La diputada provincial María Luisa Chomiak, exintendente de Charata y actual legisladora en la Cámara de Diputados del Chaco, presentó junto a su interbloque un proyecto de ley para incorporar los vapeadores y cigarrillos electrónicos a la normativa provincial de control del tabaco. La iniciativa busca prohibir el uso, la portación y la comercialización de estos dispositivos dentro de los establecimientos educativos del Chaco, y reforzar las campañas de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes.

«Detrás de los sabores, las luces y el marketing, hay nicotina y adicción»

El proyecto nació de una preocupación concreta que Chomiak describió sin rodeos: cada vez más chicos vapean en las escuelas, en las plazas y en espacios públicos, normalizando un hábito que puede tener consecuencias serias sobre su salud. La legisladora señaló que muchos padres desconocen qué contienen los dispositivos que consumen sus hijos, y que gran parte de los adolescentes está convencida de que vapear no hace daño. Esa combinación de desinformación y marketing agresivo —sabores atractivos, diseños llamativos, redes sociales— es, según Chomiak, lo que convierte al vapeo en una adicción que avanza «disfrazada de moda».

La diputada charatense no es la única en advertirlo. La Organización Mundial de la Salud y organismos sanitarios de todo el mundo llevan años alertando sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos en poblaciones jóvenes, en particular por su alto contenido de nicotina y por la presencia de sustancias cuyo impacto a largo plazo todavía se está estudiando.

Qué propone el proyecto

La iniciativa presentada ante la Legislatura Chaqueña tiene dos ejes. El primero es normativo: incorporar los vapeadores y cigarrillos electrónicos a la ley provincial de control del tabaco, extendiendo a estos dispositivos las mismas restricciones que ya aplican al cigarrillo convencional en espacios educativos. Eso implica prohibir su uso, su portación y su venta dentro de las escuelas del Chaco. El segundo eje es preventivo: reforzar las campañas de información y concientización dirigidas a estudiantes, docentes y familias, para que la prohibición vaya acompañada de educación y no quede solo en papel.

Para Chomiak, mirar para otro lado no es una opción. «Cuidar a nuestros chicos también es animarnos a hablar de estos temas», sostuvo la legisladora, que desde su paso por la intendencia de Charata tiene un vínculo directo con las problemáticas del Departamento Chacabuco y sus comunidades educativas.

La diputada provincial María Luisa Chomiak, ex intendente de Charata, presentó en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley para crear un Programa Provincial de Prevención, Detección y Abordaje de la Violencia Digital dirigido a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa apunta a que el Estado chaqueño intervenga antes de que el daño ocurra, con prevención, protocolos claros y herramientas concretas para actuar a tiempo en escuelas, clubes e instituciones de toda la provincia.

«Hoy las infancias y adolescencias no solo viven en la escuela, en el club o en la calle. También viven en el mundo digital. Y ahí también hay violencia», planteó Chomiak al presentar el proyecto.

Qué formas de violencia digital busca abordar el proyecto

El programa propuesto cubre un espectro amplio de situaciones que ya están afectando a familias chaqueñas: ciberbullying, grooming, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sextorsión, suplantación de identidad, hackeos, doxing y deepfakes generados con inteligencia artificial. Cada una de estas modalidades tiene características distintas, pero todas comparten un rasgo: ocurren en entornos digitales donde el Estado provincial no tiene hoy presencia ni herramientas formales de intervención.

La inclusión de los deepfakes e IA en el proyecto no es menor. La manipulación de imágenes y videos con inteligencia artificial para crear contenido falso o comprometedor de menores es una amenaza relativamente nueva que la legislación argentina todavía no regula con especificidad, y que ya aparece en casos reales en distintas provincias del país.

Cómo funcionaría: protocolo provincial para escuelas y clubes

El proyecto contempla la creación de un Protocolo Provincial que sería aplicado en escuelas, clubes e instituciones de toda la provincia. El protocolo tendría cuatro objetivos operativos: detectar casos temprano, intervenir correctamente, preservar pruebas digitales y evitar la revictimización de las víctimas.

Este último punto —la revictimización— es uno de los problemas más documentados en el abordaje de casos de violencia digital: cuando una institución no sabe cómo actuar, puede exponer a la víctima, difundir el contenido dañino o invalidar pruebas que luego serían necesarias en una denuncia penal. Un protocolo estandarizado busca evitar exactamente eso.

El observatorio: medir para poder actuar

Además del programa y el protocolo, el proyecto propone la creación de un observatorio y registro provincial con tres funciones: medir la cantidad de casos de violencia digital en el Chaco, generar estadísticas sobre el fenómeno y evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas.

Hoy no existe en la provincia un sistema de registro sistemático de este tipo de situaciones. Sin datos, es imposible saber si el problema crece o decrece, qué modalidades son más frecuentes, en qué franjas etarias se concentra o qué zonas de la provincia tienen mayor incidencia. El observatorio apunta a cerrar esa brecha de información.

El contexto: chicos que crecen en entornos digitales sin red de protección

«No podemos mirar para otro lado mientras nuestros chicos crecen en entornos digitales cada vez más complejos. La protección de derechos también tiene que existir en internet», señaló Chomiak.

El proyecto se inscribe en un debate que viene creciendo en todo el país: la legislación argentina en materia de violencia digital es fragmentaria, y las provincias que avanzan con normativa propia están construyendo un piso de protección que la ley nacional todavía no garantiza de forma integral. Para el Chaco, con escuelas y comunidades distribuidas en un territorio extenso y con conectividad creciente en los últimos años, la regulación de estos entornos es una necesidad que se vuelve más urgente cada ciclo lectivo.

El proyecto de Chomiak está en la Legislatura a la espera de su tratamiento en comisión. Para seguir la política del Chaco y todas las noticias de Charata, seguí CharataChaco.Net.

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) inició en Charata una recolección de firmas para respaldar el pedido de tratamiento urgente en la Cámara de Diputados del Chaco de un proyecto de ley de condonación de deudas bancarias para trabajadores del Estado provincial. La medida surge, según el gremio, de la imposibilidad de avanzar por la vía natural: hace dos años y medio que el sindicato no se sienta a negociar en paritarias con el Ejecutivo Provincial.

Vanessa Maldonado, integrante de la comisión directiva de la UPCP, habló con CharataChaco.Net y explicó el contexto y el alcance de la iniciativa.

Dos años y medio sin paritarias: por qué el gremio fue a la Legislatura

El camino hacia la Cámara de Diputados no fue una primera opción sino una salida ante la falta de respuesta del Ejecutivo. «Hace ya dos años y medio aproximadamente, como sindicato mayoritario de la provincia, no hemos tenido respuesta a lo que es paritaria. O sea que no nos sentamos a dialogar con el Ejecutivo por el tema de sueldo, las condiciones en las cuales los compañeros están trabajando en sus lugares de trabajo», explicó Maldonado.

Ante ese bloqueo, la UPCP optó por presentar proyectos de ley directamente en la Legislatura. Uno de ellos es el que ahora motiva la recolección de firmas: un proyecto denominado de «emergencia, alivio y reestructuración de deuda», que plantea la condonación total o parcial de las deudas que los trabajadores tienen con entidades bancarias.

Qué propone el proyecto de condonación

El mecanismo que propone la UPCP contempla dos modalidades. En la condonación total, se cancelaría el saldo completo de la deuda bancaria del trabajador. En la parcial, se congelaría o cancelaría una parte de esa deuda. La definición de qué porcentaje y bajo qué criterios correspondería a cada caso quedaría a cargo de la reglamentación del proyecto, en caso de ser aprobado.

«Las firmas son una prueba de fe de que todos los compañeros estamos en una crisis económica enorme», dijo Maldonado, y pidió a los legisladores chaqueños que el proyecto «se trate con urgencia y, obviamente, favorable para los trabajadores».

Los números que explican la urgencia

La dirigente de la UPCP fue concreta al describir la situación económica de los trabajadores del Estado chaqueño. «Hay compañeros que no pueden cubrir la canasta básica. La canasta básica está en un millón quinientos mil pesos, y un trabajador está cobrando a lo sumo setecientos u ochocientos mil pesos de bolsillo», señaló.

Como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la canasta básica de abril de 2026 en el Chaco, la brecha entre ingresos y costo de vida no es solo pobreza: es indigencia. «Estamos por debajo de la línea no solo de la pobreza, sino de la indigencia», afirmó Maldonado, en una descripción que coincide con los datos del INDEC para el NEA, donde el poder de compra del salario viene cayendo de forma sostenida frente a una inflación regional que no cede.

El endeudamiento bancario de los trabajadores estatales en ese contexto no es una decisión financiera sino una consecuencia directa de la insuficiencia salarial: cuando el sueldo no llega a fin de mes, el crédito cubre la diferencia, y la deuda se acumula.

El pedido a los legisladores

La recolección de firmas apunta a que los diputados provinciales perciban el respaldo masivo de los trabajadores detrás del proyecto antes de la sesión en que se trate. La UPCP no precisó una fecha concreta de tratamiento, pero pidió que sea con carácter urgente.

El gremio es, según sus propias palabras, el sindicato mayoritario de los trabajadores del Estado chaqueño. Su peso numérico es el argumento implícito detrás de la campaña de firmas: a más respaldo visible, mayor presión sobre la Legislatura para que el proyecto no quede cajoneado.

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