El Gobierno nacional oficializó la ampliación de la Red Federal de Concesiones a través del Decreto 1358/2026, normativa que habilita el llamado a licitación pública para que empresas privadas asuman el mantenimiento, reparación y explotación de 27 rutas nacionales mediante el cobro de peajes. Dentro del anexo oficial se encuentra contemplada la concesión de la Ruta Nacional 89, principal vía de conectividad terrestre que atraviesa Charata y el sudoeste provincial.

Junto a la traza que vincula al interior chaqueño con Santiago del Estero, el listado de corredores estratégicos de la provincia también incluye a la Ruta Nacional 16 (eje bioceánico entre Santiago del Estero, Chaco y Salta) y a la Ruta Nacional 11 (corredor del nordeste que une Santa Fe, Chaco y Formosa).

Alcance de la medida y tramos a definir

Desde el Ejecutivo aclararon que la inclusión en el decreto no implica la instalación inmediata de cabinas de peaje ni la concesión automática de la totalidad de los kilómetros de cada ruta.

En una primera instancia, el Ministerio de Economía deberá delimitar qué sectores específicos ingresarán al régimen de la Ley 17.520, basándose en los relevamientos e informes técnicos previos que elabore la Dirección Nacional de Vialidad. Asimismo, la normativa excluye explícitamente aquellos tramos que ya cuenten con contratos de concesión vigentes de etapas anteriores.

Plazos de licitación y control operativo

El decreto fija un plazo máximo de 12 meses para convocar a las licitaciones nacionales e internacionales correspondientes a esta nueva etapa de infraestructura vial.

• Elaboración y adjudicación: La Secretaría de Transporte de la Nación tendrá a su cargo la redacción de los pliegos, la convocatoria a oferentes y la evaluación de propuestas.

• Obligaciones privadas: Las firmas adjudicatarias deberán ejecutar tareas de construcción, ampliación, conservación, señalización y mantenimiento de la calzada, pudiendo explotar servicios complementarios.

• Supervisión estatal: La Dirección Nacional de Vialidad conservará el rol de autoridad de aplicación para fiscalizar el cumplimiento efectivo de las obras y condiciones de transitabilidad.

Impacto logístico para Charata y el sudoeste

La eventual incorporación de sectores de la Ruta Nacional 89 al sistema de peajes reviste particular trascendencia para el transporte de cargas agrícolas, el movimiento comercial y los viajeros particulares de Charata y todo el sudoeste chaqueño, dado su rol neurálgico para la salida de la producción granaria.

De igual modo, la reconfiguración del mantenimiento vial en las rutas 16 y 11 impactará de forma directa en la conectividad interurbana de los distintos sectores del Chaco.

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A través de la Resolución 1567/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación formalizó la incorporación de la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación. La medida establece el carácter gratuito y obligatorio de la formulación para todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2028.

La nueva vacuna combinada tiene como objetivo principal simplificar el esquema de inmunización infantil, reduciendo la cantidad de pinchazos y visitas a los vacunatorios sin perder eficacia en la prevención de patologías graves.

Esquema de aplicación y dosis previstas

De acuerdo con la normativa oficial, el esquema de inoculación comprenderá la administración de tres dosis principales a los 2, 4 y 6 meses de edad, complementadas con un refuerzo posterior que deberá aplicarse entre los 15 y 18 meses.

Para la cohorte alcanzada, la vacuna séxtuple reemplazará de manera definitiva las aplicaciones independientes que se realizaban hasta el momento, sustituyendo a la pentavalente y a la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) tanto en el esquema primario como en los refuerzos subsiguientes.

Impacto en la atención sanitaria regional

La implementación de este nuevo insumo en los centros de salud y hospitales del Chaco optimizará la logística de provisión de dosis y facilitará el control de libretas sanitarias para los equipos pediátricos.

Para las familias de la Perla del Oeste y del Departamento Chacabuco, la medida representa una simplificación en el cumplimiento del calendario preventivo obligatorio.

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Desde este sábado 5 de septiembre entró en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. La norma reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado, procesado y eventualmente condenado por un delito, y reemplaza el marco legal que durante 46 años reguló la responsabilidad penal de los menores en la Argentina: la Ley 22.278, vigente desde 1980.

La ley fue sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero de este año, promulgada mediante el Decreto 138/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, plazo que se cumplió este sábado.

Qué cambia con la nueva ley

Con la Ley 27.801, el nuevo régimen se aplicará a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplan 18, siempre teniendo en cuenta la edad que tenían al momento de cometer el hecho. Esto significa que una persona de 14 o 15 años acusada de un delito podrá quedar sometida a un proceso penal juvenil, algo que no ocurría bajo el esquema anterior. La normativa establece un régimen diferenciado respecto del aplicado a los adultos, con penas de hasta 15 años, sin posibilidad de aplicar prisión o reclusión perpetua, y con la obligación de que el cumplimiento de una pena de encierro se realice en establecimientos destinados exclusivamente a adolescentes, separados de las personas adultas.

La ley establece como finalidad que el adolescente comprenda la responsabilidad legal por sus actos y que las medidas adoptadas estén orientadas a su educación, resocialización e integración social. Además, los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos que cometan sus hijos.

No implica encierro automático

La entrada en vigencia del nuevo régimen no implica que todo delito cometido por un menor de 18 años derive automáticamente en encierro. La norma contempla sanciones alternativas para determinados casos, sobre todo cuando la pena prevista supera los tres años y llega hasta los diez, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño a la víctima, reglas de conducta, la obligación de participar en actividades educativas y comunitarias, asistencia a programas de capacitación laboral, actividades deportivas o culturales, tratamientos médicos o psicológicos y seguimiento por equipos especializados. También se incorpora la amonestación, entendida como un llamado de atención formal acompañado por otras medidas previstas en la ley.

Al igual que la normativa anterior, la nueva ley mantiene la prohibición de difundir nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente imputado, así como fotos o datos que permitan su identificación.