El Senado de la Nación logró este jueves el quórum necesario para sesionar, aunque de manera ajustada, con 37 legisladores en sus bancas gracias al aporte de los bloques de la UCR y el PRO, y a la presencia de senadores alineados con los oficialismos de Salta, Misiones y Neuquén. La incertidumbre había crecido la noche anterior, tras un fuerte cruce de mensajes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, en el que la titular de la Cámara alta había manifestado su rechazo a que la sesión se realizara.

Durante el primer tramo del encuentro, los senadores rindieron homenaje a la Selección argentina por su clasificación a la final del Mundial 2026 y avanzaron con la aprobación de una treintena de pliegos judiciales, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debía tener el aval del cuerpo antes de cumplir 75 años a fin de mes. Esa votación se resolvió con 63 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Un nuevo traspié para la ley de Propiedad Privada

El capítulo central de la jornada, sin embargo, terminó en una nueva frustración para el Gobierno. Cuando llegó el momento de tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que además de eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros modifica los regímenes de expropiaciones, desalojos y la Ley de Manejo del Fuego—, fue la propia Patricia Bullrich quien pidió que la sesión pasara a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, dejando la votación para después del receso invernal.

La decisión implicó una nueva derrota parcial para el oficialismo en un tema que la Casa Rosada reclama desde hace meses y que ya había sido modificado en más de una docena de borradores entre los distintos bloques. El dictamen original había sido acordado en comisiones en mayo, pero las negociaciones posteriores no alcanzaron para despejar todas las dudas sobre los votos disponibles en el recinto.

Qué queda para el 6 de agosto

Además de la ley de Tierras, el Senado dejó agendados para esa fecha otros dos proyectos con fuerte potencial de conflicto: la denominada ley Hojarasca, que deroga alrededor de 70 normas consideradas obsoletas, y el proyecto de Falsas Denuncias impulsado por la radical Carolina Losada, que desde hace años genera resistencia para su tratamiento en el recinto. También sigue en danza, aunque todavía sin dictamen, un proyecto de Salud Mental que se discute en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, quedó atravesada por una polémica extrafutbolística. Al término del partido, un grupo de jugadores —entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero— desplegó junto a los hinchas una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas», mientras Lionel Messi festejaba a su lado. El gesto se dio pese a que la FIFA había prohibido expresamente el ingreso de banderas y consignas alusivas al archipiélago para ese encuentro en particular.

Qué dice el reglamento de la FIFA

El organismo había incorporado la consigna sobre las Islas Malvinas a su lista de símbolos políticos vedados en la previa del cruce, en un partido que además contó con uno de los operativos de seguridad más grandes del torneo. El reglamento de la International Football Association Board (IFAB) establece que los jugadores no pueden exhibir mensajes con contenido político, religioso o personal más allá de la publicidad autorizada, y que cualquier infracción puede ser sancionada por el organizador de la competición, la federación nacional o la propia FIFA. La norma, sin embargo, no especifica de antemano cuál sería la sanción: la decisión quedará supeditada al informe final del partido.

Según indicaron distintas coberturas especializadas, este tipo de faltas suele derivar en multas económicas aplicadas a la federación, en este caso la AFA, y no en sanciones deportivas contra los futbolistas involucrados.

El antecedente de 2014 y otro episodio en este mismo Mundial

No es la primera vez que la AFA enfrenta esta situación. En 2014, en la previa del Mundial de Brasil, la FIFA multó a la entidad con 30.000 francos suizos después de que los jugadores mostraran una bandera idéntica en un partido amistoso frente a Eslovenia, por infracción al artículo 60 del Reglamento de Seguridad en los Estadios y al artículo 52 del Código Disciplinario.

El propio Mundial 2026 ya había tenido un antecedente similar: tras la victoria de Argentina frente a Egipto, el plantel fue filmado cantando «Muchachos» con referencias a Malvinas en el vestuario. Inglaterra presentó entonces un reclamo formal, pero la FIFA decidió no abrir expediente disciplinario y dio el caso por cerrado antes de los cuartos de final.

La escena de Atlanta tuvo fuerte repercusión en la prensa británica, que calificó el festejo de «arrogancia argentina». Entre los jugadores, Leandro Paredes resumió el sentir del plantel: «Y serán siempre argentinas». Argentina definirá el título del Mundial 2026 el domingo ante España.

El Senado de la Nación debate un proyecto impulsado por el oficialismo que deroga el límite del 15% vigente desde 2011 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, bautizada «Inviolabilidad de la Propiedad Privada«, forma parte de un paquete más amplio que también modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los procesos de desalojo y introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

La norma que el Gobierno busca dejar sin efecto, la Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció que ninguna persona o empresa extranjera puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, con un tope adicional del 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola. El proyecto elimina esos límites para personas y empresas privadas extranjeras, aunque mantiene la restricción para Estados extranjeros y para compañías con participación estatal foránea, que necesitarán autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional para operar.

Un mecanismo de silencio administrativo que preocupa a la oposición

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el esquema de aprobación: si la provincia o la Nación no responden a una solicitud de compra dentro del plazo fijado, el pedido queda automáticamente aceptado por «silencio administrativo positivo». El mismo régimen regirá para la compra de tierras en zonas de frontera, hoy sujetas a restricciones más estrictas.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se cuestionó la necesidad misma de la reforma: su director de litigio, Diego Morales, sostuvo que «no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique esta reforma», y recordó que el registro creado por la ley de 2011 nunca llegó a alcanzar el tope del 15% a nivel nacional.

El mapa de la extranjerización, departamento por departamento

Según el último relevamiento oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualizado a agosto de 2025, ninguna provincia argentina supera hoy el límite del 15% de su territorio en manos extranjeras: Salta y Misiones son las de mayor porcentaje, ambas por encima del 11%. El panorama cambia a nivel departamental, donde más de treinta distritos ya exceden ese tope y al menos cuatro superan la mitad de su territorio en manos foráneas, casos como San Carlos y Molinos, en Salta, o General Lamadrid, en La Rioja.

Dentro del propio Senado, un bloque aliado ocasional del oficialismo presentó un dictamen de minoría que propone mantener los límites vigentes e incorporar la figura de «Zonas de Interés Estratégico» para tierras ubicadas en fronteras y áreas de riesgo ecológico. El oficialismo, por su parte, llega al recinto sin la certeza de contar con los votos necesarios para aprobar el capítulo más resistido del proyecto.