró que el operativo seguirá cuando las aguas bajen: «No están solos, y vamos a continuar en terreno».

Para conocer el estado del clima en el Chaco y las alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional y APA, CharataChaco.Net mantiene actualizada la información en tiempo real.

El presidente Javier Milei envió el 22 de abril al Senado de la Nación un proyecto de reforma política integral de 79 artículos que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el esquema de financiamiento de los partidos y aplicar el régimen de Ficha Limpia. La iniciativa generó rechazo inmediato de la oposición —dura y blanda— y dejó al descubierto tensiones incluso dentro del propio espacio oficialista. En el Senado, donde el proyecto deberá conseguir mayoría para avanzar, los gobernadores del NEA y del norte grande, incluido el Chaco, son la pieza central de la estrategia negociadora del Gobierno.

La reforma política Milei tiene una dimensión concreta: la Casa Rosada eligió el Senado como cámara de origen precisamente porque allí los mandatarios provinciales —varios de ellos del bloque peronista del norte— tienen mayor capacidad de influencia sobre sus representantes. Referentes como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya se pronunciaron en el pasado contra las PASO. La lógica es que, si se desdoblaran las elecciones, sus provincias continuarían rigiéndose por los sistemas electorales locales, por lo que la eliminación de las primarias nacionales no los afectaría directamente.

Qué dice el proyecto y por qué la oposición lo rechaza

El texto oficial estructura la reforma en seis ejes: modificación del régimen de partidos políticos, reforma de la ley de representación política y equidad electoral, nuevo sistema de financiamiento, cambios en el régimen de parlamentarios del MERCOSUR, adecuación de la simultaneidad entre elecciones nacionales y provinciales, e incorporación de Ficha Limpia.

El punto más resistido es la eliminación de las PASO. La oposición más dura interpretó la medida como un intento de bloquear la formación de una coalición amplia anti-Milei: sin primarias, las negociaciones entre el kirchnerismo, el kicillofismo y otras fuerzas para armar listas conjuntas se vuelven considerablemente más difíciles, ya que las internas deberían resolverse por acuerdo de cúpulas en lugar de someterse a una instancia pública de votación.

Pero la resistencia no viene solo del peronismo. El PRO y la UCR, aliados habituales del oficialismo, también pusieron reparos. Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, referentes de ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires, ya habían planteado que su posición no es eliminar las PASO sino hacerlas optativas para los frentes electorales que no tienen candidaturas en disputa. Sin primarias, su argumento es que quedarán relegados en las listas a merced de negociaciones de cúpulas dominadas por La Libertad Avanza.

Financiamiento y partidos chicos: el otro frente de conflicto

La modificación del financiamiento genera otro foco de tensión. El proyecto apunta a eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas electorales y suprimir el financiamiento de espacios publicitarios gratuitos. En su lugar se promoverían donaciones voluntarias de personas físicas y jurídicas, cuotas de afiliados y aportes privados regulados.

Desde la oposición advierten que este esquema podría abrir la puerta a una injerencia más directa de intereses económicos en la política y, en el peor escenario, al ingreso de fondos provenientes del lavado y el narcotráfico. Otro efecto señalado es que los partidos más pequeños, sin estructura para conseguir financiamiento privado, quedarían virtualmente excluidos de la competencia electoral.

Sobre este punto también es relevante el umbral de personería: el proyecto establece que los partidos que no se presenten en dos elecciones nacionales consecutivas o que no superen el 3% en dos comicios sucesivos perderán la personería jurídica, lo que se interpreta como una medida adicional de presión sobre las fuerzas minoritarias.

Ficha Limpia como anzuelo y las sospechas de la oposición

La inclusión de Ficha Limpia fue leída por varios bloques como una maniobra táctica más que como una convicción genuina. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro señaló que el Ejecutivo incorporó esa cláusula en el paquete para forzar apoyos y allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política. Agregó que su bloque no aceptará ser presionado con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o aparecer como cómplices de la corrupción.

En los pasillos de Diputados, incluso referentes del PRO señalaron que hay cuatro proyectos de Ficha Limpia con estado parlamentario y que, si el Gobierno hubiera tenido voluntad real de avanzar, podría haber convocado a una sesión con consenso previo sin necesidad de incluirlo en un paquete de reformas tan controvertido.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ya hizo saber que si Diputados introduce cambios al texto insistirá con la redacción original, una señal de que el oficialismo no tiene intenciones de ceder fácilmente en los puntos centrales.

Qué puede pasar en la política legislativa que viene

El Senado es el escenario elegido por el Gobierno porque el panorama en Diputados es más adverso: los bloques están muy fragmentados y la influencia de los gobernadores es menor. Si el proyecto supera la Cámara Alta con modificaciones, Bullrich anticipó que buscará imponer la versión original, lo que abriría un conflicto entre cámaras.

El oficialismo sabe que tiene margen para conseguir los votos de los senadores del norte grande, donde varios mandatarios peronistas ven con buenos ojos que las primarias nacionales desaparezcan sin que eso afecte sus propios sistemas provinciales. El Chaco, cuyo senador responde a una dinámica propia dentro del peronismo, es uno de los distritos sobre los que el Gobierno aplicará presión.

En el fondo, la disputa que abre esta reforma política es la misma que atraviesa la Argentina desde la vuelta a la democracia: quién define las reglas del juego electoral y a quién benefician esas reglas cuando hay una elección presidencial a la vuelta de la esquina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el jueves 23 de abril la condena civil contra Claudia Panzardi, intendente de Laguna Blanca, en la causa iniciada por Livio Gutiérrez —actual presidente del Nuevo Banco del Chaco— por daños y perjuicios y daño moral derivados de publicaciones en Twitter realizadas en 2016. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la funcionaria por incumplimientos formales, sin ingresar al análisis del fondo del asunto.

Lo que en apariencia era una resolución sencilla abrió, sin embargo, un debate más complejo: Panzardi salió a aclarar públicamente que terminó de pagar la condena el 19 de abril, cuatro días antes de que la Corte emitiera su resolución, y que el fallo del máximo tribunal no agrega ninguna obligación nueva a lo que ya estaba firme desde diciembre de 2025. La resolución —cuyo texto fue publicado por la propia funcionaria— confirma textualmente que la Corte «desestima la presentación directa» por no haber cumplido con requisitos formales, sin pronunciarse sobre el mérito de la causa.

Diez años de litigio por un tuit en potencial

El origen del caso se remonta al 13 de abril de 2016, cuando Gutiérrez participaba del programa «Intratables» en el canal América. En ese contexto, Panzardi —entonces diputada provincial del Frente Chaqueño— publicó desde su cuenta personal en Twitter mensajes que lo vinculaban con acusaciones de violencia de género contra su esposa. Esos contenidos fueron luego replicados por medios locales, amplificando su alcance.

La causa transitó todas las instancias judiciales provinciales. En marzo de 2023, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Charata hizo lugar a la demanda en votación dividida y condenó a Panzardi por daños y perjuicios y daño moral. En diciembre de 2025, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme esa sentencia al rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa. Los magistrados del STJ señalaron que Panzardi «insiste en sostener que la publicación nunca tuvo una valoración directa y firme», pero advirtieron que sus argumentos «constituyen una reiteración de aquellos ya abordados en instancias anteriores sin aportar elementos de peso que revelen la arbitrariedad que se pretende endilgar al fallo».

El descargo de Panzardi: pagó antes del fallo y denuncia un nuevo reclamo

La intendente de Laguna Blanca fue contundente en su descargo público. Señaló que la resolución de la Corte —fechada el 23 de abril— llegó cuando ella ya había cancelado la totalidad de la deuda cuatro días antes, con fondos propios de su actividad privada declarados en su patrimonio. «Fue sumamente costoso poder cancelar esta cuestión, pero lo hice con un enorme esfuerzo y contrayendo deuda en el entendimiento de la necesidad de finalizar con una década de litigio», explicó.

Pero la cancelación de la condena original no cierra el expediente. Panzardi denunció que el Dr. Gutiérrez presentó un nuevo pedido de valoración de tasa que reclama con retroactividad a la sentencia más de $260 millones, incluyendo costas del embargo que pesa sobre sus bienes desde hace casi tres años. «No es justo ni tampoco cuento con los $260 millones que ahora piden con retroactividad a la sentencia», afirmó, y agregó que de producirse ese cobro «sería casi extorsivo» porque «no se puede poner al derecho al servicio del aprovechamiento indebido».

La lectura jurídica y el precedente

El caso vuelve a poner en debate los límites de la expresión en plataformas digitales. La justicia chaqueña, en primera y segunda instancia, consideró que las expresiones de Panzardi no constituían ni información ni opinión legítima, sino una intromisión ilegítima en la vida privada del entonces legislador. La condena establece un precedente sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos por lo que publican en sus redes personales, en un momento en que ese debate tiene alcance nacional.

Lo que la resolución de la Corte no hace —como la propia Panzardi señala con la documentación en mano— es pronunciarse sobre si ella tenía razón o no en su planteo. El rechazo fue por forma, no por fondo. Esa distinción es técnicamente relevante, aunque en la práctica el efecto sea el mismo: la condena quedó firme y fue pagada.