El intendente de Charata Rubén Rach, junto a la Secretaría de Tránsito y el Juzgado de Faltas, participó de la Jornada de Seguridad Vial y Gestión Administrativa, un encuentro de formación y articulación institucional orientado a fortalecer el trabajo del municipio en dos áreas críticas: la prevención vial y la eficiencia de los procesos administrativos.

La jornada contó con la disertación del Dr. Juan Pablo Troncoso y del fiscal Gustavo S. Leguizamón, quienes abordaron los aspectos técnicos y normativos vinculados a la seguridad vial y a la mejora de la gestión administrativa municipal.

Una capacitación con respaldo provincial

El encuentro reunió a un conjunto amplio de organismos con competencia en la materia. Acompañaron la instancia la Subsecretaría de Municipios de la Provincia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Subsecretaría de Seguridad Vial y Lotería Chaqueña, lo que le dio al espacio un carácter interinstitucional que excede el ámbito estrictamente municipal.

La articulación entre el nivel local y los organismos provinciales es una de las claves que el municipio viene impulsando en distintas áreas de gestión. En materia de seguridad vial, Charata había sido sede de instancias previas de capacitación para operadores del sistema, y esta jornada profundiza ese recorrido con foco en los equipos técnicos y administrativos del propio municipio.

En declaraciones a este medio, Rach subrayó el sentido de la iniciativa: «Seguimos apostando a la capacitación y al trabajo conjunto para brindar mejores servicios y más seguridad a nuestros vecinos».

Familiares de personas con discapacidad presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, a raíz de los recortes en prestaciones de salud y pensiones, y por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso. La presentación, firmada por el abogado Javier Garín, alcanza también al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El mismo día que se conoció la denuncia, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley denominado «contra el fraude de pensiones por invalidez», que obliga a todos los beneficiarios a reempadronarse, redefine los montos de las pensiones y elimina la posibilidad de compatibilizar el cobro con un empleo formal.

El Chaco, en el centro del conflicto desde el inicio

La provincia del Chaco no es ajena a esta disputa. Cuando el Gobierno lanzó la auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez, el Chaco fue una de las seis provincias elegidas en la primera salida de notificaciones, junto con Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El impacto fue inmediato. La Cámara Federal de Resistencia confirmó medidas cautelares que obligan a la ANDIS a restablecer el pago de pensiones a personas con discapacidad de la ciudad de Sáenz Peña que habían sido suspendidas abruptamente, en casos donde el organismo argumentó «inconsistencias» en el domicilio de los beneficiarios. La respuesta oficial ante los reclamos fue sistemáticamente la misma: «Hay muchas personas en su situación. Solo resta esperar.»

En provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas —cartas documento que no pudieron ser entregadas— superaron el 70% del total enviado.

Qué propone el nuevo proyecto del Gobierno

El texto enviado al Congreso obliga a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse, acreditando nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no lo hagan sufrirán la suspensión automática del beneficio. Además, redefine el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio —hoy equivalente a $275.221— y elimina la compatibilidad con el empleo registrado.

Las organizaciones del sector convocaron a una movilización para este miércoles 22 de abril frente al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo al proyecto y en reclamo por el atraso arancelario, los pagos irregulares y las prestaciones en riesgo. El Foro Permanente de Discapacidad calificó la iniciativa como una medida que «instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema.»

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chaco adhiere este martes 21 de abril al paro nacional convocado por el sindicato en todo el país. En Resistencia, la concentración está prevista a las 9 en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno. El paro será sin asistencia a los lugares de trabajo, con cumplimiento de los servicios considerados esenciales.

La medida de fuerza se enmarca en un conflicto salarial que escaló en los últimos días hasta incluir una amenaza de alto impacto: el gremio realizará protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de alto tráfico internacional y advirtió que no descarta bloquearlos. La concentración principal a nivel nacional está prevista en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los motivos del paro

Los motivos que fundamentan la medida incluyen la reapertura inmediata de paritarias y recomposición salarial para los estatales, el rechazo a la reforma laboral, el rechazo al desguace del Estado, el aumento de emergencia para jubilados, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y la restitución de fondos adeudados a las provincias.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue directo al explicar la escalada: «El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias.»

Una pérdida del 44% en dos años

El periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran dos puntos por debajo de la inflación. De esta forma, los estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

El paro tiene además un componente aeronáutico de peso: los controladores terrestres de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también adhieren a la medida, lo que puede generar demoras y cancelaciones de vuelos durante toda la jornada del martes en los aeropuertos del país, incluido el aeropuerto local de Resistencia.