La licitación de la Vía Navegable Troncal —la Hidrovía— entra en su fase final con la apertura inminente del tercer sobre económico, el paso que definirá cuál de las dos empresas belgas finalistas asumirá la operación y modernización del corredor fluvial por el que circula el 85% del comercio exterior argentino. La pre-adjudicación está prevista para julio, según informó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, durante el Congreso de Puertos Privados realizado esta semana en la Bolsa de Cereales.

Las dos firmas que quedaron en carrera después de superar las instancias técnicas y legales del proceso son Jan de Nul NV y DEME NV, ambas con sede en Bélgica y trayectoria en obras de ingeniería fluvial de gran escala. Una tercera oferente, la brasileña DTA Engenharia, quedó descalificada en la primera etapa por incumplir el requisito de garantías.

Una concesión de 25 años con facturación estimada en USD 15.000 millones

Quien gane la licitación asumirá la modernización, dragado y balizamiento de la Hidrovía durante 25 años, sin aval estatal y a riesgo empresario. Según estimaciones de la ANPYN, el concesionario facturará aproximadamente USD 15.000 millones durante ese período, con un retorno mínimo garantizado del 6% calculado sobre el peaje que cobrará a los usuarios.

El proceso lleva 18 meses de elaboración colaborativa con gobiernos provinciales y fue fiscalizado por un organismo de Naciones Unidas, lo que —según Arreseygor— garantizó transparencia tanto para el Estado como para los sectores productivos y la sociedad.

Baja del peaje y respaldo del sector privado

Una de las metas explícitas del proceso es la reducción de las tarifas actuales. Arreseygor indicó que si las ofertas económicas alcanzan el valor mínimo de la banda prevista, el costo del peaje podría bajar al menos 15% respecto de lo que se abona hoy. Esa perspectiva de reducción directa de costos logísticos cosechó el respaldo público de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC, que concentra el 48% de las exportaciones agrícolas), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

La licitación tiene un antecedente de fracaso: en febrero de 2025 el gobierno dejó sin efecto el proceso anterior porque solo se había presentado un oferente. El relanzamiento incorporó una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria con provincias, cámaras empresarias, sindicatos y universidades, y el acompañamiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Qué significa para Charata, el Chaco y el Puerto de Barranqueras

Para el Chaco y por ende para Charata, el resultado de esta licitación es un dato de primera importancia. El Puerto de Barranqueras está ubicado sobre el mismo sistema fluvial Paraná-Paraguay y opera como plataforma de exportación de producción provincial —carbón vegetal, algodón, granos— hacia mercados europeos y regionales. Una baja del peaje y una profundización del calado del canal mejorarán directamente la competitividad logística de las exportaciones de las acopiadoras de Charata y chaqueñas en general, que en 2024 crecieron cerca del 30% según datos del gobierno provincial.

Uno de los dos finalistas, Jan de Nul, tiene historia directa con la provincia: en un ciclo anterior de debate sobre la Hidrovía, representantes de esa empresa plantearon la necesidad de profundizar el corredor hasta Barranqueras y Confluencia, sosteniendo que ambos puertos tienen potencial para multiplicar su movimiento con mayor calado disponible.

La apertura de los sobres económicos se producirá en los próximos días. A partir de ese momento, el gobierno dispondrá de la información para avanzar hacia la pre-adjudicación en julio y, si el cronograma se cumple, el nuevo operador privado comenzaría a reducir el peaje antes de que termine el año.

El bloque Frente Chaqueño del Concejo Deliberante de Charata presentó un proyecto con dos programas de seguridad vial escolar destinados a los 29 establecimientos educativos de la ciudad. La iniciativa fue explicada en detalle por la concejal Dra. Paola Gauna, quien señaló que el área de tránsito local registra falencias que requieren una línea de acción concreta para proteger a los estudiantes.

«El área de tránsito de la ciudad tiene algunas falencias y lo que nosotros tratamos con este proyecto es marcar un poco el rumbo», sostuvo Gauna. El diagnóstico que dio origen a la propuesta incluye siniestros que la concejal calificó como prevenibles: desde un vecino que chocó el portón de ingreso de una escuela hasta padres que ingresan en contramano a los establecimientos y generan incidentes dentro del predio.

Calles Seguras Escolares: señalización y orden en el nivel inicial y primario

El primer programa, denominado Calles Seguras Escolares, está orientado a los jardines de infantes y las escuelas primarias. Prevé señalización obligatoria de reducción de velocidad en las arterias linderas a los establecimientos, la colocación de elementos físicos de prevención —como conos— y la disposición de recursos humanos que alerten a los conductores al momento de pasar por esas zonas.

El proyecto también regula el estacionamiento frente a las instituciones: establece espacios específicos para los vehículos que trasladan o buscan a personas con discapacidad. Y extiende sus alcances a las veredas: el bloque propone que se mantenga libre un mínimo de dos a tres metros en el portón de salida para que los alumnos puedan moverse con holgura y encontrar a sus tutores sin riesgos.

Corredores Escolares Seguros: iluminación y urbanización para el nivel secundario y superior

El segundo programa, Corredores Escolares Seguros, apunta a las escuelas secundarias y los institutos de educación superior. Su eje es la coordinación entre el municipio y los directores de cada institución para intervenir sobre las arterias que conectan a los establecimientos con las calles principales.

Las intervenciones previstas incluyen iluminación en los frentes escolares, mantenimiento de calzada y veredas, y la incorporación de esas arterias a un plan de urbanización que contemple desagües, asfalto y señalización. El programa le asigna al ejecutivo municipal la obligación de sostener esas condiciones en el tiempo.

Gauna mencionó casos concretos que fundamentan la urgencia. Uno de ellos es la calle Hipólito Yrigoyen, uno de los dos accesos a la Escuela Agropecuaria: «Si la recorremos de noche, los chicos entran muy temprano y salen muy tarde, está a oscuras total», describió. El otro es el barrio Itatí, donde funciona la escuela para adultos: los estudiantes finalizan la jornada cerca de las 23 horas y la prolongación de calle Caseros, la de calle Maipú y la calle Salta —que conduce directamente al establecimiento— carecen de iluminación suficiente y de calzada en condiciones.

Una propuesta que empieza por las escuelas y mira a los barrios

La concejal aclaró que el proyecto no agota las demandas de intervención en tránsito. «Arrancamos por la escuela y veremos más adelante para poder dar otras soluciones a los vecinos de los barrios», afirmó Gauna, en referencia a pedidos de intervención del ejecutivo que llegan desde distintos sectores de la ciudad.

Los 29 establecimientos alcanzados abarcan jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias de educación común, secundarias técnicas y agropecuarias, e instituciones de nivel superior. Para conocer el listado completo de escuelas de Charata, podés consultar la guía publicada en CharataChaco.Net.

El proyecto del bloque Frente Chaqueño ingresó al Municipio de Charata para su tratamiento en el Concejo Municipal. La política local deberá definir los plazos y el alcance de las intervenciones propuestas.

Cuando un vecino de Charata quiere regularizar la situación de una tierra fiscal que ocupa, o solicitar la adjudicación de un lote municipal, el trámite pasa necesariamente por la Comisión de Tierras, Ordenamiento Urbano y Medio Ambiente del Concejo Deliberante. La concejal Luciana Guilaña, abogada e integrante del bloque Juntos por el Cambio/UCR, explicó a CharataChaco.Net cómo funciona ese proceso de principio a fin.

«El objeto de la comisión de tierra es entender en todos los asuntos vinculados al dominio, administración, adjudicación, regularización y disposición de las tierras fiscales que tiene el municipio», sintetizó Guilaña.

El expediente: por dónde empieza todo

El proceso arranca cuando un expediente llega a la comisión. Eso puede ocurrir de dos maneras: por nota de la oficina de Tierras y Catastro de la Municipalidad, o por una presentación directa de un vecino que solicita el tratamiento de su caso. Una vez en la comisión, se analizan los antecedentes —la ocupación del terreno, la documentación presentada— y se verifica que estén cumplidos los requisitos que establece la ley provincial de tierras fiscales, la ley 46-P.

Dos dictámenes, dos etapas

Si el expediente cumple con todos los requisitos legales, la comisión emite su primer dictamen: el de adjudicación en venta de la tierra fiscal a favor del solicitante. Ese dictamen no es el final del trámite sino el inicio de una segunda etapa.

Con la adjudicación aprobada, el solicitante debe realizar otros trámites: abonar el valor de la tierra según la liquidación que establece la oficina de Tierras y Catastro, y firmar un contrato de compraventa con el intendente. Ese contrato, a su vez, impone nuevas obligaciones: edificar en el lote si no tiene construcción, pagar los impuestos correspondientes y presentar los planos de mensura y subdivisión si no existen.

Solo cuando se cumple todo eso, la comisión vuelve a intervenir y emite el segundo dictamen: el de escrituración. «Vos en cada uno de los expedientes tenés primero la adjudicación y después el dictamen de escrituración, que son las ordenanzas que bajan al ejecutivo para que se promulguen», explicó Guilaña.

Qué documentación hay que presentar

La ley 46-P y las ordenanzas del Concejo establecen un listado de documentación obligatoria para que el expediente esté completo. Según detalló la concejal, el solicitante debe presentar fotocopia del DNI propio y del grupo familiar conviviente, actas de nacimiento del solicitante y de los integrantes del grupo familiar, un informe del Registro de la Propiedad Inmueble que acredite que no posee bienes inmuebles a su nombre, acta de matrimonio si corresponde, certificado de domicilio, declaración jurada de convivencia en caso de no estar casado o casada, y declaración jurada de mejoras si las hubiera.

El proceso tiene como destino final que las familias de Charata que ocupan o solicitan tierras fiscales puedan acceder a la escritura de su vivienda, un derecho que en muchos casos lleva años de trámite y que depende tanto del cumplimiento de los requisitos legales como de los tiempos institucionales del Municipio y del propio Concejo Deliberante del Departamento Chacabuco.