El Hospital 9 de Julio de Las Breñas incorporó un electrocardiograma de última generación a su equipamiento médico gracias a la donación de un equipo Eccosur ECG View, gestionada por los cardiólogos Tiago Zanus y Nora González a través del programa Circular Prevención de la firma Eccosur. La incorporación del nuevo equipo fortalece la capacidad diagnóstica del hospital en una de las áreas más críticas de la medicina: la cardiología.

La directora del nosocomio, Dra. Nancy Gómez, recibió el equipo acompañada por el médico clínico Elías Castillo y el jefe de personal, enfermero Aníbal Soplan, y expresó el agradecimiento de toda la institución. «Esta donación del equipo Eccosur ECG View es una herramienta fundamental que nos permitirá optimizar el diagnóstico y seguimiento de patologías cardíacas, mejorando significativamente la capacidad de respuesta de nuestro hospital en un área tan crítica como la cardiología», afirmó la Dra. Gómez.

Qué permite hacer el nuevo equipo

Un electrocardiograma es el estudio de referencia para detectar arritmias, infartos, hipertrofia cardíaca y otras patologías del corazón. Contar con un equipo de última generación en el hospital local significa que los pacientes de Las Breñas y la zona de influencia del 9 de Julio podrán acceder a diagnósticos cardíacos de mayor precisión y velocidad sin necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad, reduciendo tiempos críticos en situaciones de urgencia.

El rol de los cardiólogos donantes

La donación no fue un gesto espontáneo sino el resultado de una gestión activa. El Dr. Tiago Zanus y la Dra. Nora González articularon con la empresa Eccosur la cesión del equipo en el marco del programa Circular Prevención, una iniciativa de la firma orientada a fortalecer la salud cardiovascular en el sector público. El compromiso de ambos profesionales con el hospital y la comunidad de Las Breñas fue destacado por las autoridades del establecimiento como ejemplo del vínculo entre los equipos médicos y el territorio en el que trabajan.

Una ola de amenazas de tiroteo sacudió al sistema educativo chaqueño entre el viernes y el sábado: al menos 37 establecimientos de toda la provincia reportaron mensajes intimidatorios, lo que encendió las alarmas, activó protocolos de seguridad en cada institución y derivó en una reunión urgente en la Jefatura policial de Resistencia. La Policía del Chaco y las autoridades educativas investigan si los hechos están coordinados o se trata de casos aislados con efecto contagio.

Los mensajes fueron detectados principalmente como inscripciones en baños, paredes y pupitres, aunque también circularon audios y capturas a través de redes sociales. En muchos casos incluían fechas concretas y frases dirigidas a la comunidad educativa, entre ellas «tiroteo el lunes, no vengan» y «voy a matar a todos». Algunos escritos incorporaban además simbología violenta.

Charata, entre las localidades afectadas

El fenómeno no se circunscribió a la capital provincial. En el interior chaqueño se contabilizaron al menos 13 instituciones afectadas, con casos confirmados en Charata, General Pinedo, Sáenz Peña, Villa Ángela, Machagai y Tres Isletas, entre otras localidades.

En Charata, la Escuela de Educación Secundaria N° 23 «José Chudnovsky» emitió un comunicado oficial confirmando que activó de forma inmediata los protocolos de seguridad, con intervención de autoridades educativas y policiales. El Equipo de Gestión de la institución indicó que se planificaron jornadas de acompañamiento para las familias y pidió a la Justicia que continúe con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El epicentro: el Gran Resistencia con 24 escuelas

La mayor concentración de casos se registró en el área metropolitana, con 24 instituciones afectadas en Resistencia, Fontana, Barranqueras y localidades cercanas. Solo en la capital chaqueña, al menos 14 escuelas reportaron situaciones de este tipo.

En Fontana se registraron cuatro establecimientos alcanzados por advertencias difundidas también mediante audios. En Barranqueras, uno de los casos tuvo una resolución parcial cuando un menor admitió haber escrito los mensajes. En Puerto Bermejo, una advertencia escrita en un pizarrón anunciaba un supuesto ataque para el 20 de abril —fecha que, según los investigadores, podría no ser casual dado su peso simbólico en la cultura de las amenazas escolares a nivel internacional.

Protocolo provincial y advertencia penal

Ante la magnitud del fenómeno, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich encabezó este viernes una reunión urgente con el jefe de Policía Fernando Romero y el subjefe Manuel Silva. Como resultado, se activó un protocolo que involucra a las áreas de Antiterrorismo, Cibercrimen, el 911 y las direcciones de seguridad, con intervención de la Justicia provincial.

Las autoridades fueron directas en el mensaje a la ciudadanía: este tipo de conductas está tipificado como intimidación pública en los artículos 211 y 212 del Código Penal argentino, con consecuencias penales tanto para quienes originan las amenazas como para quienes las reproducen. «No te confundas, no es una broma, es un delito», remarcó la cartera de Seguridad. El Ministerio también confirmó trabajo coordinado con el área de Educación para contener a las familias y reforzar la prevención en las escuelas.

Qué hacer ante una amenaza

Las autoridades recomiendan no compartir ni reenviar los mensajes amenazantes, ya que su viralización amplifica el pánico y puede comprometer la investigación en curso. Cualquier amenaza recibida debe reportarse con la Policía al 911 o a la comisaría más cercana, aportando capturas de pantalla y datos del origen del mensaje.

El Ministerio de Capital Humano presentó esta semana los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un operativo coordinado junto a 19 provincias que registró un total de 9.421 personas en esa condición en todo el país. En el Chaco, la cifra asciende a 121 personas, lo que ubica a la provincia en el décimo lugar del ranking nacional, muy por debajo de Ciudad de Buenos Aires —que encabeza con 5.176— y también de Santa Fe (1.328) y Córdoba (588).

El relevamiento fue coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, y utilizó una plataforma digital desarrollada para el operativo denominada DataCalle, integrada al Sistema Social del ministerio. La recolección se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones participantes, combinando observación directa con entrevistas voluntarias: el 84% de las personas accedió a responder el cuestionario.

El Chaco participó; cinco provincias no lo hicieron

La adhesión al operativo fue voluntaria. Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego no participaron, sin dar motivos formales según el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera. Esa ausencia tiene un impacto directo en la cifra nacional: si la provincia de Buenos Aires —que concentra el mayor porcentaje de población del país— hubiera adherido, el número total de personas en situación de calle habría sido considerablemente mayor.

El Chaco no solo participó sino que integró el grupo de 17 provincias que utilizaron la plataforma DataCalle para la carga de datos en tiempo real. A las ocho de la mañana posterior al operativo, cada provincia tenía sus propios resultados en un tablero centralizado.

Perfil de las 9.421 personas relevadas

El informe construye por primera vez un perfil federal de las personas en situación de calle que desafía varios prejuicios instalados. El 83% son varones y el 17% mujeres. El 92% son mayores de 18 años y solo el 6% menores. El 90% tiene DNI, lo que significa que la mayoría está registrada en el sistema formal pero igualmente excluida del acceso a vivienda.

En cuanto a la trayectoria en la situación de calle, el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. El consumo problemático, los conflictos familiares y la separación o exclusión del hogar aparecen entre las causas principales.

El dato más contraintuitivo del relevamiento es el laboral: el 53% de las personas realiza alguna actividad. De ese grupo, el 43% trabaja en el sector informal, el 27% en la economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia callejera. El 56% percibe transferencias sociales y el 30% ingresos previsionales. «Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral», señaló Lepera.

El marco legal y los próximos pasos

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal periódico sobre personas en situación de calle con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física. Capital Humano anunció que el relevamiento se repetirá una vez al año y que trabajará para sumar en la próxima edición a las provincias que no participaron.