Cuando el precio del barril de petróleo sube en los mercados internacionales, Neuquén lo siente en la caja provincial casi de inmediato. Cuando baja, también. El Chaco, Formosa y Corrientes y el NEA en general, en cambio, no sienten casi nada: no tienen petróleo en su subsuelo, no cobran regalías de ningún yacimiento y el boom de Vaca Muerta —el mayor polo de hidrocarburos no convencionales de América Latina— les genera el mismo ingreso directo que si estuviera del otro lado del planeta. La brecha de la renta energética entre las provincias productoras del sur y las provincias del norte no tiene mecanismo de redistribución automática, y se profundiza con cada pozo que se perfora en la Patagonia.

El dato es contundente. Según el informe de la Secretaría de Energía con datos acumulados a diciembre de 2024, Neuquén concentra el 56% del total nacional de regalías hidrocarburíferas, impulsada por la producción de Vaca Muerta. En segundo lugar aparece Chubut con el 20%, luego Santa Cruz con el 11% y Mendoza con el 9%. Formosa aparece en el mapa como receptora marginal: entre enero y septiembre de 2024 percibió apenas 1,2 millones de dólares en regalías, frente a los 809,6 millones que acumuló Neuquén en el mismo período. El Chaco y Corrientes no figuran en los registros porque directamente no producen hidrocarburos.

El federalismo fiscal y su techo

La reforma constitucional de 1994 fue clara en un punto: los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias donde se encuentran. Eso significó, para Neuquén y Chubut, la posibilidad de construir un ingreso propio que no depende de lo que recauda la AFIP en el conurbano bonaerense. Para las provincias del NEA significó exactamente lo contrario: quedaron fuera de un sistema de renta que se distribuye únicamente entre quienes tienen el recurso.

La dependencia de la coparticipación federal es el termómetro más preciso de esa asimetría. Neuquén recibe apenas el 26,5% de sus ingresos de la Nación, mientras que la mayor parte de sus recursos —el 46,4%— proviene de regalías y otros ingresos propios. En el extremo opuesto, Formosa depende en el 90,5% de los recursos del gobierno central, y el Chaco en el 83,7%. Además y en términos prácticos, eso significa que cuando la coparticipación cae, el norte cae con ella. En el primer bimestre de 2026, el Chaco perdió 45.337 millones de pesos por la retracción de los fondos coparticipables, la mayor merma del NEA en términos absolutos.

Las regalías no son un impuesto sino un tributo: una compensación que las empresas pagan por extraer del subsuelo un recurso no renovable que es propiedad de las provincias desde la reforma de 1994. Ese diseño institucional, que tiene lógica propia, produce como consecuencia no buscada una Argentina energética de dos velocidades: las provincias que tienen el recurso lo monetizan; las que no lo tienen no pueden hacer nada con un sistema que no contempla mecanismos de nivelación por ese concepto.

¿Puede replicarse el modelo Neuquén en el norte?

La pregunta circula en los debates de política económica regional desde hace años y tiene una respuesta corta: en los términos actuales, no. Vaca Muerta es una formación geológica específica de la Patagonia. No hay shale oil ni shale gas en el subsuelo chaqueño o correntino. La renta energética del NEA no puede construirse desde el subsuelo porque el subsuelo no lo tiene. Pero sí puede construirse desde arriba: desde la superficie, desde el sol y, en menor medida, desde el viento.

El Chaco tiene una de las mayores tasas de irradiación solar del país. Eso no es un dato menor en un contexto donde la Ley Bases de 2024 abrió la posibilidad de que las provincias fijen libremente las alícuotas de regalías y diseñen sus propios marcos de incentivo para la inversión energética. Las renovables no generan regalías en el sentido clásico —no hay recurso no renovable que compensar—, pero sí generan contratos de largo plazo, empleo local, infraestructura y una factura eléctrica más baja para el sector productivo provincial.

El grupo MSU ya opera en el Chaco el parque solar Pampa del Infierno, con 130 megavatios de capacidad —el tercero más grande del país al momento de su inauguración—, y tiene proyectados o en construcción otros parques en Villa Ángela (60 MW), La Corzuela (40 MW), Miraflores (20 MW) y Presidencia Roque Sáenz Peña (60 MW). Son proyectos que venden energía al mercado mayorista bajo contratos de largo plazo, con clientes corporativos que buscan cumplir metas de descarbonización. La provincia no cobra regalías por eso, pero la inversión existe, el empleo existe y la infraestructura de transmisión que esos parques demandan también impacta en la red provincial.

El desafío de monetizar el sol en el Chaco

Hacia una nueva definición de renta energética regional

La renta energética en el Chaco no debe ser vista como una utopía compensatoria frente al avance patagónico, sino como un proyecto de soberanía provincial. Mientras que el esquema tradicional de hidrocarburos se basa en el agotamiento del recurso, la renta energética derivada de la irradiación solar en el Chaco ofrece una previsibilidad fiscal a largo plazo que la volatilidad del precio del barril no posee. Para capturar este valor, la provincia necesita una arquitectura legal que transforme cada kilovatio generado en beneficios tangibles para el erario público chaqueño.

El despliegue de infraestructura eléctrica es el cuello de botella que hoy limita la renta energética potencial. Si el Chaco logra consolidar los parques solares proyectados en Villa Ángela y Sáenz Peña, el impacto en el Valor Agregado Bruto (VAB) regional será disruptivo. No se trata solo de generar energía, sino de que la renta energética permanezca en el territorio a través de cargos específicos por uso de red o fideicomisos de desarrollo local, evitando que el Chaco sea meramente un «suelo de paso» para los electrones que consumen otros centros urbanos.

Finalmente, la integración del Chaco en el mapa nacional de generación requiere que el debate sobre el federalismo fiscal incluya a las renovables. Si el sistema de regalías actual solo premia a las cuencas sedimentarias, el Chaco quedará relegado a una dependencia eterna de la coparticipación. Es imperativo redefinir el concepto de renta energética para que la superficie solar sea tan valorada como el subsuelo petrolero, permitiendo que el norte argentino financie su propio crecimiento mediante recursos genuinos y renovables.

La trampa de la comparación entre Vaca Muerta y el NEA

Plantear el problema como «el NEA no tiene su Vaca Muerta» es, en parte, una trampa conceptual. Neuquén tardó décadas en construir el andamiaje institucional, la infraestructura de transporte y el capital humano que hoy le permiten capturar el valor de su subsuelo. La renta no cae del cielo: se construye con política industrial, marcos regulatorios y decisiones de largo plazo. El norte tiene recursos —solar, biomasa forestal, potencial gasífero en algunas cuencas limítrofes— pero no tiene aún la institucionalidad ni la infraestructura de transporte eléctrico que permita convertir esos recursos en ingresos fiscales genuinos.

La capacidad de transporte disponible es, precisamente, el principal limitante para la adjudicación de nuevos proyectos de energías renovables en la región NEA. Sin líneas de alta tensión que conecten los parques con los centros de consumo y con el Sistema Interconectado Nacional, la irradiación solar del Chaco es un potencial que no se convierte en kilovatios exportables. Esa inversión en transmisión es la que el Estado nacional —y los privados, bajo esquemas de incentivo correctos— todavía no ha priorizado para el norte con la misma intensidad que lo hizo para la Patagonia.

El debate sobre la renta energética del NEA frente a Vaca Muerta no es solo un debate sobre geología ni sobre federalismo fiscal. Es, en el fondo, un debate sobre qué tipo de desarrollo es posible en las provincias que no ganaron la lotería del subsuelo, y si el Estado nacional está dispuesto a construir las condiciones para que ese desarrollo ocurra por otra vía.