Política
50.000 contratos estatales vencen el martes 31 de marzo: el Gobierno no adelanta números, ATE amenaza con paro de 36 horas y los organismos más expuestos ya están en alerta
Desde diciembre de 2025 los contratos fueron prorrogados hasta el 31 de marzo. Es el cuarto vencimiento trimestral desde que asumió Milei y el Gobierno ya redujo más de 60.000 puestos en el Estado por esta vía. ATE exige renovación por un año y amenaza con huelga si hay despidos.

El martes 31 de marzo vence el plazo de los contratos estatales de aproximadamente 50.000 empleados de la Administración Pública Nacional que fueron prorrogados por tres meses en diciembre de 2025. Es la cuarta vez desde que asumió Javier Milei que el Estado llega a un vencimiento trimestral con decenas de miles de trabajadores en situación de incertidumbre laboral, y el Gobierno volvió a optar por el mismo libreto: sin anunciar números, sin comprometerse a una renovación automática y dejando la decisión en manos de cada ministerio y organismo.
En diciembre pasado, el Ejecutivo había extendido los vínculos laborales que caducaban a fin de año hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de blindar la operatividad de las distintas áreas del Estado durante la transición al nuevo ejercicio presupuestario. La continuidad alcanzó a personal interino, temporario, contratados bajo locaciones de obra y servicios, y quienes facturan bajo modalidad de Horas Módulo Deportivo. La misma norma dejó en manos de los ministros y titulares de entes descentralizados la facultad de dar de baja contratos o modificar condiciones durante ese período.
El patrón que se repite cada tres meses
La mecánica es conocida porque ya ocurrió tres veces antes. Desde su asunción, el gobierno de Milei redujo más de 60.000 puestos en el Estado —un 17% de la planta total—, principalmente a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones. La planta pasó de superar los 350.000 empleados a mediados de 2023 a ubicarse en torno a los 285.000 actuales. El mecanismo de los vencimientos trimestrales es la herramienta central de ese proceso: cada 90 días, el Gobierno decide qué porción del universo de contratados mantiene su puesto.
Para 2026, el Decreto 934/2025 estableció que cada organismo solo puede incorporar un empleado por cada dos bajas producidas durante el año, y que toda incorporación requiere autorización previa de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Esa regla hace prácticamente imposible reemplazar a quienes sean desvinculados el 31 de marzo, lo que convierte cada vencimiento trimestral en una reducción neta de planta.
ATE en alerta: vigilia, paro de 36 horas y amenaza de ocupación
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llegó a este vencimiento en el estado de mayor tensión de los últimos meses. El gremio exige la renovación automática y por el plazo de un año de la totalidad de los contratos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que el Estado no soporta más recortes y que un nuevo ajuste afectaría la prestación de servicios esenciales perjudicando a toda la sociedad.
El sindicato montó vigilias en ministerios y secretarías durante el fin de semana, con amenaza de ocupar los edificios donde se registren despidos. ATE también anunció un paro de 36 horas que comenzará el miércoles 9 de abril al mediodía y finalizará a la medianoche del jueves 10, en caso de que se produzcan cesantías masivas. Es la misma secuencia que ocurrió en marzo de 2025, cuando el vencimiento de 50.000 contratos derivó en protestas, ocupaciones simbólicas y una huelga que paralizó varios organismos.
Vencen contratos estatales el 31 de marzo: Los organismos más expuestos
Las áreas con mayor riesgo de desvinculaciones son las que ya fueron blanco de recortes en trimestres anteriores. El Correo Argentino ajustó más de 5.000 empleados, ARCA —la ex AFIP— cerca de 3.000, los operadores ferroviarios 3.300 y el CONICET casi 2.000 desde el inicio de la gestión. Para este vencimiento, los organismos que concentran la atención son la Secretaría de Derechos Humanos, el INTI y áreas vinculadas a programas sociales que el Gobierno viene reduciendo de manera sistemática.
La resolución del 31 de marzo definirá también el clima político de la primera semana de abril, que arranca con el feriado del 2 de abril y Semana Santa. Si hay despidos masivos, ATE tiene ya convocada la huelga del 9 y 10 de abril como respuesta inmediata.
Política
Rach anunció que se trabaja por el edificio propio del Instituto de Educación Superior
Dos arquitectas del Ministerio de Educación realizaron el relevamiento del terreno identificado para la futura construcción.

Esta mañana, el intendente Rubén Rach estuvo acompañando el inicio de la Expo Joven 2026, una jornada que tiene como objetivo acercar a los estudiantes de Charata distintas herramientas y oportunidades para que puedan pensar y proyectar lo que viene después de terminar el secundario. Rach aprovechó la oportunidad para anunciar que se está trabajando en poder lograr un edificio propio para el Instituto de Educación Superior de Charata.
«Desde hace un tiempo venimos trabajando para poder lograr el edificio propio del Instituto Superior», señaló el intendente, quien detalló que primero se envió, junto a la rectora de la institución, el pedido formal correspondiente.
Ya se realizó el relevamiento del terreno
Rach explicó que, luego de identificar el lugar donde se pretende construir el edificio, el día anterior estuvieron dos arquitectas del Ministerio de Educación realizando el relevamiento del predio. El intendente remarcó que ya se conversó con funcionarios del Gobierno provincial para avanzar en la factibilidad de la construcción, que consideró muy necesaria para el nivel superior en la ciudad.
«Vamos a trabajar hasta poder conseguirlo», concluyó Rach.
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Política
La FIA archivó la denuncia contra Chomiak, extitular de la Intendencia de Charata
El Dictamen N.° 262/26 concluyó que no se configuró un conflicto de intereses en las obras adjudicadas a INTMEC SRL, la empresa integrada por Pablo Melino, esposo de la diputada y exintendenta de Charata.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco archivó la denuncia presentada contra María Luisa Chomiak por un presunto conflicto de intereses relacionado con obras públicas adjudicadas a INTMEC SRL, empresa integrada por su esposo, Pablo Melino. La decisión quedó plasmada en el Dictamen N.° 262/26, firmado el 2 de septiembre por el fiscal general Gustavo Leguizamón.
La denuncia había sido presentada en plena campaña electoral de 2025 por Francisco Romero Castelán, entonces diputado provincial de la UCR y actualmente subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo del Gobierno chaqueño. El planteo sostenía que podían existir irregularidades en distintas contrataciones y una eventual violación del régimen de ética pública y del artículo 67 de la Constitución provincial, que prohíbe a los funcionarios y sus parientes hasta segundo grado intervenir como oferentes en contrataciones estatales.
Qué encontró la Fiscalía
El dictamen reconoce la existencia del vínculo conyugal entre Chomiak y Melino, contraído en mayo de 2018, y que INTMEC SRL era oferente del Registro Provincial de Constructores. Sin embargo, la FIA determinó que las obras cuestionadas no fueron contratadas por la Municipalidad de Charata, sino por organismos provinciales y Lotería Chaqueña, y que fueron tramitadas durante el período en que Chomiak se encontraba de licencia sin goce de haberes de la Intendencia para ejercer como diputada nacional.
Otro punto central del dictamen es que no surgieron pruebas de una intervención directa de Chomiak en esas contrataciones, ni de una disposición de fondos municipales en beneficio de la empresa. El Tribunal de Cuentas informó además que no registraba observaciones sobre las obras analizadas, y la FIA señaló que tampoco aparecieron elementos que indicaran que los trabajos no se hubieran ejecutado.
«No se dan los extremos legales» de un conflicto de intereses
Con esos elementos, el organismo concluyó que «no se dan los extremos legales previstos por la Ley 1341-A de Ética y Transparencia Pública que indiquen la presencia de conflicto de interés en el caso», y dispuso cerrar y archivar las actuaciones. Durante la investigación, Chomiak había negado las irregularidades denunciadas.
El dato tiene especial repercusión en Charata, donde Chomiak fue intendenta durante varios años y donde se centró buena parte de la discusión pública que acompañó la denuncia.
Política
Capitanich propone unificar las elecciones nacionales y provinciales en 2027
La propuesta busca eliminar la restricción del artículo 133 de la Constitución provincial, que exige separar ambos comicios.

El senador Jorge Capitanich sostuvo que es necesario unificar las elecciones nacionales y provinciales en 2027 en la provincia del Chaco, y anticipó que impulsará una enmienda constitucional para eliminar las restricciones que actualmente impiden realizar los comicios de manera simultánea.
La iniciativa busca recoger el mismo criterio que el oficialismo invoca para impulsar la eliminación de las PASO: reducir los costos y evitar la realización de elecciones por separado. «Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo», manifestó Capitanich.
Una propuesta ligada al debate sobre las PASO
«Vamos a presentar una enmienda constitucional, porque resulta ser que el oficialismo planteó la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias respecto del ahorro. Entonces nosotros queremos avanzar en una propuesta que también permita reducir los costos y evitar la realización de elecciones separadas», sostuvo el exgobernador.
Consultado puntualmente sobre el artículo que regula la separación de los comicios, Capitanich respondió: «Queremos que se elimine la restricción del artículo 133 respecto del tema de las elecciones por separado y que se unifiquen las elecciones nacionales con las provinciales. Si el oficialismo plantea eliminar las PASO con el argumento de que de ese modo se ahorra una elección, estamos proponiendo una alternativa que profundiza ese mismo criterio».
Una iniciativa a cargo del bloque
El senador remarcó que, de avanzar esa discusión, su bloque legislativo presentará formalmente la iniciativa, al considerarla de relevancia para el debate electoral provincial. La propuesta será impulsada mediante una enmienda constitucional y plantea modificar el esquema vigente para permitir que las elecciones provinciales y nacionales puedan realizarse de manera simultánea en 2027.
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