Política
El Gobierno prepara un operativo de seguridad con protocolo antipiquetes para la marcha de la CGT en Plaza de Mayo; en el Chaco la central sale a las calles en Resistencia
La ministra Monteoliva confirmó que el esquema es el mismo de siempre: recortes, encapsulamientos y control de accesos para garantizar la circulación durante la movilización.

El Gobierno nacional activó el protocolo antipiquetes para el operativo de seguridad que desplegará este miércoles 30 de abril durante la marcha de la CGT a Plaza de Mayo. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que el esquema será el mismo que se aplicó en movilizaciones anteriores: recortes para encapsular columnas, control en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y un dispositivo conjunto que incluye a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el Chaco, la CGT provincial se movilizará en paralelo en Resistencia, como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la convocatoria de la central obrera chaqueña para el 30 de abril.
Monteoliva minimizó el peso político de la convocatoria y aclaró que el operativo no tiene características excepcionales. «Se aplica el protocolo, como siempre. Es el mismo equipo», afirmó la ministra, al tiempo que precisó que se evaluará la cantidad de manifestantes y los movimientos de los distintos grupos para diagramar el despliegue. «El orden público no se negocia», remarcó, en línea con la política de seguridad que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión.
Qué establece el protocolo antipiquetes y cómo se aplica
El protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación, impulsado originalmente por Patricia Bullrich, habilita la intervención de fuerzas federales cuando las protestas impliquen interrupciones en la circulación de personas o medios de transporte. Los efectivos pueden actuar sin orden judicial previa en caso de cortes de calles o accesos, aunque no pueden portar armas letales durante los procedimientos. El Comando Unificado Federal (CUF) coordina el monitoreo y seguimiento durante toda la jornada.
Para la marcha del 30 de abril, el dispositivo contempla controles en los accesos a la Ciudad, un sistema de vallado en las inmediaciones de Plaza de Mayo, desvíos de tránsito programados y la inspección de los micros que trasladen manifestantes desde el interior del país. Este último punto generó roces en marchas anteriores: durante la movilización del 11 de febrero contra la reforma laboral, la CGT repudió públicamente el accionar de la Gendarmería, que detuvo micros en los accesos e impidió el traslado de miles de trabajadores hacia la concentración.
El antecedente de febrero: incidentes y detenidos
La marcha del 11 de febrero al Congreso, convocada en rechazo al tratamiento de la reforma laboral, dejó un saldo de al menos 37 detenidos y 10 heridos, entre ellos tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Policía Federal con traumatismo de cráneo. Los incidentes se desataron cuando manifestantes intentaron derribar las vallas perimetrales del Congreso y la Policía respondió con gas pimienta y carros hidrantes. La ministra Monteoliva calificó en ese momento el operativo como un éxito en términos de orden público; desde la CGT y los movimientos sociales lo denunciaron como una criminalización de la protesta.
Aquel antecedente pesa sobre el operativo de este miércoles. La diferencia clave es el escenario: en febrero la marcha fue al Congreso durante un debate parlamentario en curso; el 30 de abril la concentración es en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, con un formato que la CGT planteó como movilización y celebración simultáneas, incluyendo un acto ecuménico en homenaje al papa Francisco.
Qué espera el Gobierno de la marcha
Desde la Casa Rosada relativizaron el impacto de la convocatoria. Fuentes oficiales consideran que la movilización «tendrá cero influencia» sobre la agenda del Gobierno y descartaron cualquier tipo de negociación con la central obrera como resultado de la jornada. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió en los días previos que si el Gobierno no abre el diálogo tras la marcha del 30 de abril, la central avanzará con un paro general de 24 horas en mayo. Esa amenaza marca el clima político con el que arranca la semana del Día del Trabajador.
Política
Por qué todo el arco gremial docente del Chaco parará el lunes 3 de agosto
Doce gremios chaqueños, encabezados por Atech, adhirieron a la medida de fuerza nacional y anunciaron una concentración en las plazas de cada localidad

Desde gremios provinciales confirmaron la adhesión al paro nacional docente, previsto para el próximo lunes 3 de agosto. Así lo confirmó en diálogo con los medios la secretaria general de Atech, Rosa Petrovich. La medida fue convocada a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y coincide justamente con el primer día de regreso de las vacaciones de invierno en el Chaco, junto con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.
Doce gremios adheridos en el Chaco
La medida de fuerza en la provincia se llevará a cabo sin asistencia a los lugares de trabajo, con una concentración prevista en la plaza central de cada localidad chaqueña a partir de las 18 horas, con banderas argentinas y carteles con los reclamos del sector. La convocatoria lleva la firma unificada de todas las organizaciones con representación en la provincia: Atech, UTRE CTERA, SADOP, Federación SITECH, AMET, UDA, ACHABI, SECH, FIUD, ADOCH, SITECH Sudeste y FESIDOCH.
Los reclamos a nivel nacional
A nivel nacional, CTERA fundamentó la medida en la «permanente negativa» del Gobierno a convocar la Paritaria Nacional Docente, mientras continúa, según el gremio, el desfinanciamiento del sistema educativo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Entre los reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024, el pago de los fondos nacionales destinados a educación, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
Los reclamos puntuales del Chaco
En un documento conjunto, el arco gremial chaqueño agregó reclamos específicos para la provincia: advirtió que «la situación económica es asfixiante; la gran mayoría de las familias docentes están endeudadas con el Nuevo Banco del Chaco y por debajo de la línea de pobreza, sin un horizonte claro de salida». Entre los puntos prioritarios, los gremios pidieron el blanqueo de haberes, con la incorporación al valor del punto salarial de los montos no remunerativos otorgados por el Ejecutivo provincial, al señalar que desfinancian a la obra social InSSSeP, y reclamaron la protección irrestricta del régimen previsional chaqueño, blindado en el artículo 75 de la Constitución Provincial.
Política
«Juanchi» García: «Madereros con las máquinas paradas y apicultores sin políticas públicas»
Juan Manuel «Juanchi» García visitó madereros y apicultores del Departamento Maipú y cuestionó la falta de respuestas de Nación y provincia

El intendente de Machagai, Juan Manuel «Juanchi» García, se reunió en Tres Isletas con la intendenta Marcela Duarte, visitó a madereros y apicultores del Departamento Maipú, y participó de un encuentro con docentes en el que, según relató, se planteó la urgencia de la formación para la vocación productiva de la región. Al describir la jornada, García habló de un «patrón que se repite» en el interior productivo chaqueño y sostuvo que «la Nación y la provincia no responden».
«Los gobiernos locales son el dique de contención»
Tras su audiencia con Duarte, García valoró el rol de los municipios frente a la coyuntura económica: «Los gobiernos locales son el dique de contención de los vecinos. Las políticas pueden ser abstractas, lejanas, pero los municipios las convierten en herramientas para cambiarle la vida a la gente», planteó, y remarcó que la situación golpea tanto al sector público como al privado.
La crisis maderera, según García
En su visita al establecimiento maderero de la familia López, García sostuvo haber detectado «un patrón que se repite en todo el territorio: a la caída de las ventas se suman la burocracia y el encarecimiento de los costos vinculados a los permisos que otorga el gobierno provincial». El intendente vinculó ese diagnóstico con la política económica nacional y afirmó que, según su lectura, desde que asumió La Libertad Avanza el país perdió casi 27 mil empresas, de las cuales el 98% habría sido pymes. Según relató, la familia López sostenía hasta hace unos años una estructura de treinta empleos directos y hoy trabaja con las máquinas paradas y una capacidad instalada marginal.
De la apicultura al reclamo por políticas públicas
García también recorrió la Cooperativa Apícola «Colmena», una entidad con más de quince años de trayectoria que logró el sello de calidad y exportación de miel orgánica y convencional de la zona. El intendente destacó que la Argentina es uno de los tres primeros productores mundiales de miel, y contrastó ese potencial con las dificultades actuales de los apicultores chaqueños para sostener su producción. Recordó además que, a partir de 2011, el Estado provincial impulsó un cambio de paradigma en el sector, formando especialistas y socializando herramientas técnicas, un proceso que —dijo— tuvo el efecto adicional de poner un límite al desmonte ilegal. «Cuando digo que hay un patrón que se repite, me refiero a la responsabilidad de un gobierno provincial que hoy está más empeñado en sostener el proyecto libertario que en impulsar la economía del Chaco», evaluó García, quien apuntó también contra los legisladores nacionales alineados con el gobernador Leandro Zdero.
Educación y vocación productiva
La jornada cerró con un encuentro en el Centro de Ex Combatientes de Tres Isletas, junto a docentes y directivos de establecimientos del Departamento Maipú, donde según García se discutieron propuestas de reforma educativa orientadas a recuperar el vínculo entre la formación de los jóvenes y la vocación productiva del territorio.
Política
Rach y Bistoletti recorrieron la obra de la estación transformadora de Secheep en Charata
El presidente de Secheep, José Bistoletti, informó que la obra tiene un avance del 80% y una inversión de $3.500 millones

El intendente de Charata, Rubén Rach, acompañó al presidente de Secheep, José Bistoletti, en una recorrida por la obra de ampliación de la estación transformadora que la empresa provincial ejecuta en la ciudad. El proyecto, considerado estratégico, busca fortalecer el suministro eléctrico y mejorar la calidad del servicio para miles de usuarios antes de la temporada de mayor demanda.
Un avance del 80% y una inversión de $3.500 millones
Bistoletti informó que la obra presenta un avance cercano al 80% y contempla una inversión de aproximadamente $3.500 millones. Se trata de la misma obra que Secheep había anunciado meses atrás, cuando confirmó que se financiaría con recursos propios y que beneficiaría tanto a barrios del centro como de la periferia de la ciudad. El funcionario explicó que la ampliación permitirá incrementar la capacidad de la estación transformadora y abastecer con mayor eficiencia a una amplia zona de Charata, que actualmente cuenta con unos 15.000 usuarios del servicio eléctrico.
El combate a las conexiones clandestinas
Durante la visita, el titular de Secheep también se refirió al combate contra las conexiones clandestinas, y aseguró que los controles continuarán en toda la provincia como parte de la política habitual de la empresa para preservar la calidad del servicio y evitar sobrecargas en la red.
Por qué bajaron las últimas facturas
Bistoletti aprovechó además la recorrida para aclarar una duda frecuente entre los usuarios: recordó que la disminución en el valor de las últimas facturas responde a la baja del consumo durante el invierno y no a una modificación en las tarifas vigentes. El funcionario pidió también no manipular los medidores eléctricos, una práctica que remarcó que puede derivar en accidentes graves para quienes la realizan y para su entorno.
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