El Tribunal Oral Federal 4 condenó este lunes a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por el caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo. Los jueces los encontraron coautores de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación con el pago de coimas durante el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, adjudicado a la firma sueca Skanska.

Una condena tal como la había pedido la fiscalía

El tribunal, integrado por Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, dictó la misma pena que había solicitado la fiscalía para ambos exfuncionarios. El veredicto obtuvo el voto mayoritario de Gorini y Costabel, mientras que la jueza López Iñiguez se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y el monto de la pena. El exgerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, también recibió una condena de cinco años de prisión por los mismos delitos.

Penas menores para directivos de Skanska

Los exdirectivos de la empresa sueca Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a cuatro años de prisión por cohecho activo, mientras que otro grupo de intermediarios, entre ellos Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba, recibieron penas de tres años de ejecución condicional. De los 30 imputados que llegaron al juicio oral, el tribunal dispuso la absolución de 17, al no haberse acreditado su responsabilidad en la maniobra.

La quinta condena para De Vido

Con este veredicto, De Vido sumó su quinta condena por delitos vinculados a la corrupción, que se agregan a los 4 años por la causa de los «Trenes Chatarra», los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL, los 3 años en suspenso por el caso Odebrecht y los 4 años confirmados por la Corte Suprema en la Tragedia de Once, la única con sentencia firme y por la que actualmente cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate. Tanto De Vido como López siguieron la lectura del veredicto de manera remota: el primero desde su domicilio y López desde la cárcel de Ezeiza.

Un juicio de más de dos años

El juicio se extendió a lo largo de 47 audiencias desde abril de 2024, con la presentación de pruebas de 78 testigos. La causa se había iniciado formalmente en 2006, bajo la instrucción del juez Ariel Lijo, aunque estuvo a punto de archivarse en 2011 tras una decisión de la Cámara Federal que sobreseyó a los investigados de entonces. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer recién el 22 de septiembre, según informó el tribunal.

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, sumará a la acusación los dólares que aparecieron en los videos grabados por la conductora dentro de un vestidor. Según su hipótesis, ese dinero pertenecía a la expareja y debe computarse entre los bienes que ambos tendrán que justificar ante la Justicia.

Unos 10 millones de dólares en los videos

Los investigadores estiman que los fajos de billetes que aparecen en las imágenes, envueltos en bolsas plásticas y guardados en cajones, estantes y valijas, reunían cerca de USD 10 millones. El juez federal Luis Armella ya rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas de Insaurralde y Cirio, que habían argumentado que no sería posible establecer con certeza la fecha ni el lugar donde se grabó el material. Distintas inspecciones oculares en propiedades vinculadas a la expareja permitieron descartar algunas hipótesis sobre dónde fueron filmadas las imágenes.

Detención rechazada, restricciones de salida del país

El fiscal Mola había solicitado la detención de Insaurralde y Cirio por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, pero el juez Armella rechazó ese pedido y se limitó a disponer la prohibición de salida del país para ambos, además de extender la restricción a dos hijos del exintendente, a la modelo Sofía Clerici y a otros imputados en la causa. La defensa de Insaurralde, por su parte, recusó al fiscal por supuesta hostilidad y exposición mediática del expediente, un planteo que debía resolverse este lunes.

Una causa que se remonta a 2023

La investigación se originó en octubre de 2023, tras la difusión de imágenes de Insaurralde a bordo de un yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, un episodio que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete bonaerense. El expediente se reactivó con fuerza tras la aparición de los videos de los dólares, y la investigación ya se extendió también a una sobrina de Cirio, sobre quien la Justicia analiza si actuó como testaferro. Para el 17 de julio está prevista la entrega de una pericia contable de 75 puntos, clave para determinar si los imputados pueden justificar su patrimonio.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y extiende un régimen de excepción que había sido declarado en diciembre de 2023 y ya prorrogado en dos oportunidades anteriores, mediante los decretos 1023/24 y 370/25.

Los argumentos del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la persistencia de problemas estructurales de infraestructura, financiamiento y abastecimiento en el sector, además de la estrecha dependencia entre el sistema eléctrico y el gas natural. El Gobierno señaló que una interrupción del régimen excepcional podría provocar discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas y mayores riesgos para la continuidad del servicio. También indicó que una parte importante del parque generador presenta un alto grado de antigüedad y que numerosas obras consideradas estratégicas aún no fueron concluidas.

Unificación de plazos con la emergencia del gas

Con esta prórroga, la emergencia eléctrica queda alineada con la vigencia ya dispuesta para los sectores de transporte y distribución de gas natural, que también se extiende hasta fines de 2027. El decreto instruye a los organismos responsables a ajustar la programación y el despacho eléctrico en función de la capacidad de transporte de gas disponible, dada la incidencia directa de ese insumo en la generación térmica de electricidad. Entre las obras prioritarias mencionadas se incluyen la expansión de líneas de alta tensión y la incorporación de sistemas de almacenamiento y servicios de reserva operativa.

Un debate que se reabre

La decisión reabrió el debate sobre el uso prolongado de regímenes de emergencia por parte del Poder Ejecutivo. Mientras el Gobierno sostiene que la medida es indispensable para garantizar el abastecimiento energético, distintos sectores cuestionan que, a casi cuatro años de gestión, continúe apelándose a facultades excepcionales para administrar uno de los servicios públicos más sensibles del país. Fuentes del sector habían señalado días atrás que la intención oficial es que esta sea una de las últimas prórrogas, en la medida en que las principales obras licitadas comiencen a entrar en funcionamiento durante 2027.

La prórroga también coincide con la continuidad del proceso de actualización tarifaria y de reducción de subsidios energéticos, medidas que impactan de manera directa sobre usuarios residenciales, comercios e industrias en todo el país.