En una entrevista concedida a un diario del sur del país, el presidente Javier Milei ratificó sus planes de buscar un segundo mandato en las elecciones de 2027 y confirmó que ya resolvió quién lo acompañará en la boleta presidencial. «Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento», afirmó el jefe de Estado, sin brindar precisiones sobre la identidad del dirigente elegido para ocupar la candidatura a la vicepresidencia.

La definición se da en medio de la ya conocida tensión política entre Milei y la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuya relación con el núcleo duro del Gobierno se deterioró desde antes de la asunción presidencial y volvió a quedar expuesta semanas atrás por el cruce en torno a la sesión del Senado por la ley de Tierras Rurales. En ese contexto, distintas versiones señalan que el oficialismo evalúa a dirigentes como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre los posibles nombres para integrar la fórmula.

PASO, economía y la reforma del Banco Central

En la misma entrevista, el mandatario volvió a insistir con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que calificó como un gasto innecesario para el Estado, y adelantó que una de las principales iniciativas legislativas del semestre será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En materia económica, Milei destacó los indicadores que, según el Gobierno, reflejan la recuperación de la actividad: el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la normalización del mercado cambiario y la mejora de las reservas internacionales. Reconoció, de todos modos, que una parte de la población todavía no percibe plenamente los efectos del programa económico, aunque sostuvo que los resultados continuarán consolidándose con el paso del tiempo. También destacó el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que ya existen proyectos aprobados por miles de millones de dólares y otros que continúan en evaluación.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que dispuso el cierre definitivo del Coro Nacional de Niños, una de las instituciones artísticas más representativas del ámbito musical en el país. La norma publicada en el Boletín Oficial extingue la estructura del cuerpo vocal creado en 1967 y reasigna los recursos presupuestarios asignados a la Secretaría de Cultura de la Nación.

La decisión administrativa forma parte del proceso de ordenamiento del Estado y revisión de la planta pública que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano. Desde la administración central fundamentan que la estructura representaba un gasto desproporcionado respecto al alcance directo de sus actuaciones en el territorio nacional.

El origen del elenco vocal y su trayectoria

Fundado bajo la dirección de la maestra Vilma Gorini de Teseo, la agrupación funcionó de forma ininterrumpida durante casi seis décadas. El organismo tenía como objetivo la formación musical de niños y jóvenes de entre 8 y 15 años, además de la divulgación del repertorio coral universal y argentino.

A lo largo de su historia, el elenco realizó giras por todo el país y representó a la Argentina en certámenes internacionales en América Latina y Europa. La formación se caracterizaba por ofrecer conciertos gratuitos en salas oficiales, templos y escuelas públicas, además de colaborar habitualmente con la Orquesta Nacional de Música Argentina y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Situación del personal y reclamos en el sector cultural

La medida genera incertidumbre sobre el destino laboral de los directores, asistentes técnicos y personal de acompañamiento que integraban el equipo de trabajo. Desde los gremios estatales señalan que la disolución afecta la preservación del patrimonio musical y la formación de nuevos talentos en la música académica.

Organizaciones vinculadas a la actividad coral expresaron su rechazo a la medida e iniciaron reuniones para evaluar presentaciones judiciales o administrativas. Por el momento, las autoridades nacionales confirmaron que los compromisos fijados en la agenda oficial del elenco para la segunda mitad del año quedan cancelados.

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El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Qué conductas alcanza el decreto

La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que regula las causales para rechazar el ingreso de extranjeros al país, y otro al artículo 62, que habilita la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de esta modificación, las autoridades podrán impedir el ingreso o disponer la expulsión de personas que hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad, así como de quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje a los símbolos patrios. El propio texto del decreto aclara que en ningún caso podrán encuadrarse dentro de esta causal las expresiones de disenso ideológico ni las críticas de carácter político, académico o ciudadano que constituyan un legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

El contexto: una «campaña antiargentina»

Según el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la decisión responde al incremento de expresiones de hostilidad contra el país, en un contexto marcado por críticas de figuras públicas extranjeras contra la Selección Argentina y el país tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. «La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», expresó Milei en el texto oficial. Para sostener el fundamento legal de la medida, el Gobierno citó el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a prohibir por ley toda apología del odio nacional que constituya incitación a la violencia, y la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios.

Un antecedente que podría anticipar cuestionamientos judiciales

Antes de disponer una expulsión, las autoridades migratorias deberán evaluar las circunstancias fácticas y personales de cada caso, según establece el nuevo texto del artículo 63. Este no es el primer DNU del Gobierno que modifica la Ley de Migraciones: en junio, la Cámara Nacional Electoral había declarado la nulidad de otro decreto migratorio, el 366/2025, al considerar que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades constitucionales al modificar por decreto —y no por ley del Congreso— el régimen de otorgamiento de la ciudadanía argentina.