El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, dictó este lunes una medida cautelar a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) para la suspensión de manera provisoria 82 artículos de la Ley 27.802 de Reforma o Modernización Laboral, sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. La decisión frena una parte sustancial de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei mientras se tramita la causa principal, en la que se debatirá si los cambios introducidos son o no constitucionales.

La CGT, representada por sus cotitulares Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, argumentó que los artículos cuestionados afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por la Argentina, entre ellos el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales, que impide que una ley retroceda sobre conquistas ya reconocidas.

Tras el reclamo de la CGT qué artículos de la reforma laboral quedan en suspensión

El fallo tiene un alcance muy amplio. Entre los puntos más relevantes que quedan en suspenso se encuentran la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que buscaba financiar los despidos con fondos de la ANSES; las limitaciones al derecho a huelga, que ampliaban los servicios mínimos e incorporaban una nueva categoría de «actividades de importancia trascendental»; la derogación de la Ley de Teletrabajo N° 27.555; y la eliminación del principio in dubio pro operario, que obligaba a los jueces a interpretar las normas laborales a favor del trabajador en caso de duda.

También quedan suspendidas las normas que excluían a los trabajadores de plataformas del ámbito de protección de la Ley de Contrato de Trabajo, catalogándolos como independientes; las que habilitaban el fraccionamiento obligatorio de vacaciones y la creación de un banco de horas por acuerdo individual; las modificaciones que reducían los intereses en los juicios laborales; y la posibilidad de pagar sentencias en hasta 12 cuotas. Se frena además la quita de competencia a la Justicia Nacional del Trabajo para los casos en que el Estado sea parte, que pasarían al fuero contencioso administrativo.

Los fundamentos del juez Ojeda

Para dictar la medida, Ojeda evaluó los tres requisitos clásicos de una cautelar. Consideró acreditada la verosimilitud del derecho, al encontrar indicios razonables de inconstitucionalidad en los artículos cuestionados. Verificó el peligro en la demora, al entender que la aplicación inmediata de la ley podría generar perjuicios graves e irreparables para los trabajadores antes de que se dicte sentencia definitiva. Y evaluó que la suspensión no produce efectos irreversibles, ya que si el Gobierno gana en el fondo del caso, la ley simplemente entra en vigencia plena.

El magistrado también registró la causa en el Registro de Procesos Colectivos, lo que le otorga alcance general para todos los trabajadores y empleadores del país y busca evitar fallos contradictorios en distintos tribunales.

Reforma laboral: la suspensión por pedido de la CGT es un frente judicial que se multiplica

El fallo de Ojeda no es el primero. El viernes pasado, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín ya había suspendido dos artículos de la misma ley en el ámbito de los convenios del sector comercio, tras una presentación del dirigente mercantil Armando Cavalieri. Además, según trascendió, 29 entidades de distintos sectores del país se presentaron por separado ante la Justicia para impugnar cambios en la Ley de Contrato de Trabajo.

La reforma laboral de Milei enfrenta así un frente judicial que crece en paralelo al debate político. El Gobierno tiene la posibilidad de apelar la cautelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y puede también plantear la cuestión ante la Corte Suprema si considera que hay una interferencia indebida del Poder Judicial sobre decisiones del Congreso. Hasta que eso ocurra, los 82 artículos suspendidos no pueden aplicarse.

El impacto en el interior del país

Para los trabajadores del interior chaqueño, la suspensión tiene efectos concretos. Dos de los puntos frenados impactaban directamente en sectores con alta presencia en el NEA: la exclusión de los trabajadores de plataformas de la protección laboral —relevante para los repartidores y conductores de aplicaciones en Resistencia y Sáenz Peña— y las modificaciones al régimen de indemnizaciones, que afectaban en mayor medida a los asalariados de menores ingresos, perfil predominante en la región.