Política
50.000 contratos estatales vencen el martes 31 de marzo: el Gobierno no adelanta números, ATE amenaza con paro de 36 horas y los organismos más expuestos ya están en alerta
Desde diciembre de 2025 los contratos fueron prorrogados hasta el 31 de marzo. Es el cuarto vencimiento trimestral desde que asumió Milei y el Gobierno ya redujo más de 60.000 puestos en el Estado por esta vía. ATE exige renovación por un año y amenaza con huelga si hay despidos.

El martes 31 de marzo vence el plazo de los contratos estatales de aproximadamente 50.000 empleados de la Administración Pública Nacional que fueron prorrogados por tres meses en diciembre de 2025. Es la cuarta vez desde que asumió Javier Milei que el Estado llega a un vencimiento trimestral con decenas de miles de trabajadores en situación de incertidumbre laboral, y el Gobierno volvió a optar por el mismo libreto: sin anunciar números, sin comprometerse a una renovación automática y dejando la decisión en manos de cada ministerio y organismo.
En diciembre pasado, el Ejecutivo había extendido los vínculos laborales que caducaban a fin de año hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de blindar la operatividad de las distintas áreas del Estado durante la transición al nuevo ejercicio presupuestario. La continuidad alcanzó a personal interino, temporario, contratados bajo locaciones de obra y servicios, y quienes facturan bajo modalidad de Horas Módulo Deportivo. La misma norma dejó en manos de los ministros y titulares de entes descentralizados la facultad de dar de baja contratos o modificar condiciones durante ese período.
El patrón que se repite cada tres meses
La mecánica es conocida porque ya ocurrió tres veces antes. Desde su asunción, el gobierno de Milei redujo más de 60.000 puestos en el Estado —un 17% de la planta total—, principalmente a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones. La planta pasó de superar los 350.000 empleados a mediados de 2023 a ubicarse en torno a los 285.000 actuales. El mecanismo de los vencimientos trimestrales es la herramienta central de ese proceso: cada 90 días, el Gobierno decide qué porción del universo de contratados mantiene su puesto.
Para 2026, el Decreto 934/2025 estableció que cada organismo solo puede incorporar un empleado por cada dos bajas producidas durante el año, y que toda incorporación requiere autorización previa de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Esa regla hace prácticamente imposible reemplazar a quienes sean desvinculados el 31 de marzo, lo que convierte cada vencimiento trimestral en una reducción neta de planta.
ATE en alerta: vigilia, paro de 36 horas y amenaza de ocupación
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llegó a este vencimiento en el estado de mayor tensión de los últimos meses. El gremio exige la renovación automática y por el plazo de un año de la totalidad de los contratos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que el Estado no soporta más recortes y que un nuevo ajuste afectaría la prestación de servicios esenciales perjudicando a toda la sociedad.
El sindicato montó vigilias en ministerios y secretarías durante el fin de semana, con amenaza de ocupar los edificios donde se registren despidos. ATE también anunció un paro de 36 horas que comenzará el miércoles 9 de abril al mediodía y finalizará a la medianoche del jueves 10, en caso de que se produzcan cesantías masivas. Es la misma secuencia que ocurrió en marzo de 2025, cuando el vencimiento de 50.000 contratos derivó en protestas, ocupaciones simbólicas y una huelga que paralizó varios organismos.
Vencen contratos estatales el 31 de marzo: Los organismos más expuestos
Las áreas con mayor riesgo de desvinculaciones son las que ya fueron blanco de recortes en trimestres anteriores. El Correo Argentino ajustó más de 5.000 empleados, ARCA —la ex AFIP— cerca de 3.000, los operadores ferroviarios 3.300 y el CONICET casi 2.000 desde el inicio de la gestión. Para este vencimiento, los organismos que concentran la atención son la Secretaría de Derechos Humanos, el INTI y áreas vinculadas a programas sociales que el Gobierno viene reduciendo de manera sistemática.
La resolución del 31 de marzo definirá también el clima político de la primera semana de abril, que arranca con el feriado del 2 de abril y Semana Santa. Si hay despidos masivos, ATE tiene ya convocada la huelga del 9 y 10 de abril como respuesta inmediata.
Política
El Municipio de Charata entregó un convenio de apoyo económico al Teatro El Galpón
El acuerdo brinda un apoyo económico a la institución cultural charatense.

Días atrás se hizo entrega del convenio entre el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco y la Municipalidad de Charata, mediante el cual se brinda un apoyo económico al Teatro El Galpón de Charata. Junto al intendente Rubén Rach y el subsecretario de Cultura y Protocolo, Juan Ignacio Escobedo, se recibió a integrantes del Consejo del Teatro El Galpón para informarles sobre este importante convenio y acompañamiento.
Un agradecimiento al Instituto de Cultura
Escobedo agradeció especialmente al presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, por seguir trabajando y articulando acciones que fortalecen la cultura de Charata.
Un compromiso con los espacios culturales
Por su parte, el intendente Rach ratificó el compromiso de seguir gestionando, generando oportunidades y acompañando a los espacios culturales de la ciudad. «La cultura es trabajo, identidad y desarrollo para nuestra comunidad», remarcó.
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Política
Chaco pasó del 27% al 61% en comprensión lectora con el programa Aprendo Leyendo
La evaluación, realizada sobre 1.162 escuelas y más de 5.000 docentes, mostró que el porcentaje de respuestas correctas en comprensión lectora más que se duplicó.

Este viernes se llevó adelante la jornada de formación docente en la que se presentaron los resultados del impacto de Aprendo Leyendo, el programa implementado en el primer ciclo del Nivel Primario con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura a partir de evidencia científica. Ante más de 1.100 directores, docentes, supervisores y directores regionales de toda la provincia, reunidos en el Domo del Centenario de Resistencia y a través de una transmisión en vivo, la investigadora Florencia Salvarezza presentó los resultados del seguimiento realizado sobre más de 100.000 estudiantes, 1.162 escuelas y más de 5.000 docentes.
La evaluación, basada en las pruebas EGRA, permitió comparar los resultados de estudiantes que finalizaron el ciclo 2024 con quienes terminaron 2025 bajo la implementación del programa. En comprensión lectora, el porcentaje de respuestas correctas pasó del 27% al 61%, más del doble del resultado registrado anteriormente. Según destacó la especialista, esta mejora se produjo en menos de seis meses de trabajo con la nueva metodología, cuya implementación comenzó en junio de 2025, y también se registraron avances en otros indicadores vinculados al aprendizaje de la lectura, como la fluidez.
Zdero: «Tenemos un norte marcado»
Durante la jornada, el gobernador Leandro Zdero destacó el compromiso de los docentes y el trabajo conjunto que permitió alcanzar estos resultados. «Tenemos un norte marcado, un rumbo establecido», afirmó, y sostuvo que los resultados demuestran que todos son capaces de cambiar la realidad. El gobernador agradeció especialmente a los docentes y a toda la comunidad educativa por el trabajo realizado en cada aula, tanto en las localidades más grandes como en los parajes más alejados, y remarcó que estos resultados «trascendieron a nivel nacional».
Naidenoff: «Van a ser la generación del cambio»
Antes de iniciar su exposición, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, pidió a los presentes y a quienes seguían la jornada de manera virtual ponerse de pie para aplaudir a los docentes que hicieron posible esta transformación. La funcionaria agradeció el compromiso de quienes se formaron y llevaron la nueva metodología a las aulas, y remarcó: «Ustedes van a ser la generación del cambio. Esta va a ser la generación que logre que los chicos del Chaco puedan leer».
Una política basada en evidencia científica
Florencia Salvarezza resaltó la decisión del Gobierno provincial de modificar la metodología de enseñanza de la lectura y la escritura, y consideró que se trata de una política educativa de gran impacto. La investigadora remarcó que el proceso de transformación debe estar acompañado por formación docente, materiales adecuados y seguimiento de los procesos de enseñanza. En ese marco, los estudiantes de primero, segundo y tercer grado cuentan con libros de trabajo, mientras que los docentes disponen de guías y materiales específicos, además de instancias de capacitación.
Aprendo Leyendo propone una metodología estructurada para la enseñanza de la lectura y la escritura, con enseñanza explícita, lectura en voz alta, escritura y dictado desde los primeros momentos del aprendizaje, y alcanzó a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de escuelas de gestión pública y privada de toda la provincia.
La jornada contó también con la presencia del secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; integrantes del gabinete educativo; directores regionales; supervisores; la directora de Intelexia, Clara Savalia, y la presidente de IPRODICH, Ana María Mitoire, entre otras autoridades provinciales.
Política
APTASCH advirtió que «el ajuste cae sobre quienes sostienen la Salud Pública»
APTASCH sostiene que el salario real de julio está un 21,2% por debajo del nivel de julio de 2025.

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) advirtieron que la aceleración de la inflación en julio vuelve a profundizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de Salud Pública, mientras sostienen que el Gobierno provincial mantiene una pauta salarial «absolutamente insuficiente» y sin resolver la precarización laboral y las carencias que atraviesa el sistema sanitario.
En relación con la problemática salarial, desde el gremio afirmaron que el dato de inflación de julio confirma lo que los trabajadores sienten a diario: que el salario cada vez alcanza menos. Según sostuvieron, los aumentos otorgados por el Gobierno provincial están muy lejos de compensar la evolución de los precios, lo que genera una pérdida salarial que se acumula mes tras mes.
La magnitud del deterioro, según APTASCH
El seguimiento realizado por el gremio indica que el salario de Salud Pública se encuentra en julio de 2026 un 21,2% por debajo, en términos reales, del nivel de julio de 2025. Tomando marzo de 2023 como referencia, la entidad sostiene que el salario perdió un 39,5% de su poder adquisitivo. Desde APTASCH remarcaron que no observan señales de que la inflación vaya a reducirse a niveles significativos durante lo que resta del año, y consideraron que la pauta salarial actual profundiza la pérdida del salario real.
El reclamo por la precarización laboral
A la situación salarial se suma otro problema que el gremio viene denunciando desde hace años: la precarización laboral en Salud Pública. Según indicaron, el reciente pase de algunos trabajadores precarizados a contratos de servicio constituye un avance para quienes fueron alcanzados por la medida, pero resulta insuficiente frente a la dimensión del problema, ya que, según cifras del propio Ministerio de Salud citadas por el gremio, cerca de 2.000 trabajadores continúan esperando una respuesta sobre su situación laboral.
El esquema de aumentos del Gobierno provincial
El Gobierno del Chaco había anunciado, para el segundo semestre del año, un aumento salarial escalonado del 10% en dos tramos -5% en agosto y 5% en noviembre-, junto a dos refuerzos extraordinarios no remunerativos de $100.000 para trabajadores activos y $80.000 para jubilados y pensionados, abonados en julio y octubre. Para el sector de Salud en particular, el esquema prevé además un incremento del 20% en la Bonificación por Riesgo de Salud a partir de septiembre.
El pedido de diálogo
Frente a este escenario, desde APTASCH remarcaron que continúan reclamando al Gobierno provincial la apertura de un ámbito de diálogo y negociación colectiva, que permita discutir de manera efectiva la recomposición salarial y las condiciones laborales de los trabajadores de Salud Pública, con el objetivo de que el sistema sanitario esté a la altura de las necesidades de los trabajadores y de la población.
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